Desde hace décadas, en España tenemos de forma permanente una tasa de paro que duplica la de todos los países de nuestro entorno político y económico, lo cual indica la existencia de factores específicos que originan esa diferencia.
El altísimo desempleo existente en nuestro país, constituye un grave problema social y económico. Existen distintos medidores estadísticos, pero, incluso tomando los datos oficiales, superamos los 4.000.000 de parados y el porcentaje de desempleo es cercano al 20%, y según otras estimaciones, lo sobrepasaría. Incluso, en los años de bonanza económica la tasa de paro no ha bajado casi nunca del 10%, cuando otros países tenían el 5%.
El paro, tiene una gran trascendencia social ya que significa que una persona con actitud y aptitud para el trabajo, es decir, queriendo trabajar y teniendo facultades para ello, no puede trabajar, lo cual es alienante para el individuo. Por otra parte, a nivel económico tiene un efecto muy negativo ya que una persona desempleada percibe recursos del Estado y, en cambio, no aporta ingresos al mismo.
Existe casi unanimidad en cuanto a defender la conveniencia de un cierto grado de protección económica para un desempleado, ya que un desempleo alto, sin protección económica para el parado, generaría inseguridad ciudadana y un drama personal para el afectado. En cambio, una extensa protección económica, supone un grave problema para el resto de ciudadanos, hace peligrar la estabilidad del sistema de pensiones, aumenta el déficit, resta competitividad a las empresas y genera más paro.
El desempleo en España, tiene mayor incidencia que en el resto de países desarrollados por las siguientes razones:
-Hay una gran desconexión entre la formación académica y la necesaria para el mundo laboral. Se ha descuidado la Formación Profesional, siendo el área principal de generación de empleo en toda Europa. En cambio, aquí factores sociales y una política educativa errónea a lo largo de décadas, han propiciado el descuido del área de FP.
-La percepción que tienen muchos ciudadanos de que, aunque no trabajen, van a percibir ayudas públicas de forma casi indefinida, desincentiva la búsqueda de un trabajo. Conviene recordar que un parado es el que, queriendo trabajar, no lo consigue, no aquel que no encuentra justo el trabajo ideal que busca, porque muchos de los que trabajan tampoco consideran que su trabajo sea el idóneo y no por eso lo abandonan. El rechazo de ofertas de empleo debería de implicar el corte de las prestaciones, como sucede en casi todos los países.
-Hay una regulación laboral compleja e inflexible. Las políticas laborales están teniendo el objetivo de eliminar conflictividad social más que el de generar empleo. No ha habido, desde los Pactos de la Moncloa, hace tres décadas, un verdadero 'Acuerdo nacional sobre el empleo' que permitiese legislar buscando crear empleo y pensando en el mañana y no solo en cómo evitar una manifestación o una huelga inmediata. La existencia de normas rígidas y anticuadas resta dinamismo al mercado laboral. El carácter tuitivo-protector del derecho laboral español ha acabado por perjudicar al trabajador, en lugar de beneficiarlo, ya que contribuye a generarle el peor de todos los males, el paro. Además, nuestros universitarios se tienen que ir a otros países, con la sangría de capital humano que eso significa. Es urgente una reforma laboral que unifique indemnizaciones y reduzca la precariedad.
-Existe mucha economía sumergida, que hace que haya personas trabajando sin estar oficialmente dadas de alta. Esto engorda artificialmente las cifras del paro y constituye una competencia desleal respecto a quienes cumplen con sus obligaciones, además de ser una merma enorme de ingresos para el erario público. La existencia de controles formalistas y no dirigidos al fondo del problema y una nula conciencia social tienen la culpa.
-Hay personas apuntadas en las listas del INEM sin intención real de trabajar, a la espera de posibles ayudas económicas, lo cual falsea la cifra real del paro, aunque, en sentido contrario, no se están computando como desempleados muchos parados que realizan cursos de reciclaje y formación, ni tampoco se computan como parados los prejubilados, cuando en el fondo lo son.
-La lógica resistencia a la movilidad geográfica, por motivos familiares y personales, hace difícil el aprovechar oportunidades de empleo. Pero, este factor ha perdido peso con el paso del tiempo.
-El fracaso del INEM como tal, que se ha convertido en una 'Oficina de Desempleo' y dedica casi todo su tiempo a gestionar prestaciones de desempleo y no a canalizar el empleo. Los parados no necesitan el 'plan @vanza' para fichar por Internet, lo que necesitan es un trabajo.
-La baja productividad del trabajo en España, motivada por una cultura del trabajo muy distinta a la anglosajona y por un escaso desarrollo tecnológico.
-Las cotizaciones sociales son un impuesto al empleo, y una reducción de las mismas produciría una disminución del desempleo y una reducción de la carga de las prestaciones sociales para el Estado, con lo cual disminuiría el déficit. Las empresas tendrían menos costes, el Estado mejoraría su situación al recaudar casi igual y gastar menos, aumentando el empleo. Se trata de repartir la carga entre más personas. Esa es la verdadera solidaridad. Las distintas bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social discriminan a unos colectivos de trabajadores respecto a otros, generan ineficiencia y hacen que la selección de personal no se realice sólo por un criterio de capacidad, sino, también por la diferencia de coste de cotización. Hacen falta estímulos fiscales para la creación de empleo.
-La desordenada y laxa política de inmigración, ha hecho que lleguen personas con muy baja cualificación y nulas posibilidades de obtener un empleo.
El Nobel de Economía del año 2008, Paul Krugman, ha advertido que la situación española podría empeorar y aconseja la adopción de medidas urgentes. Es necesario generar un país de oportunidades, de ilusiones, con futuro, no un país de subsidiados y prejubilados. Al igual que la mejor medicina es la preventiva, la política más solidaria es aquella que favorece el pleno empleo para todos, no la que ofrece prestaciones de desempleo para muchos. Si no generamos empleo y riqueza, dentro de poco, repartiremos miseria.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100418/opinionarticulos/tanto-desempleo-espana-20100418.html
domingo, 18 de abril de 2010
Mix energético y ciclos de gas
La inviabilidad de construir plantas de gas de ciclo combinado y la eventualidad de proceder al cierre de algunas de las que están en funcionamiento ha sido puesta de manifiesto por Joao Manso, consejero delegado de EdP y HC Energía. Se trata de un cambio profundo que se está gestando en el sector energético, que afecta a todos los operadores que generan electricidad, y que tendrá repercusiones en Asturias, donde hay en la actualidad un ciclo de gas, en Soto de Ribera, y otro más en construcción; a esas instalaciones hay que sumar media docena de centrales de gas que estaban previstas, así como la planta regasificadora de El Musel, proyectada sobre la hipótesis de que en Asturias hubiera al menos tres ciclos de gas generando electricidad.
La caída de la demanda eléctrica, debida a la crisis, ha hecho que todos los equipos estén infrautilizados. Esa razón no basta, por sí sola, para justificar el declive de los ciclos combinados, puesto de manifiesto el pasado año en el que funcionaron, como media, al 44% de su capacidad instalada. La principal causa de la falta de rentabilidad se debe a la preferencia del Gobierno por las energías renovables y el carbón nacional en la generación eléctrica.
El modelo energético español pivotaba sobre dos recursos, las centrales de gas y las energías renovables. Gracias a ese diseño se construyeron, en una decena de años, 55 ciclos combinados en España. La situación empezó a cambiar con la formidable expansión de las energías renovables, un fenómeno alimentado por las presiones de los gobiernos autonómicos, que alentaron la creación de multitud de operadores al calor de unas primas de producción sustanciales. Existen razones de fondo para apostar por las renovables, por su contribución a la lucha contra el cambio climático, porque nos liberan de la dependencia energética y tienen un prometedor desarrollo ligado a la actividad investigadora, característico de toda industria joven. El asunto está en alcanzar un equilibrio adecuado entre los distintos input energéticos, ponderando los costes económicos. El pasado año, las energías renovables recibieron del Estado 6.115 millones de euros, en concepto de primas por producción, un 54% por encima de la cantidad prevista. Dentro de esa suma destacan los 2.330 millones entregados a subvencionar la producción de energía fotovoltaica, a razón de 436 euros de prima por cada megavatio. A ese precio la energía eléctrica sale carísima, teniendo en cuenta que en el mercado mayorista de la electricidad se retribuye a poco más de 42 euros el megavatio.
El otro factor de relegación del gas ha sido el apoyo dado al uso de carbón nacional, tras la negativa de las empresas a quemarlo en las centrales. La solución dada por el Gobierno consistió en garantizarle una retribución por encima del mercado y en dar prioridad a la generación con carbón autóctono, como por la aportada por las fuentes renovables, en detrimento del resto de recursos energéticos. Desde la perspectiva de un mercado intervenido, la solución era aceptable para las plantas de gas, reconvertidas en meras producciones de refuerzo, si cobraban una prima por aportar seguridad al aprovisionamiento energético. La valoración cambió en el momento en que Bruselas señaló que el gas sólo puede ser retribuido por la generación eléctrica efectiva que aporta al mercado. A partir de ese supuesto, un tercio de las instalaciones de gas dejan de ser rentables para la actual demanda del mercado.
En el plan de futuro de la Asturias industrial, la transición del carbón al gas era la pieza clave. Esa estrategia ha quedado en entredicho por las prioridades marcadas por el Gobierno. Es contradictorio hacer de un sector, como los ciclos combinados, pieza estratégica del futuro energético y luego dejarlo reducido al papel de recurso de refuerzo. El Principado debe negociar con el Ministerio de Industria un futuro viable para la planta regasificadora y los ciclos de gas de nuestra región.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100418/opinioneditorial/energetico-ciclos-20100418.html
La caída de la demanda eléctrica, debida a la crisis, ha hecho que todos los equipos estén infrautilizados. Esa razón no basta, por sí sola, para justificar el declive de los ciclos combinados, puesto de manifiesto el pasado año en el que funcionaron, como media, al 44% de su capacidad instalada. La principal causa de la falta de rentabilidad se debe a la preferencia del Gobierno por las energías renovables y el carbón nacional en la generación eléctrica.
El modelo energético español pivotaba sobre dos recursos, las centrales de gas y las energías renovables. Gracias a ese diseño se construyeron, en una decena de años, 55 ciclos combinados en España. La situación empezó a cambiar con la formidable expansión de las energías renovables, un fenómeno alimentado por las presiones de los gobiernos autonómicos, que alentaron la creación de multitud de operadores al calor de unas primas de producción sustanciales. Existen razones de fondo para apostar por las renovables, por su contribución a la lucha contra el cambio climático, porque nos liberan de la dependencia energética y tienen un prometedor desarrollo ligado a la actividad investigadora, característico de toda industria joven. El asunto está en alcanzar un equilibrio adecuado entre los distintos input energéticos, ponderando los costes económicos. El pasado año, las energías renovables recibieron del Estado 6.115 millones de euros, en concepto de primas por producción, un 54% por encima de la cantidad prevista. Dentro de esa suma destacan los 2.330 millones entregados a subvencionar la producción de energía fotovoltaica, a razón de 436 euros de prima por cada megavatio. A ese precio la energía eléctrica sale carísima, teniendo en cuenta que en el mercado mayorista de la electricidad se retribuye a poco más de 42 euros el megavatio.
El otro factor de relegación del gas ha sido el apoyo dado al uso de carbón nacional, tras la negativa de las empresas a quemarlo en las centrales. La solución dada por el Gobierno consistió en garantizarle una retribución por encima del mercado y en dar prioridad a la generación con carbón autóctono, como por la aportada por las fuentes renovables, en detrimento del resto de recursos energéticos. Desde la perspectiva de un mercado intervenido, la solución era aceptable para las plantas de gas, reconvertidas en meras producciones de refuerzo, si cobraban una prima por aportar seguridad al aprovisionamiento energético. La valoración cambió en el momento en que Bruselas señaló que el gas sólo puede ser retribuido por la generación eléctrica efectiva que aporta al mercado. A partir de ese supuesto, un tercio de las instalaciones de gas dejan de ser rentables para la actual demanda del mercado.
En el plan de futuro de la Asturias industrial, la transición del carbón al gas era la pieza clave. Esa estrategia ha quedado en entredicho por las prioridades marcadas por el Gobierno. Es contradictorio hacer de un sector, como los ciclos combinados, pieza estratégica del futuro energético y luego dejarlo reducido al papel de recurso de refuerzo. El Principado debe negociar con el Ministerio de Industria un futuro viable para la planta regasificadora y los ciclos de gas de nuestra región.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100418/opinioneditorial/energetico-ciclos-20100418.html
Una región sin puestos de trabajo para los hijos de los jubilados
El presidente del Principado presentó a Asturias en el hotel Ritz de Madrid hace bien poco, ante la élite económica y financiera española, como una de las regiones que mejor está superando la crisis y de las que más ha logrado progresar en los últimos años. Idéntico mensaje está proclamando estos días en su gira caribeña. No es precisamente triunfalismo lo que necesita Asturias en estos momentos sino seriedad.
A día de hoy, cuenta la región con la población activa más baja del país. En ningún otro lugar como aquí hay tan pocos ciudadanos trabajando o buscando empleo. Esta enfermedad, que no es nueva, lleva camino de convertirse en crónica, y no por ello más soportable. Hay 83.600 parados registrados en las oficinas de empleo. Y también 260.000 pensionistas, o lo que es lo mismo, uno de cada cuatro asturianos, según datos de Hacienda. Teniendo en cuenta que el número de trabajadores se acerca a los 500.000, la proporción es de casi un jubilado por cada dos cotizantes.
El 15% del producto interior bruto (PIB) regional, 3.800 millones de euros, llega gracias a las transferencias que hace la Seguridad Social mes a mes en forma de prestaciones. Ninguna otra comunidad autónoma presenta un grado de dependencia semejante. Quienes, por aportar un enfoque positivo, tienden a ver en tanta abundancia de pensiones el balsámico beneficio de unas rentas seguras -y un mantenimiento, artificioso, del poder adquisitivo- se conforman con la rebanada de pan para hoy y son ciegos al hambre que aguarda mañana.
Se vistan los números como se quiera, ya no es sólo que se atisben fundadas dudas sobre si el régimen de las pensiones y otras conquistas del Estado del bienestar, como una sanidad universal, de calidad y gratuita, son viables. Es que, a este devastador ritmo, cabe preguntarse directamente si la economía asturiana resulta sostenible de no volverse más activa, de no ganar en músculo.
El problema no es el número de jubilados sino la escasez de empleos. Algunos especialistas ponen números al esfuerzo que se necesita y calculan que la región tiene que crear cien mil puestos de trabajo -los mismos que logró recuperar tras el duro recorte de su industria a finales del pasado siglo- para equipararse a las zonas más desarrolladas. ¿Qué estamos haciendo a toda velocidad para conseguirlo? ¿Tenemos poca población activa porque nuestra economía es pequeña o nuestra economía es pequeña porque tenemos poca población activa? Ahí están los retos.
Si un día el Principado fue «inilandia», por la excesiva e insana influencia de la empresa pública, no debería convertirse ahora en «jubilandia» por el desproporcionado peso de las clases pasivas. Sería, además, injusto. Como en el caso de las tan traídas y llevadas balanzas fiscales, que algunos rentabilizaron al máximo con el nuevo modelo de financiación autonómica, no cabe una interpretación territorial de estos datos. La base de nuestro sistema de pensiones es la solidaridad entre los individuos, nunca entre las regiones.
A agrandar los desequilibrios contribuye un déficit demográfico sin parangón en Europa. Lejos de despejar el horizonte, todos los estudios de prospectiva coinciden en destacar la velocidad de vértigo a la que envejece Asturias. En 2018 habrá, según un estudio de la Universidad de Oviedo, 1,8 trabajadores de 35 a 54 años por cada uno de entre 15 y 34 años. Traducido a cifras absolutas: por esas fechas contaremos con 23.000 asturianos más mayores de 65 años y 50.000 jóvenes menos, con todos los costes añadidos y desventajas que ello supone. También oportunidades. Si las cosas se hacen de otra manera y la actividad se vigoriza, hay una posibilidad de rescatar a la generación de asturianos mejor formada de la historia y obligada a ganar lejos su sustento.
La amputación radical, miles de puestos, para reducir el tamaño de empresas ineficientes se abordó con paz social y sin traumas durante la reconversión gracias a las prejubilaciones extensivas. El mecanismo hizo escuela y se usó perniciosamente desde entonces como un recurso más de ajuste, no sólo en ocasiones excepcionales. El resultado de esa política, en fin, aflora en la descompensada estructura laboral asturiana.
Decir la verdad y hacer lo que es necesario, aunque duela, son los ingredientes que nutren el buen liderazgo. La economía asturiana se ha mostrado frágil. A los primeros soplidos de la crisis se tambalea como todas. Para que los sectores críticos de antaño regeneren y otros crezcan como alternativa algunos pilares están colocados, pero queda mucho edificio por levantar.
Lo malo no es que haya jubilados, sino que sus hijos carezcan de oportunidades. Evitarlo supone que en Asturias arraigue otra cultura. Que aumente el número y el tamaño de las empresas viables. Que más personas se lancen a la aventura de emprender. Que los asturianos se muevan y salgan a comerse el mundo. Para que brote el capital social asturiano no hace falta sobrecargar el erario y regarlo todo con subvenciones porque todas las deudas, incluso las de las administraciones públicas, hay que saldarlas. A veces basta, sencillamente, con eliminar trabas innecesarias y dejar de estorbar.
http://www.lne.es/opinion/2010/04/18/region-puestos-trabajo-hijos-jubilados/902529.html
A día de hoy, cuenta la región con la población activa más baja del país. En ningún otro lugar como aquí hay tan pocos ciudadanos trabajando o buscando empleo. Esta enfermedad, que no es nueva, lleva camino de convertirse en crónica, y no por ello más soportable. Hay 83.600 parados registrados en las oficinas de empleo. Y también 260.000 pensionistas, o lo que es lo mismo, uno de cada cuatro asturianos, según datos de Hacienda. Teniendo en cuenta que el número de trabajadores se acerca a los 500.000, la proporción es de casi un jubilado por cada dos cotizantes.
El 15% del producto interior bruto (PIB) regional, 3.800 millones de euros, llega gracias a las transferencias que hace la Seguridad Social mes a mes en forma de prestaciones. Ninguna otra comunidad autónoma presenta un grado de dependencia semejante. Quienes, por aportar un enfoque positivo, tienden a ver en tanta abundancia de pensiones el balsámico beneficio de unas rentas seguras -y un mantenimiento, artificioso, del poder adquisitivo- se conforman con la rebanada de pan para hoy y son ciegos al hambre que aguarda mañana.
Se vistan los números como se quiera, ya no es sólo que se atisben fundadas dudas sobre si el régimen de las pensiones y otras conquistas del Estado del bienestar, como una sanidad universal, de calidad y gratuita, son viables. Es que, a este devastador ritmo, cabe preguntarse directamente si la economía asturiana resulta sostenible de no volverse más activa, de no ganar en músculo.
El problema no es el número de jubilados sino la escasez de empleos. Algunos especialistas ponen números al esfuerzo que se necesita y calculan que la región tiene que crear cien mil puestos de trabajo -los mismos que logró recuperar tras el duro recorte de su industria a finales del pasado siglo- para equipararse a las zonas más desarrolladas. ¿Qué estamos haciendo a toda velocidad para conseguirlo? ¿Tenemos poca población activa porque nuestra economía es pequeña o nuestra economía es pequeña porque tenemos poca población activa? Ahí están los retos.
Si un día el Principado fue «inilandia», por la excesiva e insana influencia de la empresa pública, no debería convertirse ahora en «jubilandia» por el desproporcionado peso de las clases pasivas. Sería, además, injusto. Como en el caso de las tan traídas y llevadas balanzas fiscales, que algunos rentabilizaron al máximo con el nuevo modelo de financiación autonómica, no cabe una interpretación territorial de estos datos. La base de nuestro sistema de pensiones es la solidaridad entre los individuos, nunca entre las regiones.
A agrandar los desequilibrios contribuye un déficit demográfico sin parangón en Europa. Lejos de despejar el horizonte, todos los estudios de prospectiva coinciden en destacar la velocidad de vértigo a la que envejece Asturias. En 2018 habrá, según un estudio de la Universidad de Oviedo, 1,8 trabajadores de 35 a 54 años por cada uno de entre 15 y 34 años. Traducido a cifras absolutas: por esas fechas contaremos con 23.000 asturianos más mayores de 65 años y 50.000 jóvenes menos, con todos los costes añadidos y desventajas que ello supone. También oportunidades. Si las cosas se hacen de otra manera y la actividad se vigoriza, hay una posibilidad de rescatar a la generación de asturianos mejor formada de la historia y obligada a ganar lejos su sustento.
La amputación radical, miles de puestos, para reducir el tamaño de empresas ineficientes se abordó con paz social y sin traumas durante la reconversión gracias a las prejubilaciones extensivas. El mecanismo hizo escuela y se usó perniciosamente desde entonces como un recurso más de ajuste, no sólo en ocasiones excepcionales. El resultado de esa política, en fin, aflora en la descompensada estructura laboral asturiana.
Decir la verdad y hacer lo que es necesario, aunque duela, son los ingredientes que nutren el buen liderazgo. La economía asturiana se ha mostrado frágil. A los primeros soplidos de la crisis se tambalea como todas. Para que los sectores críticos de antaño regeneren y otros crezcan como alternativa algunos pilares están colocados, pero queda mucho edificio por levantar.
Lo malo no es que haya jubilados, sino que sus hijos carezcan de oportunidades. Evitarlo supone que en Asturias arraigue otra cultura. Que aumente el número y el tamaño de las empresas viables. Que más personas se lancen a la aventura de emprender. Que los asturianos se muevan y salgan a comerse el mundo. Para que brote el capital social asturiano no hace falta sobrecargar el erario y regarlo todo con subvenciones porque todas las deudas, incluso las de las administraciones públicas, hay que saldarlas. A veces basta, sencillamente, con eliminar trabas innecesarias y dejar de estorbar.
http://www.lne.es/opinion/2010/04/18/region-puestos-trabajo-hijos-jubilados/902529.html
Las autonomías necesitan corsé
PARECE QUE YA SE OYEN NUESTRAS PROPUESTAS
Las autonomías necesitan corsé
La descentralización es locomotora del Estado de bienestar, pero los solapamientos y algunas decisiones cuestionan su eficiencia - La merma de ingresos públicos tras la crisis obliga a los gobiernos regionales a priorizar
ALEJANDRO BOLAÑOS
EL PAÍS - Sociedad - 18-04-2010
Si algo deja claro esta etapa de la crisis, amnésica con los desvaríos del sector financiero, implacable con las deudas del sector público, es que cuando la prensa económica británica, las agencias de calificación de riesgos y Bruselas se alinean, mal asunto. Y los gobiernos autonómicos españoles están, ahora, en el punto de mira.
Tras proclamar, hace año y medio, que "la fiesta de la economía española se acabó", el semanario The Economist destacó que la descentralización "había ido demasiado lejos". "¿Cuánto es suficiente?", inquirió sobre la cesión de competencias. Desde entonces, la marea no deja de crecer. Las agencias de rating lanzaron el pasado verano un aviso general, que luego tornó en un goteo de revisiones a la baja de la calificación de la deuda de las auotonomías, cada vez más cara de colocar en los mercados. Y hace una semanas, la Comisión Europea, además de reprochar al Gobierno su optimismo en las previsiones, enfatizó que el plan de ajuste presupuestario tenía una gotera: el ahorro (10.000 millones) que se asignaba a comunidades y ayuntamientos. Simplemente, Bruselas no se lo cree.
El debate sobre la necesidad y la solvencia del gasto público en educación, salud o políticas sociales viene de lejos. Pero, en España, la crisis que parieron los mercados financieros lo ha acelerado. Porque aquí, en buena parte, Estado del bienestar es Estado de las autonomías. Y las dudas sobre si las comunidades serán capaces de contener el déficit y la deuda pública -en 2009 creció un 25%, hasta los 86.280 millones-, tienen un reflejo inmediato en la incertidumbre sobre las políticas de bienestar.
"En años anteriores, con el ciclo expansivo, la recaudación fiscal iba muy bien y permitía encajar en el presupuesto todo tipo de gastos, los que tienen que ver con el Estado de bienestar y los que no. Eso se acabó", comenta Santiago Lago, experto en financiación autonómica de la Universidad de Vigo.
"La Administración autonómica ha sido esencial en el desarrollo y expansión de servicios sociales", sostiene Luis Moreno, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos en el CSIC. "La legitimidad de los niveles locales y autonómicos depende en buena medida de la calidad de esos servicios", acota. Es una aseveración que comparten los expertos consultados para este artículo, que otorgan a las comunidades autónomas el papel de locomotoras del Estado del bienestar. Pero la rapidez del proceso de descentralización en las últimas dos décadas ha dejado muchas veces la eficacia y la lógica económica en la cuneta, ya sea por acción directa de los gobiernos autonómicos o por el peso de sus reivindicaciones en la agenda política.
El anecdotario de los monstruos de la descentralización da para mucho, como podría atestiguar el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, que se vio obligado a dimitir, no por compartir una cacería en Jaén con el juez Baltasar Garzón, sino porque su licencia sólo era válida para Castilla-La Mancha.
Pero el problema pasa de lo personal a lo colectivo cuando, con el paro al galope, la creación de 16 servicios públicos de empleo (el País Vasco aún no recibió la transferencia), obstaculiza la difusión de ofertas de trabajo, queja reiterada de los sindicatos. O, como ocurrió hace mes y medio, cuando las diferencias de apreciación entre los servicios meteorológicos catalán y estatal ralentizaron la respuesta de las autoridades ante la nevada que cortó la luz durante días en Cataluña.
El empuje de la descentralización ha guiado el intenso despliegue de inversión pública en las últimas dos décadas, pero la crisis hace preguntas incómodas sobre su rentabilidad económica y social: ¿son necesarias 50 universidades públicas? Francia y Alemania tienen un número similar pero con bastante más población. ¿Son necesarios 48 aeropuertos? En algunos, el tráfico de pasajeros es ínfimo.
Para dar razones a la época de ajuste que se viene encima, el ministro de Fomento, José Blanco, advirtió en una entrevista con este periódico: "No es posible que el AVE y las autovías lleguen a la puerta de cada casa". Pero ese reclamo ha sido argumento estelar en toda elección municipal o autonómica que se precie. Y si se acerca la lupa a algunas decisiones autonómicas, hacen daño a la vista: la proliferación de canales de televisión se lleva más de 1.000 millones de euros al año en subvenciones. La creación de organismos públicos de todo tipo y de altos cargos se ha disparado. Como lo ha hecho la apertura de oficinas comerciales, turísticas o de representación institucional en el exterior.
"Lo que hay que cuestionar no es el modelo autonómico, sino si es útil para el ciudadano. Y la respuesta es que, tal y como se ha desarrollado, no es eficiente, es excesivamente caro", señala Rosa Díez, portavoz de UPyD, formación política al alza según todas las encuestas, que ha hecho de esta cuestión santo y seña. Díez reivindica que el Gobierno central recupere competencias en educación y sanidad. Y que ejerza el control sobre la gestión de los gobiernos autonómicos. "Con la descentralización hemos crecido y nos hemos hecho más fuertes, y con ella, no sin ella, saldremos de la crisis", proclamó hace pocos días el presidente de la Generalitat catalana, José Montilla (PSC). Y no dejó pasar la ocasión para cargar contra "la nueva fiebre recentralizadora".
Tiempo muerto en la refriega política. Balón a los expertos: "Nos miramos demasiado el ombligo, la descentralización es un proceso mundial", templa Andrés Rodríguez-Pose, catedrático de Geografía en la London School of Economics (LSE). Su argumento está fundado en un reciente trabajo sobre 21 países avanzados, en el que ha testado como influye la descentralización en el crecimiento económico y la desigualdad.
Rodríguez-Pose matiza que, aunque la descentralización surgió para "preservar una identidad cultural o étnica", en los últimos años se justifica por sus "posibles ventajas económicas". Una teoría ante la que el catedrático de la LSE llama a ser "muy cuidadoso". De hecho, de sus datos se colige que, en los países avanzados, una descentralización intensa "puede llegar a limitar el crecimiento". Rodríguez-Pose describe los síntomas: la competencia entre territorios, que debería facilitar la difusión de las mejores prácticas administrativas, deriva en una "estrategia del desperdicio" por solapamiento del gasto público. Las nuevas élites políticas, que en las primeras etapas promueven programas dinámicos y pegados al terreno, tienden a convertirse en "élites de bloqueo". Y se priorizan demasiadas actividades "de escaso rendimiento económico" por su mayor visibilidad.
"Los resultados sobre el crecimiento en España son menos negativos que en otros países, aunque en los últimos años han empeorado", aclara Rodríguez-Pose. Y eso que aquí la descentralización ha sido muy intensa: en poco más de dos décadas, comunidades y entidades locales han asumido más del 50% del gasto público. De hecho, los gobiernos autonómicos españoles manejan, proporcionalmente, más dinero que los länder alemanes, la referencia de la Europa federal.
En el debate público, la desigualdad suele ser la piedra de toque recurrente cuando se habla de comunidades autónomas. Pero aquí los datos que manejan los expertos dicen otra cosa. "Si en los estudios incluímos servicios descentralizados como la sanidad y la educación, la desigualdad entre territorios se reduce", afirma Francisco Pedraja, catedrático de Economía de la Universidad de Extremadura. A una conclusión similar llega el trabajo de Rodríguez-Pose o la investigación que ha dirigido Joan Subirats, ex director del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Autónoma de Barcelona.
"Hay un grado de homogeneidad en las prestaciones sociales básicas, y sólo ciertas diferencias en las prestaciones periféricas", asegura Subirats. Frente a la caracterización del modelo autonómico de café para todos y champán para las nacionalidades, el investigador de la Autónoma opta por una definición más de andar por casa: "En todo caso, café para todos y carajillo para algunos".
La investigación constata, eso sí, que el discurso de la desigualdad entre comunidades ha calado: el estudio cató la opinión ciudadana en 17 grupos de discusión (uno por comunidad) que de forma mayoritaria manifestaron su temor a que las desigualdades territoriales aumenten en un futuro próximo.
Cuando quieren comprobar la eficacia (si se logran los objetivos previstos) y la eficiencia (si se hace al menor coste posible) del gasto público en las comunidades, los expertos chocan con el muro estadístico. "No hay un adecuado sistema de información", critica Pedraja. "Es un tema esencial, no hay datos de calidad ni homologables, es imposible valorar así qué hacen los gobiernos autonómicos", abunda Subirats.
Los monstruos estadísticos de la descentralización quedan muy feos. Para conocer la muy dispar ejecución de la ley de Dependencia hay que confiar en los datos que arranca de la Administración la asociación estatal de gerentes de servicios sociales. Cuando evalúa a las sociedades públicas autónomicas, el Tribunal de Cuentas bucea en datos con más de un lustro de antigüedad. Y para conocer el reparto definitivo del nuevo sistema de financiación autonómica habrá que esperar aún ¡dos años!. El Gobierno central ni tan siquiera hizo público la distribución de los 11.000 millones adicionales que inyectó al sistema autonómico.
Algunas cifras sí valen, al menos, para comprobar que los gobiernos autónomos han ampliado su perímetro más allá de lo que la transferencia de competencias haría pensar. Según los datos recopilados por Miguel González, catedrático de Economía de la Universidad de Granada, la Administración central se ha dejado en la última década más de 300.000 puestos de trabajo, mientras que el personal al servicio de las comunidades ha engordado en más de 600.000 plazas (a los que habría que sumar casi 200.000 más en las corporaciones locales).
"Las competencias asumidas por las comunidades, como la sanidad y la educación, intensivas en personal, el crecimiento demográfico y la etapa expansiva han animado este proceso, pero ahora tendrán que discriminar qué áreas son prioritarias", señala el catedrático de la Universidad de Granada. Santiago Lago añade otro factor que ayuda a entender la expansión del gasto autonómico: "Hasta ahora, lo que las comunidades no conseguían con la financiación autonómica, lo lograban con la presión política", recalca el profesor de la Universidad de Vigo, "como ocurrió con la sanidad, y como sigue ocurriendo con los convenios de inversión o los contratos programa".
La presión de los mercados y de Bruselas obliga a rebajar ya el déficit, que en el Gobierno central llega al 9,5% del PIB y en las comunidades apenas al 2%. Pese a las diferencias, los mercados y Bruselas tienen más dudas sobre si los gobiernos autonómicos podrán cumplir con su parte. No es sólo que en el saldo negativo del Ejecutivo central pesen las prestaciones por desempleo, que deberían aligerarse cuando la economía se recupere. Influye también que el Gobierno central está acostumbrado a apretarse el cinturón y que las comunidades llevan años sumando agujeros al suyo. O que la Administración central tiene más opciones para subir impuestos -y lo hace, como ha anunciado con el IVA-. Y que las comunidades han usado casi siempre el margen que les da el sistema -ampliado en el nuevo modelo- para bajarlos.
"No está nada claro que no se vuelva a abrir la espita de la deuda pública autonómica, como en los noventa", añade Lago, que aboga porque el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) haga cumplir "máximos rígidos" en déficit y deuda pública. Una demanda que parece muy alejada de la realidad. El CPFF pactó en otoño que las comunidades debían atenerse a un déficit del 2,5% del PIB en los presupuestos de 2010 y cuando se aprobaron las cuentas, tres meses después, ya había cinco comunidades que habían presupuestado un déficit mayor.
"La consolidación fiscal se hace mucho más difícil en un Estado donde la Administración central sólo gestiona el 20% del gasto y las comunidades el 36%, y cuando se ha descuidado el principio de coordinación", lamenta Pedraja. "Hay que transformar actitudes egoístas propias de las fases iniciales de la descentralización en una constante voluntad de entendimiento", receta.
Con otra palabras, el presidente de la Generalitat catalana coincidió en el diagnóstico: "Hay que arrimar el hombro, compartir ideas, hacer acuerdos". Con la crisis, algo se mueve: el mes pasado, las comunidades pactaron crear una mesa de contratación para abaratar las compras del sector sanitario. Sanidad también ha iniciado la integración de los 17 sistemas informáticos de salud. Trabajo acaba de poner en marcha un nuevo portal en Internet para facilitar el intecambio de ofertas de empleo. Economía y las comunidades discutirán el próximo miércoles como reducir el gasto. Y, desde enero, la misma licencia vale para cazar en seis comunidades.
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Las autonomías necesitan corsé
La descentralización es locomotora del Estado de bienestar, pero los solapamientos y algunas decisiones cuestionan su eficiencia - La merma de ingresos públicos tras la crisis obliga a los gobiernos regionales a priorizar
ALEJANDRO BOLAÑOS
EL PAÍS - Sociedad - 18-04-2010
Si algo deja claro esta etapa de la crisis, amnésica con los desvaríos del sector financiero, implacable con las deudas del sector público, es que cuando la prensa económica británica, las agencias de calificación de riesgos y Bruselas se alinean, mal asunto. Y los gobiernos autonómicos españoles están, ahora, en el punto de mira.
Tras proclamar, hace año y medio, que "la fiesta de la economía española se acabó", el semanario The Economist destacó que la descentralización "había ido demasiado lejos". "¿Cuánto es suficiente?", inquirió sobre la cesión de competencias. Desde entonces, la marea no deja de crecer. Las agencias de rating lanzaron el pasado verano un aviso general, que luego tornó en un goteo de revisiones a la baja de la calificación de la deuda de las auotonomías, cada vez más cara de colocar en los mercados. Y hace una semanas, la Comisión Europea, además de reprochar al Gobierno su optimismo en las previsiones, enfatizó que el plan de ajuste presupuestario tenía una gotera: el ahorro (10.000 millones) que se asignaba a comunidades y ayuntamientos. Simplemente, Bruselas no se lo cree.
El debate sobre la necesidad y la solvencia del gasto público en educación, salud o políticas sociales viene de lejos. Pero, en España, la crisis que parieron los mercados financieros lo ha acelerado. Porque aquí, en buena parte, Estado del bienestar es Estado de las autonomías. Y las dudas sobre si las comunidades serán capaces de contener el déficit y la deuda pública -en 2009 creció un 25%, hasta los 86.280 millones-, tienen un reflejo inmediato en la incertidumbre sobre las políticas de bienestar.
"En años anteriores, con el ciclo expansivo, la recaudación fiscal iba muy bien y permitía encajar en el presupuesto todo tipo de gastos, los que tienen que ver con el Estado de bienestar y los que no. Eso se acabó", comenta Santiago Lago, experto en financiación autonómica de la Universidad de Vigo.
"La Administración autonómica ha sido esencial en el desarrollo y expansión de servicios sociales", sostiene Luis Moreno, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos en el CSIC. "La legitimidad de los niveles locales y autonómicos depende en buena medida de la calidad de esos servicios", acota. Es una aseveración que comparten los expertos consultados para este artículo, que otorgan a las comunidades autónomas el papel de locomotoras del Estado del bienestar. Pero la rapidez del proceso de descentralización en las últimas dos décadas ha dejado muchas veces la eficacia y la lógica económica en la cuneta, ya sea por acción directa de los gobiernos autonómicos o por el peso de sus reivindicaciones en la agenda política.
El anecdotario de los monstruos de la descentralización da para mucho, como podría atestiguar el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, que se vio obligado a dimitir, no por compartir una cacería en Jaén con el juez Baltasar Garzón, sino porque su licencia sólo era válida para Castilla-La Mancha.
Pero el problema pasa de lo personal a lo colectivo cuando, con el paro al galope, la creación de 16 servicios públicos de empleo (el País Vasco aún no recibió la transferencia), obstaculiza la difusión de ofertas de trabajo, queja reiterada de los sindicatos. O, como ocurrió hace mes y medio, cuando las diferencias de apreciación entre los servicios meteorológicos catalán y estatal ralentizaron la respuesta de las autoridades ante la nevada que cortó la luz durante días en Cataluña.
El empuje de la descentralización ha guiado el intenso despliegue de inversión pública en las últimas dos décadas, pero la crisis hace preguntas incómodas sobre su rentabilidad económica y social: ¿son necesarias 50 universidades públicas? Francia y Alemania tienen un número similar pero con bastante más población. ¿Son necesarios 48 aeropuertos? En algunos, el tráfico de pasajeros es ínfimo.
Para dar razones a la época de ajuste que se viene encima, el ministro de Fomento, José Blanco, advirtió en una entrevista con este periódico: "No es posible que el AVE y las autovías lleguen a la puerta de cada casa". Pero ese reclamo ha sido argumento estelar en toda elección municipal o autonómica que se precie. Y si se acerca la lupa a algunas decisiones autonómicas, hacen daño a la vista: la proliferación de canales de televisión se lleva más de 1.000 millones de euros al año en subvenciones. La creación de organismos públicos de todo tipo y de altos cargos se ha disparado. Como lo ha hecho la apertura de oficinas comerciales, turísticas o de representación institucional en el exterior.
"Lo que hay que cuestionar no es el modelo autonómico, sino si es útil para el ciudadano. Y la respuesta es que, tal y como se ha desarrollado, no es eficiente, es excesivamente caro", señala Rosa Díez, portavoz de UPyD, formación política al alza según todas las encuestas, que ha hecho de esta cuestión santo y seña. Díez reivindica que el Gobierno central recupere competencias en educación y sanidad. Y que ejerza el control sobre la gestión de los gobiernos autonómicos. "Con la descentralización hemos crecido y nos hemos hecho más fuertes, y con ella, no sin ella, saldremos de la crisis", proclamó hace pocos días el presidente de la Generalitat catalana, José Montilla (PSC). Y no dejó pasar la ocasión para cargar contra "la nueva fiebre recentralizadora".
Tiempo muerto en la refriega política. Balón a los expertos: "Nos miramos demasiado el ombligo, la descentralización es un proceso mundial", templa Andrés Rodríguez-Pose, catedrático de Geografía en la London School of Economics (LSE). Su argumento está fundado en un reciente trabajo sobre 21 países avanzados, en el que ha testado como influye la descentralización en el crecimiento económico y la desigualdad.
Rodríguez-Pose matiza que, aunque la descentralización surgió para "preservar una identidad cultural o étnica", en los últimos años se justifica por sus "posibles ventajas económicas". Una teoría ante la que el catedrático de la LSE llama a ser "muy cuidadoso". De hecho, de sus datos se colige que, en los países avanzados, una descentralización intensa "puede llegar a limitar el crecimiento". Rodríguez-Pose describe los síntomas: la competencia entre territorios, que debería facilitar la difusión de las mejores prácticas administrativas, deriva en una "estrategia del desperdicio" por solapamiento del gasto público. Las nuevas élites políticas, que en las primeras etapas promueven programas dinámicos y pegados al terreno, tienden a convertirse en "élites de bloqueo". Y se priorizan demasiadas actividades "de escaso rendimiento económico" por su mayor visibilidad.
"Los resultados sobre el crecimiento en España son menos negativos que en otros países, aunque en los últimos años han empeorado", aclara Rodríguez-Pose. Y eso que aquí la descentralización ha sido muy intensa: en poco más de dos décadas, comunidades y entidades locales han asumido más del 50% del gasto público. De hecho, los gobiernos autonómicos españoles manejan, proporcionalmente, más dinero que los länder alemanes, la referencia de la Europa federal.
En el debate público, la desigualdad suele ser la piedra de toque recurrente cuando se habla de comunidades autónomas. Pero aquí los datos que manejan los expertos dicen otra cosa. "Si en los estudios incluímos servicios descentralizados como la sanidad y la educación, la desigualdad entre territorios se reduce", afirma Francisco Pedraja, catedrático de Economía de la Universidad de Extremadura. A una conclusión similar llega el trabajo de Rodríguez-Pose o la investigación que ha dirigido Joan Subirats, ex director del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Autónoma de Barcelona.
"Hay un grado de homogeneidad en las prestaciones sociales básicas, y sólo ciertas diferencias en las prestaciones periféricas", asegura Subirats. Frente a la caracterización del modelo autonómico de café para todos y champán para las nacionalidades, el investigador de la Autónoma opta por una definición más de andar por casa: "En todo caso, café para todos y carajillo para algunos".
La investigación constata, eso sí, que el discurso de la desigualdad entre comunidades ha calado: el estudio cató la opinión ciudadana en 17 grupos de discusión (uno por comunidad) que de forma mayoritaria manifestaron su temor a que las desigualdades territoriales aumenten en un futuro próximo.
Cuando quieren comprobar la eficacia (si se logran los objetivos previstos) y la eficiencia (si se hace al menor coste posible) del gasto público en las comunidades, los expertos chocan con el muro estadístico. "No hay un adecuado sistema de información", critica Pedraja. "Es un tema esencial, no hay datos de calidad ni homologables, es imposible valorar así qué hacen los gobiernos autonómicos", abunda Subirats.
Los monstruos estadísticos de la descentralización quedan muy feos. Para conocer la muy dispar ejecución de la ley de Dependencia hay que confiar en los datos que arranca de la Administración la asociación estatal de gerentes de servicios sociales. Cuando evalúa a las sociedades públicas autónomicas, el Tribunal de Cuentas bucea en datos con más de un lustro de antigüedad. Y para conocer el reparto definitivo del nuevo sistema de financiación autonómica habrá que esperar aún ¡dos años!. El Gobierno central ni tan siquiera hizo público la distribución de los 11.000 millones adicionales que inyectó al sistema autonómico.
Algunas cifras sí valen, al menos, para comprobar que los gobiernos autónomos han ampliado su perímetro más allá de lo que la transferencia de competencias haría pensar. Según los datos recopilados por Miguel González, catedrático de Economía de la Universidad de Granada, la Administración central se ha dejado en la última década más de 300.000 puestos de trabajo, mientras que el personal al servicio de las comunidades ha engordado en más de 600.000 plazas (a los que habría que sumar casi 200.000 más en las corporaciones locales).
"Las competencias asumidas por las comunidades, como la sanidad y la educación, intensivas en personal, el crecimiento demográfico y la etapa expansiva han animado este proceso, pero ahora tendrán que discriminar qué áreas son prioritarias", señala el catedrático de la Universidad de Granada. Santiago Lago añade otro factor que ayuda a entender la expansión del gasto autonómico: "Hasta ahora, lo que las comunidades no conseguían con la financiación autonómica, lo lograban con la presión política", recalca el profesor de la Universidad de Vigo, "como ocurrió con la sanidad, y como sigue ocurriendo con los convenios de inversión o los contratos programa".
La presión de los mercados y de Bruselas obliga a rebajar ya el déficit, que en el Gobierno central llega al 9,5% del PIB y en las comunidades apenas al 2%. Pese a las diferencias, los mercados y Bruselas tienen más dudas sobre si los gobiernos autonómicos podrán cumplir con su parte. No es sólo que en el saldo negativo del Ejecutivo central pesen las prestaciones por desempleo, que deberían aligerarse cuando la economía se recupere. Influye también que el Gobierno central está acostumbrado a apretarse el cinturón y que las comunidades llevan años sumando agujeros al suyo. O que la Administración central tiene más opciones para subir impuestos -y lo hace, como ha anunciado con el IVA-. Y que las comunidades han usado casi siempre el margen que les da el sistema -ampliado en el nuevo modelo- para bajarlos.
"No está nada claro que no se vuelva a abrir la espita de la deuda pública autonómica, como en los noventa", añade Lago, que aboga porque el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) haga cumplir "máximos rígidos" en déficit y deuda pública. Una demanda que parece muy alejada de la realidad. El CPFF pactó en otoño que las comunidades debían atenerse a un déficit del 2,5% del PIB en los presupuestos de 2010 y cuando se aprobaron las cuentas, tres meses después, ya había cinco comunidades que habían presupuestado un déficit mayor.
"La consolidación fiscal se hace mucho más difícil en un Estado donde la Administración central sólo gestiona el 20% del gasto y las comunidades el 36%, y cuando se ha descuidado el principio de coordinación", lamenta Pedraja. "Hay que transformar actitudes egoístas propias de las fases iniciales de la descentralización en una constante voluntad de entendimiento", receta.
Con otra palabras, el presidente de la Generalitat catalana coincidió en el diagnóstico: "Hay que arrimar el hombro, compartir ideas, hacer acuerdos". Con la crisis, algo se mueve: el mes pasado, las comunidades pactaron crear una mesa de contratación para abaratar las compras del sector sanitario. Sanidad también ha iniciado la integración de los 17 sistemas informáticos de salud. Trabajo acaba de poner en marcha un nuevo portal en Internet para facilitar el intecambio de ofertas de empleo. Economía y las comunidades discutirán el próximo miércoles como reducir el gasto. Y, desde enero, la misma licencia vale para cazar en seis comunidades.
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