Es preciso mirar a largo plazo y ser conscientes de que nuestro objetivo como país no debe ser salir de la crisis, sino hacer posible otro período con altas tasas de crecimiento
13.02.2010 -
FLORENTINO FELGUEROSO / PABLO VÁZQUEZ
INVESTIGADORES DE FEDEA Y PROFESORES DE ECONOMÍA DE LAS UNIVERSIDADES DE OVIEDO Y COMPLUTENSE DE MADRID
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Hace pocos días supimos que después de un año desde la puesta en marcha del Plan de Retorno Incentivado de los Inmigrantes, sólo 3.000 se han acogido al mismo, cuando las previsiones del Gobierno eran de 100.000. El Gobierno ha apostado con claridad por las políticas destinadas a recortar la oferta de trabajo de los inmigrantes como medio de paliar los efectos de la crisis en el desempleo. En concreto, la Administración del Estado está actuando en cuatro frentes: reducir al máximo la entrada legal por motivos laborales (recortando el catalogo de ocupaciones de difícil cobertura), incentivar el retorno (mediante planes que incluyen la capitalización de prestaciones por desempleo), limitando futuras incorporaciones al mercado de trabajo iniciadas por motivos residenciales (mayores restricciones al reagrupamiento familiar) y aumentando la penalización por entrada ilegal (aumento del número de días de detención).
Pues bien, si tratamos de mirar estas medidas con un poco de perspectiva descubrimos que son, como en el caso del retorno voluntario, básicamente equivocadas, por poco eficaces y por poder generar efectos contrarios a los deseados.
La lógica detrás de cerrar la frontera a los inmigrantes se basa, con frecuencia, en una concepción desacertada acerca de cómo funciona el mercado de trabajo. Se piensa que el mercado laboral es como el juego de las sillas: si quitamos una (por culpa de la crisis) tenemos que ir eliminando a jugadores (inmigrantes) para que el resto pueda sentarse.
Los datos disponibles indican que la incorporación de inmigrantes a la economía española en la época de bonanza no ha venido acompañada de una sustitución masiva de trabajadores españoles por trabajadores inmigrantes, ni que los salarios de los primeros se hayan visto afectados negativamente por la inmigración en este espacio de tiempo. Estas conclusiones generales se repiten en la mayoría de los estudios realizados sobre los efectos de la inmigración en el mercado de trabajo español. La presencia de los inmigrantes en España responde a otra lógica que esas medidas parecen olvidar. Los inmigrantes no están sólo porque España haya vivido un periodo de crecimiento económico acelerado que ha tocado a su fin y que supone que los 'invitados' deben volver a su casa. Los inmigrantes han venido por algunas de las tres razones que se explican a continuación, o probablemente por las tres; pero, lo que es importante ahora, es que ninguno de esos motivos justifica que hoy se cierren las fronteras.
En primer lugar, los inmigrantes han venido porque era preciso -había la oportunidad- de cubrir un desequilibrio de población importante: debido al envejecimiento demográfico, la población nativa no podía cubrir por sí misma el aumento de demanda de trabajo a la que se enfrentaba nuestro país. No había suficientes jugadores para tantas sillas.
Pues bien, el desafío demográfico no ha terminado ni mucho menos. España experimentará cambios demográficos incluso de mayor intensidad que los que hemos vivido: la población nativa de 25 a 34 años se verá reducida en cerca de 2 millones de personas en la próxima década (una reducción de cerca del 33%). Es precisamente en estas edades donde se ha concentrado la entrada de inmigrantes; al mismo tiempo, se producirá una reducción de titulados universitarios entre 25 y 34 años, y aún mayor será la caída de jóvenes menos educados, lo que supondrá un reducción drástica de nuevos entrantes nativos para puestos de trabajo menos cualificados.
En segundo lugar, estos momentos de crisis vienen a confirmar la evidencia de que los inmigrantes han venido para ocupar los puestos de trabajo no deseados por las personas nativas. La cola del paro de los trabajadores nativos no se va a reducir a costa de aumentar la de los inmigrantes y el mayor incremento del paro de este colectivo se debe esencialmente al mayor impacto de la crisis en los sectores en los que están concentrados.
En tercer lugar, los inmigrantes han venido porque en España se estaba produciendo el último gran cambio social de la década: la definitiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Este fenómeno ha generado una masiva externalización de la actividad doméstica en la que juegan un papel esencial los trabajos desempeñados por los inmigrantes. No obstante, las tasas de actividad femenina siguen relativamente más bajas que los países europeos más avanzados. En definitiva, los inmigrantes han venido porque eran necesarios: la demografía en primer lugar, pero también cambios en nuestro mercado de trabajo y la incorporación de la mujer al mundo laboral lo han hecho imprescindible. Y esos factores «estructurales» no han cambiado con la crisis.
Los inmigrantes han tenido y deben tener -también para nuestro mercado de trabajo- mucho más de solución que de problema. Deberán ayudar a hacer frente al tremendo desafío demográfico y además están en condiciones de mejorar el cambio productivo que requiere nuestro país.
También en inmigración es preciso mirar al largo plazo y ser conscientes de que nuestro objetivo como país no debe ser salir de la crisis sino hacer posible otro largo periodo con altas tasas de crecimiento económico que permitan la modernización de nuestra sociedad. Gestionar los flujos migratorios es sin duda necesario para un país moderno. Pero deberíamos ser capaces de diseñar una política algo más articulada que la del 'stop and go' que parecen iluminar las medidas implementadas hasta el momento. Los países de nuestro entorno han decidido ser claramente selectivos en la entrada de los inmigrantes. Nosotros también deberíamos serlo, no solo para atraer a los mejores futbolistas (algo que hacemos bien), sino también para hacer realidad el cambio de modelo productivo. Sólo disponiendo de mano de obra cualificada -también inmigrante- se generarán nuevas empresas que lideren el cambio.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100213/opinionarticulos/inmigracion-cambio-modelo-20100213.html
sábado, 13 de febrero de 2010
Riopedre y el AVE fantasma
ADOLFO CONGIL SECRETARIO GENERAL DE USO ASTURIAS Los representantes de los trabajadores de los centros concertados tuvieron la posibilidad de llegar a un acuerdo de plantillas en julio, pero han perdido su tren». Son declaraciones del consejero de Educación del pasado día 6. Son los milagros de la «Alta Velocidad», diez años esperando por un tren y mira por dónde pasa el señor consejero subido en su «AVE fantasma» y nos deja tirados en la estación con las mismas caras que los habitantes del pueblecito de «Bienvenido, Mister Marshall».
Riopedre miente, y lo que es peor, sabe que miente. A finales de julio y bajo la premisa negociadora del o lo tomas o lo dejas, presenta a las organizaciones sindicales y patronales una propuesta de plantillas que de ser aceptada entraría en vigor a partir de enero del presente año. Trata de vincular su firma al acuerdo sobre jubilaciones parciales, que sí se firmó por la mayoría de organizaciones, dado su carácter de urgencia al afectar a trabajadores que podían beneficiarse del acuerdo en el último trimestre del año, y después de explicarle las notables diferencias entre churras y merinas, la necesidad de que las organizaciones consultásemos con los trabajadores (algo difícil de hacer en esas fechas) y la no urgencia de la firma se aplaza la respuesta y la posible firma hasta septiembre. Riopedre olvida que de esta historia que viví en primera persona, y aunque para él los sindicatos no somos de fiar, también son testigos los representantes de las organizaciones patronales. Parece ser que con los calores de agosto, el millón y pico de euros presupuestado y comprometido para este acuerdo se evaporó. ¿Por qué no explica Riopedre dónde ha ido a parar ese dinero?
No, no hemos perdido el tren, sencillamente el AVE de Riopedre casi nos atropella y es por eso, además de otros muchos temas no de menor gravedad, por lo que los trabajadores de la enseñanza concertada hemos iniciado movilizaciones, hemos ejercido nuestro derecho a la huelga el pasado 27 de enero y volveremos a repetirlo el 24 de febrero. El señor consejero se extraña con los actos de protesta frente al Auditorio de los docentes de la concertada y la pública el pasado día 4 con motivo de la gala en la que se conmemoraban los 10 años de las transferencias, ¿qué teníamos que celebrar los trabajadores de la concertada?, ¿el haber perdido un tren?, ¿el modelo de AVE de Riopedre?, ¿o 10 años esperando en el andén? En ese mismo acto el presidente señor Areces declara que «los docentes asturianos lo que tienen que hacer es mirar sus nóminas». ¡Asombroso! Salvo que presuman de tener a los docentes peor pagados de España tanto en la pública como en la concertada.
http://www.lne.es/sociedad-cultura/2010/02/13/riopedre-ave-fantasma/872753.html
Riopedre miente, y lo que es peor, sabe que miente. A finales de julio y bajo la premisa negociadora del o lo tomas o lo dejas, presenta a las organizaciones sindicales y patronales una propuesta de plantillas que de ser aceptada entraría en vigor a partir de enero del presente año. Trata de vincular su firma al acuerdo sobre jubilaciones parciales, que sí se firmó por la mayoría de organizaciones, dado su carácter de urgencia al afectar a trabajadores que podían beneficiarse del acuerdo en el último trimestre del año, y después de explicarle las notables diferencias entre churras y merinas, la necesidad de que las organizaciones consultásemos con los trabajadores (algo difícil de hacer en esas fechas) y la no urgencia de la firma se aplaza la respuesta y la posible firma hasta septiembre. Riopedre olvida que de esta historia que viví en primera persona, y aunque para él los sindicatos no somos de fiar, también son testigos los representantes de las organizaciones patronales. Parece ser que con los calores de agosto, el millón y pico de euros presupuestado y comprometido para este acuerdo se evaporó. ¿Por qué no explica Riopedre dónde ha ido a parar ese dinero?
No, no hemos perdido el tren, sencillamente el AVE de Riopedre casi nos atropella y es por eso, además de otros muchos temas no de menor gravedad, por lo que los trabajadores de la enseñanza concertada hemos iniciado movilizaciones, hemos ejercido nuestro derecho a la huelga el pasado 27 de enero y volveremos a repetirlo el 24 de febrero. El señor consejero se extraña con los actos de protesta frente al Auditorio de los docentes de la concertada y la pública el pasado día 4 con motivo de la gala en la que se conmemoraban los 10 años de las transferencias, ¿qué teníamos que celebrar los trabajadores de la concertada?, ¿el haber perdido un tren?, ¿el modelo de AVE de Riopedre?, ¿o 10 años esperando en el andén? En ese mismo acto el presidente señor Areces declara que «los docentes asturianos lo que tienen que hacer es mirar sus nóminas». ¡Asombroso! Salvo que presuman de tener a los docentes peor pagados de España tanto en la pública como en la concertada.
http://www.lne.es/sociedad-cultura/2010/02/13/riopedre-ave-fantasma/872753.html
El desembolso en personal del Gobierno asturiano subió un 30% en el último lustro
El desembolso que realiza el Principado en personal se ha incrementado un 30 por ciento en el último lustro, según los datos recogidos dentro de los Presupuestos Generales del Principado. En los últimos cinco años el incremento del IPC, el que se toma como referencia para el incremento de los salarios, fue algo menos de la mitad, hasta alcanzar el 12,3 por ciento.
Para el año 2010, la cifra de gastos de personal que maneja el Gobierno regional para sus funcionarios asciende a unos 1.661 millones de euros (en la partida está incluido el personal de la Administración y el de los organismos y entes que dependen del Principado). El número de empleados de la Administración también se ha incrementado de forma constante a lo largo de los últimos años. En concreto, lo ha hecho un 10,44 por ciento en los últimos cinco años, hasta alcanzar en 2010 los 35.781 trabajadores.
Recortar el gasto público del conjunto de las administraciones en unos 50.000 millones durante los próximos cuatro años es una de las políticas medulares de la estrategia económica del Ministerio que pilota Elena Salgado. El plan para conseguir ese ahorro entre 2010 y 2013 alcanza a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales, y según anunció esta semana la propia Salgado, se deberá realizar mediante el recorte del gasto en personal. Lo que si ha descartado de plano la vicepresidenta segunda del Gobierno es «tocar por el momento el sueldo de los funcionarios».
Según recoge el organismo estadístico de la Unión Europea (UE), Euroestat, el sueldo de los empleados del sector público en España creció entre 2000 y 2008 un 40 por ciento más que la media de Europa. En la actualidad, según las cifras del Gobierno central, alrededor del 7 por ciento de la plantilla de las administraciones públicas alcanzará la edad de jubilación en los próximos tres años.
http://www.lne.es/economia/2010/02/13/desembolso-personal-gobierno-asturiano-subio-30-ultimo-lustro/872732.html
De padres a hijos
Además de Fernández Lanero como secretario general, la nueva ejecutiva de MCA de Gijón está integrada por José María Ferreras Cardo (Organización); René Fernández Villa (Administración y Recursos), José Rodríguez Velasco (Política Sindical), Manuel Quintana Cotarelo (Salud Laboral y Medio Ambiente), José Luis Mediavilla Espiga (Formación), Suny Suárez Tranche (Construcción y Comunicación), Roberto Miguel Calvo (Sectorial del Metal), Javier Álvarez Villanueva (Juventud), Noemí Morales de la Vega (Igualdad), Fernando Díaz Arnaiz , Pedro Novo Villabrille y Juan José Iglesias Martínez
Funcionario: fijo para siempre, pero ¿inamovible?
El empleo público, altamente protegido, sigue en expansión - Ser más o menos productivo no tiene consecuencias - El reto es evaluar al funcionario
JAVIER MARTÍN
EL PAÍS - Sociedad - 13-02-2010
El mundo ha cambiado una barbaridad, ni el matrimonio es ya para siempre; pero el empleo del funcionario, sí. Hasta que la muerte o la jubilación los separe. En tiempos de paro y déficits si las cuentas públicas no cuadran, ¿para qué seguir aumentando el empleo público? En el reino del empleo temporal, del ERE y la congelación salarial, ¿por qué el funcionario tiene trabajo fijo y hasta le suben el sueldo?
"El empleo de por vida es la mejor garantía de profesionalidad", dice Domingo Fernández, presidente del sindicato de funcionarios CSI-CSIF. El profesor Francisco Longo disiente: "Por razones de interés general, la hiperprotección laboral del empleo público debe acabar. Cuando la Administración pública no puede mantenerse debe ser lógico que elimine servicios y puestos de trabajo, como sucede en la empresa privada".
Históricamente, el empleo vitalicio fue una prueba de salud democrática: un cuerpo de funcionarios permanente para evitar que el Gobierno entrante pusiera a sus funcionarios y despidiera a los anteriores, como aún sucede en países latinoamericanos. "Eso era necesario en trabajos ligados a los servicios de autoridad, donde el bien público dominante es la imparcialidad", explica Longo, profesor de recursos humanos en ESADE. "Con el tiempo, la protección extraordinaria del empleo público se ha extendido a otros que nada tienen que ver con la autoridad, como profesorado, médicos o servicios sociales, es decir, a la inmensa mayoría. Parecería lógico que estas personas, aparte del examen de entrada, tuvieran que superar de tiempo en tiempo unas evaluaciones para seguir en el empleo".
Así será en Cataluña. Los futuros funcionarios estarán a prueba 90 días y pasarán pruebas anuales. "No nos asusta la evaluación", advierte el dirigente sindical Fernández, "pero con recompensas si es positiva; y sin que signifique el despido, si sale negativa". Fernández recuerda que ya existe el periodo de prueba, pero la novedad de la ley catalana es su carácter obligatorio y universal.
Al catedrático de Sociología Salvador Cardús le gustaría renegar de su condición de funcionario, "porque mi remuneración no depende de mis méritos, sino de mis años de antigüedad". Para Cardús el empleo de por vida es "difícilmente justificable; pero si hay que hacerlo, que dé cuenta de la calidad de su trabajo con mecanismos de control transparentes".
Mientras los países de la Unión Europea recortan funcionarios, España los aumenta (un 32% entre 2000 y 2008). La masa salarial del empleo público por habitante ha aumentado un 60% en España, casi el doble que en la UE. El pago del empleo público se lleva la quinta parte del presupuesto del país.
"A las ocho de la mañana, una persona ficha por todos, y a las tres, otra hace lo mismo". Enrique Cejudo cuenta su experiencia como secretario sustituto del Juzgado número 1 de El Ejido (Almería). "No se trabaja ni cuatro horas al día. Se puede verificar muy fácilmente pues todos los fichajes se hacen en el mismo ordenador". No es el caso general, pero el sistema lo permite.
Belén Marina, profesora de Derecho Administrativo en la Universidad de Alcalá, no cree que haya empleo de por vida. "El derecho de inamovilidad de los funcionarios no es ilimitado. Su régimen disciplinario contempla las faltas de asistencia, el incumplimiento de la jornada, la falta de puntualidad o de rendimiento... con sanciones que pueden llegar a la separación del servicio".
¿Cuántas infracciones, sanciones o despidos de funcionarios hay? La profesora lo desconoce, también el Ministerio de Justicia, y el de las Administraciones Públicas. "Llevo más de 30 años en la universidad", dice Cardús, "y no he conocido ninguno, pese a que hay casos, pocos, de irresponsabilidad absoluta. El procedimiento es dramáticamente complicado".
Los sindicatos también desconocen estadísticas disciplinarias que serían, por otro lado, lógicas en un colectivo tan grande. "Sólo hay datos de absentismo", dice Fernández. "Similar al de las grandes empresas privadas".
Para evitar el absentismo camuflado, Cejudo eleva a su ente superior, la Subcomisión Provincial de Coordinación y Cooperación de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, una posible mejora de su juzgado. "Sólo con implantar la huella digital para que fichen los empleados, el tiempo de trabajo aumentaría un 50%".
Longo reparte culpas. "Hemos vivido épocas de vacas gordas todos, familias, empresas y también la Administración. Es cierto que una parte del aumento es por mejora de servicios: hay más profesores por alumno, más médicos por enfermo, pero la Administración pública del futuro debe de ser menos voluminosa y más cualificada. El Gobierno sigue contratando demasiado trabajo poco cualificado. Son unas rutinas de comportamiento muy difíciles de romper por los gobernantes. Tienden a seguir haciendo lo mismo".
Y, en consecuencia, el gasto público se va hinchando. Hoy son 2,7 millones de personas trabajando para la Administración, de ellos 1,7 millones funcionarios. "El tamaño del sector público ha experimentado un acelerado crecimiento en esta última década", dice Mario V. González, autor de El coste de la Administración pública española. Según sus cuentas, en 2008 cada español dedicó a pagar a los funcionarios 2.560 euros, 1.000 euros más que ocho años antes. "En España, el coste salarial por empleado público excede en más del 20% el coste del privado".
El presidente del sindicato CSI cree que el aumento se debe a la convergencia con Europa y al desarrollo de las autonomías. Sin embargo, no achaca a la crisis económica las voces que se levantan para cambiar el estatus del funcionariado. "Obedece más a las exigencias de los ciudadanos y a la incorporación de las nuevas tecnologías".
El Gobierno catalán intenta cambiar las viejas estructuras con una ley que reduce la maraña de cuerpos a sólo cuatro, que facilitará la movilidad entre administraciones. Se acabará también con la selección por cuerpos y escalas, que permitía que un abogado ganara, por ejemplo, plaza en un trabajo de gestión económica. "El objetivo es que las administraciones puedan actuar con más flexibilidad; pero también garantizar la idoneidad de las personas para el puesto de trabajo que han de ocupar", explica Jordi Ausàs, consejero de Gobernación. Y otra novedad no menos importante: se exigirá examen para el empleo público temporal, argucia contemporánea para colar gente a dedo que, con el tiempo, accedía a la plaza fija.
El sindicalista Fernández a nada dice que no. "En estos días estamos negociando con la vicepresidenta Fernández de la Vega una ley de la función pública donde se desarrollan sistemas de evaluación, promoción, la movilidad -hasta ahora muy pequeña y complicada-, y la función directiva, que tampoco existía".
Efectivamente, hay funcionarios y jefes puestos a dedo por los políticos, pero no funcionarios-directivos. "No tiene sentido que cambie el presidente de una comunidad autónoma y cambien los gerentes de los hospitales públicos, como está pasando", recuerda Longo.
"La Administración española tiene un gran déficit de gestión. Hay pocos gestores profesionales de la cosa pública, que introduzcan los valores de costes, gastos e inversiones". Longo recuerda los males que acarrea un cuerpo de funcionarios de por vida. "Su hiperprotección conlleva la falta de riesgo del colectivo con unas consecuencias anómalas para la sociedad, como el encarecimiento de los servicios y la distorsión de la labor sindical". "El sindicalismo público es de confrontación", explica, "mucho más agresivo que el privado, porque no existe la amenaza del despido".
El economista Manuel Balmaseda cuantificó en un 4,7% del PIB la diferencia de productividad entre el sector público y el privado en 2003. A caballo entre Estados Unidos y España, Balmaseda recuerda en su Libro Marrón (2006, Círculo de Empresarios) que la productividad de los sectores público y privado era prácticamente idéntica en 1980; pero en 2003 la situación había cambiado: "La productividad del sector privado superó los 35.000 euros, pero la del público no llegaba a los 28.000".
El socialista Tony Blair implantó en la Administración británica el principio de que la eficiencia y productividad de cualquier tarea de cualquier organismo público es medible al igual que en una empresa privada. Y, en función de ello, suprimir, ampliar o reducir.
A partir de entonces han proliferado organismos de evaluación, incluso en España. Veamos uno, la rimbombante Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios en España. Creada hace tres años, sólo se mueve a iniciativa del Gobierno y escribe informes como Trámites administrativos para la creación de empresas. Sus conclusiones: "Es imposible recoger en un solo modelo toda la casuística de la tramitación administrativa". Otra: "El primer paso de una política de simplificación de los trámites para la creación de empresas debe ser impedir que se establezcan nuevas trabas". Y no lo firma Perogrullo.
Como escribe el consejero del Tribunal de Cuentas Lluís Armet en la Revista Española de Control Externo: "La creación de una burocracia para luchar contra los aspectos burocráticos no es la mejor forma de actuar".
¿Qué diferencia hay en la Administración pública española entre un buen trabajador y un vago? ¿Cuál entre el juez que dicta 200 sentencias anuales y el que no dicta ninguna? ¿Y entre el catedrático que acude a sus clases y el que se refugia en supuestas investigaciones? ¿O, simplemente, entre el funcionario que llega tarde y se va pronto y el que cumple su horario? Aparte de la moral, ninguna.
"La falta de evaluaciones no es el mejor hábitat para fomentar la productividad, que es un problema de España en general, y la productividad del funcionario es aún inferior al del empleo privado", recuerda Longo.
Mientras en los países anglosajones cuesta atraer a la juventud al funcionariado, en España se hace cola. "Da pena que el objetivo del universitario sea sacarse una oposición", se lamenta Mario González. "Es una situación racional, por supuesto, porque te da empleo fijo de por vida y aumentos salariales del 2%, pero mata el espíritu emprendedor de un país, que es lo que hace progresar a la sociedad".
Tras 15 meses como secretario de juzgado, Cejudo volvía a escribir a su ente superior, la Subcomisión Provincial de Coordinación y Cooperación de la Consejería de Justicia de la Andalucía: "Desde el otro lado del espejo que he traspasado, como abogado, como profesor de universidad y como gerente de empresa, la realidad no parecía tan penosa como se aprecia desde dentro. El directivo que aterrizó en la corte de su señoría ha comprobado que no podrá ejercer sus habilidades directivas; lo más que puede llegar a ser es un virtuoso castratti, un capón sin atribuciones que ha de limitarse a firmar y a firmar, y a ser amable".
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100213elpepisoc_1&type=Tes&anchor=elpepisoc
Parlamentos de funcionarios
XAVIER ROIG
EL PAÍS - Sociedad - 13-02-2010
Poco imaginaba Montesquieu, cuando desarrolló su teoría de la separación de poderes, la complejidad que adquiriría el sector público. En España, la intromisión de la política en la judicatura constituye un hecho habitual. ¿Y qué decir de la supuesta separación entre el poder ejecutivo y el legislativo? Hace unos años, a menudo se escogía como ministros a gente de la sociedad civil, que aportaba su experiencia. Esto también se ha perdido. Los cargos ministeriales son ahora un premio al miembro del partido, a menudo ya parlamentario, que se ha portado bien.
Pero lo que probablemente no pasó nunca por la cabeza de Montesquieu es la retorcida situación a la que hemos ido a parar: y es que los funcionarios han asaltado el poder legislativo. La máquina y quien la dirige son, ahora, la misma cosa. Basta ver la composición de los parlamentos. Congreso de los Diputados: el 72% de los parlamentarios son, en origen, empleados públicos; o la Asamblea de Madrid, donde el número de empleados públicos es del 75%. Incluso la "laboriosa" Cataluña no se escapa: sólo el 32% de sus diputados provienen del sector privado.
Contrasta nuestra situación con la de otros países europeos. En Italia, la Camera dei Deputati sólo tiene un 43% de asalariados públicos. La House of Commons, un 47% o el Scottish Parliament, un 40%. Incluso en la estatalista Francia sólo la mitad de la Assemblée Nationale está formada por empleados públicos.
Pocas leyes útiles para el ciudadano de a pie elaborarán nuestros parlamentarios. Sobre todo, pocas que recorten privilegios de los empleados públicos, ¿no creen? Los partidos han caído en manos de gente que, segura de mantener su lugar de trabajo habitual, hace incursiones en la política para cambiar de aires y proyectar su miopía a todo un país. Una especie de divertimento.
El principal peligro de nuestra democracia es, hoy día, esta distancia entre la realidad y sus parlamentos. Mientras no podamos elegir los diputados por distritos, o nominalmente, tendremos malos políticos. No podremos disfrutar del político de raza que no debe su puesto a nadie más que al contribuyente que lo eligió.
JAVIER MARTÍN
EL PAÍS - Sociedad - 13-02-2010
El mundo ha cambiado una barbaridad, ni el matrimonio es ya para siempre; pero el empleo del funcionario, sí. Hasta que la muerte o la jubilación los separe. En tiempos de paro y déficits si las cuentas públicas no cuadran, ¿para qué seguir aumentando el empleo público? En el reino del empleo temporal, del ERE y la congelación salarial, ¿por qué el funcionario tiene trabajo fijo y hasta le suben el sueldo?
"El empleo de por vida es la mejor garantía de profesionalidad", dice Domingo Fernández, presidente del sindicato de funcionarios CSI-CSIF. El profesor Francisco Longo disiente: "Por razones de interés general, la hiperprotección laboral del empleo público debe acabar. Cuando la Administración pública no puede mantenerse debe ser lógico que elimine servicios y puestos de trabajo, como sucede en la empresa privada".
Históricamente, el empleo vitalicio fue una prueba de salud democrática: un cuerpo de funcionarios permanente para evitar que el Gobierno entrante pusiera a sus funcionarios y despidiera a los anteriores, como aún sucede en países latinoamericanos. "Eso era necesario en trabajos ligados a los servicios de autoridad, donde el bien público dominante es la imparcialidad", explica Longo, profesor de recursos humanos en ESADE. "Con el tiempo, la protección extraordinaria del empleo público se ha extendido a otros que nada tienen que ver con la autoridad, como profesorado, médicos o servicios sociales, es decir, a la inmensa mayoría. Parecería lógico que estas personas, aparte del examen de entrada, tuvieran que superar de tiempo en tiempo unas evaluaciones para seguir en el empleo".
Así será en Cataluña. Los futuros funcionarios estarán a prueba 90 días y pasarán pruebas anuales. "No nos asusta la evaluación", advierte el dirigente sindical Fernández, "pero con recompensas si es positiva; y sin que signifique el despido, si sale negativa". Fernández recuerda que ya existe el periodo de prueba, pero la novedad de la ley catalana es su carácter obligatorio y universal.
Al catedrático de Sociología Salvador Cardús le gustaría renegar de su condición de funcionario, "porque mi remuneración no depende de mis méritos, sino de mis años de antigüedad". Para Cardús el empleo de por vida es "difícilmente justificable; pero si hay que hacerlo, que dé cuenta de la calidad de su trabajo con mecanismos de control transparentes".
Mientras los países de la Unión Europea recortan funcionarios, España los aumenta (un 32% entre 2000 y 2008). La masa salarial del empleo público por habitante ha aumentado un 60% en España, casi el doble que en la UE. El pago del empleo público se lleva la quinta parte del presupuesto del país.
"A las ocho de la mañana, una persona ficha por todos, y a las tres, otra hace lo mismo". Enrique Cejudo cuenta su experiencia como secretario sustituto del Juzgado número 1 de El Ejido (Almería). "No se trabaja ni cuatro horas al día. Se puede verificar muy fácilmente pues todos los fichajes se hacen en el mismo ordenador". No es el caso general, pero el sistema lo permite.
Belén Marina, profesora de Derecho Administrativo en la Universidad de Alcalá, no cree que haya empleo de por vida. "El derecho de inamovilidad de los funcionarios no es ilimitado. Su régimen disciplinario contempla las faltas de asistencia, el incumplimiento de la jornada, la falta de puntualidad o de rendimiento... con sanciones que pueden llegar a la separación del servicio".
¿Cuántas infracciones, sanciones o despidos de funcionarios hay? La profesora lo desconoce, también el Ministerio de Justicia, y el de las Administraciones Públicas. "Llevo más de 30 años en la universidad", dice Cardús, "y no he conocido ninguno, pese a que hay casos, pocos, de irresponsabilidad absoluta. El procedimiento es dramáticamente complicado".
Los sindicatos también desconocen estadísticas disciplinarias que serían, por otro lado, lógicas en un colectivo tan grande. "Sólo hay datos de absentismo", dice Fernández. "Similar al de las grandes empresas privadas".
Para evitar el absentismo camuflado, Cejudo eleva a su ente superior, la Subcomisión Provincial de Coordinación y Cooperación de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, una posible mejora de su juzgado. "Sólo con implantar la huella digital para que fichen los empleados, el tiempo de trabajo aumentaría un 50%".
Longo reparte culpas. "Hemos vivido épocas de vacas gordas todos, familias, empresas y también la Administración. Es cierto que una parte del aumento es por mejora de servicios: hay más profesores por alumno, más médicos por enfermo, pero la Administración pública del futuro debe de ser menos voluminosa y más cualificada. El Gobierno sigue contratando demasiado trabajo poco cualificado. Son unas rutinas de comportamiento muy difíciles de romper por los gobernantes. Tienden a seguir haciendo lo mismo".
Y, en consecuencia, el gasto público se va hinchando. Hoy son 2,7 millones de personas trabajando para la Administración, de ellos 1,7 millones funcionarios. "El tamaño del sector público ha experimentado un acelerado crecimiento en esta última década", dice Mario V. González, autor de El coste de la Administración pública española. Según sus cuentas, en 2008 cada español dedicó a pagar a los funcionarios 2.560 euros, 1.000 euros más que ocho años antes. "En España, el coste salarial por empleado público excede en más del 20% el coste del privado".
El presidente del sindicato CSI cree que el aumento se debe a la convergencia con Europa y al desarrollo de las autonomías. Sin embargo, no achaca a la crisis económica las voces que se levantan para cambiar el estatus del funcionariado. "Obedece más a las exigencias de los ciudadanos y a la incorporación de las nuevas tecnologías".
El Gobierno catalán intenta cambiar las viejas estructuras con una ley que reduce la maraña de cuerpos a sólo cuatro, que facilitará la movilidad entre administraciones. Se acabará también con la selección por cuerpos y escalas, que permitía que un abogado ganara, por ejemplo, plaza en un trabajo de gestión económica. "El objetivo es que las administraciones puedan actuar con más flexibilidad; pero también garantizar la idoneidad de las personas para el puesto de trabajo que han de ocupar", explica Jordi Ausàs, consejero de Gobernación. Y otra novedad no menos importante: se exigirá examen para el empleo público temporal, argucia contemporánea para colar gente a dedo que, con el tiempo, accedía a la plaza fija.
El sindicalista Fernández a nada dice que no. "En estos días estamos negociando con la vicepresidenta Fernández de la Vega una ley de la función pública donde se desarrollan sistemas de evaluación, promoción, la movilidad -hasta ahora muy pequeña y complicada-, y la función directiva, que tampoco existía".
Efectivamente, hay funcionarios y jefes puestos a dedo por los políticos, pero no funcionarios-directivos. "No tiene sentido que cambie el presidente de una comunidad autónoma y cambien los gerentes de los hospitales públicos, como está pasando", recuerda Longo.
"La Administración española tiene un gran déficit de gestión. Hay pocos gestores profesionales de la cosa pública, que introduzcan los valores de costes, gastos e inversiones". Longo recuerda los males que acarrea un cuerpo de funcionarios de por vida. "Su hiperprotección conlleva la falta de riesgo del colectivo con unas consecuencias anómalas para la sociedad, como el encarecimiento de los servicios y la distorsión de la labor sindical". "El sindicalismo público es de confrontación", explica, "mucho más agresivo que el privado, porque no existe la amenaza del despido".
El economista Manuel Balmaseda cuantificó en un 4,7% del PIB la diferencia de productividad entre el sector público y el privado en 2003. A caballo entre Estados Unidos y España, Balmaseda recuerda en su Libro Marrón (2006, Círculo de Empresarios) que la productividad de los sectores público y privado era prácticamente idéntica en 1980; pero en 2003 la situación había cambiado: "La productividad del sector privado superó los 35.000 euros, pero la del público no llegaba a los 28.000".
El socialista Tony Blair implantó en la Administración británica el principio de que la eficiencia y productividad de cualquier tarea de cualquier organismo público es medible al igual que en una empresa privada. Y, en función de ello, suprimir, ampliar o reducir.
A partir de entonces han proliferado organismos de evaluación, incluso en España. Veamos uno, la rimbombante Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios en España. Creada hace tres años, sólo se mueve a iniciativa del Gobierno y escribe informes como Trámites administrativos para la creación de empresas. Sus conclusiones: "Es imposible recoger en un solo modelo toda la casuística de la tramitación administrativa". Otra: "El primer paso de una política de simplificación de los trámites para la creación de empresas debe ser impedir que se establezcan nuevas trabas". Y no lo firma Perogrullo.
Como escribe el consejero del Tribunal de Cuentas Lluís Armet en la Revista Española de Control Externo: "La creación de una burocracia para luchar contra los aspectos burocráticos no es la mejor forma de actuar".
¿Qué diferencia hay en la Administración pública española entre un buen trabajador y un vago? ¿Cuál entre el juez que dicta 200 sentencias anuales y el que no dicta ninguna? ¿Y entre el catedrático que acude a sus clases y el que se refugia en supuestas investigaciones? ¿O, simplemente, entre el funcionario que llega tarde y se va pronto y el que cumple su horario? Aparte de la moral, ninguna.
"La falta de evaluaciones no es el mejor hábitat para fomentar la productividad, que es un problema de España en general, y la productividad del funcionario es aún inferior al del empleo privado", recuerda Longo.
Mientras en los países anglosajones cuesta atraer a la juventud al funcionariado, en España se hace cola. "Da pena que el objetivo del universitario sea sacarse una oposición", se lamenta Mario González. "Es una situación racional, por supuesto, porque te da empleo fijo de por vida y aumentos salariales del 2%, pero mata el espíritu emprendedor de un país, que es lo que hace progresar a la sociedad".
Tras 15 meses como secretario de juzgado, Cejudo volvía a escribir a su ente superior, la Subcomisión Provincial de Coordinación y Cooperación de la Consejería de Justicia de la Andalucía: "Desde el otro lado del espejo que he traspasado, como abogado, como profesor de universidad y como gerente de empresa, la realidad no parecía tan penosa como se aprecia desde dentro. El directivo que aterrizó en la corte de su señoría ha comprobado que no podrá ejercer sus habilidades directivas; lo más que puede llegar a ser es un virtuoso castratti, un capón sin atribuciones que ha de limitarse a firmar y a firmar, y a ser amable".
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100213elpepisoc_1&type=Tes&anchor=elpepisoc
Parlamentos de funcionarios
XAVIER ROIG
EL PAÍS - Sociedad - 13-02-2010
Poco imaginaba Montesquieu, cuando desarrolló su teoría de la separación de poderes, la complejidad que adquiriría el sector público. En España, la intromisión de la política en la judicatura constituye un hecho habitual. ¿Y qué decir de la supuesta separación entre el poder ejecutivo y el legislativo? Hace unos años, a menudo se escogía como ministros a gente de la sociedad civil, que aportaba su experiencia. Esto también se ha perdido. Los cargos ministeriales son ahora un premio al miembro del partido, a menudo ya parlamentario, que se ha portado bien.
Pero lo que probablemente no pasó nunca por la cabeza de Montesquieu es la retorcida situación a la que hemos ido a parar: y es que los funcionarios han asaltado el poder legislativo. La máquina y quien la dirige son, ahora, la misma cosa. Basta ver la composición de los parlamentos. Congreso de los Diputados: el 72% de los parlamentarios son, en origen, empleados públicos; o la Asamblea de Madrid, donde el número de empleados públicos es del 75%. Incluso la "laboriosa" Cataluña no se escapa: sólo el 32% de sus diputados provienen del sector privado.
Contrasta nuestra situación con la de otros países europeos. En Italia, la Camera dei Deputati sólo tiene un 43% de asalariados públicos. La House of Commons, un 47% o el Scottish Parliament, un 40%. Incluso en la estatalista Francia sólo la mitad de la Assemblée Nationale está formada por empleados públicos.
Pocas leyes útiles para el ciudadano de a pie elaborarán nuestros parlamentarios. Sobre todo, pocas que recorten privilegios de los empleados públicos, ¿no creen? Los partidos han caído en manos de gente que, segura de mantener su lugar de trabajo habitual, hace incursiones en la política para cambiar de aires y proyectar su miopía a todo un país. Una especie de divertimento.
El principal peligro de nuestra democracia es, hoy día, esta distancia entre la realidad y sus parlamentos. Mientras no podamos elegir los diputados por distritos, o nominalmente, tendremos malos políticos. No podremos disfrutar del político de raza que no debe su puesto a nadie más que al contribuyente que lo eligió.
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