30 de abril de 2010.- Mañana se celebra el 1º de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, y hoy se ha hecho pública la Encuesta de Población Activa que arroja unos datos ciertamente preocupantes en lo que a la economía regional se refiere, por eso, desde Unión Progreso y Democracia en Asturias, creemos que ha llegado el momento de denunciar la retórica triunfalista que viene manejando el Gobierno Regional entorno a la mejor resistencia de la crisis y expresiones similares que la dura realidad se encarga machaconamente de desmentir. Nuestro mercado laboral se deteriora más rápidamente que la media nacional, tenemos el doble de parados que en 2009, unos 80.000, y poco más de 400.000 ocupados; las empresas industriales, que estaban tratando de aguantar a duras penas, reducen empleo, mientras que la construcción, una vez terminado el despilfarro y el engaño del Plan E, vuelve a expulsar trabajadores; entre los jóvenes de 16 y 19 años el paro alcanza el 50%, el 40% entre los de 20 y 24 años.
Los datos son demoledores desde cualquier punto de vista, y en este contexto, UPyD quiere denunciar el silencio cómplice de unas organizaciones sindicales que probablemente no se acordarán en los actos de celebración del 1º de mayo de los 4.612.700 desempleados. Para Humberto Rodríguez Solla, coordinador de UPyD en Asturias, “creemos que en fecha tan señalada para el conjunto de los trabajadores de este país y en vista de la dura realidad económica, lo más sensato es abandonar todo dogmatismo y valorar con sensatez la situación. Es inmoral, además de insostenible para las cuentas públicas, mantener la actual tasa de paro, urgen por tanto las reformas del mercado de trabajo y de nuestro sistema educativo, si queremos ganar productividad, cambiar el patrón de crecimiento económico y mantener la cohesión social. Desde UPyD pensamos que no podemos volver la cara a los problemas, conservar nuestro incipiente Estado del Bienestar pasa por plantearse, desde ya, las reformas necesarias para afrontar los retos que suponen el envejecimiento de la población, el reciclaje y la orientación profesional de los parados, sobre todo de los de menor cualificación y mayores de 45 años, y la financiación de la dependencia, si no queremos que desde fuera nos digan en qué país queremos vivir”.
Jorge J. Uría
Prensa UPyD-Asturias
domingo, 2 de mayo de 2010
Gasto social o inversión social
GUSTAVO GARCÍA HERRERO
ELPAIS.com - Sociedad - 02-05-2010
La expresión gasto social sugiere que todo recurso que se destina a ello debe considerarse a fondo perdido. No se justifica en rentabilidades de carácter económico o productivo, sino en valores de solidaridad o la necesidad de cohesión social. Estas consideraciones adquieren más relevancia cuando se trata de atender a las personas más necesitadas, por sus dificultades de autonomía personal, de convivencia familiar o de integración social.
Aunque en situaciones de crisis tan acusada como la actual, la solidaridad con los más necesitados o la apuesta por la cohesión social tienen un límite, pues como todo el mundo sabe, la capacidad de gasto de una sociedad tiene que estar acorde con su capacidad para generar riqueza. Es, ni más ni menos, la cuestión de la sostenibilidad del gasto social. Por eso, a la hora de asignar recursos a gasto social, hay que ser cautos para no superar el límite que lo haga insostenible.
Otra cosa es si se trata de inversiones. De una inversión se espera rentabilidad en forma de empleo, riqueza, desarrollo tecnológico y bienestar. En época de crisis nadie cuestiona la necesidad de destinar el máximo de recursos a inversiones productivas.
Pues bien, en época de crisis también es necesario revisar paradigmas que se fraguaron en el modelo económico y social afectado. Uno de ellos es el concepto de gasto social, que debe ser sustituido por el de inversión social. Porque sólo así podrán aflorar nuevas oportunidades de desarrollo, tan necesarias para superar la crisis con un nuevo modelo productivo.
Los servicios sociales constituyen actualmente una gran oportunidad inversora. Más aún, con la implantación del Sistema para la Atención a la Dependencia. Son soporte imprescindible para el desarrollo económico, proporcionando protección social adecuada a las nuevas formas de vida y convivencia personal y familiar, y para prevenir la marginación y favorecer la cohesión social, sin la cual no puede existir un desarrollo sostenible.
Las nuevas formas de producción han hecho saltar por los aires los antiguos modelos de vida familiar, trasladando a la responsabilidad pública responsabilidades y cuidados que antes se satisfacían en la familia. Servicios para el cuidado de los menores, de las personas mayores y en situación de dependencia, resultan imprescindibles actualmente para que la sociedad desarrolle todo su potencial productivo, especialmente para la incorporación plena de las mujeres, superando su tradicional vinculación a los cuidados de esas personas en el ámbito familiar.
Pero la capacidad de los servicios sociales para incidir en el desarrollo económico también puede medirse en términos de sector productivo, con incidencia directa en la generación de empleo y riqueza.
Podríamos recordar el efecto que desde los años 80 tiene sobre el sector turístico los viajes de la Tercera Edad que, junto a la eclosión de actividades para personas mayores, ha hecho aflorar un importantísimo sector de consumo cada vez más potente.
Pero si un elemento es hoy relevante en este sentido, es la implantación de los servicios del catálogo de la Ley de Dependencia: La memoria económica de esta Ley consideraba que supondría un punto del PIB una vez que se encontrara plenamente desarrollada. Y valoraba su incidencia directa sobre el empleo en unos 300.000 puestos de trabajo.
Bien es cierto que, hasta el momento, la sobredimensión de las prestaciones económicas sobre los servicios (en una proporción aproximada de 6 a 4), hace difícil alcanzar ese objetivo. Pero el potencial sigue intacto, esperando que las cosas en este sentido puedan cambiar.
La capacidad de generar empleo y riqueza vinculada a la autonomía personal y la protección de la dependencia, no sólo está en la atención a estas personas, sino en la innovación y desarrollo tecnológico: la domótica, la robótica, las nuevas tecnologías de la comunicación... ofrecen en este nuevo escenario de protección una oportunidad importante de desarrollo de I+D+I.
La implantación de servicios sociales para la protección a la dependencia es también oportunidad de racionalizar el gasto sanitario, con alternativas de menor coste y socialmente más eficaces. Los cuidados paliativos o la rehabilitación cuestan más del doble en un hospital que en un centro residencial, en condiciones más favorables para la persona y sus familiares, y sin merma de los cuidados sanitarios.
Otra forma de ahorro en el gasto sanitario, sería gestionar el consumo de fármacos en las residencias para mayores, desde la provisión directa por parte del servicio de farmacia de hospitales públicos de referencia.
Y no es en absoluto retórico afirmar que promover la actividad y la convivencia en las personas mayores, contribuye a reducir su consumo de servicios y productos sanitarios, con el consiguiente ahorro para el sistema. De la misma manera, servicios que promueven sus cuidados, la prevención del deterioro de sus capacidades, la higiene, la correcta alimentación..., contribuyen a mejorar su salud y a reducir, en consecuencia, el gasto sanitario. Invertir en servicios sociales puede resultar rentable en términos de reducción del gasto sanitario.
Como todo sector productivo, los servicios sociales necesitan gestionar sus estructuras con racionalidad y adaptarse a las nuevas condiciones. Se impone una profunda reconversión, uno de cuyos principales retos es conjugar la responsabilidad pública, como garante del nuevo escenario de derechos subjetivos, con la necesaria inversión privada para crear y gestionar dispositivos que los hagan posible.
Facilitaría mucho las cosas la existencia de un marco normativo estatal, ante la fragmentación que se deriva de las competencias autonómicas en la materia. Y un papel más activo del Ministerio de Sanidad y Política Social para liderar acuerdos con las comunidades para el desarrollo de la Ley de Dependencia y de los servicios sociales de los ayuntamientos, cuyas dificultades económicas los hacen inviables sin el apoyo de sus Comunidades y del Ministerio. Sin embargo, el Plan Concertado, instrumento para esta cooperación, que nació en los años 80, languidece tanto por la congelación de la financiación estatal como por la falta de liderazgo técnico capaz de lograr algo tan elemental como un sistema de información homogéneo.
No va a ser fácil esta reconversión de los servicios sociales. Pero es imprescindible. De ello depende su supervivencia y el desarrollo de todo su potencial. Es tiempo de crisis. Tiempo de oportunidades.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100502elpepusoc_1&type=Tes
ELPAIS.com - Sociedad - 02-05-2010
La expresión gasto social sugiere que todo recurso que se destina a ello debe considerarse a fondo perdido. No se justifica en rentabilidades de carácter económico o productivo, sino en valores de solidaridad o la necesidad de cohesión social. Estas consideraciones adquieren más relevancia cuando se trata de atender a las personas más necesitadas, por sus dificultades de autonomía personal, de convivencia familiar o de integración social.
Aunque en situaciones de crisis tan acusada como la actual, la solidaridad con los más necesitados o la apuesta por la cohesión social tienen un límite, pues como todo el mundo sabe, la capacidad de gasto de una sociedad tiene que estar acorde con su capacidad para generar riqueza. Es, ni más ni menos, la cuestión de la sostenibilidad del gasto social. Por eso, a la hora de asignar recursos a gasto social, hay que ser cautos para no superar el límite que lo haga insostenible.
Otra cosa es si se trata de inversiones. De una inversión se espera rentabilidad en forma de empleo, riqueza, desarrollo tecnológico y bienestar. En época de crisis nadie cuestiona la necesidad de destinar el máximo de recursos a inversiones productivas.
Pues bien, en época de crisis también es necesario revisar paradigmas que se fraguaron en el modelo económico y social afectado. Uno de ellos es el concepto de gasto social, que debe ser sustituido por el de inversión social. Porque sólo así podrán aflorar nuevas oportunidades de desarrollo, tan necesarias para superar la crisis con un nuevo modelo productivo.
Los servicios sociales constituyen actualmente una gran oportunidad inversora. Más aún, con la implantación del Sistema para la Atención a la Dependencia. Son soporte imprescindible para el desarrollo económico, proporcionando protección social adecuada a las nuevas formas de vida y convivencia personal y familiar, y para prevenir la marginación y favorecer la cohesión social, sin la cual no puede existir un desarrollo sostenible.
Las nuevas formas de producción han hecho saltar por los aires los antiguos modelos de vida familiar, trasladando a la responsabilidad pública responsabilidades y cuidados que antes se satisfacían en la familia. Servicios para el cuidado de los menores, de las personas mayores y en situación de dependencia, resultan imprescindibles actualmente para que la sociedad desarrolle todo su potencial productivo, especialmente para la incorporación plena de las mujeres, superando su tradicional vinculación a los cuidados de esas personas en el ámbito familiar.
Pero la capacidad de los servicios sociales para incidir en el desarrollo económico también puede medirse en términos de sector productivo, con incidencia directa en la generación de empleo y riqueza.
Podríamos recordar el efecto que desde los años 80 tiene sobre el sector turístico los viajes de la Tercera Edad que, junto a la eclosión de actividades para personas mayores, ha hecho aflorar un importantísimo sector de consumo cada vez más potente.
Pero si un elemento es hoy relevante en este sentido, es la implantación de los servicios del catálogo de la Ley de Dependencia: La memoria económica de esta Ley consideraba que supondría un punto del PIB una vez que se encontrara plenamente desarrollada. Y valoraba su incidencia directa sobre el empleo en unos 300.000 puestos de trabajo.
Bien es cierto que, hasta el momento, la sobredimensión de las prestaciones económicas sobre los servicios (en una proporción aproximada de 6 a 4), hace difícil alcanzar ese objetivo. Pero el potencial sigue intacto, esperando que las cosas en este sentido puedan cambiar.
La capacidad de generar empleo y riqueza vinculada a la autonomía personal y la protección de la dependencia, no sólo está en la atención a estas personas, sino en la innovación y desarrollo tecnológico: la domótica, la robótica, las nuevas tecnologías de la comunicación... ofrecen en este nuevo escenario de protección una oportunidad importante de desarrollo de I+D+I.
La implantación de servicios sociales para la protección a la dependencia es también oportunidad de racionalizar el gasto sanitario, con alternativas de menor coste y socialmente más eficaces. Los cuidados paliativos o la rehabilitación cuestan más del doble en un hospital que en un centro residencial, en condiciones más favorables para la persona y sus familiares, y sin merma de los cuidados sanitarios.
Otra forma de ahorro en el gasto sanitario, sería gestionar el consumo de fármacos en las residencias para mayores, desde la provisión directa por parte del servicio de farmacia de hospitales públicos de referencia.
Y no es en absoluto retórico afirmar que promover la actividad y la convivencia en las personas mayores, contribuye a reducir su consumo de servicios y productos sanitarios, con el consiguiente ahorro para el sistema. De la misma manera, servicios que promueven sus cuidados, la prevención del deterioro de sus capacidades, la higiene, la correcta alimentación..., contribuyen a mejorar su salud y a reducir, en consecuencia, el gasto sanitario. Invertir en servicios sociales puede resultar rentable en términos de reducción del gasto sanitario.
Como todo sector productivo, los servicios sociales necesitan gestionar sus estructuras con racionalidad y adaptarse a las nuevas condiciones. Se impone una profunda reconversión, uno de cuyos principales retos es conjugar la responsabilidad pública, como garante del nuevo escenario de derechos subjetivos, con la necesaria inversión privada para crear y gestionar dispositivos que los hagan posible.
Facilitaría mucho las cosas la existencia de un marco normativo estatal, ante la fragmentación que se deriva de las competencias autonómicas en la materia. Y un papel más activo del Ministerio de Sanidad y Política Social para liderar acuerdos con las comunidades para el desarrollo de la Ley de Dependencia y de los servicios sociales de los ayuntamientos, cuyas dificultades económicas los hacen inviables sin el apoyo de sus Comunidades y del Ministerio. Sin embargo, el Plan Concertado, instrumento para esta cooperación, que nació en los años 80, languidece tanto por la congelación de la financiación estatal como por la falta de liderazgo técnico capaz de lograr algo tan elemental como un sistema de información homogéneo.
No va a ser fácil esta reconversión de los servicios sociales. Pero es imprescindible. De ello depende su supervivencia y el desarrollo de todo su potencial. Es tiempo de crisis. Tiempo de oportunidades.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100502elpepusoc_1&type=Tes
No sólo falta dinero para dependencia, falta control
Nuevas formas de financiar y repartir los recursos pondrían a funcionar una ley que prometía jugosos retornos
CARMEN MORÁN - Madrid
EL PAÍS - Sociedad - 02-05-2010
La Ley de Dependencia, aprobada en noviembre de 2006 con un amplio consenso, -sólo CiU, EA y PNV votaron en contra- se vendió políticamente desde dos ángulos: por un lado, iba a configurar el cuarto pilar del Estado de bienestar, consagrando un nuevo derecho para todos los ciudadanos: la ayuda pública en caso de dependencia, tan reclamable en los tribunales como cualquiera de los otros pilares (la educación, la sanidad y las pensiones).
Por otro lado, se calculó que volverían a las arcas públicas unos 2.000 millones de euros anuales gracias a los retornos que proporcionarían la creación de empleo, motor del consumo, y la repercusión de impuestos como el IVA. El libro blanco previó la creación de más de 260.000 empleos directos en 2010 y se calculó entonces que unas 115.000 personas podrían dejar los cuidados que prestaban a sus familiares en casa, mujeres en su mayoría, y salir al mercado laboral. Y una cifra parecida de inmigrantes, sobre todo, haría aflorar sus empleos. Nada se ha cumplido en su totalidad.
Los repletos fondos del Estado en 2006 están ahora exhaustos, pero entonces, del fantasma de la crisis no se oía ni un arrastre de cadenas; la ley podía ser ambiciosa, tanto en el colectivo de personas a atender como en el tiempo récord en que miles de ancianos disfrutarían del servicio que quisieran elegir. Las expectativas han generado una amplia frustración social.
El sistema de la dependencia, con apenas tres años de vida y un desarrollo bien desigual por comunidades autónomas -una cuestión de voluntad política en algunos casos, como demuestran las cifras oficiales- apenas está despegando y ya hay quien plantea que hay que frenar y tomar aire: el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, piensa que los dependientes moderados, que deben entrar en 2011 al sistema, pueden esperar.
Este debate se ha escuchado en comunidades de distinto signo político, a pesar de que el Ministerio de Sanidad y Política Social ha contestado siempre que el calendario se cumplirá. Pero la financiación que recibe sigue siendo la gran cuestionada, por insuficiente, dicen unos, y/o por incorrecta, según otros. De ella depende la sostenibilidad del sistema.
Para hablar de financiación hay que advertir antes que en el caso de la dependencia, de los asuntos sociales en general, las estadísticas españolas son tan pobres que apenas dan para un diagnóstico preciso. Y el lastre de todos los análisis sobre financiación es la opacidad de las comunidades sobre los fondos empleados exclusivamente para la dependencia en estos años, obligadas como están a cofinanciar la ley. Hay numerosos estudios universitarios que acusan esta carencia. Y alguno del propio Gobierno. Cristina Herrero y Andrés de la Fuente, del Ministerio de Economía y Hacienda, hicieron un informe el año pasado sobre el impacto de la ley en los presupuestos autonómicos que empezaba advirtiendo sobre ello: "La estructura presupuestaria no permite la cuantificación exacta del gasto de las comunidades en esta materia". En este informe se calcula que de 2006 a 2009 la suma del gasto autonómico no financiero en las partidas de personas mayores y con discapacidad se ha incrementado en 2.518 millones [ver gráfico]. Se puede deducir que es presupuesto para dependencia, aunque no son más que previsiones presupuestarias. Sólo el ahorro en gasto farmacéutico acordado recientemente en Sanidad supondrá 1.500 millones de euros.
¿Es sostenible esta ley? En el Ministerio de Economía y Hacienda callan.
El gasto en dependencia está alrededor del 0,4% del PIB, y cuando esté completado este sistema, en 2015, serán unos 12.000 millones de euros, alrededor del 1% del PIB. Mientras que el gasto educativo, por poner un ejemplo, es un 4,9%. ¿Se puede recortar en dependencia? ¿Y cuestionar la sostenibilidad de un sistema que aún no está ni implantado? Hay opiniones diversas.
"La dependencia no pone en cuestión el Estado de bienestar, la ley debe ser sostenible, pero hay que buscar financiación", comienza José Sánchez Maldonado, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga. "Esto es asumible, pero se necesita voluntad política. Cuando remontemos la crisis todo irá cambiando", añade.
Maldonado, que ha elaborado un informe sobre las cifras económicas de la dependencia, propone una vía de financiación complementaria que está en boca de muchos: el impuesto sobre el patrimonio. "Ha sido un error quitar ese impuesto, por el que se recaudaban casi 3.000 millones de euros al año". Y cree que es factible a corto plazo elevar la presión fiscal, aún muy por debajo de la de algunos países europeos. "Tanto por el IRPF como mediante el IVA, tenemos margen para subir los impuestos. También los especiales. Hay que esperar un poco a que se recupere el consumo. En dependencia no se debe hablar de hacer un uso racional para ahorrar", dice Maldonado.
Guillem López Casasnovas, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, ha sido uno de los autores del estudio económico sobre dependencia que encargó el Congreso, en el que se afirmaba que la ley no sería sostenible si no se modificaba su financiación. "Esta norma, que se redactó en época de bonanza económica, ha tratado de emular sistemas europeos que ya están cambiando, como el británico, que ya abandona el sistema de prestación por el de aseguramiento", dice. Se trata de que a los dependientes se les dé un recurso económico y ellos puedan elegir y combinar los servicios que precisen y elijan; les llaman presupuestos personales. "Otros, como Holanda o Japón, pueden combinar servicios y ayudas económicas".
López Casasnovas se decanta por el ahorro privado, a modo de seguro. "Y que sean permeables los fondos de pensiones por los fondos de dependencia", añade. "Habría que incentivar el ahorro específico unos cinco años antes de la jubilación, por ejemplo. Por esa vía se completaría la aportación del usuario al sistema", explica. La ley se cofinancia entre el Gobierno y las comunidades, pero se estableció un sistema de copago, para que el usuario costee una parte del servicio que recibe. En un primer momento se calculó que Gobierno, comunidades y usuarios se dividirían por igual el coste, pero, en la práctica, los dependientes no están aportando de media ese tercio previsto. López Casasnovas cree que es injusto que los usuarios paguen en función de su patrimonio porque "el que ha ahorrado y generado un patrimonio tiene que pagar más, y el que ha dilapidado paga menos. Eso es injusto", repite.
¿Todos los ciudadanos pueden ahorrar?
Julia Montserrat Codorniu, profesora de Política Social de la Universidad de Girona, responde a esa cuestión: "El ahorro privado sólo beneficia al que puede hacerlo. Los de clase baja no podrán, y las rentas medias no lo harían, porque primero hay que comprar la casa, el coche... El ahorro privado es un lujo. El que pueda hacerlo, bienvenido, porque tendrá prestaciones adicionales", dice.
Pero para que el sistema cubra a todos con justicia, Codorniu propone un "ahorro colectivo a través de la Seguridad Social, público y obligatorio. Sí, una cotización social para la dependencia", dice. Tampoco entiende "esa moda de bajar los impuestos", ni "la ocurrencia de aprobar una ley que significará alrededor del 1% del PIB y eliminar el impuesto sobre el patrimonio, que tan bien vendría ahora". Pero cree que esta ley tiene un peligro específico, que es "la voluntad política para implantarla y las prioridades para gestionar el dinero público".
Codorniu ha estudiado a fondo el copago de los ciudadanos y cree que ese sistema está "castigando especialmente a las rentas medias, mientras que las más altas salen beneficiadas, porque hay un tope a la aportación del ciudadano por esta vía". Una vez se llega a ese tope, los más ricos salen ganando porque se pierde la progresividad. También critica que las comunidades más pobres tienen que aportar lo que sus ciudadanos no pueden poner, mientras que las ricas se benefician más del esfuerzo económico que hace el usuario, de rentas más altas. "Además, el 80% de los atendidos por esta ley son ancianos, por tanto, hablamos de pensiones pequeñas. El copago, como media, apenas alcanza el 15% del coste del sistema; el resto, hasta el 33% previsto, lo están poniendo las comunidades". Un 51% del total mientras que el Gobierno aportaría el 33% de media, según estos cálculos.
En el PP elevan esta cifra al 70%, y de ahí parten sus reivindicaciones de una financiación más abundante desde el Gobierno. La diputada Lourdes Méndez opina que "la ley no es sostenible tal y como se está financiando. No es suficiente lo que aporta el Gobierno ni está garantizado en el tiempo. Si el año pasado el Gobierno presupuestó 2.050 millones y había unas 500.000 personas atendidas, este año hay más con derecho a ayuda y se han presupuestado 1.671 millones. Las cuentas no pueden salir", dice.
Pero cuentas se han hecho muchas. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales redactó su propio informe y calculó comunidad a comunidad cuánto había puesto el Gobierno y cuánto los ciudadanos. El resto era lo aportado por las autonomías. El resultado de sus cálculos no difiere de otros estudios que se han efectuado después, incluido el del Ministerio de Hacienda. Y en ellos se ve que algunas comunidades no tienen muchas razones para la queja porque el presupuesto que les llegaba del Gobierno les daba para pagar a todos los dependientes atendidos y aún ahorraban. Canarias era el caso más rotundo.
Por datos como estos, o lo que representa la dependencia en el PIB, Luis Barriga, miembro de la asociación de directoras y gerentes, afirma: "La dependencia es un sistema sostenible, más que sostenible, estratégico como un sector que debe generar riqueza y clave para modificar el modelo productivo". Los reajustes en la financiación deben venir de "la lucha contra el fraude fiscal y por la vía impositiva", dice. Y saca a relucir el impuesto sobre el patrimonio, "que habría que recuperar y elevarlo, si es preciso".
Una de las disfunciones en la financiación de esta ley viene del desequilibrio entre las ayudas económicas y los servicios concedidos. El 57% de las personas están siendo atendidas en casa por un familiar con una ayuda económica. Esto no genera empleo alguno, pero salen muy baratas a la Administración. El Gobierno no financia atendiendo al coste del servicio, algo que critica siempre el diputado de CiU, Carles Campuzano. Por tanto, las comunidades prefieren otorgar una ayuda económica antes que una costosa plaza de geriátrico a cuyo pago el anciano no contribuye mucho. "Como no se ha invertido de manera valiente en servicios, ahora nos encontramos con menos empleo del que se preveía. Y tampoco el retorno económico por vía fiscal ha sido el previsto. Por eso, el debate no es tanto lo que la ley cuesta, sino lo que se está dejando de ingresar", dice Barriga. Las ayudas económicas mantienen a las mujeres que cuidan lejos del mercado laboral, aunque muchas ya son pensionistas. "Con más de la mitad de las personas dependientes cobrando una magra prestación económica cuyo destino final es desconocido, no se puede hablar de sostenibilidad del sistema", añade Barriga.
Con la economía como está, el diputado catalán Carles Campuzano cree que "la cobertura pública debe limitarse a los dependientes graves y severos, para los demás quizá el modelo debe fundamentarse más en el copago", algo en lo que coincide con López Casasnovas. "Y habría que analizar a fondo un IRPF finalista", añade.
La consejera de Igualdad y Bienestar Social de Andalucía, Micaela Navarro, prefiere hacer hincapié en los retornos que puede proporcionar esta ley. Su receta es establecer prioridades y reforzar las políticas sociales en tiempos de crisis. Confía plenamente en la sostenibilidad de este sistema. "La política social es una inversión, no un gasto". No quiere entrar en detalles económicos, ni hablar de paralizar esta ley, uno de los pilares del bienestar, por la crisis: "¿Acaso se van a cerrar los colegios y los hospitales?".
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100502elpepisoc_1&type=Tes&anchor=elpepisoc
CARMEN MORÁN - Madrid
EL PAÍS - Sociedad - 02-05-2010
La Ley de Dependencia, aprobada en noviembre de 2006 con un amplio consenso, -sólo CiU, EA y PNV votaron en contra- se vendió políticamente desde dos ángulos: por un lado, iba a configurar el cuarto pilar del Estado de bienestar, consagrando un nuevo derecho para todos los ciudadanos: la ayuda pública en caso de dependencia, tan reclamable en los tribunales como cualquiera de los otros pilares (la educación, la sanidad y las pensiones).
Por otro lado, se calculó que volverían a las arcas públicas unos 2.000 millones de euros anuales gracias a los retornos que proporcionarían la creación de empleo, motor del consumo, y la repercusión de impuestos como el IVA. El libro blanco previó la creación de más de 260.000 empleos directos en 2010 y se calculó entonces que unas 115.000 personas podrían dejar los cuidados que prestaban a sus familiares en casa, mujeres en su mayoría, y salir al mercado laboral. Y una cifra parecida de inmigrantes, sobre todo, haría aflorar sus empleos. Nada se ha cumplido en su totalidad.
Los repletos fondos del Estado en 2006 están ahora exhaustos, pero entonces, del fantasma de la crisis no se oía ni un arrastre de cadenas; la ley podía ser ambiciosa, tanto en el colectivo de personas a atender como en el tiempo récord en que miles de ancianos disfrutarían del servicio que quisieran elegir. Las expectativas han generado una amplia frustración social.
El sistema de la dependencia, con apenas tres años de vida y un desarrollo bien desigual por comunidades autónomas -una cuestión de voluntad política en algunos casos, como demuestran las cifras oficiales- apenas está despegando y ya hay quien plantea que hay que frenar y tomar aire: el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, piensa que los dependientes moderados, que deben entrar en 2011 al sistema, pueden esperar.
Este debate se ha escuchado en comunidades de distinto signo político, a pesar de que el Ministerio de Sanidad y Política Social ha contestado siempre que el calendario se cumplirá. Pero la financiación que recibe sigue siendo la gran cuestionada, por insuficiente, dicen unos, y/o por incorrecta, según otros. De ella depende la sostenibilidad del sistema.
Para hablar de financiación hay que advertir antes que en el caso de la dependencia, de los asuntos sociales en general, las estadísticas españolas son tan pobres que apenas dan para un diagnóstico preciso. Y el lastre de todos los análisis sobre financiación es la opacidad de las comunidades sobre los fondos empleados exclusivamente para la dependencia en estos años, obligadas como están a cofinanciar la ley. Hay numerosos estudios universitarios que acusan esta carencia. Y alguno del propio Gobierno. Cristina Herrero y Andrés de la Fuente, del Ministerio de Economía y Hacienda, hicieron un informe el año pasado sobre el impacto de la ley en los presupuestos autonómicos que empezaba advirtiendo sobre ello: "La estructura presupuestaria no permite la cuantificación exacta del gasto de las comunidades en esta materia". En este informe se calcula que de 2006 a 2009 la suma del gasto autonómico no financiero en las partidas de personas mayores y con discapacidad se ha incrementado en 2.518 millones [ver gráfico]. Se puede deducir que es presupuesto para dependencia, aunque no son más que previsiones presupuestarias. Sólo el ahorro en gasto farmacéutico acordado recientemente en Sanidad supondrá 1.500 millones de euros.
¿Es sostenible esta ley? En el Ministerio de Economía y Hacienda callan.
El gasto en dependencia está alrededor del 0,4% del PIB, y cuando esté completado este sistema, en 2015, serán unos 12.000 millones de euros, alrededor del 1% del PIB. Mientras que el gasto educativo, por poner un ejemplo, es un 4,9%. ¿Se puede recortar en dependencia? ¿Y cuestionar la sostenibilidad de un sistema que aún no está ni implantado? Hay opiniones diversas.
"La dependencia no pone en cuestión el Estado de bienestar, la ley debe ser sostenible, pero hay que buscar financiación", comienza José Sánchez Maldonado, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga. "Esto es asumible, pero se necesita voluntad política. Cuando remontemos la crisis todo irá cambiando", añade.
Maldonado, que ha elaborado un informe sobre las cifras económicas de la dependencia, propone una vía de financiación complementaria que está en boca de muchos: el impuesto sobre el patrimonio. "Ha sido un error quitar ese impuesto, por el que se recaudaban casi 3.000 millones de euros al año". Y cree que es factible a corto plazo elevar la presión fiscal, aún muy por debajo de la de algunos países europeos. "Tanto por el IRPF como mediante el IVA, tenemos margen para subir los impuestos. También los especiales. Hay que esperar un poco a que se recupere el consumo. En dependencia no se debe hablar de hacer un uso racional para ahorrar", dice Maldonado.
Guillem López Casasnovas, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, ha sido uno de los autores del estudio económico sobre dependencia que encargó el Congreso, en el que se afirmaba que la ley no sería sostenible si no se modificaba su financiación. "Esta norma, que se redactó en época de bonanza económica, ha tratado de emular sistemas europeos que ya están cambiando, como el británico, que ya abandona el sistema de prestación por el de aseguramiento", dice. Se trata de que a los dependientes se les dé un recurso económico y ellos puedan elegir y combinar los servicios que precisen y elijan; les llaman presupuestos personales. "Otros, como Holanda o Japón, pueden combinar servicios y ayudas económicas".
López Casasnovas se decanta por el ahorro privado, a modo de seguro. "Y que sean permeables los fondos de pensiones por los fondos de dependencia", añade. "Habría que incentivar el ahorro específico unos cinco años antes de la jubilación, por ejemplo. Por esa vía se completaría la aportación del usuario al sistema", explica. La ley se cofinancia entre el Gobierno y las comunidades, pero se estableció un sistema de copago, para que el usuario costee una parte del servicio que recibe. En un primer momento se calculó que Gobierno, comunidades y usuarios se dividirían por igual el coste, pero, en la práctica, los dependientes no están aportando de media ese tercio previsto. López Casasnovas cree que es injusto que los usuarios paguen en función de su patrimonio porque "el que ha ahorrado y generado un patrimonio tiene que pagar más, y el que ha dilapidado paga menos. Eso es injusto", repite.
¿Todos los ciudadanos pueden ahorrar?
Julia Montserrat Codorniu, profesora de Política Social de la Universidad de Girona, responde a esa cuestión: "El ahorro privado sólo beneficia al que puede hacerlo. Los de clase baja no podrán, y las rentas medias no lo harían, porque primero hay que comprar la casa, el coche... El ahorro privado es un lujo. El que pueda hacerlo, bienvenido, porque tendrá prestaciones adicionales", dice.
Pero para que el sistema cubra a todos con justicia, Codorniu propone un "ahorro colectivo a través de la Seguridad Social, público y obligatorio. Sí, una cotización social para la dependencia", dice. Tampoco entiende "esa moda de bajar los impuestos", ni "la ocurrencia de aprobar una ley que significará alrededor del 1% del PIB y eliminar el impuesto sobre el patrimonio, que tan bien vendría ahora". Pero cree que esta ley tiene un peligro específico, que es "la voluntad política para implantarla y las prioridades para gestionar el dinero público".
Codorniu ha estudiado a fondo el copago de los ciudadanos y cree que ese sistema está "castigando especialmente a las rentas medias, mientras que las más altas salen beneficiadas, porque hay un tope a la aportación del ciudadano por esta vía". Una vez se llega a ese tope, los más ricos salen ganando porque se pierde la progresividad. También critica que las comunidades más pobres tienen que aportar lo que sus ciudadanos no pueden poner, mientras que las ricas se benefician más del esfuerzo económico que hace el usuario, de rentas más altas. "Además, el 80% de los atendidos por esta ley son ancianos, por tanto, hablamos de pensiones pequeñas. El copago, como media, apenas alcanza el 15% del coste del sistema; el resto, hasta el 33% previsto, lo están poniendo las comunidades". Un 51% del total mientras que el Gobierno aportaría el 33% de media, según estos cálculos.
En el PP elevan esta cifra al 70%, y de ahí parten sus reivindicaciones de una financiación más abundante desde el Gobierno. La diputada Lourdes Méndez opina que "la ley no es sostenible tal y como se está financiando. No es suficiente lo que aporta el Gobierno ni está garantizado en el tiempo. Si el año pasado el Gobierno presupuestó 2.050 millones y había unas 500.000 personas atendidas, este año hay más con derecho a ayuda y se han presupuestado 1.671 millones. Las cuentas no pueden salir", dice.
Pero cuentas se han hecho muchas. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales redactó su propio informe y calculó comunidad a comunidad cuánto había puesto el Gobierno y cuánto los ciudadanos. El resto era lo aportado por las autonomías. El resultado de sus cálculos no difiere de otros estudios que se han efectuado después, incluido el del Ministerio de Hacienda. Y en ellos se ve que algunas comunidades no tienen muchas razones para la queja porque el presupuesto que les llegaba del Gobierno les daba para pagar a todos los dependientes atendidos y aún ahorraban. Canarias era el caso más rotundo.
Por datos como estos, o lo que representa la dependencia en el PIB, Luis Barriga, miembro de la asociación de directoras y gerentes, afirma: "La dependencia es un sistema sostenible, más que sostenible, estratégico como un sector que debe generar riqueza y clave para modificar el modelo productivo". Los reajustes en la financiación deben venir de "la lucha contra el fraude fiscal y por la vía impositiva", dice. Y saca a relucir el impuesto sobre el patrimonio, "que habría que recuperar y elevarlo, si es preciso".
Una de las disfunciones en la financiación de esta ley viene del desequilibrio entre las ayudas económicas y los servicios concedidos. El 57% de las personas están siendo atendidas en casa por un familiar con una ayuda económica. Esto no genera empleo alguno, pero salen muy baratas a la Administración. El Gobierno no financia atendiendo al coste del servicio, algo que critica siempre el diputado de CiU, Carles Campuzano. Por tanto, las comunidades prefieren otorgar una ayuda económica antes que una costosa plaza de geriátrico a cuyo pago el anciano no contribuye mucho. "Como no se ha invertido de manera valiente en servicios, ahora nos encontramos con menos empleo del que se preveía. Y tampoco el retorno económico por vía fiscal ha sido el previsto. Por eso, el debate no es tanto lo que la ley cuesta, sino lo que se está dejando de ingresar", dice Barriga. Las ayudas económicas mantienen a las mujeres que cuidan lejos del mercado laboral, aunque muchas ya son pensionistas. "Con más de la mitad de las personas dependientes cobrando una magra prestación económica cuyo destino final es desconocido, no se puede hablar de sostenibilidad del sistema", añade Barriga.
Con la economía como está, el diputado catalán Carles Campuzano cree que "la cobertura pública debe limitarse a los dependientes graves y severos, para los demás quizá el modelo debe fundamentarse más en el copago", algo en lo que coincide con López Casasnovas. "Y habría que analizar a fondo un IRPF finalista", añade.
La consejera de Igualdad y Bienestar Social de Andalucía, Micaela Navarro, prefiere hacer hincapié en los retornos que puede proporcionar esta ley. Su receta es establecer prioridades y reforzar las políticas sociales en tiempos de crisis. Confía plenamente en la sostenibilidad de este sistema. "La política social es una inversión, no un gasto". No quiere entrar en detalles económicos, ni hablar de paralizar esta ley, uno de los pilares del bienestar, por la crisis: "¿Acaso se van a cerrar los colegios y los hospitales?".
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100502elpepisoc_1&type=Tes&anchor=elpepisoc
Dependencia en crisis
Las dificultades económicas lastran el desarrollo de la ley estrella de la legislatura anterior
EL PAÍS - Opinión - 02-05-2010
El desarrollo de la Ley de Dependencia (cuidado generalizado de los mayores con discapacidades) se ha cruzado con una crisis económica profunda que ha dejado sin empleo al 20% de la población activa y ha vaciado las arcas del Estado.
La ley, que fue discutida y aprobada en plena bonanza económica hace cuatro años, genera un nuevo derecho que, por inédito, no tendría el carácter irrenunciable de los otros tres pilares del Estado de bienestar: la educación, la sanidad y las pensiones. Sin embargo, renunciar al desarrollo de la ley o frenarla a medio camino no debería ser una opción, y menos una decisión unilateral de algunas autonomías. Precisamente porque en su esencia está el convertir un hueco evidente del mercado laboral como es el de asistencia a los mayores y otras personas dependientes en un foco de creación de empleos.
En contra de ese criterio, sin embargo, ya se han levantado algunas voces reclamando una revisión de los planes y algunas comunidades autónomas (en cuyas manos está la gestión de la ley y el 50% de su financiación) están frenando su puesta en marcha por la vía de los hechos. Entre ellas, varias gobernadas por el PP (Murcia, Valencia, Madrid), pero también presididas por partidos nacionalistas (Canarias) o el PSOE (Baleares).
Es evidente que seguir adelante con la Ley de Dependencia genera a corto plazo una ecuación difícil de resolver, salvo que se aumenten inmediatamente los ingresos por la vía de los impuestos o por el ahorro en el gasto. En este sentido, el pacto sanitario para racionalizar el gasto y un plan de ajuste más ambicioso que el aprobado el viernes por el Gobierno serían los caminos a seguir. En tiempos de crisis no se entendería que los poderes públicos acometieran recortes desprotegiendo a los que más lo necesitan y arrebatándoles una ayuda que, por otra parte, no supone un desembolso insuperable. Sólo la recaudación del impuesto de patrimonio, que el Ejecutivo suprimió, sería suficiente para afrontar la factura a medio plazo.
El hecho de que 500.000 dependientes hayan logrado ya el apoyo estatal es un gran paso adelante. No es, sin embargo, un pequeño pago destinado a los familiares-cuidadores de los ancianos lo que resuelve el problema y nos acerca a los sistemas sociales de nuestros socios europeos. También aquí, la crisis y las carencias históricas de nuestros servicios sociales están desvirtuando el objetivo fundamental de la ley. España necesita más plazas de residencias asistidas, hacer nuevas inversiones para conseguir una red asistencial adecuada y más cuidadores profesionales que verdaderamente liberen de su carga a los familiares. Sólo así se podrá ir perfeccionando el sistema y se logrará que la ley produzca el empleo previsto (ahora supone la tercera parte de esos 262.000 nuevos puestos de trabajo que se esperaban) y el consecuente retorno económico a las arcas estatales.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100502elpepiopi_2&type=Tes&anchor=elpepiopi
EL PAÍS - Opinión - 02-05-2010
El desarrollo de la Ley de Dependencia (cuidado generalizado de los mayores con discapacidades) se ha cruzado con una crisis económica profunda que ha dejado sin empleo al 20% de la población activa y ha vaciado las arcas del Estado.
La ley, que fue discutida y aprobada en plena bonanza económica hace cuatro años, genera un nuevo derecho que, por inédito, no tendría el carácter irrenunciable de los otros tres pilares del Estado de bienestar: la educación, la sanidad y las pensiones. Sin embargo, renunciar al desarrollo de la ley o frenarla a medio camino no debería ser una opción, y menos una decisión unilateral de algunas autonomías. Precisamente porque en su esencia está el convertir un hueco evidente del mercado laboral como es el de asistencia a los mayores y otras personas dependientes en un foco de creación de empleos.
En contra de ese criterio, sin embargo, ya se han levantado algunas voces reclamando una revisión de los planes y algunas comunidades autónomas (en cuyas manos está la gestión de la ley y el 50% de su financiación) están frenando su puesta en marcha por la vía de los hechos. Entre ellas, varias gobernadas por el PP (Murcia, Valencia, Madrid), pero también presididas por partidos nacionalistas (Canarias) o el PSOE (Baleares).
Es evidente que seguir adelante con la Ley de Dependencia genera a corto plazo una ecuación difícil de resolver, salvo que se aumenten inmediatamente los ingresos por la vía de los impuestos o por el ahorro en el gasto. En este sentido, el pacto sanitario para racionalizar el gasto y un plan de ajuste más ambicioso que el aprobado el viernes por el Gobierno serían los caminos a seguir. En tiempos de crisis no se entendería que los poderes públicos acometieran recortes desprotegiendo a los que más lo necesitan y arrebatándoles una ayuda que, por otra parte, no supone un desembolso insuperable. Sólo la recaudación del impuesto de patrimonio, que el Ejecutivo suprimió, sería suficiente para afrontar la factura a medio plazo.
El hecho de que 500.000 dependientes hayan logrado ya el apoyo estatal es un gran paso adelante. No es, sin embargo, un pequeño pago destinado a los familiares-cuidadores de los ancianos lo que resuelve el problema y nos acerca a los sistemas sociales de nuestros socios europeos. También aquí, la crisis y las carencias históricas de nuestros servicios sociales están desvirtuando el objetivo fundamental de la ley. España necesita más plazas de residencias asistidas, hacer nuevas inversiones para conseguir una red asistencial adecuada y más cuidadores profesionales que verdaderamente liberen de su carga a los familiares. Sólo así se podrá ir perfeccionando el sistema y se logrará que la ley produzca el empleo previsto (ahora supone la tercera parte de esos 262.000 nuevos puestos de trabajo que se esperaban) y el consecuente retorno económico a las arcas estatales.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100502elpepiopi_2&type=Tes&anchor=elpepiopi
¿Democracia sin igualdad?
La cuestión, nada baladí, a la que me refiero afecta al núcleo esencial de la Democracia: la igualdad en el valor del voto de cada ciudadano. Nuestra actual ley electoral, del año 85, necesita urgentemente ser modificada, porque propicia situaciones realmente injustas. Paso a enumerar varios ejemplos muy clarificadores:
1) En las últimas elecciones generales, cada escaño le costó al PP 66.700 votos; al PSOE, 66.800; a UPyD, 306.000; y a IU, 485.000.
2) Un escaño por Soria se puede conseguir con 23.800 votos, y uno por Ávila con 40.000; pero uno por Madrid necesita 170.000.
3) La representación parlamentaria del PSOE y del PP, en número de escaños, es superior en un 8% largo a su número de votos.
4) A título comparativo, señalaré que si nos rigiésemos por un sistema proporcional más justo, en función de sus votos IU debería tener en estos momentos unos 13 escaños, en lugar de 2.
Estamos, pues, ante una situación de injusticia flagrante, ya que ahora mismo la fuerza de ciertos votos, traducida en un valor de resultados, es hasta 6 veces superior a la de otros. Esto, por el momento, es legal, pero nunca será legítimo. Los principios, que son fundamentales en democracia, están siendo subordinados a los intereses: los dos grandes partidos, así como los nacionalistas, favorecidos por la Ley D'Hont, se niegan a mover un solo dedo para corregir tan manifiestas desigualdades. Acaban de demostrarlo fehacientemente rechazando la Proposición no de Ley sobre reforma de la L.O.R.E.G. presentada por Rosa Díez, diputada por UPyD, en la que se exigía al Gobierno que aceptase las recomendaciones del Consejo de Estado que, en su informe de febrero-2009, y basándose en directrices de la UE del 2002, proponía entre otras cosas aumentar a 400 el número de diputados, rebajar a un diputado la representación mínima inicial por provincia y sustituir el sistema D'Hont por una fórmula más proporcional, indicando varias posibles.
Ya en 2008, UPyD había presentado una Proposición de Ley sobre este asunto, a raíz de la cual se creó una Comisión para su estudio, cuya única conclusión fue prorrogar una y otra vez los plazos para emitir su informe; o sea, adormecer el tema. Luego vino el ya mencionado informe del Consejo de Estado en 2009, relegado ahora sin disimulo al cajón de los papeles aplazables sine die. Con lo que queda claro que las palabras 'principios', 'igualdad', etc., a algunos les sirven para llenarse la boca en los mítines, pero en realidad les entran por un oído y les salen por el otro.
Espero que los votantes, cada vez más distanciados de la clase política dominante, vayan dándose cuenta de todo esto y alcen alguna vez su voz para obligar a aquélla a reconducir el rumbo, en la cuestión que acabo de comentar y en tantos otros atropellos a los que nos someten.
(Miembro del C.E.L. de UPyD - Avilés)
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100408/opinioncartas/democracia-igualdad-20100408.html
1) En las últimas elecciones generales, cada escaño le costó al PP 66.700 votos; al PSOE, 66.800; a UPyD, 306.000; y a IU, 485.000.
2) Un escaño por Soria se puede conseguir con 23.800 votos, y uno por Ávila con 40.000; pero uno por Madrid necesita 170.000.
3) La representación parlamentaria del PSOE y del PP, en número de escaños, es superior en un 8% largo a su número de votos.
4) A título comparativo, señalaré que si nos rigiésemos por un sistema proporcional más justo, en función de sus votos IU debería tener en estos momentos unos 13 escaños, en lugar de 2.
Estamos, pues, ante una situación de injusticia flagrante, ya que ahora mismo la fuerza de ciertos votos, traducida en un valor de resultados, es hasta 6 veces superior a la de otros. Esto, por el momento, es legal, pero nunca será legítimo. Los principios, que son fundamentales en democracia, están siendo subordinados a los intereses: los dos grandes partidos, así como los nacionalistas, favorecidos por la Ley D'Hont, se niegan a mover un solo dedo para corregir tan manifiestas desigualdades. Acaban de demostrarlo fehacientemente rechazando la Proposición no de Ley sobre reforma de la L.O.R.E.G. presentada por Rosa Díez, diputada por UPyD, en la que se exigía al Gobierno que aceptase las recomendaciones del Consejo de Estado que, en su informe de febrero-2009, y basándose en directrices de la UE del 2002, proponía entre otras cosas aumentar a 400 el número de diputados, rebajar a un diputado la representación mínima inicial por provincia y sustituir el sistema D'Hont por una fórmula más proporcional, indicando varias posibles.
Ya en 2008, UPyD había presentado una Proposición de Ley sobre este asunto, a raíz de la cual se creó una Comisión para su estudio, cuya única conclusión fue prorrogar una y otra vez los plazos para emitir su informe; o sea, adormecer el tema. Luego vino el ya mencionado informe del Consejo de Estado en 2009, relegado ahora sin disimulo al cajón de los papeles aplazables sine die. Con lo que queda claro que las palabras 'principios', 'igualdad', etc., a algunos les sirven para llenarse la boca en los mítines, pero en realidad les entran por un oído y les salen por el otro.
Espero que los votantes, cada vez más distanciados de la clase política dominante, vayan dándose cuenta de todo esto y alcen alguna vez su voz para obligar a aquélla a reconducir el rumbo, en la cuestión que acabo de comentar y en tantos otros atropellos a los que nos someten.
(Miembro del C.E.L. de UPyD - Avilés)
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100408/opinioncartas/democracia-igualdad-20100408.html
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