La cuestión, nada baladí, a la que me refiero afecta al núcleo esencial de la Democracia: la igualdad en el valor del voto de cada ciudadano. Nuestra actual ley electoral, del año 85, necesita urgentemente ser modificada, porque propicia situaciones realmente injustas. Paso a enumerar varios ejemplos muy clarificadores:
1) En las últimas elecciones generales, cada escaño le costó al PP 66.700 votos; al PSOE, 66.800; a UPyD, 306.000; y a IU, 485.000.
2) Un escaño por Soria se puede conseguir con 23.800 votos, y uno por Ávila con 40.000; pero uno por Madrid necesita 170.000.
3) La representación parlamentaria del PSOE y del PP, en número de escaños, es superior en un 8% largo a su número de votos.
4) A título comparativo, señalaré que si nos rigiésemos por un sistema proporcional más justo, en función de sus votos IU debería tener en estos momentos unos 13 escaños, en lugar de 2.
Estamos, pues, ante una situación de injusticia flagrante, ya que ahora mismo la fuerza de ciertos votos, traducida en un valor de resultados, es hasta 6 veces superior a la de otros. Esto, por el momento, es legal, pero nunca será legítimo. Los principios, que son fundamentales en democracia, están siendo subordinados a los intereses: los dos grandes partidos, así como los nacionalistas, favorecidos por la Ley D'Hont, se niegan a mover un solo dedo para corregir tan manifiestas desigualdades. Acaban de demostrarlo fehacientemente rechazando la Proposición no de Ley sobre reforma de la L.O.R.E.G. presentada por Rosa Díez, diputada por UPyD, en la que se exigía al Gobierno que aceptase las recomendaciones del Consejo de Estado que, en su informe de febrero-2009, y basándose en directrices de la UE del 2002, proponía entre otras cosas aumentar a 400 el número de diputados, rebajar a un diputado la representación mínima inicial por provincia y sustituir el sistema D'Hont por una fórmula más proporcional, indicando varias posibles.
Ya en 2008, UPyD había presentado una Proposición de Ley sobre este asunto, a raíz de la cual se creó una Comisión para su estudio, cuya única conclusión fue prorrogar una y otra vez los plazos para emitir su informe; o sea, adormecer el tema. Luego vino el ya mencionado informe del Consejo de Estado en 2009, relegado ahora sin disimulo al cajón de los papeles aplazables sine die. Con lo que queda claro que las palabras 'principios', 'igualdad', etc., a algunos les sirven para llenarse la boca en los mítines, pero en realidad les entran por un oído y les salen por el otro.
Espero que los votantes, cada vez más distanciados de la clase política dominante, vayan dándose cuenta de todo esto y alcen alguna vez su voz para obligar a aquélla a reconducir el rumbo, en la cuestión que acabo de comentar y en tantos otros atropellos a los que nos someten.
(Miembro del C.E.L. de UPyD - Avilés)
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100408/opinioncartas/democracia-igualdad-20100408.html
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