07 de mayo de 2010.- En relación con la denuncia de la Unión Europea al Ayuntamiento de Gijón por no depurar las aguas residuales. Datando de 1991 el acuerdo para el saneamiento de las aguas de Gijón, siendo Ministro de Obras Públicas, Josep Borrel, Consejera por la autonomía, Mª Luisa Carcedo, y por el Ayuntamiento de Gijón el alcalde en aquel entonces, Vicente Álvarez Areces, el compromiso firmado en tal fecha establecía un plazo de diez años para cumplir lo dictado por la Comisión Europea respecto al tratamiento de aguas. Este plazo se incumplió en 2001.
Siendo los actores políticos en aquel entonces, miembros del mismo partido político (PSOE) que hoy gobierna en el ayuntamiento, y habiendo sido apercibidos repetidas veces por las instituciones de la Unión Europea del incumplimiento, habiéndose generado una alta conflictividad vecinal en torno a la instalación de la planta de tratamiento, acabando este tema en la judicialización del conflicto, y existiendo sospechas fundadas de que el asunto finalice en una indemnización millonaria a los vecinos. Armando Fernández Bartolomé coordinador de UPyD Gijón ha declarado que “el Ayuntamiento, en base a su desastrosa política se ha visto atrapado entre la Unión Europea y los vecinos. De manera independiente a la posible resolución judicial del conflicto, la política de tratamiento de aguas residuales seguida por el PSOE en Gijón ha sido un fracaso, se ha basado en la nula planificación, en el incumplimiento de los acuerdos firmados por ellos mismos, y en la confrontación con los ciudadanos de Gijón. Se ha preferido insistir en una ubicación aun a riesgo de incumplir la ley, con la posible obligación de indemnizar y el consiguiente peligro para las arcas municipales.”
viernes, 7 de mayo de 2010
Al concejo le crecen los barrios
La fisonomía de Candás está a punto de cambiar radicalmente, si finalmente se aprueba el PGOU planteado por el gobierno y la promoción inmobiliaria subsiste en la próxima década. Entre lo más destacado del nuevo plan se encuentra la reserva de suelo urbano más allá de los actuales límites de la capital de Carreño, con la ampliación de los barrios periféricos de La Matiella y El Regueral y la creación de tres nuevos, que serán conocidos como La Unión, El Pielgo I y El Pielgo II. Estos nacerán a partir del último emplazamiento candasín hacia el Norte, El Llagarón, y se extenderán hasta el río Pielgo, que separa Carreño y Gozón.
Entre todos ellos, los que se amplían y los que se crean, se espera crear un parque de casi 3.000 viviendas. El crecimiento en torno al barrio de La Matiella se concreta en la creación de 160 nuevas casas. Por su parte, en los terrenos que ahora ocupa un praderío hasta el depósito de agua del núcleo rural de El Regueral, a partir del complejo deportivo, se podrán construir 1.225 viviendas, la mayoría con condición de protegidas. En el lugar exacto que ahora ocupa el depósito de agua está prevista además la construcción además de chalés.
Pero lo más llamativo de la ampliación urbana candasina será la creación de tres nuevos barrios periféricos en Candás que se desarrollarán hacia los lindes con Gozón y que posibilitarán la creación de 602 pisos y 99 viviendas unifamiliares.
El barrio más cercano a la villa actual será el de La Unión, que contará con 158 viviendas y 24 chalés, además de dotaciones comerciales colindantes a la carretera AS-118, que une Candás con Tabaza. Este núcleo partirá del actual barrio de El Llagarón, poblado de chalés y adosados, y tras superar la carretera desciende paralelo al Camino del Sevillano. Al finalizar La Unión, y a la altura del almacén de gas situado junto a la carretera AS-239, se situará el barrio de El Pielgo II, que contará con 188 pisos y 29 viviendas unifamiliares. Este barrio irá anexo a la carretera entre Candás y Luanco, hasta el río Pielgo. Por su parte, el Pielgo I comparte el río como uno de sus límites con El Pielgo II, pero no así la carretera AS-239, ya que se encuentra más alejado de ésta y con las instalaciones deportivas de La Mata como límite. Sobre su suelo se podrán construir 256 pisos y 46 viviendas unifamiliares.
http://www.lne.es/gijon/2010/05/07/concejo-le-crecen-barrios/911686.html
Entre todos ellos, los que se amplían y los que se crean, se espera crear un parque de casi 3.000 viviendas. El crecimiento en torno al barrio de La Matiella se concreta en la creación de 160 nuevas casas. Por su parte, en los terrenos que ahora ocupa un praderío hasta el depósito de agua del núcleo rural de El Regueral, a partir del complejo deportivo, se podrán construir 1.225 viviendas, la mayoría con condición de protegidas. En el lugar exacto que ahora ocupa el depósito de agua está prevista además la construcción además de chalés.
Pero lo más llamativo de la ampliación urbana candasina será la creación de tres nuevos barrios periféricos en Candás que se desarrollarán hacia los lindes con Gozón y que posibilitarán la creación de 602 pisos y 99 viviendas unifamiliares.
El barrio más cercano a la villa actual será el de La Unión, que contará con 158 viviendas y 24 chalés, además de dotaciones comerciales colindantes a la carretera AS-118, que une Candás con Tabaza. Este núcleo partirá del actual barrio de El Llagarón, poblado de chalés y adosados, y tras superar la carretera desciende paralelo al Camino del Sevillano. Al finalizar La Unión, y a la altura del almacén de gas situado junto a la carretera AS-239, se situará el barrio de El Pielgo II, que contará con 188 pisos y 29 viviendas unifamiliares. Este barrio irá anexo a la carretera entre Candás y Luanco, hasta el río Pielgo. Por su parte, el Pielgo I comparte el río como uno de sus límites con El Pielgo II, pero no así la carretera AS-239, ya que se encuentra más alejado de ésta y con las instalaciones deportivas de La Mata como límite. Sobre su suelo se podrán construir 256 pisos y 46 viviendas unifamiliares.
http://www.lne.es/gijon/2010/05/07/concejo-le-crecen-barrios/911686.html
Las escuelas de bebés tienen a 335 niños en lista de espera
Sólo el 50% de las familias que pidieron una plaza en las escuelas de bebés de la red pública del Principado desplegada en la ciudad lograron finalmente acceder a ella. Según los datos aportados ayer por la concejalía de Educación, de las 704 solicitudes presentadas se adjudicaron 369, de las cuales 119 eran para niños y niñas menores de un año. Por zonas, las de mayor demanda de escolarización en el primer nivel de Infantil son Montevil, El Llano (La Serena) y Viesques. Actualmente están 335 niños y niñas en lista de espera.
El Ayuntamiento no cuadra las cuentas
«No nos salen las cuentas por ningún lado», sentencia el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Villaviciosa, Juan Basilio González, después de que el equipo de Gobierno lleve meses dándoles vueltas a los presupuestos para lograr cuadrarlos. La previsión era que pudieran aprobarse a principios de mayo, pero dada la drástica bajada de ingresos de las arcas públicas, González duda de que puedan llevarlos al Pleno ordinario de finales de mes. «Si no salen los números, el plazo se termina el 30 de junio porque después de esa fecha no tendría sentido aprobarlos y quizá prorrogarlos sería mejor que hacer unos nuevos», añade.
Villaviciosa se enfrenta a una complicada situación porque las previsiones de ingresos han descendido fuertemente desde que se elaboró el borrador, que el gobierno local no consiguió sacar adelante en el Pleno de diciembre por falta de apoyos. El edil de Urbanismo, Rogelio Estrada, había anunciado previamente su rechazo a las cuentas y la ausencia de la sesión de dos concejales del PP (Ana López y Sergio Cuadra) impidió que aquellos presupuestos se aprobaran.
Desde diciembre se han ido sucediendo las diferencias entre los socios de coalición (PP y URAS-PAS-Independiente) en cuestiones como los fondos que deben destinar al traslado de la biblioteca. Y tanto esperar, ahora se han encontrado con esta falta de liquidez.
Las cifras hablan por sí mismas: si la previsión inicial era de ingresar 150.000 euros en el primer trimestre del año, la recaudación real ha sido de 60.000 euros. Es decir, las arcas municipales han ingresado un 60 por ciento menos ¿La razón? Que la crisis ha provocado una caída en picado de la recaudación municipal por licencias y otras tasas de construcción, que junto al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y las aportaciones del Estado, son las principales fuentes de financiación local. Los ingresos han caído en un millón y medio de euros. González explica que si el presupuesto que inicialmente llevaron al Pleno era de 9.960.000 euros, ahora se quedaría en 8,4 millones de euros. Entonces se preveía que las inversiones directas del Ayuntamiento rondaran los 1,2 millones de euros, pero se quedarán en 300.000 euros. Por lo que la única salida es «recortar en el gasto, además de perder toda capacidad para invertir», sostiene.
El tijeretazo en el gasto corriente es del 25 por ciento, advierte el edil de Hacienda, lo que afectará a actividades culturales, obras de mantenimiento o subvenciones municipales. Ya adelanta que la concejalía más perjudicada será la de Medio Rural, porque la reparación de caminos deberá esperar a disponer de fondos.
Ante esta situación de crisis de las arcas públicas municipales, Juan Basilio González asegura que la Administración central va a tener que tomarse en serio lo de solventar los problemas que atraviesan las haciendas locales. El Gobierno les ha cortado el grifo con una reducción de 700.000 euros para destinar a gasto. Este recorte no se ve compensando con los planes para el rescate de la economía. La deuda municipal asciende a 2,7 millones de euros, una cifra que González ve «aceptable», pero que podría dejar de serlo si continúan cayendo los ingresos.
Ahora, el equipo de gobierno trabaja para disponer en una semana de los datos del remanente y decidir si rehacen las cuentas o las prorrogan. Esta opción es la que González ve más eficiente.
«Tras el 30 de junio no tiene sentido aprobar los presupuestos; quizá prorrogarlos sería mejor»
>
Concejal de Hacienda
La caída de la recaudación en 1,5 millones de euros por el descenso de las licencias y otras tasas de construcción derivado de la crisis económica ha parado las inversiones y obliga a ajustar el cinturón en el gasto corriente. En el primer trimestre se ingresó el 60 por ciento menos de lo previsto.
http://www.lne.es/gijon/2010/05/07/ayuntamiento-cuadra-cuentas/911687.html
Villaviciosa se enfrenta a una complicada situación porque las previsiones de ingresos han descendido fuertemente desde que se elaboró el borrador, que el gobierno local no consiguió sacar adelante en el Pleno de diciembre por falta de apoyos. El edil de Urbanismo, Rogelio Estrada, había anunciado previamente su rechazo a las cuentas y la ausencia de la sesión de dos concejales del PP (Ana López y Sergio Cuadra) impidió que aquellos presupuestos se aprobaran.
Desde diciembre se han ido sucediendo las diferencias entre los socios de coalición (PP y URAS-PAS-Independiente) en cuestiones como los fondos que deben destinar al traslado de la biblioteca. Y tanto esperar, ahora se han encontrado con esta falta de liquidez.
Las cifras hablan por sí mismas: si la previsión inicial era de ingresar 150.000 euros en el primer trimestre del año, la recaudación real ha sido de 60.000 euros. Es decir, las arcas municipales han ingresado un 60 por ciento menos ¿La razón? Que la crisis ha provocado una caída en picado de la recaudación municipal por licencias y otras tasas de construcción, que junto al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y las aportaciones del Estado, son las principales fuentes de financiación local. Los ingresos han caído en un millón y medio de euros. González explica que si el presupuesto que inicialmente llevaron al Pleno era de 9.960.000 euros, ahora se quedaría en 8,4 millones de euros. Entonces se preveía que las inversiones directas del Ayuntamiento rondaran los 1,2 millones de euros, pero se quedarán en 300.000 euros. Por lo que la única salida es «recortar en el gasto, además de perder toda capacidad para invertir», sostiene.
El tijeretazo en el gasto corriente es del 25 por ciento, advierte el edil de Hacienda, lo que afectará a actividades culturales, obras de mantenimiento o subvenciones municipales. Ya adelanta que la concejalía más perjudicada será la de Medio Rural, porque la reparación de caminos deberá esperar a disponer de fondos.
Ante esta situación de crisis de las arcas públicas municipales, Juan Basilio González asegura que la Administración central va a tener que tomarse en serio lo de solventar los problemas que atraviesan las haciendas locales. El Gobierno les ha cortado el grifo con una reducción de 700.000 euros para destinar a gasto. Este recorte no se ve compensando con los planes para el rescate de la economía. La deuda municipal asciende a 2,7 millones de euros, una cifra que González ve «aceptable», pero que podría dejar de serlo si continúan cayendo los ingresos.
Ahora, el equipo de gobierno trabaja para disponer en una semana de los datos del remanente y decidir si rehacen las cuentas o las prorrogan. Esta opción es la que González ve más eficiente.
«Tras el 30 de junio no tiene sentido aprobar los presupuestos; quizá prorrogarlos sería mejor»
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Concejal de Hacienda
La caída de la recaudación en 1,5 millones de euros por el descenso de las licencias y otras tasas de construcción derivado de la crisis económica ha parado las inversiones y obliga a ajustar el cinturón en el gasto corriente. En el primer trimestre se ingresó el 60 por ciento menos de lo previsto.
http://www.lne.es/gijon/2010/05/07/ayuntamiento-cuadra-cuentas/911687.html
La falta de la depuradora del Este no supone «ningún riesgo para la salud»
«No hay ningún problema para la salud de las personas». Esa es la idea principal que quiso transmitir ayer la alcaldesa de Gijón tras conocer que la Comisión Europea ha denunciado a España porque 38 ciudades, entre ellas Gijón, tienen deficiencias en sus sistemas de depuración de aguas residuales. El problema de la ciudad, tal y como había advertido la Comisión ya en dos ocasiones anteriores, es la falta de la depuradora del Este, prevista en el Plan de Saneamiento de Gijón de 1991. Paz Fernández Felgueroso defendió que en esa zona existe pretratamiento y que los análisis «reiteradamente» concluyen que la calidad de las aguas del municipio es buena.
Primero, quiso mandar ese mensaje de tranquilidad. Y después, anunciar que la solución a los problemas detectados por Europa va a llegar muy pronto. «Esta semana, o probablemente la próxima, el Consejo de Ministros aprobará la decisión de cambiar el organismo que contratará la obra», pues ahora será la Dirección General de Aguas y no la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, la que se hará cargo. Y en ese mismo Consejo, o en el de la siguiente semana, se dará luz verde para que la construcción de la depuradora en el lugar que hoy ocupa la 'Plantona' salga a contratación. «Dentro del momento económico actual, tengo la plena seguridad de que la depuradora va a salir y no va a haber problemas», enfatizó Felgueroso.
La alcaldesa se mostró muy tranquila ante la denuncia de la Comisión Europea. En primer lugar, porque la renuncia es contra el Estado y será el Ministerio de Medio Ambiente el que deba responder. En principio, no se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento, porque «no es necesario, tienen todos los datos», arguyó. Y, en segundo, porque antes de que haya una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la depuradora debería estar en marcha.
De esta forma, Felgueroso ratificaba la opinión ya expresada por la concejala de Medio Ambiente de Gijón, Dulce Gallego, y presidenta de la EMA, que también había defendido la calidad de las aguas del municipio.
Precisamente, Gallego recibirá hoy en Madrid, de manos de la ministra Elena Espinosa, el premio Bandera Verde-Ciudad Responsable, entre otras cuestiones por su gestión del agua (además del tratamiento de residuos, limpieza y jardinería, educación ambiental...).
El PP lo lleva al Pleno
Muy diferente es la opinión del PP al respecto. El concejal Eduardo Junquera lanzó ayer duras críticas contra el equipo de gobierno y en concreto contra Dulce Gallego. A todos ellos acusó de «insumisión» ante las leyes medioambientales y anunció que llevará el tema al próximo Pleno, para pedir a Gallego que «afronte con responsabilidad los problemas medioambientales de nuestra ciudad para solventarlos cuanto antes». A su juicio, la falta de depuración que acusa ahora Europa «tiene importantes efectos en nuestra costa, en nuestras playas, perjudicando las aguas de baño y la salud pública».
Junquera fue más allá y acusó al equipo de gobierno de vulnerar también la legislación sobre contaminación atmosférica y acústica y aseguró, en un comunicado, que «nunca el equipo de Felgueroso había llegado a tanta incuria, a tanta dejadez y a tanta indisciplina en el cumplimiento de la legislación medioambiental».
Por su parte, los vecinos del Pisón, que mantienen abiertas varias batallas judiciales contra la ubicación elegida para la depuradora, aseguraron ayer: «Nosotros también queremos que las aguas de Gijón se depuren, faltaría más, pero en el lugar adecuado». Los vecinos están pendientes de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que cuenta con un informe de un perito judicial que «asegura taxativamente que la ubicación del Pisón es la peor de las cuatro alternativas».
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100507/gijon/falta-depuradora-este-supone-20100507.html
Primero, quiso mandar ese mensaje de tranquilidad. Y después, anunciar que la solución a los problemas detectados por Europa va a llegar muy pronto. «Esta semana, o probablemente la próxima, el Consejo de Ministros aprobará la decisión de cambiar el organismo que contratará la obra», pues ahora será la Dirección General de Aguas y no la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, la que se hará cargo. Y en ese mismo Consejo, o en el de la siguiente semana, se dará luz verde para que la construcción de la depuradora en el lugar que hoy ocupa la 'Plantona' salga a contratación. «Dentro del momento económico actual, tengo la plena seguridad de que la depuradora va a salir y no va a haber problemas», enfatizó Felgueroso.
La alcaldesa se mostró muy tranquila ante la denuncia de la Comisión Europea. En primer lugar, porque la renuncia es contra el Estado y será el Ministerio de Medio Ambiente el que deba responder. En principio, no se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento, porque «no es necesario, tienen todos los datos», arguyó. Y, en segundo, porque antes de que haya una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la depuradora debería estar en marcha.
De esta forma, Felgueroso ratificaba la opinión ya expresada por la concejala de Medio Ambiente de Gijón, Dulce Gallego, y presidenta de la EMA, que también había defendido la calidad de las aguas del municipio.
Precisamente, Gallego recibirá hoy en Madrid, de manos de la ministra Elena Espinosa, el premio Bandera Verde-Ciudad Responsable, entre otras cuestiones por su gestión del agua (además del tratamiento de residuos, limpieza y jardinería, educación ambiental...).
El PP lo lleva al Pleno
Muy diferente es la opinión del PP al respecto. El concejal Eduardo Junquera lanzó ayer duras críticas contra el equipo de gobierno y en concreto contra Dulce Gallego. A todos ellos acusó de «insumisión» ante las leyes medioambientales y anunció que llevará el tema al próximo Pleno, para pedir a Gallego que «afronte con responsabilidad los problemas medioambientales de nuestra ciudad para solventarlos cuanto antes». A su juicio, la falta de depuración que acusa ahora Europa «tiene importantes efectos en nuestra costa, en nuestras playas, perjudicando las aguas de baño y la salud pública».
Junquera fue más allá y acusó al equipo de gobierno de vulnerar también la legislación sobre contaminación atmosférica y acústica y aseguró, en un comunicado, que «nunca el equipo de Felgueroso había llegado a tanta incuria, a tanta dejadez y a tanta indisciplina en el cumplimiento de la legislación medioambiental».
Por su parte, los vecinos del Pisón, que mantienen abiertas varias batallas judiciales contra la ubicación elegida para la depuradora, aseguraron ayer: «Nosotros también queremos que las aguas de Gijón se depuren, faltaría más, pero en el lugar adecuado». Los vecinos están pendientes de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que cuenta con un informe de un perito judicial que «asegura taxativamente que la ubicación del Pisón es la peor de las cuatro alternativas».
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100507/gijon/falta-depuradora-este-supone-20100507.html
En defensa de una libertad frágil
JOSÉ MARÍA MARTÍN PATIÑO
EL PAÍS - Opinión - 07-05-2010
Me gustaría coincidir plenamente con el discurso pronunciado por Juan Luis Cebrián en el acto de entrega de los premios Ortega y Gasset y publicado por este diario al día siguiente, el 5 de mayo. Pero no sería leal a la amistad que nos une si dejara de expresar algunas consideraciones que empañan actualmente la noble y necesaria profesión del periodista.
En realidad, mi discrepancia viene a subrayar lo que él llama acertadamente "libertad frágil" de la profesión.
Es evidente que la opinión pública es básica para el funcionamiento de la democracia. "Los ciudadanos tienen necesidad de estar informados, han de ser capaces de conocer y discernir sobre las diversas opciones electorales, poder analizarlas y pronunciarse sobre ellas".
Las distintas declaraciones de los Derechos Humanos confirman este principio fundamental. También me alegra poder subrayar con el consejero delegado de PRISA que los periodistas no son "los representantes de la opinión pública". Más que representarla contribuyen a formar esa opinión. A la ética personal de esa necesaria contribución van a referirse mis reflexiones prácticas.
A estas alturas de la democracia española, muchos experimentamos con tristeza que la opinión pública que nos transmiten en general los periodistas españoles es muy diferente según el periódico que caiga en tus manos. No exagero si digo que parecen hablar de mundos distintos. No faltan quienes ya han dejado de tomarse en serio lo que dicen unos u otros. ¿Por dónde anda el sentido de la verdad? ¿O es que esto de la veracidad ha pasado a segunda fila?
Por lo visto, se puede poner en duda la honradez de los jueces, de los políticos y, por supuesto, de los curas después de releerse dos o tres periódicos para emprender un serio trabajo de discernimiento e intentar llegar sólo a sospechar más o menos por dónde anda en ese momento la opinión pública.
Merece la pena tomarse más en serio el llamado "periodismo de investigación". Yo, todo lo más, llego a dominar un campo muy reducido. Y con frecuencia inusitada me veo condenado a la insistencia sobre la misma noticia, generalmente contada de manera poco precisa y por personas no pocas veces inexpertas.
Todos conocemos la técnica de la repetición insistente, de la primera plana, del tono del comentario. El pensamiento liberal no es el de que admite todo lo que le dicen o lee, sino el del que se atreve a demostrar lo que dice y lo que piensa. Los hechos son más importantes que el alcalde de Londres.
¿No se podría hacer un esfuerzo mayor por liberarnos de nuestras filias y nuestras fobias? Unos toparon con la Iglesia, amigo Sancho, y otros toparon con su propia armadura que les obliga a comunicarse a través de lanzadas o a través de señales agresivas.
Como soy sacerdote y religioso, de ahora en adelante tendré que andar con especial cuidado en mi trato con los adolescentes. Me felicito, sin embargo, de tener un Papa que se ha enfrentado con el crimen nefando de la pederastia y al que no le ha importado hacer frente a una bronca masiva que, estoy seguro, no se ha producido en toda la historia, ni en la plaza de Las Ventas.
La profesión del periodismo es una de las más serias que se pueden ejercer en la vida. Pero, por favor, hablen más de la religión y tengan un poco más de consideración con los clérigos, que al fin y al cabo no ocupan el porcentaje más alto de pederastia en nuestros cuerpos sociales. Tolerancia cero para ellos, pero respeto para su dignidad personal, al menos como la que conceden los Derechos Humanos a todos los ciudadanos.
Con sinceridad de amigo. No conozco pasión más anacrónica que la del anticlericalismo. Ni causa de más descrédito que la de hablar públicamente de lo que uno no se ha informado suficientemente. Estoy seguro de que la mayoría de los periodistas no caen en los errores que denuncio. Pero, ¡caramba!, es que llevamos un invierno de miedo.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100507elpepiopi_5&type=Tes&anchor=elpepuopi
EL PAÍS - Opinión - 07-05-2010
Me gustaría coincidir plenamente con el discurso pronunciado por Juan Luis Cebrián en el acto de entrega de los premios Ortega y Gasset y publicado por este diario al día siguiente, el 5 de mayo. Pero no sería leal a la amistad que nos une si dejara de expresar algunas consideraciones que empañan actualmente la noble y necesaria profesión del periodista.
En realidad, mi discrepancia viene a subrayar lo que él llama acertadamente "libertad frágil" de la profesión.
Es evidente que la opinión pública es básica para el funcionamiento de la democracia. "Los ciudadanos tienen necesidad de estar informados, han de ser capaces de conocer y discernir sobre las diversas opciones electorales, poder analizarlas y pronunciarse sobre ellas".
Las distintas declaraciones de los Derechos Humanos confirman este principio fundamental. También me alegra poder subrayar con el consejero delegado de PRISA que los periodistas no son "los representantes de la opinión pública". Más que representarla contribuyen a formar esa opinión. A la ética personal de esa necesaria contribución van a referirse mis reflexiones prácticas.
A estas alturas de la democracia española, muchos experimentamos con tristeza que la opinión pública que nos transmiten en general los periodistas españoles es muy diferente según el periódico que caiga en tus manos. No exagero si digo que parecen hablar de mundos distintos. No faltan quienes ya han dejado de tomarse en serio lo que dicen unos u otros. ¿Por dónde anda el sentido de la verdad? ¿O es que esto de la veracidad ha pasado a segunda fila?
Por lo visto, se puede poner en duda la honradez de los jueces, de los políticos y, por supuesto, de los curas después de releerse dos o tres periódicos para emprender un serio trabajo de discernimiento e intentar llegar sólo a sospechar más o menos por dónde anda en ese momento la opinión pública.
Merece la pena tomarse más en serio el llamado "periodismo de investigación". Yo, todo lo más, llego a dominar un campo muy reducido. Y con frecuencia inusitada me veo condenado a la insistencia sobre la misma noticia, generalmente contada de manera poco precisa y por personas no pocas veces inexpertas.
Todos conocemos la técnica de la repetición insistente, de la primera plana, del tono del comentario. El pensamiento liberal no es el de que admite todo lo que le dicen o lee, sino el del que se atreve a demostrar lo que dice y lo que piensa. Los hechos son más importantes que el alcalde de Londres.
¿No se podría hacer un esfuerzo mayor por liberarnos de nuestras filias y nuestras fobias? Unos toparon con la Iglesia, amigo Sancho, y otros toparon con su propia armadura que les obliga a comunicarse a través de lanzadas o a través de señales agresivas.
Como soy sacerdote y religioso, de ahora en adelante tendré que andar con especial cuidado en mi trato con los adolescentes. Me felicito, sin embargo, de tener un Papa que se ha enfrentado con el crimen nefando de la pederastia y al que no le ha importado hacer frente a una bronca masiva que, estoy seguro, no se ha producido en toda la historia, ni en la plaza de Las Ventas.
La profesión del periodismo es una de las más serias que se pueden ejercer en la vida. Pero, por favor, hablen más de la religión y tengan un poco más de consideración con los clérigos, que al fin y al cabo no ocupan el porcentaje más alto de pederastia en nuestros cuerpos sociales. Tolerancia cero para ellos, pero respeto para su dignidad personal, al menos como la que conceden los Derechos Humanos a todos los ciudadanos.
Con sinceridad de amigo. No conozco pasión más anacrónica que la del anticlericalismo. Ni causa de más descrédito que la de hablar públicamente de lo que uno no se ha informado suficientemente. Estoy seguro de que la mayoría de los periodistas no caen en los errores que denuncio. Pero, ¡caramba!, es que llevamos un invierno de miedo.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100507elpepiopi_5&type=Tes&anchor=elpepuopi
"Las comunidades deben cumplir en dependencia"
CARMEN MORÁN - Madrid
EL PAÍS - Economía - 07-05-2010
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, visitó ayer la redacción de EL PAÍS para realizar esta entrevista y chatear con los lectores, que le enviaron más de 900 preguntas. Que si el tabaco en los bares, que si las prácticas de los futuros médicos en los hospitales, la píldora del día siguiente. Y la Ley de Dependencia, tan atascada en muchas comunidades. No quiere entrar en conflicto con las autonomías sobre eso. Siempre tiene a mano dos palabras: cooperación y colaboración.
Pregunta. La Ley de Dependencia corre a velocidad muy desigual en las distintas comunidades. Un informe del Gobierno incluso pedía que se acudiera a los tribunales para corregir algunas disfunciones. ¿Se va a limitar el Ministerio de Sanidad y Política Social a hacer de moderador o va a garantizar que todos los ciudadanos tengan los mismo derechos?
Respuesta. El objetivo es que todos los ciudadanos tengan el mismo derecho, con independencia de donde residan. Pero poner en marcha la ley ha entrañado mucha complejidad técnica y las comunidades, con la crisis, han visto reducidos sus ingresos. Queremos ayudarlas, es importante mantener una actitud de colaboración y cooperación, porque la confrontación dificultaría aún más el proceso. Cada uno debe cumplir su parte, el Estado y las comunidades.
P. Pero algunas comunidades no la están cumpliendo.
R. En el periodo en que a mí me ha tocado gestionar no he percibido confrontación. Unas con más velocidad, otras con menos, en general todas han sido responsables y conscientes de que es el momento de dar el empujón. En los tiempos que marca la ley conseguiremos un desarrollo igual para todos.
P. ¿Por qué el Gobierno no conoce la aportación que cada comunidad está haciendo para implantar esta ley, obligadas como están a cofinanciarla?
R. Sí lo conocemos, pero una cosa es lo que reflejan los presupuestos y otras los suplementos de créditos para complementar la financiación. El Gobierno ha aportado 2.050 millones [el año pasado], teniendo en cuenta que las comunidades cofinancian la ley, podríamos estimar en 4.000 millones de euros el coste aproximado. Algunas dirán que han puesto más, pero es porque computan ahí los servicios sociales preexistentes que ya venían realizando.
P. Y otras, bien puede decirse que han puesto menos que lo recibido del Gobierno. Sobre todo aquellas donde las prestaciones que han concedido a sus ciudadanos son mayoritarimente económicas. Ahí las cuentas son fáciles.
R. Ha sido en una primera fase. Hay algunas donde el Estado ha podido hacer una aportación mayor porque el desarrollo de la ley allí era menor. Pero todo se irá equiparando con el calendario de la ley.
P. ¿Cuándo será eso?
R. En 2015, que es cuando estará completa.
P. Son muchas las voces autorizadas que reclaman un cambio en la financiación global de la ley, con una cotización extra para que sea sostenible. Y los que piden que el dinero que reparte el Gobierno se conceda siguiendo los criterios de personas atendidas y del coste del servicio que reciben. ¿Lo contempla el Gobierno?
R. El Estado va a garantizar consignación presupuestaria en la parte que le toca. Se ha modificado la financiación de las comunidades autónomas (LOFCA) para dotar de suficiencia financiera en educación, sanidad y dependencia con una revisión periódica de la población, el envejecimiento, la dispersión territorial, las zonas rurales... Y se les transfieren tributos para que recauden más y hagan frente a estos gastos. Teniendo en cuenta el coste final de esta ley, España está en condiciones de hacer frente a ese gasto. Lo hicimos en 2009, en plena crisis. Soy sensible a lo que plantean las comunidades sobre financiación, pero hacer una revisión de la misma en época de crisis no creo que sea lo más adecuado. Después, se puede estudiar todo.
P. Pero todavía reparten los recursos a las comunidades por el número de personas con derecho a la ayuda, no a las que ya la están percibiendo, ni atendiendo al coste del servicio que reciben y no cuesta lo mismo una plaza en una residencia que ser atendido en casa.
R. No puedo dar plazos, pero esa es la tendencia y el objetivo. Las comunidades están haciendo el esfuerzo de incorporar a más personas al sistema. Al principio fue difícil porque las comunidades necesitaban recursos para poner en marcha una ley que tiene mucha complejidad técnica y burocrática.
P. ¿No se podría aligerar tanta burocracia?
R. Ya hemos pasado la parte más complicada y más costosa. Ahora, para 2011, nos queda incorporar a los ciudadanos que presenten un grado de discapacidad leve, eso será más fácil. Ahora se trata de mantener la estabilidad en la financiación.
P. El gran ordenador central de la dependencia, llamado a ser tan poderoso como el de Hacienda o el de la Seguridad Social, costó 22 millones de euros y todavía hoy -sólo hay que mirar las estadísticas, algunos datos tienen que ser irreales por fuerza-, sigue dando problemas. Y de esa información depende la financiación.
R. Cuando llegamos limpiamos las duplicidades [muchos ciudadanos ya habían fallecido y seguían en el sistema, y las prestaciones se contaban como ciudadanos atendidos] y algunas disfunciones que se producían. Creo que hemos alcanzado un alto grado de transparencia y hay que mejorar. Es una de nuestras principales preocupaciones. La situación de cada comunidad será transparente y precisa.
P. En la situación hipotética, que ya no lo es tanto, de que todos los ciudadanos optaran por la prestación económica [la paga al familiar para cuidar en casa al dependiente], no sólo se quebraría el espíritu de la ley, sino la propia letra.
R. Sí, la ley recomienda los servicios [residencias, centros de día, ayuda profesionalizada] y contempla como excepcional la ayuda económica... A veces legislamos y la realidad social puede obligarnos a dar mayor cobertura a una excepción. Queremos establecer límites, garantías y controles para ir enfocando hacia los servicios.
P. ¿No debería primar en algunos casos la opinión del profesional que evalúa la situación de la persona dependiente, y de qué es lo que realmente necesita, en lugar de la preferencia de las familias?
R. La opinión del profesional es extraordinariamente valiosa. Tenemos muy buenos trabajadores sociales, y además vamos a incorporar en el equipo de valoradores a los médicos. Pero ha de contar de manera definitiva la opción de la persona. En una inmensa mayoría, los mayores dependientes quieren ser cuidados en casa y por las familias. Es característico del inicio de estos sistemas de protección, pasó también en Alemania. Y forma parte de nuestra cultura, pero creo que todo va a ir cambiando con el tiempo. De todas formas, hemos establecido controles y acuerdos con las comunidades autónomas para evaluar cada año el cuidado que reciben esas personas en casa y los requisitos para ser cuidador.
P. El ministerio quería limitar a 70 años la edad en que un familiar (cónyuge, hijas) puede cuidar a un dependiente. Las comunidades lo impidieron. ¿Cuál era el objetivo?
R. Se pensó que era una edad razonable para la fortaleza física y psíquica que requieren estos cuidados. Pero también es cierto que la esperanza de vida ha cambiado. Decidimos flexibilizar la norma para evaluar cada caso.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100507elpepieco_9&type=Tes&anchor=elpepieco
EL PAÍS - Economía - 07-05-2010
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, visitó ayer la redacción de EL PAÍS para realizar esta entrevista y chatear con los lectores, que le enviaron más de 900 preguntas. Que si el tabaco en los bares, que si las prácticas de los futuros médicos en los hospitales, la píldora del día siguiente. Y la Ley de Dependencia, tan atascada en muchas comunidades. No quiere entrar en conflicto con las autonomías sobre eso. Siempre tiene a mano dos palabras: cooperación y colaboración.
Pregunta. La Ley de Dependencia corre a velocidad muy desigual en las distintas comunidades. Un informe del Gobierno incluso pedía que se acudiera a los tribunales para corregir algunas disfunciones. ¿Se va a limitar el Ministerio de Sanidad y Política Social a hacer de moderador o va a garantizar que todos los ciudadanos tengan los mismo derechos?
Respuesta. El objetivo es que todos los ciudadanos tengan el mismo derecho, con independencia de donde residan. Pero poner en marcha la ley ha entrañado mucha complejidad técnica y las comunidades, con la crisis, han visto reducidos sus ingresos. Queremos ayudarlas, es importante mantener una actitud de colaboración y cooperación, porque la confrontación dificultaría aún más el proceso. Cada uno debe cumplir su parte, el Estado y las comunidades.
P. Pero algunas comunidades no la están cumpliendo.
R. En el periodo en que a mí me ha tocado gestionar no he percibido confrontación. Unas con más velocidad, otras con menos, en general todas han sido responsables y conscientes de que es el momento de dar el empujón. En los tiempos que marca la ley conseguiremos un desarrollo igual para todos.
P. ¿Por qué el Gobierno no conoce la aportación que cada comunidad está haciendo para implantar esta ley, obligadas como están a cofinanciarla?
R. Sí lo conocemos, pero una cosa es lo que reflejan los presupuestos y otras los suplementos de créditos para complementar la financiación. El Gobierno ha aportado 2.050 millones [el año pasado], teniendo en cuenta que las comunidades cofinancian la ley, podríamos estimar en 4.000 millones de euros el coste aproximado. Algunas dirán que han puesto más, pero es porque computan ahí los servicios sociales preexistentes que ya venían realizando.
P. Y otras, bien puede decirse que han puesto menos que lo recibido del Gobierno. Sobre todo aquellas donde las prestaciones que han concedido a sus ciudadanos son mayoritarimente económicas. Ahí las cuentas son fáciles.
R. Ha sido en una primera fase. Hay algunas donde el Estado ha podido hacer una aportación mayor porque el desarrollo de la ley allí era menor. Pero todo se irá equiparando con el calendario de la ley.
P. ¿Cuándo será eso?
R. En 2015, que es cuando estará completa.
P. Son muchas las voces autorizadas que reclaman un cambio en la financiación global de la ley, con una cotización extra para que sea sostenible. Y los que piden que el dinero que reparte el Gobierno se conceda siguiendo los criterios de personas atendidas y del coste del servicio que reciben. ¿Lo contempla el Gobierno?
R. El Estado va a garantizar consignación presupuestaria en la parte que le toca. Se ha modificado la financiación de las comunidades autónomas (LOFCA) para dotar de suficiencia financiera en educación, sanidad y dependencia con una revisión periódica de la población, el envejecimiento, la dispersión territorial, las zonas rurales... Y se les transfieren tributos para que recauden más y hagan frente a estos gastos. Teniendo en cuenta el coste final de esta ley, España está en condiciones de hacer frente a ese gasto. Lo hicimos en 2009, en plena crisis. Soy sensible a lo que plantean las comunidades sobre financiación, pero hacer una revisión de la misma en época de crisis no creo que sea lo más adecuado. Después, se puede estudiar todo.
P. Pero todavía reparten los recursos a las comunidades por el número de personas con derecho a la ayuda, no a las que ya la están percibiendo, ni atendiendo al coste del servicio que reciben y no cuesta lo mismo una plaza en una residencia que ser atendido en casa.
R. No puedo dar plazos, pero esa es la tendencia y el objetivo. Las comunidades están haciendo el esfuerzo de incorporar a más personas al sistema. Al principio fue difícil porque las comunidades necesitaban recursos para poner en marcha una ley que tiene mucha complejidad técnica y burocrática.
P. ¿No se podría aligerar tanta burocracia?
R. Ya hemos pasado la parte más complicada y más costosa. Ahora, para 2011, nos queda incorporar a los ciudadanos que presenten un grado de discapacidad leve, eso será más fácil. Ahora se trata de mantener la estabilidad en la financiación.
P. El gran ordenador central de la dependencia, llamado a ser tan poderoso como el de Hacienda o el de la Seguridad Social, costó 22 millones de euros y todavía hoy -sólo hay que mirar las estadísticas, algunos datos tienen que ser irreales por fuerza-, sigue dando problemas. Y de esa información depende la financiación.
R. Cuando llegamos limpiamos las duplicidades [muchos ciudadanos ya habían fallecido y seguían en el sistema, y las prestaciones se contaban como ciudadanos atendidos] y algunas disfunciones que se producían. Creo que hemos alcanzado un alto grado de transparencia y hay que mejorar. Es una de nuestras principales preocupaciones. La situación de cada comunidad será transparente y precisa.
P. En la situación hipotética, que ya no lo es tanto, de que todos los ciudadanos optaran por la prestación económica [la paga al familiar para cuidar en casa al dependiente], no sólo se quebraría el espíritu de la ley, sino la propia letra.
R. Sí, la ley recomienda los servicios [residencias, centros de día, ayuda profesionalizada] y contempla como excepcional la ayuda económica... A veces legislamos y la realidad social puede obligarnos a dar mayor cobertura a una excepción. Queremos establecer límites, garantías y controles para ir enfocando hacia los servicios.
P. ¿No debería primar en algunos casos la opinión del profesional que evalúa la situación de la persona dependiente, y de qué es lo que realmente necesita, en lugar de la preferencia de las familias?
R. La opinión del profesional es extraordinariamente valiosa. Tenemos muy buenos trabajadores sociales, y además vamos a incorporar en el equipo de valoradores a los médicos. Pero ha de contar de manera definitiva la opción de la persona. En una inmensa mayoría, los mayores dependientes quieren ser cuidados en casa y por las familias. Es característico del inicio de estos sistemas de protección, pasó también en Alemania. Y forma parte de nuestra cultura, pero creo que todo va a ir cambiando con el tiempo. De todas formas, hemos establecido controles y acuerdos con las comunidades autónomas para evaluar cada año el cuidado que reciben esas personas en casa y los requisitos para ser cuidador.
P. El ministerio quería limitar a 70 años la edad en que un familiar (cónyuge, hijas) puede cuidar a un dependiente. Las comunidades lo impidieron. ¿Cuál era el objetivo?
R. Se pensó que era una edad razonable para la fortaleza física y psíquica que requieren estos cuidados. Pero también es cierto que la esperanza de vida ha cambiado. Decidimos flexibilizar la norma para evaluar cada caso.
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