El complemento retributivo aprobado anteayer en el reglamento y plan de evaluación de los docentes en Asturias va a sacar de la cola a esta comunidad en materia de sueldos de profesores. El Principado es la comunidad con los sueldos más bajos al profesorado sin antigüedad. Con datos de 2009 un profesor de Bachillerato en Asturias cobraba 32.146 euros anuales brutos (en la red pública), mil euros menos que uno en Castilla y León, dos mil menos que uno en Castilla-La Mancha y casi seis mil menos que otro del País Vasco.
En Primaria, un profesor recién llegado al sistema público de educación en Asturias cobraba en 2009 unos 28.084 euros, y también aquí el Principado mantenía los sueldos más modestos. En esta primera fase de la enseñanza las diferencias salariales no son tan acusadas, unos 4.500 euros anuales brutos, que es el tramo que separa a Asturias del País Vasco.
El puesto 17 y último en el ranking de nóminas en Bachillerato -sin antigüedad- cambia si el docente cobra el complemento retributivo para situarse en torno al puesto número 7. En el caso de Primaria se ascendería hasta el octavo puesto nacional. Se abre, por otra parte, una brecha mayor con los sueldos de los profesores de la enseñanza concertada que en Asturias ya perdían antes de ese complemento retributivo unos 6 puntos en relación con los sueldos de sus compañeros de la pública, siempre teniendo como base el profesor con antigüedad cero. El acercamiento progresivo de los profesores de la enseñanza concertada y los de la pública era uno de los objetivos planteados por el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, en su propuesta de pacto educativo, que acabó en fiasco.
Por otra parte, el grueso del proceso de la Evaluación Docente quedará para septiembre, en el mejor de los casos. Son las fechas que maneja la Administración regional y los dos sindicatos firmantes del acuerdo que regula definitivamente el complemento retributivo de los profesores asturianos mediante la acreditación a su trabajo. Cuando el texto aprobado anteayer por los consejeros Iglesias Riopedre y Ana Rosa Migoya y los sindicatos ANPE y FETE-UGT, pase por el Consejo de Gobierno -lo hará de forma inmediata- y sea publicado en el BOPA, se abrirá el plazo para recepcionar las solicitudes. ¿Cuántas? Se calcula que alrededor de nueve mil. El listado de los solicitantes será público (habrá sorpresas). Los plazos legales harán inviable que la Evaluación se inicie antes de que finalice el presente curso escolar.
El objetivo es que los complementos retributivos comiencen a ser cobrados en la nómina de octubre, pero cabe la posibilidad de retrasos. En todo caso funcionaría la retroactividad. Los profesores de Primaria cobrarán un plus de 139 euros brutos al mes (1.600 al año) mientras que los de Secundaria cobrarán 217 euros más al mes (2.500 anuales). De hecho, unos 8.000 ya lo están haciendo porque en su día se adhirieron a la convocatoria.
El paso a otro curso va a generar un problema administrativo añadido. Todos los años, más de mil funcionarios docentes cambian de destino en Asturias, por lo que será necesario recabar los documentos de acreditación a los centros educativos anteriores. El presidente del sindicato ANPE, Gumersindo Rodríguez, aseguraba ayer que «nosotros ya estamos avisando a nuestros asociados». Puede haber atasco.
Y eso que la Evaluación se hará de oficio. Lo normal es que el profesor no tenga que aportar documento alguno, si es que mantiene su destino académico. La evaluación deberá ser firmada por al menos dos miembros del equipo directivo, el director del centro y el jefe de estudios o el secretario. A los directivos los evaluará la Inspección educativa. El profesor tendrá acceso a sus «notas» y podrá alegar si no está conforme con ellas. Si no hay acuerdo con los «examinadores», el reglamento recién aprobado prevé la puesta en marcha de una comisión de revisión formada por un director general de la Administración asturiana y cuatro vocales, funcionarios de los grupos A y B de Educación, entre los que tiene que haber dos inspectores.
http://www.lne.es/sociedad-cultura/2010/05/13/pago-evaluacion-docente-saca-asturias-cola-nacional-nominas/9
Las preguntas de la dedicación
Apartado 2: la dedicación al centro
1.- ¿Desarrolla la enseñanza de acuerdo a la temporalización prevista en la programación?
2.- ¿Realiza la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado?
3.- ¿Manifiesta voluntariedad y disponibilidad a las necesidades imprevistas planteadas por el equipo directivo?
4.- ¿Participa en proyectos de mejora o experimentación?
5.- ¿Utiliza las nuevas tecnologías aplicadas a la Educación?
6.- ¿Participa en actividades complementarias y extraescolares?
7.- ¿Colabora en actividades o tareas relativas a la mejora de la convivencia?
8.- ¿Mantiene el respeto a los horarios?
9.- ¿Su tasa de absentismo es inferior al 7% de su jornada laboral?
10.- ¿Colabora en el seguimiento y evolución de la PGA?
11.- ¿Desempeña cargos directivos, de coordinación docente o de proyectos?
12.- ¿Participa como miembro del Consejo Escolar?
13.- ¿Informa o colabora para informar a las familias sobre el rendimiento de sus hijos?
14.- ¿Colabora en configurar las adaptaciones curriculares?
jueves, 13 de mayo de 2010
Viejo Gijón.
Viejo Gijón.
1910. Hace 100 años.
Melquiades habló ayer para los pescadores de Cimadevilla que llenaban por completo los muelles. "Quiero transmitiros todo mi amor, sufridos obreros del mar, a quienes serviré y ayudaré con lo que en mi mano esté. Yo, como vosotros, soy de familia humilde y recuerdo emocionado mis juegos y correrias por estas callejuelas", les dijo. Y añadió "Confiad en mi, vosotros que me conoceis".
Y en ese momento una vieja pescadora le replicó. "¿Conocete?. Desde neñu. Y ya entonces a listu y formal non te ganaba nadie Melquiadin".
1910. Hace 100 años.
Melquiades habló ayer para los pescadores de Cimadevilla que llenaban por completo los muelles. "Quiero transmitiros todo mi amor, sufridos obreros del mar, a quienes serviré y ayudaré con lo que en mi mano esté. Yo, como vosotros, soy de familia humilde y recuerdo emocionado mis juegos y correrias por estas callejuelas", les dijo. Y añadió "Confiad en mi, vosotros que me conoceis".
Y en ese momento una vieja pescadora le replicó. "¿Conocete?. Desde neñu. Y ya entonces a listu y formal non te ganaba nadie Melquiadin".
Un recorte antisocial que podía haberse evitado
Álvaro Anchuelo, responsable de economía de UPyD
13 de mayo de 2010
Algunas reflexiones sobre las medidas anunciadas ayer en el Congreso:
1º) Lo sucedido no era inevitable. No se debe únicamente a la crisis, sino a las medidas equivocadas aplicadas por el gobierno durante años. La crisis provoca inevitablemente déficit, al reducir la recaudación de los impuestos y aumentar el gasto en prestaciones por desempleo. Pero, a este déficit inevitable, se le han sumado toda una batería de medidas muy costosas e ineficientes. Recuérdense los 12 000 millones que se dejaron de recaudar en el IRPF por la deducción generalizada de 400 euros, los 1 800 millones anuales perdidos por la supresión del Impuesto del Patrimonio, los 13 000 millones malempleados en los dos fondos de inversión local, los 11 000 de la reforma de la financiación autonómica… Es esta locura la que ha agotado el margen de actuación disponible en mitad de la crisis. Nótese que el recorte ahora aprobado pretende reducir el gasto en 5 000 millones este año y 10 000 el próximo, una cifra bastante menor que la dilapidada.
2º) Se nos ha llevado al borde del abismo, hasta convertirnos en una economía tutelada desde el exterior, intervenida y controlada. Una situación humillante para un país como España, propia de un país en desarrollo incapaz de autogobernarse. El viernes 7 de mayo los mercados financieros se secaron tanto para la deuda pública española como para las emisiones de nuestras empresas. El colapso podía amenazar al resto de la zona del euro e incluso a Estados Unidos, dado el tamaño de la economía española (cuatro veces la de Grecia). La magnitud de la cifra del rescate (750 000 millones) y su urgencia prueban la situación limite que se había alcanzado y que somos nosotros los rescatados. La consecuencia es habernos convertido en un país intervenido, bajo tutela exterior, que tiene que actuar al dictado de sus acreedores y pasar evaluaciones periódicas. Las primeras tendrán lugar en la reunión del ECOFIN del 18 de mayo y en el examen de la Comisión del 12 de junio.
3º) Al dictado de esas órdenes exteriores, en tres días y precipitadamente, se han diseñado las medidas aplicadas. Así han salido. Se opta por lo más sencillo: que paguen los más débiles, como siempre. El recorte no puede ser más antisocial. Los funcionarios no son seres privilegiados y ociosos. Se trata de las enfermeras, los maestros, la Guardia Civil, los bomberos… Trabajadores con sueldos modestos. No se les congela como hacía el malvado PP: se les reduce drásticamente, por primera vez. Otros “ricos” afectados son los pensionistas, otro colectivo pudiente y privilegiado, por lo visto. Qué decir de los solicitantes de ayuda acogiéndose a la Ley de Dependencia. Para que no falte de nada, también se recorta en 6 000 millones la inversión pública estatal. Será para asegurarse de terminar con cualquier atisbo de recuperación económica.
4º) Tanta incompetencia y un cambio tan radical e inexplicado de política no puede ser puesto en marcha por la misma persona que nos ha llevado a esta situación. Si no por simple dignidad personal, el presidente Zapatero debería dimitir inmediatamente al menos para que la política económica pueda recuperar algo de credibilidad. No parece su idea. Ha sido hasta ahora Chamberlain y se propone ponerse la careta de Churchill. Otro dirigente socialista debería sustituirle inmediatamente mientras se convocan elecciones. No olvidemos que las elecciones anteriores se ganaron con promesas de pleno empleo, un país de primera división, adelantar a Francia…
5º) Esto no supone el final de los problemas. Ya se anuncian más subidas de impuestos. Por supuesto, sólo a “los ricos”. Existe el peligro de que se genere una segunda espiral recesiva, provocada por el efecto sobre la demanda de la subida de impuestos y el recorte del gasto. En ese caso, crecería de nuevo el gasto público en desempleo, caerían las bases imponibles, aumentaría la deuda en términos del PIB… Si la situación en Grecia se deteriora, cosa probable, los efectos sobre España podrían volver a desencadenarse. No se ha conjurado la tormenta, tan sólo hemos evitado el hundimiento inmediato.
6º) Los problemas, no obstante, no son sólo de personas. Tienen una naturaleza estructural. Por ello, requieren reformas profundas para hacerles frente. Por ejemplo, una reforma del modelo de Estado para reducir el gasto autonómico superfluo (en consejerías, número de parlamentarios, televisiones, embajadas en el extranjero, servicios meteorológicos, defensores del menor, de la mujer, agencias, observatorios, fundaciones, consorcios…). En el anuncio de ayer miércoles, a las comunidades autónomas y a las administraciones locales sólo se les pide un recorte de 1 200 millones. Sin embargo, controlan el 36% del gasto público, frente a un 20% (en gran medida comprometido en pago de intereses de la deuda o prestaciones por desempleo) de la administración central. Son necesarias también reformas en el sistema electoral y en la propia Constitución. La crisis no es sólo económica, sino institucional.
13 de mayo de 2010
Algunas reflexiones sobre las medidas anunciadas ayer en el Congreso:
1º) Lo sucedido no era inevitable. No se debe únicamente a la crisis, sino a las medidas equivocadas aplicadas por el gobierno durante años. La crisis provoca inevitablemente déficit, al reducir la recaudación de los impuestos y aumentar el gasto en prestaciones por desempleo. Pero, a este déficit inevitable, se le han sumado toda una batería de medidas muy costosas e ineficientes. Recuérdense los 12 000 millones que se dejaron de recaudar en el IRPF por la deducción generalizada de 400 euros, los 1 800 millones anuales perdidos por la supresión del Impuesto del Patrimonio, los 13 000 millones malempleados en los dos fondos de inversión local, los 11 000 de la reforma de la financiación autonómica… Es esta locura la que ha agotado el margen de actuación disponible en mitad de la crisis. Nótese que el recorte ahora aprobado pretende reducir el gasto en 5 000 millones este año y 10 000 el próximo, una cifra bastante menor que la dilapidada.
2º) Se nos ha llevado al borde del abismo, hasta convertirnos en una economía tutelada desde el exterior, intervenida y controlada. Una situación humillante para un país como España, propia de un país en desarrollo incapaz de autogobernarse. El viernes 7 de mayo los mercados financieros se secaron tanto para la deuda pública española como para las emisiones de nuestras empresas. El colapso podía amenazar al resto de la zona del euro e incluso a Estados Unidos, dado el tamaño de la economía española (cuatro veces la de Grecia). La magnitud de la cifra del rescate (750 000 millones) y su urgencia prueban la situación limite que se había alcanzado y que somos nosotros los rescatados. La consecuencia es habernos convertido en un país intervenido, bajo tutela exterior, que tiene que actuar al dictado de sus acreedores y pasar evaluaciones periódicas. Las primeras tendrán lugar en la reunión del ECOFIN del 18 de mayo y en el examen de la Comisión del 12 de junio.
3º) Al dictado de esas órdenes exteriores, en tres días y precipitadamente, se han diseñado las medidas aplicadas. Así han salido. Se opta por lo más sencillo: que paguen los más débiles, como siempre. El recorte no puede ser más antisocial. Los funcionarios no son seres privilegiados y ociosos. Se trata de las enfermeras, los maestros, la Guardia Civil, los bomberos… Trabajadores con sueldos modestos. No se les congela como hacía el malvado PP: se les reduce drásticamente, por primera vez. Otros “ricos” afectados son los pensionistas, otro colectivo pudiente y privilegiado, por lo visto. Qué decir de los solicitantes de ayuda acogiéndose a la Ley de Dependencia. Para que no falte de nada, también se recorta en 6 000 millones la inversión pública estatal. Será para asegurarse de terminar con cualquier atisbo de recuperación económica.
4º) Tanta incompetencia y un cambio tan radical e inexplicado de política no puede ser puesto en marcha por la misma persona que nos ha llevado a esta situación. Si no por simple dignidad personal, el presidente Zapatero debería dimitir inmediatamente al menos para que la política económica pueda recuperar algo de credibilidad. No parece su idea. Ha sido hasta ahora Chamberlain y se propone ponerse la careta de Churchill. Otro dirigente socialista debería sustituirle inmediatamente mientras se convocan elecciones. No olvidemos que las elecciones anteriores se ganaron con promesas de pleno empleo, un país de primera división, adelantar a Francia…
5º) Esto no supone el final de los problemas. Ya se anuncian más subidas de impuestos. Por supuesto, sólo a “los ricos”. Existe el peligro de que se genere una segunda espiral recesiva, provocada por el efecto sobre la demanda de la subida de impuestos y el recorte del gasto. En ese caso, crecería de nuevo el gasto público en desempleo, caerían las bases imponibles, aumentaría la deuda en términos del PIB… Si la situación en Grecia se deteriora, cosa probable, los efectos sobre España podrían volver a desencadenarse. No se ha conjurado la tormenta, tan sólo hemos evitado el hundimiento inmediato.
6º) Los problemas, no obstante, no son sólo de personas. Tienen una naturaleza estructural. Por ello, requieren reformas profundas para hacerles frente. Por ejemplo, una reforma del modelo de Estado para reducir el gasto autonómico superfluo (en consejerías, número de parlamentarios, televisiones, embajadas en el extranjero, servicios meteorológicos, defensores del menor, de la mujer, agencias, observatorios, fundaciones, consorcios…). En el anuncio de ayer miércoles, a las comunidades autónomas y a las administraciones locales sólo se les pide un recorte de 1 200 millones. Sin embargo, controlan el 36% del gasto público, frente a un 20% (en gran medida comprometido en pago de intereses de la deuda o prestaciones por desempleo) de la administración central. Son necesarias también reformas en el sistema electoral y en la propia Constitución. La crisis no es sólo económica, sino institucional.
Poda de funcionarios
SANTOS JULIÁ
DOMINGO - 09-05-2010
Con la deuda que no deja de crecer y con el paro en la cima, el Gobierno se ha creído obligado a demostrar su firme voluntad de atajar el gasto público y acometer un plan de poda de altos cargos y de reducción de número de funcionarios limitando al 10% la reposición de plazas vacantes. De lo primero, ya se ha visto el glorioso resultado: 16 millones de euros, a costa, entre otras cirugías, de dejar a la Biblioteca Nacional sin dirección general: parece una broma si no fuera una muestra de la estima en que el Gobierno tiene a la institución que debía ser, con el Museo del Prado, la niña de los ojos de su Ministerio de Cultura.
Y de la reducción de funcionarios, no vendrá mal recordar que la impresión de despilfarro e ineficiencia, no siempre justificadas, de la función pública en España nada tiene que ver con su número. De hecho, España está, en cantidad de empleados públicos muy por debajo de Francia, y no digamos ya de los países nórdicos. Sumamos entre funcionarios y contratados, si el Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas no miente, 2,66 millones, lo cual parece una enormidad -no ha faltado ilustre periodista que haya propuesto su drástica reducción hasta quedar en 700.000- pero no somos más que el 11,6% de la población activa y el 14,3% de la hoy ocupada.
Lo interesante es que, de ese total, medio millón trabaja en las instituciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud y otros 650.000 en los diferentes niveles del sistema educativo, de infantil a universitario: nada menos que 43 funcionarios de cada 100 son empleados en sanidad y educación. Tal vez se podría reducir este número a su cuarta parte, como propone Luis María Ansón, pero entonces habría que explicar cómo se proporcionan a cada españolito que viene al mundo 14 años de escolarización obligatoria, o cómo se garantiza a todo el que lo demanda una atención médica y hospitalaria gratuita y de calidad como la dispensada por el Servicio Nacional de Salud.
Una vez descontados los empleados en instituciones docentes y sanitarias, resulta que, del resto, algo más de un cuarto de millón son militares, policías y guardias civiles, o sea, personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los que es preciso añadir el personal adscrito a la administración de justicia y a los centros penitenciarios y las policías locales y autonómicas, lo cual eleva el total de los encargados de seguridad interior y exterior a otro medio millón. ¿Propondría alguien que también esos efectivos se podaran hasta reducir a 125.000 la suma de policías, guardias civiles, jueces y demás que velan por el orden y la seguridad?
Por supuesto, todos estos funcionarios, más los conductores de autobuses urbanos, los encargados de la limpieza de calles, plazas y paseos, los diligentes expendedores de documentos de identidad, pasaportes y carnés de conducir, los vigilantes de museos, etc., etc., no se caracterizan precisamente por sus altos salarios ni por sus millonarios planes de pensiones: congelar el salario de un médico, un maestro, un policía, un administrativo, no tiene idénticos efectos que congelar el de un directivo del BBVA o del Santander. Vamos, que con congelar a unos cuantos de estos habría para mantener la temperatura de varias decenas de miles de aquellos: el salario anual de 1.000 funcionarios importa la mitad del plan de pensiones de algún alto ejecutivo bancario. En todo caso, no es por ahí por donde el Estado podrá ahorrar sin grave deterioro de los servicios que los ciudadanos reciben de las instituciones sostenidas en el trabajo de estos funcionarios.
¿Por dónde, pues? Por una mayor eficiencia, desde luego, pero también por donde sobran, por las burocracias clientelares que han crecido al rebufo de las autonomías sin más control que la amistad de presidentes, consejeros y demás cargos en función de neocaciques. Ahí, en séquitos de autoridades autonómicas, en oficinas abiertas en el extranjero, en televisiones para amigos, en directores o directoras generales de identidad, en asesores internos y externos, en estudios sobre el color de los peces y otras corruptelas y corrupciones, es por donde habría que comenzar los planes de austeridad y de poda. Lo que pasa es que a base de reducir el Estado, las tijeras del Gobierno no alcanzan para iniciar esos trabajos de saneamiento y se mete en faena suprimiendo la dirección general de la Biblioteca Nacional. Lo dicho: la montaña parió otra vez -y van ya ni sabe cuántas- un ratón.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100509elpdmgpan_4&type=Tes&anchor=elpepusocdgm
DOMINGO - 09-05-2010
Con la deuda que no deja de crecer y con el paro en la cima, el Gobierno se ha creído obligado a demostrar su firme voluntad de atajar el gasto público y acometer un plan de poda de altos cargos y de reducción de número de funcionarios limitando al 10% la reposición de plazas vacantes. De lo primero, ya se ha visto el glorioso resultado: 16 millones de euros, a costa, entre otras cirugías, de dejar a la Biblioteca Nacional sin dirección general: parece una broma si no fuera una muestra de la estima en que el Gobierno tiene a la institución que debía ser, con el Museo del Prado, la niña de los ojos de su Ministerio de Cultura.
Y de la reducción de funcionarios, no vendrá mal recordar que la impresión de despilfarro e ineficiencia, no siempre justificadas, de la función pública en España nada tiene que ver con su número. De hecho, España está, en cantidad de empleados públicos muy por debajo de Francia, y no digamos ya de los países nórdicos. Sumamos entre funcionarios y contratados, si el Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas no miente, 2,66 millones, lo cual parece una enormidad -no ha faltado ilustre periodista que haya propuesto su drástica reducción hasta quedar en 700.000- pero no somos más que el 11,6% de la población activa y el 14,3% de la hoy ocupada.
Lo interesante es que, de ese total, medio millón trabaja en las instituciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud y otros 650.000 en los diferentes niveles del sistema educativo, de infantil a universitario: nada menos que 43 funcionarios de cada 100 son empleados en sanidad y educación. Tal vez se podría reducir este número a su cuarta parte, como propone Luis María Ansón, pero entonces habría que explicar cómo se proporcionan a cada españolito que viene al mundo 14 años de escolarización obligatoria, o cómo se garantiza a todo el que lo demanda una atención médica y hospitalaria gratuita y de calidad como la dispensada por el Servicio Nacional de Salud.
Una vez descontados los empleados en instituciones docentes y sanitarias, resulta que, del resto, algo más de un cuarto de millón son militares, policías y guardias civiles, o sea, personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los que es preciso añadir el personal adscrito a la administración de justicia y a los centros penitenciarios y las policías locales y autonómicas, lo cual eleva el total de los encargados de seguridad interior y exterior a otro medio millón. ¿Propondría alguien que también esos efectivos se podaran hasta reducir a 125.000 la suma de policías, guardias civiles, jueces y demás que velan por el orden y la seguridad?
Por supuesto, todos estos funcionarios, más los conductores de autobuses urbanos, los encargados de la limpieza de calles, plazas y paseos, los diligentes expendedores de documentos de identidad, pasaportes y carnés de conducir, los vigilantes de museos, etc., etc., no se caracterizan precisamente por sus altos salarios ni por sus millonarios planes de pensiones: congelar el salario de un médico, un maestro, un policía, un administrativo, no tiene idénticos efectos que congelar el de un directivo del BBVA o del Santander. Vamos, que con congelar a unos cuantos de estos habría para mantener la temperatura de varias decenas de miles de aquellos: el salario anual de 1.000 funcionarios importa la mitad del plan de pensiones de algún alto ejecutivo bancario. En todo caso, no es por ahí por donde el Estado podrá ahorrar sin grave deterioro de los servicios que los ciudadanos reciben de las instituciones sostenidas en el trabajo de estos funcionarios.
¿Por dónde, pues? Por una mayor eficiencia, desde luego, pero también por donde sobran, por las burocracias clientelares que han crecido al rebufo de las autonomías sin más control que la amistad de presidentes, consejeros y demás cargos en función de neocaciques. Ahí, en séquitos de autoridades autonómicas, en oficinas abiertas en el extranjero, en televisiones para amigos, en directores o directoras generales de identidad, en asesores internos y externos, en estudios sobre el color de los peces y otras corruptelas y corrupciones, es por donde habría que comenzar los planes de austeridad y de poda. Lo que pasa es que a base de reducir el Estado, las tijeras del Gobierno no alcanzan para iniciar esos trabajos de saneamiento y se mete en faena suprimiendo la dirección general de la Biblioteca Nacional. Lo dicho: la montaña parió otra vez -y van ya ni sabe cuántas- un ratón.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100509elpdmgpan_4&type=Tes&anchor=elpepusocdgm
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