sunción
91 solicitudes para 75 plazas
Dominicas
60 solicitudes para 50 plazas
Inmaculada
110 solicitudes para 75 plazas
Corazón de María
140 solicitudes para 100 plazas
San Vicente
50 solicitudes para 50 plazas
Ursulinas
75 solicitudes para 75 plazas
San Miguel
67 solicitudes para 50 plazas
Laviada
61 solicitudes para 60 plazas
Montevil
88 solicitudes para 60 plazas
Severo Ochoa
48 solicitudes para 40 plazas
Jovellanos
47 solicitudes para 40 plazas
Laviada
61 solicitudes para 60 plazas
Colegio Atalía
78 solicitudes para 40 plazas
Alfonso Camín
63 solicitudes para 40 plazas
Martínez Torner
43 solicitudes para 20 plazas
Begoña
63 solicitudes para 40 plazas
sábado, 1 de mayo de 2010
La demanda de plazas de 3 años satura los colegios de Viesques, Montevil y Roces
Los colegios y escuelas infantiles de la ciudad dieron ayer por cerrado el plazo para que las familias soliciten un puesto escolar. Un período que para los padres y madres con hijos de 3 años suele ser especialmente inquietante, ante la posibilidad de quedar fuera del centro de su elección. De hecho, ayer muchas familias consultaron en las dependencias de la Consejería de la calle Alarcón cuáles eran los centros donde aún había plazas o posibilidades de entrada, para no exponerse a ser recolocados en destinos que no fueran de su interés. «Ha sido bastante curioso; mucha gente esperó hasta última hora», aseguraban los funcionarios.
A falta de que cada centro purgue las listas y bareme las solicitudes presentadas -en los casos en que el centro haya recibido más solicitudes que plazas ofertaba-, lo cierto es que serán las familias de Roces, Viesques y Montevil las que, de nuevo, puedan acabar desplazadas fuera de su zona escolar. Y eso que para la Consejería de Educación, las matriculaciones por zona son prioridad.
En Roces el Colegio Alfonso Camín sufre la saturación, ya que tiene 63 solicitudes de alumnos de 3 años y sólo 40 plazas disponibles, que es muy posible que se amplíen a 50 como ya ocurrió el pasado año. En Montevil, el colegio que lleva el nombre del barrio y el Severo Ochoa también cerraron con un gran exceso. Entre los dos colegios suman casi 40 alumnos sobrantes «y la mayoría son niños del mismo barrio», afirmaban ayer portavoces educativos. En Viesques la situación no está mucho mejor, ya que tanto el centro público Begoña, como el concertado de las Dominicas, tienen excedentes: en el Begoña, que dispone de 40 plazas ampliables a 50, seguirían sobrando en el mejor de los casos más de una decena de niños; en las Dominicas también quedarán fuera una decena de escolares.
Otros centros que sufren una importante saturación son, en el caso de la red pública, el colegio Atalía o el Martínez Torner. En el primero para sus 40 plazas han recibido 78 solicitudes. Por lo que respecta al Martínez Torner, este año ha sido uno de los sorprendidos: ofertaban 20 plazas y han recibido 43 solicitudes. «Es el primer año que nos vemos desbordados, no estamos acostumbrados a esto», reconocía un miembro de la dirección. Con alguna salvedad, casi todos los colegios de la zona oeste han registrado una buena campaña de matrícula También ha logrado un buen cierre de matrícula el colegio Jovellanos, que pese a las obras que sufre tiene excedentes en 3 y 4 años.
Por lo que respecta a los colegios concertados, que en Gijón tienen una posición muy consolidada, la crisis no parece haber hecho mella en su capacidad de convocatoria. El Corazón de María cerró con 140 solicitudes para cien plazas; Inmaculada, con 35 excedentes; Asunción con cerca de 15 sobrantes; y San Miguel, que este año se destapó con 17 sobrantes.
http://www.lne.es/gijon/2010/05/01/demanda-plazas-3-anos-satura-colegios-viesques-montevil-roces/908839.html
A falta de que cada centro purgue las listas y bareme las solicitudes presentadas -en los casos en que el centro haya recibido más solicitudes que plazas ofertaba-, lo cierto es que serán las familias de Roces, Viesques y Montevil las que, de nuevo, puedan acabar desplazadas fuera de su zona escolar. Y eso que para la Consejería de Educación, las matriculaciones por zona son prioridad.
En Roces el Colegio Alfonso Camín sufre la saturación, ya que tiene 63 solicitudes de alumnos de 3 años y sólo 40 plazas disponibles, que es muy posible que se amplíen a 50 como ya ocurrió el pasado año. En Montevil, el colegio que lleva el nombre del barrio y el Severo Ochoa también cerraron con un gran exceso. Entre los dos colegios suman casi 40 alumnos sobrantes «y la mayoría son niños del mismo barrio», afirmaban ayer portavoces educativos. En Viesques la situación no está mucho mejor, ya que tanto el centro público Begoña, como el concertado de las Dominicas, tienen excedentes: en el Begoña, que dispone de 40 plazas ampliables a 50, seguirían sobrando en el mejor de los casos más de una decena de niños; en las Dominicas también quedarán fuera una decena de escolares.
Otros centros que sufren una importante saturación son, en el caso de la red pública, el colegio Atalía o el Martínez Torner. En el primero para sus 40 plazas han recibido 78 solicitudes. Por lo que respecta al Martínez Torner, este año ha sido uno de los sorprendidos: ofertaban 20 plazas y han recibido 43 solicitudes. «Es el primer año que nos vemos desbordados, no estamos acostumbrados a esto», reconocía un miembro de la dirección. Con alguna salvedad, casi todos los colegios de la zona oeste han registrado una buena campaña de matrícula También ha logrado un buen cierre de matrícula el colegio Jovellanos, que pese a las obras que sufre tiene excedentes en 3 y 4 años.
Por lo que respecta a los colegios concertados, que en Gijón tienen una posición muy consolidada, la crisis no parece haber hecho mella en su capacidad de convocatoria. El Corazón de María cerró con 140 solicitudes para cien plazas; Inmaculada, con 35 excedentes; Asunción con cerca de 15 sobrantes; y San Miguel, que este año se destapó con 17 sobrantes.
http://www.lne.es/gijon/2010/05/01/demanda-plazas-3-anos-satura-colegios-viesques-montevil-roces/908839.html
UPyD-Asturias, ante la celebración del 1º de mayo, demanda al Gobierno Regional y los sindicatos, mayor implicación con la situación real del país olv
30 de abril de 2010
Mañana se celebra el 1º de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, y hoy se ha hecho pública la Encuesta de Población Activa que arroja unos datos ciertamente preocupantes en lo que a la economía regional se refiere, por eso, desde Unión Progreso y Democracia en Asturias, creemos que ha llegado el momento de denunciar la retórica triunfalista que viene manejando el Gobierno Regional entorno a la mejor resistencia de la crisis y expresiones similares que la dura realidad se encarga machaconamente de desmentir. Nuestro mercado laboral se deteriora más rápidamente que la media nacional, tenemos el doble de parados que en 2009, unos 80.000, y poco más de 400.000 ocupados; las empresas industriales, que estaban tratando de aguantar a duras penas, reducen empleo, mientras que la construcción, una vez terminado el despilfarro y el engaño del Plan E, vuelve a expulsar trabajadores; entre los jóvenes de 16 y 19 años el paro alcanza el 50%, el 40% entre los de 20 y 24 años.
Los datos son demoledores desde cualquier punto de vista, y en este contexto, UPyD quiere denunciar el silencio cómplice de unas organizaciones sindicales que probablemente no se acordarán en los actos de celebración del 1º de mayo de los 4.612.700 desempleados. Para Humberto Rodríguez Solla, coordinador de UPyD en Asturias, “creemos que en fecha tan señalada para el conjunto de los trabajadores de este país y en vista de la dura realidad económica, lo más sensato es abandonar todo dogmatismo y valorar con sensatez la situación. Es inmoral, además de insostenible para las cuentas públicas, mantener la actual tasa de paro, urgen por tanto las reformas del mercado de trabajo y de nuestro sistema educativo, si queremos ganar productividad, cambiar el patrón de crecimiento económico y mantener la cohesión social. Desde UPyD pensamos que no podemos volver la cara a los problemas, conservar nuestro incipiente Estado del Bienestar pasa por plantearse, desde ya, las reformas necesarias para afrontar los retos que suponen el envejecimiento de la población, el reciclaje y la orientación profesional de los parados, sobre todo de los de menor cualificación y mayores de 45 años, y la financiación de la dependencia, todo ello si no queremos que desde fuera nos digan en qué país queremos vivir y acaben tomando medidas por nosotros”.
Mañana se celebra el 1º de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, y hoy se ha hecho pública la Encuesta de Población Activa que arroja unos datos ciertamente preocupantes en lo que a la economía regional se refiere, por eso, desde Unión Progreso y Democracia en Asturias, creemos que ha llegado el momento de denunciar la retórica triunfalista que viene manejando el Gobierno Regional entorno a la mejor resistencia de la crisis y expresiones similares que la dura realidad se encarga machaconamente de desmentir. Nuestro mercado laboral se deteriora más rápidamente que la media nacional, tenemos el doble de parados que en 2009, unos 80.000, y poco más de 400.000 ocupados; las empresas industriales, que estaban tratando de aguantar a duras penas, reducen empleo, mientras que la construcción, una vez terminado el despilfarro y el engaño del Plan E, vuelve a expulsar trabajadores; entre los jóvenes de 16 y 19 años el paro alcanza el 50%, el 40% entre los de 20 y 24 años.
Los datos son demoledores desde cualquier punto de vista, y en este contexto, UPyD quiere denunciar el silencio cómplice de unas organizaciones sindicales que probablemente no se acordarán en los actos de celebración del 1º de mayo de los 4.612.700 desempleados. Para Humberto Rodríguez Solla, coordinador de UPyD en Asturias, “creemos que en fecha tan señalada para el conjunto de los trabajadores de este país y en vista de la dura realidad económica, lo más sensato es abandonar todo dogmatismo y valorar con sensatez la situación. Es inmoral, además de insostenible para las cuentas públicas, mantener la actual tasa de paro, urgen por tanto las reformas del mercado de trabajo y de nuestro sistema educativo, si queremos ganar productividad, cambiar el patrón de crecimiento económico y mantener la cohesión social. Desde UPyD pensamos que no podemos volver la cara a los problemas, conservar nuestro incipiente Estado del Bienestar pasa por plantearse, desde ya, las reformas necesarias para afrontar los retos que suponen el envejecimiento de la población, el reciclaje y la orientación profesional de los parados, sobre todo de los de menor cualificación y mayores de 45 años, y la financiación de la dependencia, todo ello si no queremos que desde fuera nos digan en qué país queremos vivir y acaben tomando medidas por nosotros”.
La regresiva financiación
JUAN J. DOLADO
EL PAÍS - Economía - 01-05-2010
Alcanzar una mayor cohesión social basada en la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior constituye un requisito básico de cualquier sistema educativo eficaz y equitativo. Frente a la extendida creencia de que el sistema público en España alcanza dichos objetivos, la realidad es bien distinta: la probabilidad de acceso a la universidad de los hijos de padres no universitarios continúa siendo casi cinco veces inferior a la de los hijos de padres universitarios.
En la actualidad, cada alumno en las universidades públicas cuesta anualmente unos 8.000 euros al contribuyente, mientras que las tasas de matriculación representan el 12% de dicho coste. Con independencia de su estrato de procedencia y de su rendimiento académico, cada universitario recibe una subvención anual de 7.000 euros, cuya justificación convencional descansa en la naturaleza de la educación como un bien "cuasi" público, fuente de externalidades positivas para la sociedad globalmente (mayor productividad y capacidad de innovar, mejor calidad de vida, etcétera).
No obstante, el resultado de dicha financiación resulta ser preocupantemente regresivo. En efecto, el rendimiento salarial de un año adicional de educación universitaria viene a ser del 7%-10% frente a un rendimiento social del 1%-3%. En nuestro país, estas rentabilidades relativas se interpretan a la inversa: el estudiante debería sufragar el 70% del coste de su formación (suponiendo un impuesto medio sobre la renta del 30%) en vez del 12%. Con una mayoría de alumnos procedentes de las clases media / alta, el mantenimiento de tasas idénticas para todo el alumnado conlleva que el contribuyente situado en las zonas media y baja de la distribución de la renta acabe subvencionando a aquellos que potencialmente se situarán en la parte más alta.
Frente a una financiación alternativa basada en préstamos-renta y tasas variables en función de la capacidad económica del alumno capaces de sufragar un ambicioso programa de becas para los alumnos con menos medios (España destina a becas el 0,09% del PIB frente a un 0,25% de media en la UE), rige el "café para todos". Ello se debe en gran parte a que la obtención de un título en una buena o mala universidad resulta escasamente relevante como aval de calidad sobre la inserción del universitario en el mercado laboral.
El retraso en completar una titulación tampoco importa. Repetir en tercera convocatoria la mitad de las asignaturas de un curso supone una penalización total de 765 euros, menos del 10% del coste anual sufragado por el contribuyente. Ante estos incentivos tan perversos, no es de extrañar que un 30% de los alumnos abandonen sin obtener titulación alguna y que sólo un 30% se licencien en el periodo preestablecido. Sorprendentemente se ignora en el debate público que dicho fracaso lleva aparejado un elevado despilfarro de recursos que podrían utilizarse, por ejemplo, para fortalecer la denostada Formación Profesional Superior (FPS) y aumentar sustancialmente el gasto en becas. Las estimaciones existentes sitúan dicho despilfarro entre el 0,15% y el 0,20% del PIB anualmente, dependiendo del tamaño del efecto "acreditación" asociado a completar una titulación frente al abandono.
En contraste con EE UU, la universidad privada en España (un 11% del alumnado en primer y segundo ciclo) no ha supuesto una mayor competencia para el sistema público. Suele acoger al alumnado de clase media / alta que, careciendo de nota suficiente para acceder al sistema público, acaba pagando una elevada matrícula a cambio de una formación mediocre. Incluso aquellas que cuentan con cierto prestigio docente, presentan una actividad investigadora muy reducida. En otras palabras, a diferencia de lo que ha ocurrido con algunas destacadas Escuelas de Negocios, las clases pudientes en España no han apostado ni por la creación de universidades privadas de élite (tipo Ivy League en EE UU), ni por apoyar generosamente centros públicos prestigiosos donde formar a la alta administración (tipo Grande École en Francia).
La reforma de nuestro sistema público universitario pasa necesariamente por una mayor apuesta por la calidad que por la cantidad. Un sistema más flexible de tasas no sólo serviría para contrarrestar la perniciosa regresividad del actual sistema de financiación y reducir el fracaso escolar, sino también para potenciar la FPS y dotar de mayor autonomía a los centros universitarios en la captación de esos recursos globalizados llamados esfuerzo y talento.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100501elpepieco_6&type=Tes&anchor=elpepueco
EL PAÍS - Economía - 01-05-2010
Alcanzar una mayor cohesión social basada en la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior constituye un requisito básico de cualquier sistema educativo eficaz y equitativo. Frente a la extendida creencia de que el sistema público en España alcanza dichos objetivos, la realidad es bien distinta: la probabilidad de acceso a la universidad de los hijos de padres no universitarios continúa siendo casi cinco veces inferior a la de los hijos de padres universitarios.
En la actualidad, cada alumno en las universidades públicas cuesta anualmente unos 8.000 euros al contribuyente, mientras que las tasas de matriculación representan el 12% de dicho coste. Con independencia de su estrato de procedencia y de su rendimiento académico, cada universitario recibe una subvención anual de 7.000 euros, cuya justificación convencional descansa en la naturaleza de la educación como un bien "cuasi" público, fuente de externalidades positivas para la sociedad globalmente (mayor productividad y capacidad de innovar, mejor calidad de vida, etcétera).
No obstante, el resultado de dicha financiación resulta ser preocupantemente regresivo. En efecto, el rendimiento salarial de un año adicional de educación universitaria viene a ser del 7%-10% frente a un rendimiento social del 1%-3%. En nuestro país, estas rentabilidades relativas se interpretan a la inversa: el estudiante debería sufragar el 70% del coste de su formación (suponiendo un impuesto medio sobre la renta del 30%) en vez del 12%. Con una mayoría de alumnos procedentes de las clases media / alta, el mantenimiento de tasas idénticas para todo el alumnado conlleva que el contribuyente situado en las zonas media y baja de la distribución de la renta acabe subvencionando a aquellos que potencialmente se situarán en la parte más alta.
Frente a una financiación alternativa basada en préstamos-renta y tasas variables en función de la capacidad económica del alumno capaces de sufragar un ambicioso programa de becas para los alumnos con menos medios (España destina a becas el 0,09% del PIB frente a un 0,25% de media en la UE), rige el "café para todos". Ello se debe en gran parte a que la obtención de un título en una buena o mala universidad resulta escasamente relevante como aval de calidad sobre la inserción del universitario en el mercado laboral.
El retraso en completar una titulación tampoco importa. Repetir en tercera convocatoria la mitad de las asignaturas de un curso supone una penalización total de 765 euros, menos del 10% del coste anual sufragado por el contribuyente. Ante estos incentivos tan perversos, no es de extrañar que un 30% de los alumnos abandonen sin obtener titulación alguna y que sólo un 30% se licencien en el periodo preestablecido. Sorprendentemente se ignora en el debate público que dicho fracaso lleva aparejado un elevado despilfarro de recursos que podrían utilizarse, por ejemplo, para fortalecer la denostada Formación Profesional Superior (FPS) y aumentar sustancialmente el gasto en becas. Las estimaciones existentes sitúan dicho despilfarro entre el 0,15% y el 0,20% del PIB anualmente, dependiendo del tamaño del efecto "acreditación" asociado a completar una titulación frente al abandono.
En contraste con EE UU, la universidad privada en España (un 11% del alumnado en primer y segundo ciclo) no ha supuesto una mayor competencia para el sistema público. Suele acoger al alumnado de clase media / alta que, careciendo de nota suficiente para acceder al sistema público, acaba pagando una elevada matrícula a cambio de una formación mediocre. Incluso aquellas que cuentan con cierto prestigio docente, presentan una actividad investigadora muy reducida. En otras palabras, a diferencia de lo que ha ocurrido con algunas destacadas Escuelas de Negocios, las clases pudientes en España no han apostado ni por la creación de universidades privadas de élite (tipo Ivy League en EE UU), ni por apoyar generosamente centros públicos prestigiosos donde formar a la alta administración (tipo Grande École en Francia).
La reforma de nuestro sistema público universitario pasa necesariamente por una mayor apuesta por la calidad que por la cantidad. Un sistema más flexible de tasas no sólo serviría para contrarrestar la perniciosa regresividad del actual sistema de financiación y reducir el fracaso escolar, sino también para potenciar la FPS y dotar de mayor autonomía a los centros universitarios en la captación de esos recursos globalizados llamados esfuerzo y talento.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100501elpepieco_6&type=Tes&anchor=elpepueco
Suscribirse a:
Entradas (Atom)