Los promotores del plan parcial de Castiello de Bernueces tendrán que someter su proyecto a una evaluación de impacto ambiental. Así lo determina la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente en una resolución del 6 de septiembre que el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» (BOPA) hacía pública ayer. La operación debe hacer frente a este nuevo requisito después de haber superado ya seis años de trámites administrativos.
Es la primera vez en Asturias que una operación urbanística de estas características tiene que ir avalada por un estudio de impacto ambiental. La legislación vigente obliga a realizar dicha evaluación cuando el suelo se destina a uso industrial o en las actuaciones residenciales que abarquen más de un millón de metros cuadrados. El plan de Castiello, con una superficie de 948.664 metros cuadrados, no estaría sujeta, en principio, a esta exigencia legal.
Pero la Administración autonómica considera que, de esta operación de casi 4.000 viviendas, se derivan «potenciales efectos negativos directos sobre la vega del Piles y sus valores naturales asociados». Advierte, además, de «impactos acumulables» con el proyecto urbanístico que se llevará a cabo en la vecina parroquia de Granda, donde el Plan General de Ordenación (PGO) ha generado una bolsa de suelo edificable de 337.000 metros cuadrados.
La Consejería se basa en informes de la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje; la Dirección General de Carreteras; Patrimonio Cultural, y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Organismos que se pronunciaron sobre el plan de Castiello entre noviembre de 2008 y febrero de 2009, planteando desde la necesidad de documentar los tráficos de la futura área residencial hasta medidas correctoras -como la adecuación de pasos subterráneos- para garantizar el normal desplazamiento de las poblaciones de anfibios.
En el caso de la Confederación Hidrográfica, se solicitó directamente «un estudio de impacto detallado», además de poner condiciones al proyecto constructivo. La primera: «Eludir la canalización de cauces de cualquier orden». El proyecto de urbanización de Castiello incluye un vial de 9 metros en la margen izquierda del Piles y varios puentes sobre el río, lo que puso en alerta a la Confederación, que también pedía explicaciones sobre la decisión de instalar una red de saneamiento que no separa las aguas fluviales de las fecales.
Casi tres años después de que se hiciesen estas consideraciones, el Gobierno regional resuelve «la necesidad de sujeción del proyecto al trámite de evaluación de impacto ambiental». Según la documentación publicada en el BOPA, el estudio deberá contemplar los efectos sobre el paisaje -aportando perfiles y fotomontajes de la visibilidad del ámbito desde la zona más al oeste de Granda-; aportar soluciones técnicas a los reparos de la Confederación, e incluir tres alternativas posibles que «permitan elegir, mediante criterios objetivos, la más favorable desde el punto de vista ambiental». La Consejería también exige un proyecto de alumbrado, un plan de gestión de residuos, una descripción detallada de las infraestructuras previstas y un análisis de «los efectos acumulables con el proyecto de Granda».
