jueves, 30 de septiembre de 2010
Expertos, contrarios al relleno de arena de la playa de San Lorenzo
La aportación de arena que se realizará en la playa San Lorenzo para paliar la pérdida de parte del arenal provocado por las obras de ampliación de El Musel provoca reacciones encontradas. El profesor de Geología Marina de la Universidad de Oviedo, Germán Flor, considera la obra “un gasto innecesario” y un “despilfarro”. Según el experto, la regeneración puede suponer un “problema” dependiendo del lugar en el que se realice. De esta forma, las previsiones del ayuntamiento hablan de una aportación de arena en la zona occidental de la playa (Iglesia de San Pedro) cuando la erosión se estaría produciendo en las inmediaciones de El Piles. Asimismo, Flor advierte de que se debe tener en cuenta el grano a introducir puesto que debe ser del mismo tipo que el ya existente en San Lorenzo. “Si se añade una arena más gruesa, que es lo que está previsto, la playa puede generar unas características similares a la de Poniente. Es decir, que en la zona intermareal se presente un talud y una pendiente profunda, lo que supondría un mayor peligro para el baño”, aclara. Además, este tipo de arena, al igual que en Poniente, procede de un yacimiento conchífero. Flor también asegura que a medida que el oleaje vaya movilizando la arena, se ganará espacio en la playa. Por otra parte, en relación a si la principal causa de la pérdida de arenal se debe a los dragados de El Musel, considera que es “demasiado pronto para determinar la relación causa-efecto, pero sí recuerda que la construcción del dique “cambiará la dinámica de las mareas”.
Los expropiados de la ZALIA buscan por segunda vez amparo en los tribunales
Ya es oficial. La asociación de vecinos de San Andrés de los Tacones tomará medidas legales contra el procedimiento de expropiación que se ha llevado a cabo para la primera fase de la ZALIA. La Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias arranca en esta parroquia gijonesa con la urbanización de 107 hectáreas de terreno. Salvo en caso de acuerdo previo, el suelo se ha pagado a 2,99 y 5,98 euros. Los vecinos afectados por el expediente expropitario denuncian que «se ha manipulado el precio» de sus parcelas.
En esa supuesta manipulación reside el núcleo argumental de la demanda que tiene preparada la asociación vecinal de San Andrés. «Jugaron con la gente», airea Eusebio Ortega, en nombre de una parroquia que lleva luchando desde hace casi seis años contra el desarrollo de la zona logística. El presidente vecinal de San Andrés se reunía el martes con miembros de su junta directiva para empezar a dar pasos en favor de los expropiados. La primera decisión: dar luz verde a la demanda que les ha elaborado el abogado Roberto Roces. Ésta será la segunda vez que buscan amparo en los tribunales, que todavía no han dado respuesta a su primer contencioso.
El propio letrado dará a conocer públicamente el contenido de la querella en una rueda de prensa que se celebrará mañana, viernes, en el centro social de las antiguas escuelas. «Queremos que la opinión pública sepa lo que están haciendo con los vecinos», explica Ortega. La parroquia culpa al Gobierno del Principado y al Ayuntamiento de Gijón del «atropello que se ha cometido» con los expropiados. De la sociedad pública que promueve la ZALIA también forman parte el Ayuntamiento de Avilés y las Autoridades Portuarias de ambos municipios.
La entidad procedió la semana pasada al levantamiento de las actas previas de ocupación, trámite para el que estaban convocadas unas cincuenta personas. Entre ellas, los dueños de un negocio de maderas del que viven doce familias. Los trabajadores de la empresa desplegaron una pancarta frente a la Antigua Pescadería Municipal para dejar constancia de su rechazo a la expropiación.
Los responsables de la zona logística, donde ya han reservado suelo el Corte Inglés y la asociación asturiana de empresarios del transporte (Asetra), todavía no le han puesto una fecha concreta al inicio de las obras. Aunque se han comprometido a tener en marcha la urbanización de la primera fase de la ZALIA antes de que termine el año. La asociación de vecinos de San Andrés de los Tacones no descarta medidas de presión más allá de las actuaciones judiciales.
En esa supuesta manipulación reside el núcleo argumental de la demanda que tiene preparada la asociación vecinal de San Andrés. «Jugaron con la gente», airea Eusebio Ortega, en nombre de una parroquia que lleva luchando desde hace casi seis años contra el desarrollo de la zona logística. El presidente vecinal de San Andrés se reunía el martes con miembros de su junta directiva para empezar a dar pasos en favor de los expropiados. La primera decisión: dar luz verde a la demanda que les ha elaborado el abogado Roberto Roces. Ésta será la segunda vez que buscan amparo en los tribunales, que todavía no han dado respuesta a su primer contencioso.
El propio letrado dará a conocer públicamente el contenido de la querella en una rueda de prensa que se celebrará mañana, viernes, en el centro social de las antiguas escuelas. «Queremos que la opinión pública sepa lo que están haciendo con los vecinos», explica Ortega. La parroquia culpa al Gobierno del Principado y al Ayuntamiento de Gijón del «atropello que se ha cometido» con los expropiados. De la sociedad pública que promueve la ZALIA también forman parte el Ayuntamiento de Avilés y las Autoridades Portuarias de ambos municipios.
La entidad procedió la semana pasada al levantamiento de las actas previas de ocupación, trámite para el que estaban convocadas unas cincuenta personas. Entre ellas, los dueños de un negocio de maderas del que viven doce familias. Los trabajadores de la empresa desplegaron una pancarta frente a la Antigua Pescadería Municipal para dejar constancia de su rechazo a la expropiación.
Los responsables de la zona logística, donde ya han reservado suelo el Corte Inglés y la asociación asturiana de empresarios del transporte (Asetra), todavía no le han puesto una fecha concreta al inicio de las obras. Aunque se han comprometido a tener en marcha la urbanización de la primera fase de la ZALIA antes de que termine el año. La asociación de vecinos de San Andrés de los Tacones no descarta medidas de presión más allá de las actuaciones judiciales.
Los vecinos de Cenero acuerdan que su oposición al vertedero de AZSA «será frontal»
M. S.
La oposición de la parroquia de Cenero al vertedero previsto por Asturiana de Zinc (AZSA) «será frontal». Así lo acordaron los vecinos el pasado lunes, en una asamblea que se prolongó hasta la noche. El encuentro, convocado por la asociación «Los 16», contó con la presencia de un técnico de residuos del Principado de Asturias. Sus explicaciones no lograron convencer a los asistentes.
El residuo que AZSA pretende echar en el vertedero ya existente en La Enmesnada, barrio de Carbaínos, se conoce con el nombre de «jarosita». Ese material trae consigo «un montón de componentes pesados, como plomo o zinc», apunta el presidente de la Asociación de Vecinos «Los 16», de Cenero, Albino González. «Nos dicen que los residuos se tratarán con cemento y cal viva para neutralizar esos materiales pesados. Los convertirían en lo que llaman "jarofix"», prosigue.
En Canadá, país pionero en este sistema de tratamiento de residuos peligrosos, ni siquiera es obligatorio impermeabilizar el terreno, algo que en Cenero sí se haría. «Pero ni con ésas. Los vecinos están convencidos de que lo que se echa en la tierra, ahí se queda», señala Albino González, haciéndose eco del recelo que siente la parroquia ante los futuros efectos que pudieran derivarse de los vertidos de AZSA.
El gobierno regional, sin embargo, asegura que se extremarán las precauciones y que no hay motivo para el alarmismo. De hecho, ya está en tramitación el expediente que aprueba el vertido de residuos procedentes de la planta que Asturiana de Zinc tiene en Castrillón. La documentación se encuentra en fase de información pública desde el pasado 15 de septiembre. El período de alegaciones comprende 30 días hábiles.
Los vecinos de Cenero ya han tenido acceso a ese expediente, expuesto en la Consejería de Medio Ambiente, y «ahora lo estamos estudiando de cara a tomar medidas administrativas». Según se desprende de la última asamblea, la parroquia hará todo lo que esté en su mano para frenar la decisión de convertir La Enmesnada en un vertedero de AZSA. Actualmente, en esa zona de Carbaínos se echan piedras y tierras inertes, lo que no acarrea un peligro medioambiental para la parroquia. Parte de ese material se está utilizando ahora como relleno de la obra de ampliación de El Musel, al igual que la escombrera de Mina La Camocha.
La oposición de la parroquia de Cenero al vertedero previsto por Asturiana de Zinc (AZSA) «será frontal». Así lo acordaron los vecinos el pasado lunes, en una asamblea que se prolongó hasta la noche. El encuentro, convocado por la asociación «Los 16», contó con la presencia de un técnico de residuos del Principado de Asturias. Sus explicaciones no lograron convencer a los asistentes.
El residuo que AZSA pretende echar en el vertedero ya existente en La Enmesnada, barrio de Carbaínos, se conoce con el nombre de «jarosita». Ese material trae consigo «un montón de componentes pesados, como plomo o zinc», apunta el presidente de la Asociación de Vecinos «Los 16», de Cenero, Albino González. «Nos dicen que los residuos se tratarán con cemento y cal viva para neutralizar esos materiales pesados. Los convertirían en lo que llaman "jarofix"», prosigue.
En Canadá, país pionero en este sistema de tratamiento de residuos peligrosos, ni siquiera es obligatorio impermeabilizar el terreno, algo que en Cenero sí se haría. «Pero ni con ésas. Los vecinos están convencidos de que lo que se echa en la tierra, ahí se queda», señala Albino González, haciéndose eco del recelo que siente la parroquia ante los futuros efectos que pudieran derivarse de los vertidos de AZSA.
El gobierno regional, sin embargo, asegura que se extremarán las precauciones y que no hay motivo para el alarmismo. De hecho, ya está en tramitación el expediente que aprueba el vertido de residuos procedentes de la planta que Asturiana de Zinc tiene en Castrillón. La documentación se encuentra en fase de información pública desde el pasado 15 de septiembre. El período de alegaciones comprende 30 días hábiles.
Los vecinos de Cenero ya han tenido acceso a ese expediente, expuesto en la Consejería de Medio Ambiente, y «ahora lo estamos estudiando de cara a tomar medidas administrativas». Según se desprende de la última asamblea, la parroquia hará todo lo que esté en su mano para frenar la decisión de convertir La Enmesnada en un vertedero de AZSA. Actualmente, en esa zona de Carbaínos se echan piedras y tierras inertes, lo que no acarrea un peligro medioambiental para la parroquia. Parte de ese material se está utilizando ahora como relleno de la obra de ampliación de El Musel, al igual que la escombrera de Mina La Camocha.
La Pedrera reclama que se permita edificar en la parroquia «a los chavales de aquí»
El debate sobre el Plan General de Ordenación (PGO) volverá mañana a La Pedrera. Y la parroquia, de la que procede la primera sentencia anulatoria dictada contra el planeamiento urbanístico gijonés, no se mueve en su postura. Tal como el Ayuntamiento plantea el crecimiento de la ciudad, «nos condena al abandono», sostienen los vecinos.
El nuevo PGO, ahora en fase de alegaciones, limita el desarrollo residencial de las parroquias. Sólo se pueden construir viviendas unifamiliares en los núcleos rurales preexistentes, y si se cumplen una serie de condicionantes. Como única excepción, se permitirá edificar en suelo no urbanizable cuando la casa esté vinculada a una explotación agropecuaria. Si la actividad cesa, la vivienda deberá demolerse.
Los vecinos de La Pedrera consideran que el Plan General de Ordenación «es demasiado restrictivo» y piden una mayor flexibilidad en su cuerpo normativo. «Aquí, el sector primario cada vez tiene menos peso. Ya casi nadie se dedica a la agricultura y a la ganadería. Si nos obligan a tener paradas las fincas, esto en lugar de ser un paraíso verde se va a convertir en monte», contextualiza José Antonio López, presidente de la asociación vecinal «San Andrés», de La Pedrera.
Y propone: «A los chavales que sean de aquí, deberían dejarles hacer una casa. Si sus padres tienen una parcela en la parroquia, esté o no en núcleo rural, ¿por qué los obligan a buscar otro sitio donde vivir?». Los vecinos abogan por que se incorporen al PGO más excepciones que la de vincular la construcción de una vivienda a la actividad agrícola o ganadera. No se trata de hormigonar la zona rural, «pero tampoco de tener las fincas paradas años y años».
Lo que «no tiene ningún sentido», según la opinión de los vecinos de La Pedrera, es que «gente joven con fincas en la parroquia tenga que comprar suelo en otra zona de Gijón para poder hacerse una casa». Un planteamiento que la asociación «San Andrés» ya defendió en la tramitación del PGO anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Contra ese Plan de Ordenación se presentaron más de 3.000 alegaciones y se organizaron tres «marchas verdes». Aun así, el equipo de gobierno municipal, que forman PSOE e IU, dio su aprobación al documento.
Varios particulares y colectivos ciudadanos optaron, entonces, por la vía judicial. El 15 de julio de 2009, respondiendo al contencioso presentado por José Antonio López y su familia, se hizo pública la primera sentencia desfavorable al Ayuntamiento. Con el paso de los meses irían llegando otras 29. En todas ellas el Tribunal Superior de Justicia de Asturias declaró nulo el planeamiento urbanístico de la ciudad por deficiencias relacionadas con la normativa medioambiental y con el proceso de participación ciudadana.
Estos fallos, aunque están recurridos ante el Tribunal Supremo, forzaron al gobierno municipal a revisar el PGO. Mañana «volveremos al principio», apunta López. A las 19.30 horas se celebrará una asamblea en las antiguas escuelas para mostrar a los vecinos aquella documentación del nuevo Plan General que afecta a la parroquia. Se pondrán a su disposición planos facilitados por los servicios urbanísticos municipales y el asesoramiento del abogado de la federación rural «Les Caseríes».
El nuevo PGO, ahora en fase de alegaciones, limita el desarrollo residencial de las parroquias. Sólo se pueden construir viviendas unifamiliares en los núcleos rurales preexistentes, y si se cumplen una serie de condicionantes. Como única excepción, se permitirá edificar en suelo no urbanizable cuando la casa esté vinculada a una explotación agropecuaria. Si la actividad cesa, la vivienda deberá demolerse.
Los vecinos de La Pedrera consideran que el Plan General de Ordenación «es demasiado restrictivo» y piden una mayor flexibilidad en su cuerpo normativo. «Aquí, el sector primario cada vez tiene menos peso. Ya casi nadie se dedica a la agricultura y a la ganadería. Si nos obligan a tener paradas las fincas, esto en lugar de ser un paraíso verde se va a convertir en monte», contextualiza José Antonio López, presidente de la asociación vecinal «San Andrés», de La Pedrera.
Y propone: «A los chavales que sean de aquí, deberían dejarles hacer una casa. Si sus padres tienen una parcela en la parroquia, esté o no en núcleo rural, ¿por qué los obligan a buscar otro sitio donde vivir?». Los vecinos abogan por que se incorporen al PGO más excepciones que la de vincular la construcción de una vivienda a la actividad agrícola o ganadera. No se trata de hormigonar la zona rural, «pero tampoco de tener las fincas paradas años y años».
Lo que «no tiene ningún sentido», según la opinión de los vecinos de La Pedrera, es que «gente joven con fincas en la parroquia tenga que comprar suelo en otra zona de Gijón para poder hacerse una casa». Un planteamiento que la asociación «San Andrés» ya defendió en la tramitación del PGO anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Contra ese Plan de Ordenación se presentaron más de 3.000 alegaciones y se organizaron tres «marchas verdes». Aun así, el equipo de gobierno municipal, que forman PSOE e IU, dio su aprobación al documento.
Varios particulares y colectivos ciudadanos optaron, entonces, por la vía judicial. El 15 de julio de 2009, respondiendo al contencioso presentado por José Antonio López y su familia, se hizo pública la primera sentencia desfavorable al Ayuntamiento. Con el paso de los meses irían llegando otras 29. En todas ellas el Tribunal Superior de Justicia de Asturias declaró nulo el planeamiento urbanístico de la ciudad por deficiencias relacionadas con la normativa medioambiental y con el proceso de participación ciudadana.
Estos fallos, aunque están recurridos ante el Tribunal Supremo, forzaron al gobierno municipal a revisar el PGO. Mañana «volveremos al principio», apunta López. A las 19.30 horas se celebrará una asamblea en las antiguas escuelas para mostrar a los vecinos aquella documentación del nuevo Plan General que afecta a la parroquia. Se pondrán a su disposición planos facilitados por los servicios urbanísticos municipales y el asesoramiento del abogado de la federación rural «Les Caseríes».
El Ayuntamiento congelará los impuestos municipales y aplicará a las tasas el IPC
Á. CABRANES
El año que viene será el de «la moderación fiscal; el del equilibrio de los recursos públicos, en un espacio singular por la coyuntura económica». Santiago Martínez Argüelles, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Gijón, resume así el contenido de la nueva propuesta de ordenanza fiscal para 2011. En ella se apuesta por congelar los impuestos municipales, tales como construcciones, actividades económicas, plusvalía y la «viñeta». En el caso del que repercute sobre los bienes inmuebles, el edil ha apuntado que «se prorroga la limitación al crecimiento en el nueve por ciento, en el último año que se puede aplicar este limite, de acuerdo con la legislación vigente».
En las tasas y precios públicos se aplicará una subida equivalente al IPC de julio (1,9 por ciento), aunque en los servicios sujetos a IVA también se aplicará la subida correspondiente a este año -desarrollada también en el mes de julio-, pero que hasta el momento no se había repercutido al pago que hacen los ciudadanos este año por gozar de estos servicios. Todas estas propuestas deberán ser aprobadas la próxima semana en comisión municipal.
Argüelles especificó también algunos casos, como el que ocurrirá con la tasa de en las plazas de aparcamiento sujetas a ORA, en los que aclaró que «se subirá el precio de la segunda hora de aparcamiento, que pasará de 0,70 a 0,75 euros, para igualarla con el coste de la primera». También se realizarán algunos ajustes técnicos en las tasas por mesa y silla, para ajustarlas a la nueva Ordenanza de Terrazas. En lo que respecta al precio del billete de Emtusa, el concejal de Hacienda ha argumentado que espera que en breve se cierre, ya que es otro de los servicios sometidos a IVA. Los más favorecidos serán aquellos vinculados a los precios públicos de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, que se mantendrán en 2011, quedando fuera del criterio general de subida. Incluso dentro de esta iniciativa se contempla que el vinculado a la ayuda a domicilio experimentará una reducción, al aplicar un criterio nuevo de ajuste respecto al IPREM, indicador de renta utilizado en las valoraciones.
El año que viene será el de «la moderación fiscal; el del equilibrio de los recursos públicos, en un espacio singular por la coyuntura económica». Santiago Martínez Argüelles, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Gijón, resume así el contenido de la nueva propuesta de ordenanza fiscal para 2011. En ella se apuesta por congelar los impuestos municipales, tales como construcciones, actividades económicas, plusvalía y la «viñeta». En el caso del que repercute sobre los bienes inmuebles, el edil ha apuntado que «se prorroga la limitación al crecimiento en el nueve por ciento, en el último año que se puede aplicar este limite, de acuerdo con la legislación vigente».
En las tasas y precios públicos se aplicará una subida equivalente al IPC de julio (1,9 por ciento), aunque en los servicios sujetos a IVA también se aplicará la subida correspondiente a este año -desarrollada también en el mes de julio-, pero que hasta el momento no se había repercutido al pago que hacen los ciudadanos este año por gozar de estos servicios. Todas estas propuestas deberán ser aprobadas la próxima semana en comisión municipal.
Argüelles especificó también algunos casos, como el que ocurrirá con la tasa de en las plazas de aparcamiento sujetas a ORA, en los que aclaró que «se subirá el precio de la segunda hora de aparcamiento, que pasará de 0,70 a 0,75 euros, para igualarla con el coste de la primera». También se realizarán algunos ajustes técnicos en las tasas por mesa y silla, para ajustarlas a la nueva Ordenanza de Terrazas. En lo que respecta al precio del billete de Emtusa, el concejal de Hacienda ha argumentado que espera que en breve se cierre, ya que es otro de los servicios sometidos a IVA. Los más favorecidos serán aquellos vinculados a los precios públicos de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, que se mantendrán en 2011, quedando fuera del criterio general de subida. Incluso dentro de esta iniciativa se contempla que el vinculado a la ayuda a domicilio experimentará una reducción, al aplicar un criterio nuevo de ajuste respecto al IPREM, indicador de renta utilizado en las valoraciones.
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