El debate sobre el Plan General de Ordenación (PGO) volverá mañana a La Pedrera. Y la parroquia, de la que procede la primera sentencia anulatoria dictada contra el planeamiento urbanístico gijonés, no se mueve en su postura. Tal como el Ayuntamiento plantea el crecimiento de la ciudad, «nos condena al abandono», sostienen los vecinos.
El nuevo PGO, ahora en fase de alegaciones, limita el desarrollo residencial de las parroquias. Sólo se pueden construir viviendas unifamiliares en los núcleos rurales preexistentes, y si se cumplen una serie de condicionantes. Como única excepción, se permitirá edificar en suelo no urbanizable cuando la casa esté vinculada a una explotación agropecuaria. Si la actividad cesa, la vivienda deberá demolerse.
Los vecinos de La Pedrera consideran que el Plan General de Ordenación «es demasiado restrictivo» y piden una mayor flexibilidad en su cuerpo normativo. «Aquí, el sector primario cada vez tiene menos peso. Ya casi nadie se dedica a la agricultura y a la ganadería. Si nos obligan a tener paradas las fincas, esto en lugar de ser un paraíso verde se va a convertir en monte», contextualiza José Antonio López, presidente de la asociación vecinal «San Andrés», de La Pedrera.
Y propone: «A los chavales que sean de aquí, deberían dejarles hacer una casa. Si sus padres tienen una parcela en la parroquia, esté o no en núcleo rural, ¿por qué los obligan a buscar otro sitio donde vivir?». Los vecinos abogan por que se incorporen al PGO más excepciones que la de vincular la construcción de una vivienda a la actividad agrícola o ganadera. No se trata de hormigonar la zona rural, «pero tampoco de tener las fincas paradas años y años».
Lo que «no tiene ningún sentido», según la opinión de los vecinos de La Pedrera, es que «gente joven con fincas en la parroquia tenga que comprar suelo en otra zona de Gijón para poder hacerse una casa». Un planteamiento que la asociación «San Andrés» ya defendió en la tramitación del PGO anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Contra ese Plan de Ordenación se presentaron más de 3.000 alegaciones y se organizaron tres «marchas verdes». Aun así, el equipo de gobierno municipal, que forman PSOE e IU, dio su aprobación al documento.
Varios particulares y colectivos ciudadanos optaron, entonces, por la vía judicial. El 15 de julio de 2009, respondiendo al contencioso presentado por José Antonio López y su familia, se hizo pública la primera sentencia desfavorable al Ayuntamiento. Con el paso de los meses irían llegando otras 29. En todas ellas el Tribunal Superior de Justicia de Asturias declaró nulo el planeamiento urbanístico de la ciudad por deficiencias relacionadas con la normativa medioambiental y con el proceso de participación ciudadana.
Estos fallos, aunque están recurridos ante el Tribunal Supremo, forzaron al gobierno municipal a revisar el PGO. Mañana «volveremos al principio», apunta López. A las 19.30 horas se celebrará una asamblea en las antiguas escuelas para mostrar a los vecinos aquella documentación del nuevo Plan General que afecta a la parroquia. Se pondrán a su disposición planos facilitados por los servicios urbanísticos municipales y el asesoramiento del abogado de la federación rural «Les Caseríes».
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