27.09.2010 - ARMANDO F. BARTOLOMÉCOORDINADOR LOCAL DE UP Y D DE GIJÓN
Las condiciones de legitimidad moral de la huelga han sido sistematizadas por la ética tradicional en fórmulas precisas. En general, una huelga es lícita si se verifican simultáneamente tres condiciones: 1) que se trate de una causa justa; 2) que no exista otro camino para defenderla, y 3) que se tengan fundadas esperanzas de éxito, es decir, que medie proporción entre los bienes que se esperan y los males que se temen. Y, obviamente, es exigible una mayor circunspección si se trata de una huelga general que, por afectar a sectores clave, puede acarrear repercusiones muy graves.
La huelga general que ha sido convocada para el 29 plantea muchas dudas a los ciudadanos, no solo respecto a si se cumplen estas tres condiciones, sino, más radicalmente, sobre las verdaderas intenciones de los principales convocantes, porque llega con cuatro meses de retraso si lo que se pretende es modificar la ley de la reforma laboral. Cabe sospechar que se trata de una convocatoria de «huelga rebajada y light» que persigue sibilinamente objetivos más directamente mediáticos y políticos que laborales. Mediáticos porque los aparatos sindicales de UGT y CC OO necesitan guardar las formas ante sus simpatizantes y lograr un contrapeso al proceso de deslegitimación al que les han abocado sus actuaciones de los últimos años y que han tenido su colofón en el fiasco de la huelga de junio que apenas siguieron un 11% de los funcionarios, a pesar de que el Partido Socialista les acababa de bajar el sueldo. Política porque en último término se trata de perjudicar lo menos posible las expectativas electorales del PSOE y de Zapatero, que horas después de la huelga empezará a presentarse como el cordero sacrificial que se ha autoinmolado por el bien de España. Se trata de salvar la cara, pero sin enfrentarse con un PSOE que, para mantenerse en el poder, acaba de mercadear vergonzosamente con la rancia derecha vasca para que sean transferida a Euskadi la gestión de los fondos para las políticas activas de empleo y también las bonificaciones a las cuotas empresariales. Lo que supone en la práctica que recibirán un importe por parado muy por encima del resto de las comunidades del Estado. O sea, un privilegio (que no derecho) que dinamita, una vez más, la igualdad entre los españoles y la cohesión de nuestro pais. ¡Si Pablo Iglesias levantara la cabeza...!
Conclusión: los sindicatos son necesarios , más necesarios que nunca, dada la dramática situación económica de España, pero lo que legitima sus actuaciones (huelgas incluidas) es su independencia de la patronal y de los partidos políticos.
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