Ciudadanos asegura que la historia de las Mancomunidades en Asturias ha sido un fracaso absoluto como atestigua, por ejemplo, “el enésimo embarranque de la Mancomunidad del Cabo Peñas ...que puede irse a pique

El diputado, Armando Fernández Bartolomé sostiene que es necesario “repensar la prestación de servicios y no estar atados a divisiones administrativas caducas”

Oviedo, miércoles 10 de enero de 2018. El diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs) en la Junta General del Principado, Armando Fernández Bartolomé ha criticado hoy el “mal funcionamiento de las mancomunidades y la ausencia de  alternativas , como por ejemplo las fusiones municipales,  por intereses clientelares de los partidos políticos y el localismo mas burdo”.

“Lo que interesa a los ciudadanos realmente son prestaciones de  servicios  con una buena relación calidad- precio , eficacia económica y no estar maniatados a divisiones administrativas  del siglo pasado”, ha asegurado Fernández Bartolomé.

El diputado de la formación liberal se  ha referido , como ejemplo, a la situación de la Mancomunidad del Cabo Peñas (que integra a los concejos de Carreño y Gozón), para recordar que “los fracasos afectan a municipios incluso gobernados, como en este caso, por un mismo partido:  el PSOE. Mancomunidad que lleva en crisis desde el año 2005 (no aprobación de las cuentas, informes negativos de la Sindicatura de Ciuentas...etc) hasta hoy mismo.

Desde Ciudadanos hemos hablado en reiteradas ocasiones de la necesidad de abordar fusiones municipales para una mayor racionalización de la administración pública. “Si queremos tomar en serio los grandes problemas de la administración local y su coordinación con la administración autonómica, hay que hacer en Asturias hacia un estudio riguroso y detallado de fusión municipal. Hacer lo mismo con menos recursos o hacer mucho más con los mismos…. es obligación de los poderes públicos. La fusión entre municipios  colindantes, con necesidades semejantes y cuyos servicios públicos compartidos mejoran la calidad de su prestación a los ciudadanos…. es una obligación por eficacia y eficiencia en el empleo del dinero público". ha indicado el diputado.

De parlamentos y deudas

ARTICULO PUBLICADO POR EL DIARIO EL COMERCIO 10/1/2018

En el año 2016 el Gobierno del PSOE, mediante el Decreto 207/2015 de 30 de diciembre, acudió al endeudamiento por un importe equivalente al contemplado en la Ley de Presupuestos Generales para 2015. El Gobierno aplicó el criterio de que “dicha prórroga, que opera de forma automática en créditos, ingresos y gastos respecto a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos prorrogada, lo hace también en lo referido a la autorización de endeudamiento que implícitamente dicha Ley confiere”.

Ciudadanos, y otros grupos, criticamos esta decisión porque prorrogar la deuda (sin pedir autorización a la Junta) suponía un ejercicio de irresponsabilidad política y, probablemente, también una ilegalidad. El criterio gubernamental resultaba una clara contravención de las disposiciones previstas tanto en el artículo 48.1 del Estatuto de Autonomía, como en el Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario de Asturias (TREPPA). De hecho así lo considera también la Sindicatura de Cuentas, como refleja las conclusiones de su informe de fiscalización de la Cuenta General del Principado de Asturias del año 2015 emitido recientemente. También ratifican nuestra posición diversas sentencias del TSJA y del Tribunal Supremo

El asunto es importante por ser de principios : en el origen histórico de los parlamentos modernos está el control, que nobles y procuradores de las ciudades, querían ejercitar sobre los dineros (de todos) destinados por los reyes a las guerras ; si estos gastos (y deudas) respondían al interés general o a intereses particulares. En tan importante materia no caben interpretaciones heterodoxas ni subterfugios salvo que se quiera descafeinar la actividad parlamentaria y no rendir cuentas. Queremos decidir en qué “guerras” queremos estar frente a la permanente tentación de los gobiernos de usar, para sus intereses, el endeudamiento público como un método de apropiación de los impuestos del futuro.

En definitiva, la autorización al Gobierno para poder recurrir al endeudamiento es una de las competencias que legítimamente corresponden en exclusiva a la Cámara de la Junta General, por lo que una actuación del Gobierno de Asturias que ignore este principio no sólo constituye una clara vulneración de la legalidad, sino también una usurpación ilegítima de las atribuciones fundamentales que el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico confieren a la Junta General como sede representativa del pueblo asturiano. En Ciudadanos creemos en la democracia liberal y la separación de poderes.