Desde que el pasado julio el actual presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, supo que no iba a ser otra vez el candidato socialista, la Administración asturiana vive en una perniciosa situación de interinidad. Cuando concluya el proceso electoral del próximo mes de mayo y tome posesión un nuevo Ejecutivo, habrá transcurrido un año políticamente improductivo en el peor momento de la crisis. Hoy es más necesario que nunca sujetar con firmeza el timón y trazar un rumbo claro con decisiones trascendentes, no contemplar cómo la nave zozobra al albur de cualquier viento. Pero el Gobierno regional anda ausente y, lo que aún debilita más a Asturias, lega a sus sucesores una complicada carga.
Si cualquier fin de mandato suele inducir, por inercia, la parálisis a la Administración autonómica, la peculiaridad del período que encara ahora Asturias agrava ese defecto de provisionalidad. Atravesamos por una fase inédita: un equipo amortizado que tiene la certeza de que, ocurra lo que ocurra en las urnas, venzan los suyos o los otros, ya no repite. El relajo invade los últimos meses de vida de este Gobierno. Tras la confirmación del relevo en la candidatura socialista, el Ejecutivo pactó por primera vez sin tensiones el Presupuesto, la principal ley regional. Las vísperas electorales son pródigas en concesiones para ahorrar desavenencias y desgastes, quien venga detrás que apeche. Y desde que en diciembre se aprobaron las Cuentas hasta el pasado miércoles transcurrieron veinte días sin que el gabinete celebrara una sola reunión.
La salud y la calidad de las democracias se mide por la riqueza de su vida parlamentaria. La de Asturias renquea. Insulsas modificaciones de leyes y transposiciones al ámbito regional de normas nacionales y europeas rellenan la actividad de la Junta del último año. El Gobierno descuidó una de sus misiones esenciales, la iniciativa legislativa. En los casos en que se arremangó, como el de la Función Pública, fue para labores defensivas, con un traje a medida concebido expresamente para evitar las condenas por sus erráticas relaciones laborales.
La herencia no es apetecible. El rigor más escrupuloso no inspira muchos procesos administrativos. Hay obras decididas con ligereza y también ligereza en la adjudicación de obras: contrataciones a la carta, supuestos criterios objetivos que son puerta abierta a la discrecionalidad, fraccionamiento excesivo de proyectos para esquivar controles... Vicios muy comunes a todas las autonomías sin que quepa alegar la generalización del virus como atenuante. Las advertencias por los malos hábitos económicos son reiteradas. Ahí están los informes de la Sindicatura para atestiguarlo, con reparos año tras año a la escasa información sobre la deuda, a los ardides para tapar agujeros, a los impuestos que se presupuestan y no se cobran o al irregular proceder contable con los fondos mineros.
Del pliego de cargos quizá lo más grave sea lo que atañe a la política de personal, que deja una Administración tocada y enmarañada en variados litigios. No se hicieron los deberes para ordenar la casa y allá donde se metió la mano el ambiente acabó enrarecido. Todo nace del mismo afán: controlar al funcionario no para que ejerza su trabajo con provecho y eficacia, sino para recompensar la docilidad como actitud y la fidelidad como mérito, por más que los jueces enmienden este propósito sentencia a sentencia.
La concentración de la contratación y selección de todo el personal del Principado ha resultado un fracaso. Hasta los socialistas no lo esconden. Lo que en principio respondía a un intento de racionalizar el proceso lo ha complicado de manera innecesaria, doblando el trabajo y generando un gran caos y resquemores. Tradicionalmente, las consejerías de Salud y Educación se responsabilizaban de las oposiciones y de la oferta de empleo para sus respectivas áreas, por el volumen y especificidad de las mismas. Ambas acaparan el grueso de la plantilla del Principado, 24.000 de los 35.000 empleados públicos. La Consejería de Administraciones Públicas manejaba sólo 4.000 y tuvo que asumir de golpe la gestión de todos ellos. Alejar la decisión para incorporar un médico o un profesor del mundo sanitario o docente en el que debe desarrollar sus capacidades no parece tener mucha lógica.
Otra medida centralizadora que falló con estrépito, de la misma añada que la anterior, ha sido la de unificar los sistemas informáticos y la gestión telefónica. Adoptada supuestamente para obtener precios mejores y ahorrar, lo cierto es que ha disparado los gastos. Además, con la externalización de la asistencia técnica, muchos especialistas en ordenadores que ya tenía fijos el Principado permanecen ociosos. Las comunicaciones de los colegios asturianos salen más caras ahora, facturadas en conjunto, que antes, cuando cada centro pagaba de manera independiente las suyas, lo que además de inexplicable e irracional es un escándalo.
Nunca tan abiertamente como en estos días se planteó la necesidad de reconducir el modelo territorial para acabar con duplicidades, despilfarros e ineficiencias. Las autonomías viven el período más delicado de su travesía. Todas las miradas se vuelven hacia las regiones mientras el Gobierno asturiano camina en precario, entre el cinismo de los suyos. Es la trampa del relevo forzoso acometido: el candidato entrante no habla para no chocar con el saliente y el saliente no actúa para no disgustar al entrante. En medio, el goteo de los que escapan prestos a buscar refugio en otras canonjías.
«Cuando un gobierno dura mucho tiempo se descompone poco a poco y sin notarlo», escribió Montesquieu. Hacer las cosas mal puede ser descuido. Tomar cada consejo para enmendarlas como una agresión es necedad. Cualquiera de los candidatos que gane el 22 de mayo deberá rectificar aprisa esta deriva si quiere que Asturias tenga alguna oportunidad después de la crisis.
Si cualquier fin de mandato suele inducir, por inercia, la parálisis a la Administración autonómica, la peculiaridad del período que encara ahora Asturias agrava ese defecto de provisionalidad. Atravesamos por una fase inédita: un equipo amortizado que tiene la certeza de que, ocurra lo que ocurra en las urnas, venzan los suyos o los otros, ya no repite. El relajo invade los últimos meses de vida de este Gobierno. Tras la confirmación del relevo en la candidatura socialista, el Ejecutivo pactó por primera vez sin tensiones el Presupuesto, la principal ley regional. Las vísperas electorales son pródigas en concesiones para ahorrar desavenencias y desgastes, quien venga detrás que apeche. Y desde que en diciembre se aprobaron las Cuentas hasta el pasado miércoles transcurrieron veinte días sin que el gabinete celebrara una sola reunión.
La salud y la calidad de las democracias se mide por la riqueza de su vida parlamentaria. La de Asturias renquea. Insulsas modificaciones de leyes y transposiciones al ámbito regional de normas nacionales y europeas rellenan la actividad de la Junta del último año. El Gobierno descuidó una de sus misiones esenciales, la iniciativa legislativa. En los casos en que se arremangó, como el de la Función Pública, fue para labores defensivas, con un traje a medida concebido expresamente para evitar las condenas por sus erráticas relaciones laborales.
La herencia no es apetecible. El rigor más escrupuloso no inspira muchos procesos administrativos. Hay obras decididas con ligereza y también ligereza en la adjudicación de obras: contrataciones a la carta, supuestos criterios objetivos que son puerta abierta a la discrecionalidad, fraccionamiento excesivo de proyectos para esquivar controles... Vicios muy comunes a todas las autonomías sin que quepa alegar la generalización del virus como atenuante. Las advertencias por los malos hábitos económicos son reiteradas. Ahí están los informes de la Sindicatura para atestiguarlo, con reparos año tras año a la escasa información sobre la deuda, a los ardides para tapar agujeros, a los impuestos que se presupuestan y no se cobran o al irregular proceder contable con los fondos mineros.
Del pliego de cargos quizá lo más grave sea lo que atañe a la política de personal, que deja una Administración tocada y enmarañada en variados litigios. No se hicieron los deberes para ordenar la casa y allá donde se metió la mano el ambiente acabó enrarecido. Todo nace del mismo afán: controlar al funcionario no para que ejerza su trabajo con provecho y eficacia, sino para recompensar la docilidad como actitud y la fidelidad como mérito, por más que los jueces enmienden este propósito sentencia a sentencia.
La concentración de la contratación y selección de todo el personal del Principado ha resultado un fracaso. Hasta los socialistas no lo esconden. Lo que en principio respondía a un intento de racionalizar el proceso lo ha complicado de manera innecesaria, doblando el trabajo y generando un gran caos y resquemores. Tradicionalmente, las consejerías de Salud y Educación se responsabilizaban de las oposiciones y de la oferta de empleo para sus respectivas áreas, por el volumen y especificidad de las mismas. Ambas acaparan el grueso de la plantilla del Principado, 24.000 de los 35.000 empleados públicos. La Consejería de Administraciones Públicas manejaba sólo 4.000 y tuvo que asumir de golpe la gestión de todos ellos. Alejar la decisión para incorporar un médico o un profesor del mundo sanitario o docente en el que debe desarrollar sus capacidades no parece tener mucha lógica.
Otra medida centralizadora que falló con estrépito, de la misma añada que la anterior, ha sido la de unificar los sistemas informáticos y la gestión telefónica. Adoptada supuestamente para obtener precios mejores y ahorrar, lo cierto es que ha disparado los gastos. Además, con la externalización de la asistencia técnica, muchos especialistas en ordenadores que ya tenía fijos el Principado permanecen ociosos. Las comunicaciones de los colegios asturianos salen más caras ahora, facturadas en conjunto, que antes, cuando cada centro pagaba de manera independiente las suyas, lo que además de inexplicable e irracional es un escándalo.
Nunca tan abiertamente como en estos días se planteó la necesidad de reconducir el modelo territorial para acabar con duplicidades, despilfarros e ineficiencias. Las autonomías viven el período más delicado de su travesía. Todas las miradas se vuelven hacia las regiones mientras el Gobierno asturiano camina en precario, entre el cinismo de los suyos. Es la trampa del relevo forzoso acometido: el candidato entrante no habla para no chocar con el saliente y el saliente no actúa para no disgustar al entrante. En medio, el goteo de los que escapan prestos a buscar refugio en otras canonjías.
«Cuando un gobierno dura mucho tiempo se descompone poco a poco y sin notarlo», escribió Montesquieu. Hacer las cosas mal puede ser descuido. Tomar cada consejo para enmendarlas como una agresión es necedad. Cualquiera de los candidatos que gane el 22 de mayo deberá rectificar aprisa esta deriva si quiere que Asturias tenga alguna oportunidad después de la crisis.
