Juliana, por la borda

06.05.2010 - JOSÉ RAMÓN GALÁNEX DIRECTOR DE PROYECTO DE IZAR-GIJÓN

Parece increíble que también para Juliana haya llegado, sin remedio, la hora de poner punto final a la construccion naval en nuestra villa. Es el quinto y último astillero que se liquida tras un siglo de actividad industrial, dentro de un entorno, país y comunidad autonoma sediento de industria, paro inimaginable y crisis económica profunda. Es una incoherencia total que atenta contra el sentido comun y habla muy claro de la ignorancia que adorna a esta la clase politica que nos ha deparado el destino, a no ser que, premeditadamente, se persigan otras intenciones que no se han dado a conocer.
Ya di cuenta tiempo atrás de la capacidad de este astillero -dentro de la competencia nacional e internacional- para hacer frente a cualquier tipo de buque y armador, así como de las instalaciones y de un capital humano que se ha ido desamortizando poco a poco hasta su extinción, sin tener el apoyo de otros de otras zonas de España que, con menos avales, pudieron mantenerse en el grupo Navantia al ser defendidos por sus respectivos gobiernos regionales. Hoy en día, tanto vascos como andaluces y gallegos, desgajados de la matriz, son en cada caso sostenidos por sus autoridades regionales, que priorizan la defensa del sector naval al entender esta industria como actividad capital para sus respectivas regiones.
Aquí, todos (politicos de cualquier condicion y sindicalistas varios) se quedaron días atrás mirando al mar para contemplar la salida hacia la region vecina del casco de un buque de gran belleza, por más señas de armador de esta tierra, el 'Cristina de Masaveu', que nos enseñó la popa y retrató con vergüenza nuestra quietud e ineficacia.
Ahora ya tenemos una fachada marítima -desde Peñarrubia hasta El Musel- llena de playas, paseos y adornos -a falta de algún detalle inmobiliario que no tardará en llegar- para recreo, ocio, solaz y descanso de los incontables turistas que nos visitan. Una alternativa dolorosa para los jóvenes que emigraran, desconectados de su pasado reciente, a los que nadie será capaz de explicarles (por las derivaciones económicas en servicios, mano de obra, etcétera) por qué en estos tiempos que corren van a ver menguada su supervivencia.
Alguien de esta ciudad -no recuerdo quién- escribía no hace mucho tiempo que el devenir nos había llevado a la de supresión de los astilleros en razón de otras novedosas tecnologías de nuevo empuje, lo cual daría lustre a Gijón. También apuntaba que era de sabios prescindir de industrias tan obsoletas como de las que hablamos, sin saber que el proyecto de un buque, su construccion y su posterior navegación se rigen, hoy en día, por los más avanzados adelantos de la ciencia moderna y que son valor añadido.
Los tráficos marítimos serán imprescindibles, mientras el cambio climático no destruya las tres cuartas partes de mar de nuestro globo terráqueo, que debería llamarse marino.
En todo caso, y rozando el disparate, quién puede explicar que se haya prescindido de la escasa plantilla que tenía Juliana hasta hace no más de seis meses y que el medio centenar de posibles incorporaciones de la extinta Naval Gijón y un número indeterminado de subcontratistas con intereses dentro y fuera del astillero queden desamparados, cuando la financiación del buque cementero en construcción, que se trasladó a Astander, lo hizo bajo el paraguas de Cajastur, es decir, de la Caja de Ahorros de Asturias. Esta entidad se la denegó a Juliana cuando dicha financiación podría haber sido el punto de inflexión del astillero y un argumento que esgrimir ante el juez, que en breves fechas tendrá que dictar una resiolución al respecto. Pero, ¿qué es lo que va a poder dictar? Quizás lo que necesitan escuchar algunos para justificar no sabemos qué nueva operación, que dicen perfilada, sin concretar personas, bienes y posición económica.
Hasta hoy, incertidumbre ante la liquidación. ¿Mañana? Dios proveera o aparta de mí este caliz.

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Carreño negociará «el realojo con cada vecino de Carrió para evitar guetos»

El Ayuntamiento de Carreño negociará el realojo de los vecinos de Carrió más afectados por la expansión industrial de forma individualizada. Así lo explicó ayer la concejala de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio, Infraestructuras y Vivienda, Melania Álvarez, que quiso salir al paso de las críticas vecinales por que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del concejo no incluya una reserva de suelo para estos residentes. Según explicó, la respuesta que el gobierno local va a dar a los residentes no pasa por esta medida. «No queremos hacer un gueto, no se trata de concentrar a una población marginal en un sitio determinado, sino de todo lo contrario. Los afectados -cuya cifra rebajó a «muchos menos de 200, porque, si no, estaríamos hablando de toda la parroquia- podrán elegir entre varias opciones», comentó Álvarez.
Así, «a aquellos que residen actualmente en un área determinada del cinturón industrial», el equipo de gobierno les dará a elegir entre ser inquilinos de una vivienda en el lugar que elijan o recibir una indemnización económica. Las condiciones a convenir entre las partes serán las que se fijen en la fase de negociación.
Pese a que en el acuerdo suscrito con el Gobierno regional en 2007 se indicaba que el realojo de los vecinos de Carrió quedaba supeditado a la reserva de suelo en el PGOU, el Ayuntamiento matiza ahora que el compromiso del Ejecutivo autonómico se limita a la aportación económica que realizará para hacer frente a las indemnizaciones.
Cinturón verde
Con respecto a la expansión industrial, dentro del nuevo PGOU se recoge la creación de un cinturón de protección ambiental. Esto es, se constituirá un 'corredor verde' con la plantación de árboles de gran altura que partirá de las inmediaciones de la glorieta del Empalme para acabar en la playa de Peñamaría. Para llevar a cabo esta actuación, el suelo afectado será donado por las empresas del entorno.
El Ayuntamiento de Carreño también adelantó ayer que elaborará un calendario para explicar a los vecinos los detalles del planeamiento a los vecinos. El primer paso para que el proceso siga adelante será la aprobación inicial del documento, que se someterá a Pleno el día 13 de este mes.
Inicialmente, el nuevo PGOU cuenta con el respaldo del PSOE, IU y URAS, que ostentan la mayoría. Por el contrario, el resto de partidos, PP, UICA y UNA, mantienen su rechazo. Alegan falta de información y excesivo crecimiento urbano. Si recibe 'luz verde', tal y como está previsto, la siguiente fase será la convocatoria del consejo vecinal, en el que se explicarán los siguientes pasos desde que salga a información pública. En esta fase, se llevará a cabo una ronda por todas las parroquias para explicar el documento y facilitar la elaboración de alegaciones. Esta labor informativa correrá a cargo de un equipo de técnicos.

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Promotores de Nuevo Roces critican «la falta de planificación dotacional»

Promotores con proyectos edificatorios en marcha en Nuevo Roces se sumaron ayer las críticas de los futuros residentes por el déficit en materia de equipamientos e infraestructuras de un área que recibirá a sus primeros pobladores a partir del mes de junio. Emilio González, de la promotora Hijos de Emilio González y miembro de la comisión de trabajo para la nueva urbanización dentro de Asprocon, responsabiliza de la situación a «una falta de planificación dotacional total por parte de la Administración regional y local». González explicó que los constructores posicionados en Nuevo Roces llevan manteniendo reuniones con el Ayuntamiento desde hace año y medio. Los interlocutores han sido la alcaldesa y el concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo. «La alcaldesa siempre se ha mostrado sensible a nuestras propuestas, pero también nos ha dicho las cosas con claridad: ellos se van a responsabilizar de la construcción de una guardería de 0 a 3, pero para lo demás no hay dinero», resumió este promotor, quien ya tiene vendidos o apalabrados el 100% de sus pisos.
González lamentó que en el plan especial de Roces hay suelo reservado para equipamientos y dotaciones, pero en cambio «no hay un calendario» para ir dotando de servicios a una población que, según sus estimaciones, a lo largo de 2011 puede alcanzar fácilmente las 2.000 ó las 3.000 personas. «No se puede sembrar de suelo urbano una nueva zona de Gijón sin dotarlo de equipamientos. Creo que el Ayuntamiento no previó que el desarrollo de este área residencial se iba a producir tan rápidamente», opinó el promotor.
Otra importante carencia sobre la que han advertido al Ayuntamiento los constructores de Nuevo Roces es «la insuficiencia de los accesos y comunicaciones» del nuevo enclave, que está separado de la trama urbana por dos autovías. Y el problema, argumentan, no sólo afecta a los conductores, sino también a los peatones. «No se puede salir o entrar al área residencial a pie porque lo que te encuentras son carreteras generales sin aceras», criticó.
«Preocupación tremenda»
En cuanto al estudio de accesos que está realizando el Consistorio para la zona, González indicó que el túnel bajo la autovía le parece «una salvajada y una obra costosísima» frente a otras posibles opciones.
Juan Silvestre, de Construcciones Los Campos, afirma que «el Ayuntamiento tiene una preocupación tremenda por la situación de los futuros vecinos y así lo hemos palpado en las reuniones que hemos tenido con ellos». Según explicó el veterano promotor, que va a iniciar la entrega de pisos a los propietarios este mismo verano, «nos han transmitido que estamos en un momento económico delicado y que las dotaciones de colegios e institutos dependen del Principado». Silvestre cree que la Administración local también teme la reacción airada que, en un momento dado, pueden tener los futuros residentes del área residencial si se juntan allí a medio plazo 4.000 ó 5.000 personas jóvenes con niños y no tienen los servicios que demandan.
Los promotores consultados también son tajantes al afirmar que la falta de dotaciones «no tiene nada que ver» con el hecho de que una parte de los residentes se haya constituido en plataforma para frenar en los tribunales la construcción de cuatro torres de 97 metros de altura.

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El Carbayu Los vecinos de Caldones viven en un paraje «idílico» pero con «muchos inconvenientes», sobre todo en lo referido a comunicaciones

La unión hace la fuerza. Eso debieron de pensar los vecinos de Caldones cuando a finales de la década de 1970 el Ayuntamiento propuso la venta de las escuelas de la parroquia. A pesar de que el centro escolar quedó vacío después de que los niños fueran escolarizados en el colegio de Vega, los vecinos se opusieron a su venta y vieron en el edificio una oportunidad para tener un espacio para el uso y disfrute de la parroquia. Fue tal su empeño que dieron al traste con las intenciones municipales. «El conflicto se solucionó con la creación de la asociación vecinal formada por jóvenes y mayores y, al final, las escuelas quedaron como centro social. Así que el objetivo se consiguió gracias a la unión de los vecinos», recuerda la actual presidenta de El Carbayu, María Jesús Bárcena.
Desde entonces, el colectivo vecinal cobró un destacado protagonismo en la defensa de los derechos de los vecinos de Caldones. En sus primeros años de vida, El Carbayu canalizó las quejas de los residentes por la carencia de servicios tan básicos como el asfaltado de los caminos, los puntos de luz o la potabilización del agua. «Poco a poco, estas demandas se fueron consiguiendo. Por ejemplo, fuimos los propios vecinos los que en un primer momento echamos el hormigón a los caminos. Somos una parroquia bastante unida y siempre fuimos muy dialogantes, pero insistiendo en nuestras necesidades», subraya Bárcena.
Todos estos cambios modificaron la fisonomía de Caldones, al pasar de la presencia masiva de ganado en los verdes prados de la parroquia a las viviendas unifamiliares que hoy se ven en cualquier finca. «Antes se vivía de la casería, pero ahora ya casi nadie tiene vacas. Es una pena ver tantos praos sin utilizar», dicen los vecinos de más edad. Aunque el «idílico» paisaje natural y la calidad de la vida rural invitan a pensar en la suerte que tienen los vecinos de Caldones, María Jesús Bárcena asegura que «vivir en la aldea tiene muchos más inconvenientes que ventajas, sobre todo en lo que se refiere a las comunicaciones y las distancias».
Sin transporte a Vega
El principal caballo de batalla de la parroquia durante los últimos meses ha sido la supresión de las líneas rurales de EMTUSA. «No sólo nos han quitado la comunicación directa con Vega, donde tenemos nuestro centro de salud y el colegio, sino que además nos han cambiado los horarios de las líneas privadas», afirma la portavoz vecinal, al tiempo que añade que «cada vez vamos a tener más problemas porque el 75% de la población de Caldones es mayor de 65 años, por lo que algunos dejarán de conducir con el paso de los años». Ante esta situación, Bárcena asegura que «estamos dispuestos a salir a la calle en cualquier momento. Además, estamos viendo que los vecinos de Roces consiguieron automáticamente sus objetivos después de cortar la carretera Carbonera. Así que nos están dando ideas».
Esta conexión con Vega resulta imprescindible para Caldones pues los vecinos se tienen que desplazar hasta la parroquia vecina para ir al médico. En este sentido, el colectivo El Carbayu considera que «el centro de salud de Vega es muy pequeño e insuficiente, y lo será más con la llegada de nuevos vecinos a Vega».
Asimismo, critican el estado en el que se encuentra el cruce de entrada a Caldones por la carretera de Vega, en donde hay una media de un accidente al mes. «Es un punto negro. Lo ideal sería hacer una rotonda o bien un desvío, pero hay que cambiarlo», sostiene Bárcena.
Menos rapidez municipal
Aunque todas estas demandas son conocidas en el Ayuntamiento gracias a una relación «fluida y bidireccional», la presidenta de El Carbayu señala que cada vez el equipo de gobierno tarda más en emitir una respuesta y en acometer una actuación. «Hemos perdido espontaneidad y rapidez a la hora de tomar decisiones. Antes se hacían los arreglos en cuestión de días; ahora hay una serie de filtros burocráticos que hacen retrasar las actuaciones al menos dos años», constata. Y sentencia: «El Ayuntamiento está siendo bastante inoperante, porque en los últimos tres años apenas nos han solucionado nada».

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Bruselas denuncia al Ayuntamiento por no depurar todas las aguas residuales

En los dos últimos años, el Ayuntamiento de Gijón ha vivido una batalla continua con los vecinos de El Pisón por su intención de construir allí la depuradora del Este, la segunda con la que contará el concejo. Y ahora inicia una nueva batalla, esta vez con la Comisión Europea, y ocasionada precisamente por todo lo contrario: la ausencia de dicha depuradora, que deberá tratar las aguas residuales de casi la mitad de la población de Gijón. Esta batalla se traduce, por el momento, en la intención de la Comisión de denunciar la situación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Así lo anunció ayer el comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, tras la reunión de la Comisión Europea en la que se tomó esta decisión, a causa del «prolongado incumplimiento de la normativa de la UE sobre depuración de aguas residuales urbanas». Gijón no es un caso único: 38 'aglomeraciones' (pueden ser municipios o conjuntos de municipios) de todo el país (además de Gijón sólo han trascendido los casos de La Coruña y Santiago, en Galicia, y Benicarló, en Valencia) incumplen la normativa europea, a pesar de que Europa lleva seis años avisando y de que hace diez que estas cuestiones deberían estar solucionadas. La Comisión también llevará a Italia ante el Tribunal, porque 178 de sus ciudades siguen inclumpliendo la normativa.
Las reclamaciones europeas no son nuevas, ya que España había recibido ya dos apercibimientos por estas cuestiones. El último, en 2008, reclamando la construcción de la depuradora ya aprobada, presentada hace algo más de dos años, y pendiente de licitación. Como el proyecto no se ha hecho realidad, la Comisión Europea ha decidido presentar esta denuncia, aún no cursada, y de la que el Estado será informado.
La sentencia, en dos años
Ocurra lo que ocurra durante el proceso, la sentencia y, por lo tanto, la imposición de medidas correctoras o la posible sanción económica, no llegará antes de dos años. Fuentes de la Comisión aseguraron que la iniciativa se toma «en beneficio de la población europea» y recordaron que la normativa a cumplir fue aprobada por los propios países que la incumplen.
La cuestión es que la depuradora del Este es el único escollo a salvar para que Gijón pueda completar su Plan de Saneamiento de 1991. Entonces, se dividió la red local de saneamiento en dos cuencas. La Oeste cuenta con un emisario terrestre que lleva las aguas desde el pozo de tormentas de Poniente hasta la planta de pretratamiento de La Figar. De ahí el agua es llevada a la estación depuradora de Aboño. Existe otra estación de pretratamiento de La Figar.
En cuanto a la cuenca Este, no tiene depuradora, pero sí un colector que, junto con los de La Camocha y Somió, drena las aguas a la estación de pretratamiento del Pisón, La Plantona. Desde ahí las impulsa al emisario submarino de Peñarrubia, de 2,4 kilómetros de longitud. A pesar de todo esto, la propia alcaldesa ha dicho siempre, en respuesta a las críticas vecinales, que Gijón no tenía suficiente con una sola depuradora. Hace falta la otra, la que exige Europa. El Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico hicieron ayer referencia a lo que existe y lo que está proyectado para asegurar, primero, que los problemas no son tan graves como pudiera parecer por el comunicado de la Comisión y, segundo, que en cualquier caso la solución está en camino.
En este sentido, la concejala de Medio Ambiente y presidenta de la Empresa Municipal de Aguas (EMA), Dulce Gallego, aseguró que «muy muy pronto» será licitada la depuradora, que será el paso «que solucione el tema».
Fuentes de la CHC apuntaron lo mismo, asegurando que «se están dando los pasos para poner remedio» a la situación denunciada. Estas mismas fuentes destacaron, no obstante, que las aguas del Este tienen pretratamiento, aunque esto «no es todo lo que exige Europa».
Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente aseguró que en febrero de 2009 ya contestó al último apercibimiento de la Comisión Europea, explicando que algunas de las aglomeraciones citadas ya cumplían entonces con la normativa.
El ministerio insiste en que muchas de las actuaciones que se exigen ahora ya están realizadas o en marcha y que, en algunos casos (que no sería el de Gijón) no son obligatorias, por tener menos de 15.000 habitantes. De todas formas, el ministerio recuerda que este asunto es «competencia municipal y autonómica», algo a lo que también hizo referencia la Confederación Hidrográfica.
Precisamente por eso fue la edil Dulce Gallego la que más explicaciones ofreció, matizando las palabras del comunicado del comisario, que mostraba su preocupación por los «peligros» de las aguas residuales no tratadas, que «pueden estar contaminadas, presentado un riesgo para la salud pública», así como «la fuente más significativa de contaminación en aguas costeras e interiores». Gallego dijo que las aguas residuales de Gijón «tienen un buen pretratamiento» y que el emisario las lleva «2,5 kilómetros» mar adentro «con fuertes oleajes. No en todos los casos la situación es igual. No es lo mismo que un mar en calma». La edil recordó los buenos resultados de los análisis de las aguas de baño.

En 1991, se aprobó la Directiva sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas, normativa que daba de plazo hasta el 31 de diciembre de 2000 para implantar sistemas adecuados de recogida y depuración de aguas residuales en las zonas urbanas de más de 15.000 habitantes. En 2004, la Comisión comprobó que eran muchos los que no cumplían las disposiciones, tantos como más de 200 núcleos urbanos en toda España. Muchos fueron subsanando las deficiencias, pero en 2008 aún había infracciones en más de 50. Gijón recibió entonces el segundo apercibimiento. En estos momentos, se han detectado infracciones en 38 núcleos.

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