La Corriente Sindical de Izquierda (CSI) ha pedido al Ayuntamiento que le ponga condiciones laborales, y no sólo urbanísticas, al desarrollo residencial de los terrenos que Rubiera Predisa ocupa en la zona de Las Quintanas, entre las carreteras de Contrueces y de Pola de Siero. El sindicato considera que la operación debería quedar supeditada al mantenimiento de los 61 puestos de trabajo de la empresa. El nuevo Plan General de Ordenación (PGO) les hace dudar de que vaya a ser así.
Esta actuación ya viene reflejada como PA-CNT-14 en el planeamiento urbanístico de 1998, que permitía construir en la parcela de Rubiera unas 567 viviendas. El siguiente Plan General, en vigor desde 2005, estiró la superficie edificable sobre rasante, hasta ampliar la capacidad residencial del terreno a 1.200 pisos. En el propio documento se admite que «esta edificabilidad es sustancialmente superior a la que equivaldría al aprovechamiento tipo del suelo urbanizable».
Si se mejoraron las condiciones de la operación fue para «proporcionar a la empresa una ligera sobreprima que facilite el traslado de sus instalaciones», alegó entonces el equipo de gobierno. Este tratamiento más ventajoso está directamente vinculado al convenio que el Ayuntamiento de Gijón firmó con la dirección de Rubiera Predisa para garantizar que la nueva fábrica de la empresa se construya dentro del municipio, y con los mismos puestos de trabajo.
El PGO que ahora se está tramitando respeta el escenario urbanístico que se aprobó en 2005 para el polígono de actuación CNT-14, pero introduce un matiz que ha llamado la atención de la Corriente Sindical de Izquierda. Y no precisamente para bien. Donde antes se especificaba que la calificación residencial de las instalaciones de Rubiera Precisa «no conlleva la declaración como fuera de ordenación del uso actual, que deberá continuar su actividad», ahora se dice: «No conlleva la declaración como fuera de ordenación del uso actual, que podrá continuar su actividad».
Según advierte el sindicato, entre «deber» y «poder» existe una gran diferencia. «Todo parece indicar que los progresivos privilegios en el aprovechamiento urbanístico, justificados con el mantenimiento de la actividad y de los puestos de trabajo, revertirán exclusivamente en la propiedad», sospecha CSI. «Con lo que resultaría que los trabajadores habrán servido de excusa para enormes beneficios de sus patronos, sin que éstos tengan ningún compromiso efectivo con ellos. Y todo ello con la colaboración de la Administración municipal», prosigue el sindicato, en una denuncia a la que han dado forma de alegación. El documento de aprobación inicial del nuevo PGO se sometió al juicio de los ciudadanos entre el 8 de agosto y el pasado 22 de octubre.
Entre las 1.436 alegaciones presentadas figura la de la Corriente Sindical de Izquierda, que le saca punta a una operación en la que pocos se han fijado. «Deben establecerse los condicionantes, cautelas y obligaciones oportunas», solicitan los responsables del sindicato, «para que esos beneficios urbanísticos sólo sean posibles si se destinan al traslado de las instalaciones y al mantenimiento de los puestos de trabajo».
No sólo eso. «Los equipamientos dotacionales han desaparecido de la ficha correspondiente a este polígono de actuación», reprueba CSI. Inicialmente, sin embargo, se había establecido que «la edificabilidad iba a ser superior para que pudiera compatibilizarse el desarrollo residencial con una proporción alta de equipamientos públicos y privados». El sindicato cree que el Ayuntamiento, que ya ha dado su aprobación inicial al proyecto de Las Quintanas, debería «recuperar» ese requisito.
Las instalaciones de Rubiera Predisa se encuentran situadas entre el barrio de Contrueces y la Ronda Sur. Su recalificación como suelo residencial contribuye a rematar el borde urbano que separa la ciudad ya consolidada de la parroquia de Granda, transformando una de las principales entradas a la ciudad. La operación está promovida por el grupo sevillano Navicoas, que dispone de una superficie edificable de 120.776 metros cuadrados
