En Asturias la Consejería de Educación ha sido un importante ariete político en manos del partido socialista, que la ha utilizado a conveniencia primando, en muchas ocasiones, sus intereses electoralistas por encima del interés general de la ciudadanía. La política educativa de los gobiernos socialistas se ha caracterizado por el autobombo, ocultando un grave y caro desgobierno caracterizado por un continuo “pactar” con los sindicatos, especialmente UGT y CCOO, y buscando una aparente paz social, que en muchos casos encubre intereses partidarios, electoralistas y corporativos en detrimento del interés general.
La ausencia de una buena política educativa ha tenido importantes y negativas consecuencias, especialmente en los últimos diez años, que se concretan en lo siguiente:
a)Inexistencia de un modelo educativo a medio y largo plazo por ausencia de un modelo cívico y productivo. Desgraciadamente, las deficiencias educativas son el primer obstáculo para la necesaria transformación del modelo económico asturiano, pero nos encontramos ante un negativo círculo en el cual flaquea la motivación de los alumnos para estudiar porque el sistema productivo asturiano no recompensa a los mejor preparados (en contra de lo que se dice, resulta mucho mejor el carbón que el ratón). El fracaso escolar esconde otros aun de mayor calado: el de la educación en los valores básicos para el desarrollo moral y político, y el de la notable carencia de excelencia y emprendedores
b) Mantenimiento de un sistema educativo caduco, inspirado en la LOGSE, que ya antes del traspaso de competencias (1999) mostraba signos estrepitosos de fracaso y que, tras una larga agonía, ahora se presenta como insostenible. La tozuda insistencia en mantener lo que no funciona, especialmente en el ámbito de la exigencia, la disciplina y la organización escolar, ha sido profundamente desmoralizadora para toda la comunidad educativa asturiana y, especialmente, para la de la enseñanza pública.
c) Incapacidad para llegar a un gran pacto político sobre la educación en Asturias basado en un diagnóstico riguroso y pormenorizado del sistema educativo asturiano y, especialmente, de los resultados de una triple red de centros que lleva dos décadas sin ser evaluada en el Parlamento y ante la opinión pública asturiana.Por el contrario, la política de la Consejería se ha caracterizado por una falta de transparencia y opacidad en los datos, aderezada con una utilización ideológica del llamado “problema de la doble red”, fomentando así un enfrentamiento artificial entre la red pública y la concertada (confesional/laica), basado más en fantasmas y prejuicios ideológicos que en análisis y realidades.
d) Una nefasta política de personal (en este tiempo la Consejería de Educación ha perdido las competencias a favor de la Consejería de Administraciones Públicas) que se ha visto caracterizada por una alegre y rígida planificación de plantillas, desconectada de la prospectiva demográfica y basada en la práctica de considerar lo público como el motor en la creación de empleo, al margen del coste que ello suponga, lo que nos ha llevado a un sector desequilibrado y sobredimensionado. Al mismo tiempo, y como otra consecuencia de la rigidez del sistema, se hanmantenido de forma pertinaz unas elevadas tasas de interinidad, muy negativas en un trabajo como el educativo, y un sistema de oposiciones injusto que fomenta el clientelismo, prima la mediocridad y donde el opositor libre únicamente puede aspirar a entrar en una bolsa de trabajo para interinos.
Por otra parte, ha habido una ausencia total de incentivos para una verdadera carrera profesional basada en el mérito y la competencia, además de mantenerseun sistema de formación permanente del profesorado que ya hace años que está agotado en fondo y forma y que solo se mantiene por inercia y clientelismo. Y es reseñable también la excesiva presencia en la Consejería de Educación de cargos discrecionales y asesores que, en muchos casos, han exhibido como única credencial una docilidad al poder cuando no claramente su afiliación política o sindical. Así mismo, se ha producido una creciente judicialización de los conflictos docentes, caracterizada por sonoros batacazos de la Consejería, con el consiguiente costo para el contribuyente, y que tiene en el tema de la carrera profesional y la evaluación docente su máxima expresión. Destacando también el ninguneo sistemático de los sindicatos independientes, llegando a estar parada la mesa sectorial durante tres años. El resultado al final de la legislatura es un gran descontento de todos los trabajadores, tanto de la pública como de la concertada, y una gran división sindical a cuenta de la ley de evaluación.
