ELOGIO DE LA POLÍTICA

FESTINA LENTE

domingo, 7 de noviembre de 2010

Castiello

GRanda Foto

El Garrapiellu alerta de que 30 hórreos están en peligro por urbanizaciones previstas en el PGOU

La denuncia de los vecinos de San Andrés de los Tacones por la desaparición de varios hórreos y paneras en terrenos adquiridos por la Zalia ha culminado en la apertura de cinco expedientes de sanción por parte de la Consejería de Cultura y de otros tantos procedimientos para la restauración de la legalidad urbanística por parte del Ayuntamiento (tres contra la sociedad pública). Todo ello por desmontajes y traslados de bienes patrimoniales llevados a cabo de forma irregular. Esto es, sin los permisos y licencias preceptivos para este tipo de construcción tradicional protegida.
La Administración decidió actuar esta semana al constatar que se cometieron infracciones de procedimiento, si bien es verdad que su decisión llega con varios meses de retraso, ya que los vecinos habían puesto estos hechos en conocimiento del Principado por primera vez el pasado mes de junio. El PP, por su parte, ha puesto el grito en el cielo por lo que califica de «expolio etnográfico» y ha reclamado dimisiones en bloque de concejales y la salida de la alcaldesa del consejo de administración de la Zalia.
El revuelo generado por este asunto ha puesto en pie de guerra también a asociaciones culturales y organizaciones de todo tipo que tienen su razón de ser en la defensa de la cultura asturiana en todos sus ámbitos. Es el caso de la Tertulia Cultural El Garrapiellu, cuya junta directiva ha adoptado con carácter de urgencia una serie de medidas «ante la gravedad» de lo sucedido en la parroquia de San Andrés. La principal de ellas es promover la creación, junto con otras asociaciones y particulares igualmente sensibilizados por esta cuestión, de una plataforma en defensa de los bienes culturales y ambientales de Asturias. Esta plataforma contará desde su nacimiento con asesoramiento jurídico para cursar, en cada caso, las denuncias oportunas.
Otra iniciativa de El Garrapiellu es la convocatoria de un conceyu abiertu (un foro de debate) en San Andrés de los Tacones, invitando a colectivos de toda Asturias y a la asociación de vecinos de la parroquia, para poner en común otros casos de destrucción del patrimonio etnográfico, cultural y ambiental asturianos.
Esta Tertulia Cultural, con 19 años de trayectoria y varios trabajos de investigación etnográfica a sus espaldas, también ha elaborado un informe sobre la situación en que encuentra San Andrés tras la destrucción o el traslado de ocho de sus construcciones. La entidad que preside Tino Lozano, con un centenar de afiliados, cuantifica en un 20% la merma del patrimonio etnográfico sufrida por la pedanía gijonesa, ya que antes de la entrada de la Zalia había 50 construcciones inventariadas y dos casas catalogadas.
Los elementos afectados son tres paneras decoradas con tallas estilo Carreño, de gran interés etnográfico: la de Casa Llope (almacenada en el puerto por la Zalia y reclamada por los vecinos por su alto valor), la de Hevia Corte (fechada en 1805 y trasladada a Serín) y la de Casa Cotu. Los hórreos denunciados estaban todos en Villar y formaban parte de caserías con elementos etnográficos tales como pozos o lavaderos no inventariados que también han desaparecido.
Dos caserías
El Garrapiellu también advierte de que en la zona de actuación de la Zalia hay dos casas tradicionales, ambas con protección ambiental, que resultarán afectadas. Se trata de dos caserías en el barrio de La Reboría, una de ellas mariñana. Además, hace hincapié en la necesidad de preservar otros bienes etnográficos como fuentes, lavaderos y el propio cementerio de Villar, construido en torno a 1900.
En cuanto al patrimonio arqueológico, la tertulia cultural señala que hay tres castros o yacimientos afectados por la futura plataforma logística. Se trata de los castros de La Coroña y del Cuetu y el material cerámico de 'La Llamada'.
Además de analizar la situación de San Andrés, parroquia que ya sufrió la destrucción de valioso patrimonio durante la construcción del embalse de Ensidesa, la Estaya de Cultura de El Garrapiellu ha estudiado otras destrucciones y abandonos de patrimonio en Gijón. Parte de ese trabajo está compendiado y documentado en un inventario de todos aquellos bienes etnográficos amenazados por futuros desarrollos urbanísticos e industriales en la zona rural gijonesa asociados al vigente PGOU. Así, la asociación ha contabilizado al menos otros 30 hórreos y paneras que corren peligro de desaparición, al estar encuadrados en nuevas zonas urbanizables de Tremañes, Serín, Castiello, Granda, Cabueñes. Porceyo y Somió.
Según recoge la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias, los hórreos construidos con anterioridad al año 1900 que conservan sus características constructivas no pueden ser demolidos, ni total ni parcialmente, ni desmontados o trasladados de sus emplazamientos sin autorización de la Consejería de Cultura. Estas limitaciones fueron pasadas por alto en San Andrés de los Tacones y ello dará lugar a una protesta que se celebrará mañana en la plaza Mayor, a partir de las 20 horas, donde se escenificará el 'entierro' de los hórreos

El barrio del Muselín desaparece con el PGO y se convierte en un gran parque

Miriam SUÁREZ
El barrio del Muselín desaparecerá para convertirse en una zona de protección ambiental. Una transformación «gradual y negociada» que el equipo de gobierno incorpora al Plan General de Ordenación (PGO) como parte de una nueva operación de cirugía urbanística que se vincula a la futura Ronda Oeste. Siguiendo el trazado de dicha infraestructura, que atravesará Jove hasta la rotonda de El Arbeyal, se desarrollarán dotaciones públicas y cerca de 600 viviendas, un 30 por ciento de ellas, protegidas.

Sus promotores tendrán que asumir la carga urbanística de adquirir los sistemas generales del Muselín para cedérselos al Ayuntamiento, que destinará esta ladera de la Campa Torres a la creación de un gran espacio natural. Si no se mantiene la actividad residencial en el barrio, es, según explicó ayer el concejal de Urbanismo, «por los problemas geológicos y riesgos de desprendimientos que venimos detectando».

Actualmente, forman el Muselín un centenar de casas y unos 200 vecinos. El socialista Pedro Sanjurjo instaba ayer a que «estén tranquilos, porque esto llevará años y negociarán con ellos los realojamientos». Sobre el papel, la operación empezará a tener soporte administrativo a partir del próximo día 30, cuando el documento del PGO se someta a la aprobación inicial del Pleno municipal.

Con este documento, el equipo de gobierno de Paz Fernández Felgueroso revisa su anterior planeamiento urbanístico, sobre el que pesan más de una treintena de sentencias anulatorias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. El Plan General por el que se apuesta ahora permitirá construir 21.500 viviendas: 13.000 en los suelos urbanos ya preexistentes y 7.500 en las nuevas áreas residenciales previstas en Granda, Castiello de Bernueces, Peñafrancia, Infanzón, Jove, Cabueñes y Porceyo.

Estas bolsas de terreno urbanizable reproducen los mismos patrones de crecimiento establecidos en el PGO anterior. Las «novedades sustanciales» se producen con «las potentes operaciones de cirugía urbanística» que Sanjurjo detalló ayer públicamente. El desarrollo que se identifica con la Ronda Sur, por un lado. Y, por otro, el llamado plan especial de la avenida Príncipe de Asturias: «Solicitaremos su reversión a suelo urbano de titularidad municipal en cuanto se ejecuten los accesos a El Musel».

Entonces, el Ayuntamiento tendrá la oportunidad de resolver «los problemas de segregación del territorio» entre la zona Oeste y la Sur, haciendo de Príncipe de Asturias «una gran avenida urbana con aceras» que de continuidad a Gaspar García Laviana. En palabras de Pedro Sanjurjo, «queremos crear una nueva Diagonal (como la de Barcelona)» desde el parque de los Pericones a la rotonda de la playa de El Arbeyal.

En los bordes de este eje están previstas 767 viviendas, de las cuales el 30 por ciento tendrán algún tipo de protección. El proyecto llevará consigo, además, la eliminación de la pasarela que ahora comunica Perchera con el Polígono y la construcción de un nuevo enlace con la avenida de Los Campones (Tremañes), donde habrá que reorganizar la actividad industrial con la reubicación de algunas naves. «Con esta transformación enorme podremos aprovechar algunos espacios ahora infrautilizados», aseguró el edil de Urbanismo.

¿MÁS VIVIENDAS EN CASTIELLO?

En Castiello iban al principio 2.350 viviendas, el verano pasado 2.430 ¡y ahora dicen 3.500! La Alcaldía aprueba la junta de compensación del plan para 3.500 viviendas en Castiello LA NUEVA ESPAÑA (28/11/07)

Bernueces Sociedad Civil, que lidera Abilio Martínez, gestiona el gran desarrollo urbanístico con el proyecto de Fernando González Landa

(Y POR SUPUESTO ...otra vez evitando que en la zona ESTE haya VP... ya hablan de permutar los derechosedificatorios que le corresponden al Ayto. por suelos en otro lugar.)
R. V.
La Junta de Gobierno dio ayer un paso más en el futuro desarrollo residencial de Castiello, operación que, junto a la de Roces, es básica en el crecimiento de la ciudad, según el diseño del actual Plan General de Ordenación Urbana, al conceder la aprobación inicial al proyecto de actuación para la creación de una junta de compensación solicitada por la firma Bernueces Sociedad Civil. Esta sociedad aglutina a un colectivo de empresarios locales que impulsa la construcción de unas 3.500 viviendas, tanto en bloque como en residencias unifamiliares, en un terreno cercano al millón de metros cuadrados.
La Junta de Gobierno ya había dado su visto bueno el pasado mes de junio al plan parcial con un proyecto deurbanización firmado por el ingeniero Fernando González Landa, antiguo responsable técnico en la concejalía de Urbanismo, con el apoyo de Jorge Pertierra de la Uz y un diseño de arquitectura firmado por Alejandro Miranda.
El nuevo espacio residencial se enmarca entre la Ronda Sur y la carretera de Gijón a Pola de Siero. Sus promotores se harán cargo de la construcción de viviendas, pero también de realizar un bulevar de comunicación interna con cinco rotondas y de diseñar las conexiones necesarias con el actual viario de la zona. Entre los integrantes de la sociedad están empresarios como Serafín Abilio Martínez -presidente de la patronal asturiana de la construcción- y Jacobo Cosmen, y se aglutinan propiedades vinculadas a las familias Moro, Rubiera y Armada, a la Fundación San Eutiquio y a las empresas Arcisa, Villa de San Lorenzo, Cascos y Construcciones San Bernardo, entre otras personas jurídicas o físicas. Este grupo de empresarios decidió unir sus fuerzas para poder hacerse con el control de una operación que, por su volumen, era susceptible de caer en manos de los grandes grupos nacionales.
La sociedad empezó a comprar terreno en la zona desde el mismo momento en que el Ayuntamiento hizo públicos sus planes urbanísticos para Castiello de Bernueces. En un principio, en la zona estaban previstas en torno a 2.500 viviendas, cifra que se elevó en el PGOU definitivo a 3.500. En el borde de la nueva urbanización, las edificaciones serán de baja densidad, a modo de transición entre los bloques de pisos y los núcleos rurales circundantes. La operación lleva perfilándose unos dos años. Que los actuales propietarios del suelo puedan constituirse en junta de compensación es crucial para su desarrollo. Este sistema se aplica cuando es la iniciativa privada la que actúa.

Una aldea que será un gran barrio

La expansión de la ciudad supondrá construir 2.500 viviendas en un parroquia cuya población se multiplicará por ocho

Castiello de Bernueces lo separan del Gijón urbano 2,9 kilómetros. Así que hace ya tiempo que los vecinos le ven la boca a la ciudad. Esa boca les dará una dentellada descomunal en cuanto se ponga en práctica lo dispuesto en el llamado Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Ese documento, que marca los ritmos de crecimiento urbanístico del municipio, dará pasaporte definitivo al Castiello rural.

Según el PGOU, en la parroquia -con una extensión de 4,8 kilómetros cuadrados- se construirán más de 2.500 pisos, distribuidos en edificios de hasta cinco alturas. La operación engullirá 100 hectáreas de paisaje rústico, del que emergerá un barrio con todas las de la ley. Castiello experimentará una de las mayores transformaciones urbanísticas de la última década.

Actualmente, en la zona están empadronadas 890 personas. Se calcula que la nueva área residencial multiplicará por ocho esa población. Los vecinos, acostumbrados a vivir entre chalés y edificios con un máximo de dos alturas, no hacen más que echar pestes de la operación. «Somos conscientes de que ésta es una zona residencial y no nos oponemos a que se edifique. Pero, hombre, una cosa son casinas y otra palomares», subraya Ovidio Río, presidente vecinal de Castiello de Bernueces.

En los últimos seis años, el Ayuntamiento ha concedido en la parroquia 116 licencias de construcción para viviendas unifamiliares. Es, junto con Somió, la zona del concejo donde más chalés se han hecho. Lo cierto es que ese nivel de edificación ha ido desdibujando los orígenes rurales de Castiello. Pero hablar de bloques de pisos sigue siendo palabras mayores.
Al gran pastel inmobiliario en el que se ha convertido la parroquia ya le ha echado el diente un consorcio de constructores asturianos. Este grupo de empresarios decidió unir fuerzas para poder blindar sus intereses frente a las grandes firmas nacionales. La operación de Castiello es de tal envergadura que las empresas de la región difícilmente podrían asumirla en solitario. Dicen las malas lenguas que adquirieron el suelo a precios disparatados y que algunos propietarios llegaron a embolsar 1.400 millones de las antiguas pesetas.

Con el desarrollo de la nueva área residencial de Castiello, la ciudad dará el salto a la Ronda Sur, un cinturón que aprieta el crecimiento urbanístico gijonés del mismo modo que aligera sus comunicaciones. La circunvalación, que ahora conecta con la Autovía del Cantábrico, fue -hace diez años- la primera gran obra que tuvo que asumir la parroquia. A los dueños de las parcelas afectadas se les pagó el metro cuadrado a seis euros. El proceso expropiatorio llegó hasta el Tribunal Supremo. Todavía hoy tienen presente «aquel escarnio».

La ronda separó a Bernueces de sus limítrofes, Somió y Cabueñes. Los vecinos temen que la historia se repita con las nuevas comunicaciones previstas en la zona. Especialmente, con el vial que dará servicio a los 2.500 pisos autorizados por el PGOU. «Eso sí que causará impacto», advierte Ovidio Río, haciéndose eco de una preocupación generalizada.

En medio de este maremágnum de cambios urbanísticos, mantienen su actividad a duras penas ocho explotaciones ganaderas, que suman un dos por ciento -escaso- de las reses criadas en el concejo. La agricultura, salvo excepciones que se cuentan con los dedos de una mano, ha quedado reducida a pequeñas huertas que abastecen exclusivamente «a los de casa».

El presidente vecinal recuerda que esta parroquia «surtía de remolacha a la antigua Azucarera de Veriña» y que «a mi casa, por ejemplo, llegaron a venir camiones de Valencia a por lombarda». El ladrillo se impone ahora a ese pasado agrícola, difícilmente prorrogable en una parroquia tan residencial como Bernueces.

Sí conserva su fama de zona distinguida y de nivel. Fama a la que ha contribuido el Real Club de Golf de Castiello, que a punto está de cumplir su 50.º aniversario. Sus instalaciones, con 560 socios familiares, fueron pioneras en la práctica de un deporte que, durante años, ha estado al alcance de muy pocos. Ahora Bernueces también cuenta con un campo de golf municipal, el del Tragamón, al que tienen acceso más de 2.000 personas.

En la parroquia tiene su sede, además, el Club Hípico Astur (Chas). La entidad, la única de estas características que existe en el concejo, ocupa una superficie de 60.000 metros cuadrados. Se trasladó a Castiello en 1970 y, actualmente, integran su masa social 800 apasionados de la equitación.

La naturaleza de Bernueces no sólo ha sido propicia para deportes como la hípica y el golf. En su territorio ha proliferado también la actividad educativa. La Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Gijón, sin ir más lejos, está domiciliada en Castiello. De este centro universitario salieron el año pasado 248 titulados.

La oferta educativa de la parroquia tiene otros destinatarios no menos importantes: los 78 alumnos del único Colegio Público de Educación Especial que tiene Gijón; las 117 personas con parálisis cerebral o discapacidades afines -entre ellas, nueve bebés- que atiende el centro Ángel de la Guarda, y los 55 usuarios del centro ocupacional que el Ayuntamiento habilitó en las antiguas escuelas de Bernueces para formar a personas con discapacidad intelectual. Una labor inconmensurable que los vecinos refieren siempre que repasan las bondades de su parroquia.

Como mencionan la Quinta San Eutiquio, vinculada a la Fundación del mismo nombre que preside el párroco de San Pedro. La finca, que fue granja escuela en los tiempos en que la agricultura era una alternativa de vida, se ha transformado en un gran complejo de ocio y esparcimiento, con piscinas y campos de fútbol. Las instalaciones, con más de 200 socios, están pendientes de una reforma que se acometerá en cuanto se concrete la operación del PGOU, que amputan el extremo superior de la Quinta. Por la pérdida de ese terreno, la Fundación San Eutiquio recibirá el dinero necesario para poder afrontar las obras de mejora.

Es la cara y cruz de la expansión urbanística.

 

El PGO despeja de edificios el Rinconín, enlaza Granda con la Minera y reordena la Pecuaria

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Pedro Sanjurjo, ha adelantado este viernes que el documento de revisión del Plan General de Urbana (PGO) prevé la creación de un gran parque verde en la zona del Rinconín situada frente a la costa, que desplaza a los edificios existentes, residenciales y hosteleros, con una actuación que promoverá espacio para dotación pública y en la que quedará prohibida la circulación desde el Bellavista hasta la Lloca del Rinconín.
También ha destacado otros dos cambios, uno que afecta a la movilidad, con una nueva conexión a Granda a través de la Autovía Minera que dará servicio al nuevo residencial de Roces y el enlace al futuro parque empresarial de La Camocha.
El otro supone la reordenación de la antigua Pecuaria de Somió, que será residencial pero con una reserva de suelo para equipamiento dotacional, en el que se albergará la sede de la asociación vecinal. Así lo ha explicado el edil en rueda de prensa en el Ayuntamiento.
En cuanto al PERI-11 (80.000 metros cuadrados), la zona del Rinconín exceptuada lo correspondiente a la Unidad de Actuación 100 conocida como Ería del Piles, se despejará la zona en primera línea de playa de edificios -de usos hosteleros, empresariales, viviendas unifamiliares y apartamento de edificios-, cuyos propietarios serán realojados en la parte cercana a la carretera de la Providencia, que será ensanchada.
Aquí se incluye desde el restaurante Bellavista y una casa anexa recientemente habilitada como bar hasta el Sanatorio Marítimo, que tendrá su nueva entrada por la parte posterior en la zona ampliada, donde se hará una glorieta para facilitar el acceso.
Según el edil se mantendrá la edificabilidad, de la que un 60 por ciento será para uso terciario y un 40 por ciento será residencial. Se prevé que puedan construirse un total de 90 familias en unos edificios de baja más tres plantas. Los edificios tendrán entre sí amplios espacios para no interrumpir la visión con la línea de costa, gracias a su disposición rectangular y alargada.
En este sentido, en el lugar actual de los edificios se creará "una nueva playa verde", con una superficie de unos 20.000 metros cuadrados, que será como una nueva playa, mientras que se destinarán 7.250 metros cuadrados a equipamientos públicos.
Toda esta actuación se desarrollará a través de la creación de una Junta de Compensación por los propietarios del suelo. Para Sanjurjo, este cambio supondrá un espacio muy atractivo para la actividad turística.
En cuanto a las mejoras en las infraestructuras de comunicaciones, ha explicado que se creará un nuevo enlace entre la Autovía Minera y la parroquia de Granda, mientras que se mantiene la entrada de Leorio y Mareo, de forma que se mejore la capacidad de comunicación de barrios colindantes y del Nuevo Residencial de Roces, en el que se prevé que lleguen a vivir unos 12.000 habitantes, sin olvidar la operación urbanística prevista en Granda y Castiello de Bernueces y el futuro parque empresarial de La Camocha.
Para ello, se construirá en paralelo a la Autovía Minera dos viales que se enlazarán con el enlace de Leorio y Mareo. A este respecto, en la zona de enlace de la autovía con Mareo se crearán dos glorietas, una cada lado de la vía, que estarán comunicadas por el puente ya existente, una orientada hacia Mareo y la otra a Vega-La Camocha. También habrá una glorieta elevada sobre la Autovía, a la altura del matadero, similar a la existente frente a Alcampo, para conectar con Granda, además de reforzar la capacidad de vías ya existentes como es la que va por Huerces hasta la antigua mina de La Camocha.
A esta operación de movilidad, el edil ha sumado la construcción de un túnel que unirá los barrios de Contrueces y Roces que, aunque ya estaba anunciado, se incluye ahora en el revisado PGO. El coste estimado del primer proyecto, el de la Autovía Minera, será de 20 millones de euros, mientras que el del túnel es de nueve millones de euros. Sanjurjo ha adelantado que se financiará con recursos públicos de las administraciones competentes en la materia.
Respecto a la finca de la antigua Pecuaria de Somió (79.000 metros cuadrados), la propuesta municipal es aprovechar el uso residencial y dejar espacio para un parque público, que se ubicaría en la zona actual de árboles, palmeras y elementos verdes más significativos de la parcela.
Asimismo, habrá espacio para unas 70 parcelas para viviendas unifamiliares y se reservan 2.500 metros cuadrados para uso dotacional, en el que se incluye la instalación de la sede de la asociación vecinal, de forma que se cumpla con el compromiso adquirido por el Ayuntamiento. De la Pecuaria se había desligado ya una parte para la residencia de ancianos que construirá la Cocina Económica.
El concejal ha adelantado otras ordenaciones urbanísticas, como en la zona comprendida en la Milla del Conocimiento -Laboral, campus de Viesques y nuevos espacios industriales del Intra--, ya sea a través de planes especiales o con actuaciones de ámbito de aplicación específica.
Sanjurjo ha destacado que se trata de soluciones "imaginativas" de futuro, que serán llevadas al Pleno del próximo día 30 y seran sometidas a información pública. Además, se mejoran las infraestructuras de comunicaciones y la imagen urbana y urbanística del municipio. El edil ha resaltado el trabajo intenso realizado en la revisión del PGO, que ha supuesto, a su juicio, una oportunidad, y ha agradecido la labor desempeñada por el equipo técnico.

Los Verdes: Rechazamos el PGO de Xixón por insostenible y desarrollista

Alegaciones dentro del trámite de Información Pública del Informe de Sostenibilidad Ambiental del PGO de Gijón, alegaciones relativas a aspectos no tenidos en cuenta en el PGO y que hacen que abunde en la insostenibilidad del modelo:
EL CRECIMIENTO URBANO previsto AUMENTA LA HUELLA ECOLÓGICA de manera irreversible y además no es necesario en Gijón.
Sorprenden las previsiones de suelo para miles de nuevas viviendas, cuando ya se reconoce que hay 7.098 viviendas vacías construidas sin utilizar que están cerradas y hay otras 13.133 que se consideran segundas viviendas, que seguro que tienen un uso muy limitado. A esto habría que añadir el número indeterminado de viviendas que se adquirieron con motivos especulativos los pasados años de burbuja inmobiliaria, cuyo número es imposible de conocer pero es elevado, y que no figuran puestas a la venta debido a la caída de los precios. Debería optarse por un modelo sin aumento en la ocupación del territorio no urbanizado y su transformación en suelo urbano; de otro modo, a la vez que se extiende la ciudad consumiendo territorio, el centro queda vacío por obsolescencia del parque de viviendas, e incluso hay solares que permanecen años y años sin edificar.
En este sentido hay ayuntamientos que han optado por no crecer, como el de San Fernando de Henares en Madrid, gobernado en coalición por IU y PSOE, siendo alcalde en la actualidad Julio Setién (IU). En San Fernando de Henares decidieron no crecer urbanísticamente hace años. Se hizo una ciudad compacta y equilibrada, se protegió la vega del Jarama (zona agrícola) de la especulación, se protegieron las huertas. Hay equidad en los servicios, todos los vecinos acceden a ellos, se puede desarrollar la vida en la ciudad de forma peatonal, todo está al alcance.
La población ha aumentado a 40.000 habitantes pese a no extender la ocupación territorial y ahora hay un plan de restauración de la mitad del parque de viviendas, unas 5.000, con más de 30 años de antigüedad.
Un Plan de Ordenación debe tratar de conseguir un modelo coherente y funcional minimizando el consumo de suelo y optimizando la disponibilidad de recursos. A la par debe ser equitativo con todos los habitantes de modo que la ciudad resulte habitable y amable, y las personas tengan a su alcance los servicios básicos sin necesidad de grandes desplazamientos.
Se debería por tanto incentivar la restauración y rehabilitación de viviendas ya existentes, en especial las construidas hace más de 30 años, utilizando para ello criterios de edificación sostenible y siguiendo criterios de ahorro energético, máximo aislamiento (para minimizar pérdidas de energía) y utilización de energías renovables.
Se debería atender únicamente la demanda edificatoria real y existente de viviendas para habitación, nunca la demanda especulativa, ni la del turismo residencial, de forma que el planeamiento se ajuste a las necesidades habitacionales, desincentivando a la vez el urbanismo disperso a costa de ocupar las zonas rurales periurbanas. Si en algún momento la demanda de viviendas fuese mayor que la oferta procedente de rehabilitación, deberían considerarse para nueva urbanización preferentemente los nuevos desarrollos sobre espacios que hayan perdido su valor natural (canteras, vertederos, etc.).
Las viviendas con finalidad especulativa han sido las causantes de una de las mayores crisis que se conocen, y que va a durar, pues queda sin vender una cantidad de viviendas difícilmente absorbible por el mercado en los próximos diez años. El mercado inmobiliario no requiere de nuevos desarrollos urbanísticos si se promueve la rehabilitación de viviendas, lo que generaría un sector de la construcción sostenible, racional, estable para los empleos y que no contribuye al consumo irreversible de terreno rural.
El turismo residencial ha generado un parque de viviendas infrautilizadas que genera costes elevadísimos para los ayuntamientos donde se ubican, pues suponen redes de servicios básicos sobredimensionadas para ser útiles unos pocos días al año. Los costes son altos y el retorno muy deficiente: personas no empadronadas a las que hay que atender en todas sus necesidades básicas. Además se ocupa territorio inhabilitándolo para otros usos a cambio de una escasa presencia: utilidad negativa en su conjunto, y va en detrimento del sector turístico. Incluso resulta antieconómico para los propietarios de esas viviendas, que se deprecian y que suponen un coste elevado de oportunidad frente al alojamiento en el mejor hotel existente.
DEBE EXISTIR UNA ZONA DE TRANSICIÓN ENTRE LA ACTUAL ZONA URBANA Y EL MEDIO RURAL CIRCUNDANTE
Esta zona de transición debe estar caracterizada por su naturalidad, combinando espacios verdes para uso recreativo y diseño paisajístico y espacio rural con usos agropecuarios.
En lugar de apostar por seguir ocupando terrenos rurales agropecuarios y naturales para transformarlos en zona urbana, debe apostarse por mantener la zona rural y sus usos. Es más, se prevé a nivel internacional una subida de costes en la producción de alimentos por la carestía de los productos derivados del petróleo y además el aumento de población requiere mantener los usos agrícolas, con producciones cercanas a los lugares de consumo y con criterios de sustentabilidad (que las generaciones futuras también puedan obtener sustento en su entorno inmediato). La ciudad debe contar con un alfoz agrícola de abastecimiento y que además de generar empleo, contribuya a la salud por medio.
Es irracional el diseño en forma de dendritos de urbanización dura que se adentran en el medio rural, como es el caso de Cabueñes, prolongando la ciudad en forma de agujas de edificios a ambos lados de una vía urbana de nueva creación, insertas dichas agujas en la campiña. Es un modelo aberrante e impropio de urbanistas.
EL VALOR DEL PAISAJE RURAL, LA CAMPIÑA GIJONESA, DEBE PRESERVARSE
El actual PGO profundiza en los errores históricos de extensión urbana a cualquier precio, saca del catálogo elementos que le resultan inconvenientes para poder llevarse por delante el paisaje tradicional, como es el caso de la zona de Cabueñes. El catálogo es lo que prima frente a la planimetría en cuanto a elementos protegidos, por lo cual resulta inexacto e insuficiente de manera interesada.
La campiña relicta del concejo tiene un valor muy superior al de la zona urbanizada y es la que genera calidad de vida en el concejo para sus habitantes. La explotación agrícola de esos terrenos con un enfoque ecológico es un auténtico yacimiento de empleo en una ciudad que se abastece de alimentos en el exterior lejano, incluso en otros continentes, en más de un 90%. Debe preservarse esta campiña por motivos socioeconómicos, culturales y de sustentabilidad.
En los Núcleos Rurales se debería rechazar el modelo imperante de 2ª residencia, con el aumento del uso de vehículos y de servicios municipales que conlleva aparejado, fomentando en cambio la rehabilitación de las viviendas ya existentes, y la construcción, siempre como 1ª residencia, debe orientarse al aprovechamiento de elementos dentro del núcleo que han perdido funciones, como cuadras y heniles.
Se debe favorecer la rehabilitación de arquitectura popular que hoy se encuentra amenazada, y se debería respetar la tipología tradicional de las construcciones de los núcleos.
Las zonas de ribera se deberían mantener como zonas verdes, promoviendo el mantenimiento del paisaje e integrándolo en el entramado urbano, y sin degradar los hábitats de interés.
Mención aparte merecen los “errores” y “olvidos” de un Catálogo Urbanístico que deja fuera de forma interesada todo aquello que, como la Carbayera de Zarracina en Cabueñes o la Casa de Xicu Piñera, pudiera obstaculizar el desarrollo inmobiliario de los planes de la época de Ovidio Blanco.
DEBEN PREVEERSE LAS DOTACIONES NECESARIAS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS
Para ello deben reservarse en todas las zonas habitadas los espacios para contenedores de recogida selectiva y los correspondientes puntos limpios, y muy especialmente en los polígonos industriales. Además se debe favorecer el autocompostaje en la zona rural.
Se debe obligar a la reutilización y reciclaje de residuos de construcción y demolición en las nuevas construcciones y rehabilitaciones, dado que la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE impone una tasa de reciclaje y reutilización de estos residuos del 70% antes de 2020 (art. 11). En este sentido con las licencias de obra debe garantizarse el destino de los residuos, que debería acreditarse posteriormente, así como el porcentaje correspondiente a la directiva de abastecimiento de materiales de construcción reciclados.
De igual modo debe imponerse la utilización de compost en los ajardinamientos y en el mantenimiento de las zonas verdes, así como los sistemas de reutilización del agua de lluvia mediante pertinentes sistemas de recogida (aljibes, charcas…)
La ubicación de vertederos de inertes se hará sobre los terrenos correspondientes a actividades extractivas abandonadas y en las zonas de mínimo interés ecológico y paisajístico.
EL DISEÑO URBANO DEBE CREAR UNA MOVILIDAD PARA LA CALIDAD DE VIDA
La equidad debe presidir la distribución de dotaciones y servicios por la ciudad, que debe tener resuelto el transporte público, en bicicleta y peatón en el propio diseño urbano. Además debe facilitarse la conexión entre zonas residenciales y centros de trabajo, de ocio, infraestructuras de uso público, por los medios citados de manera preferente.
Se debe promover la menor impermeabilización posible del suelo, empleando materiales porosos, tramas verdes de hormigón en aparcamientos, etc. Debe disponerse de caminos de arenas calibradas al modo de los existentes por toda Europa, por ejemplo en París, en Berlín… en especial en las zonas verdes, destinados al uso peatonal, por ser mucho mejores para la salud del caminante (menor impacto al caminar sobre articulaciones, variación postural en cada pisada que no genera tensiones, etc)
Se debe primar el uso de transporte no motorizado, y del transporte público intermodal.
Especial atención merecería la red de caminos rurales, forestales y sendas que se deben que conservar y proteger potenciando su mejora y uso y regulando la circulación recreo-deportiva que se hace por ellos.
La planificación de la pavimentación se debería realizar con un tratamiento adecuado en función de los usos, de forma que se alternen adoquinados, pavimentos de colores en zonas peatonales o de coexistencia, pavimentos sono-reductores en zonas especialmente sensibles al ruido, uso de materiales reciclados, etc.
ENERGÍA Y HABITABILIDAD TÉRMICA
Se debe tener en cuenta el aumento de temperatura que se produce en las áreas urbanas por la ausencia de vegetación. Debajo de una zona arbolada la temperatura es cinco grados más baja en verano y cinco grados superior en invierno, con medidas para reducirlo como la diversificación de tratamientos (áreas verdes, áreas permeables, etc.).
Debe imponerse la energía solar en la ciudad, en las cubiertas de edificios no protegidos y en las naves industriales. Implantar energías renovables en edificios y centros municipales e ir sustituyendo el consumo público y privado de recursos no renovables, estableciendo planes de ahorro y eficiencia energética.
INCORPORAR PARA EL AGUA, ABASTECIMIENTO y SANEAMIENTO SOSTENIBLES
Otro de los valores a tener en cuenta en un Plan de Ordenación es la optimización de los recursos limitados como el agua, y la consecución de un modelo urbano más eficiente para lo que se debe obligar a la instalación de mecanismos y sistemas de ahorro en las nuevas construcciones y en las rehabilitaciones:
Es necesario dotar a la red de saneamiento de un doble sistema que separe las aguas pluviales de las residuales, para así aprovechar las primeras para usos secundarios (riego, estanques, etc.)
No se deben autorizar más campos de golf, ni ampliar los existentes, por el consumo desmesurado de agua que suponen.
Sustitución de las tuberías de PVC, fibrocemento y/o plomo, por otras más ecológicas.
DEBE DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN
El planeamiento debe IMPONER medidas para reducir los efectos de contaminación atmosférica, acústica, lumínica y electromagnética:
Obligar a la adopción de las luminarias más eficientes, así como reducir la disposición de la iluminación. La iluminación con LED parece la alternativa mejor (iluminación fría de bajísimo consumo)
Además se deberán tener en cuenta la frecuencia, distancia y tipología de las luminarias para evitar la sobre-iluminación (contaminación lumínica).
Las zonas verdes deben contribuir al control y mejora del ambiente atmosférico. Se debe promover el diseño de viales con árboles de sombra autóctonos. Promover el uso de pantallas arbóreas que contribuyan a mejorar el paisaje y la calidad atmosférica, así como servir de pantalla natural en las zonas ambientalmente más sensibles.
Se debe promover el uso de vegetación como factor de refrigeración, sombra, protección frente al ruido, integración natural, fijación del carbono atmosférico…
Se debe proyectar el uso de barreras acústicas, con el fin de reducir el nivel de ruido en las viviendas próximas.
Se deben retirar los transformadores eléctricos de debajo de las viviendas, sacándolas en unidades compactas, y regular las instalaciones y repetidores de telefonía móvil.
DEBE MANTENER Y DEFENDER DE LA BIODIVERSIDAD
La planificación debería procurar la interconexión entre zonas verdes y naturales, en especial en el a zona rural. El diseño de nuevo viario deberá tener en cuenta la presencia de espacios y especies protegidos, de forma que se evite la fragmentación de los mismos, y al mismo tiempo se impida un incremento desproporcionado de la presencia humana.
Se deberían mantener en condiciones ambientalmente adecuadas las zonas húmedas, con el fin de conservar los hábitats adecuados a diversas especies de aves y anfibios para su alimentación y/o reproducción, evitando evitar su eutrofización y colapso.
Se deben proteger los suelos de elevado valor agronómico, cosa que no se hace en absoluto en la actual redacción, sino que se opta indiscriminadamente por su urbanización.
Con respecto a los bosques, ante la invasión de los cultivos de eucaliptos, vemos necesaria la prohibición de nuevas plantaciones de esta especie y otras alóctonas en tanto pretendan ocupar suelos hasta ahora agrícolas o ganaderos o forestales cubiertos de especies autóctonas. Debe obligarse a la sustitución paulatina de los cultivos forestales por especies autóctonas, una vez apeados.
En obras realizadas junto a especies de arbolado singular se tendrán que seguir las recomendaciones de los especialistas, concretamente en lo que respecta a los tejos.
Las obras viales, de drenaje, cunetas, bordillos y cierres se deben realizar de modo que faciliten el paso de la fauna de pequeño y mediano tamaño. Y también incorporar pasos para la fauna.
Se deberían censar y controlar las especies exóticas de flora y fauna en montes y terrenos municipales (charcas y ríos), promoviendo medidas de erradicación de las ya existentes, como el plumero (Cortaderia sp.).
En los parques y jardines se deberían usar especies autóctonas, evitando especies invasoras. La jardinería debe ser no arquitectónica, ecológica hasta donde sea posible, minimizando el aporte de productos químicos.
Y ADEMÁS, Los Verdes consideran que el Plan favorece y consolida la especulación urbanística en zonas rurales como Cabueñes y Castiello y cambia la calificación de terrenos circundantes al vertedero de SERIN para permitir la construcción de la macroincineradora prevista por COGERSA, donde estableciendo condiciones podrían autorizarse usos industriales de Cogersa diferentes de la incineradora. La desaparición del barrio del Muselín resulta inasumible e incomprensible si no es para despejar el entorno de vecinos ante un posible accidente en la planta regasificadora.
En opinión de Los Verdes, el nuevo PGO pretende reeditar el denominado “Plan Teixidor” tras su anulación por el TSJA, sin haber sabido tomar nota del contenido de la sentencia y sin tampoco corregir los intentos de entregar una buena parte de la zona rural gijonesa a la especulación urbanística. Se está errando tanto en la forma, en un nuevo Plan con graves carencias y defectos formales en su tramitación (solo hace falta leer las alegaciones presentadas al mismo) que provocarán, sin duda alguna, una nueva anulación judicial, y en el fondo, poniendo una simple envoltura nueva a anteriores y denunciados despropósitos urbanísticos como los de Cabueñes o los de Castiello.
POR LO EXPUESTO, SOLICITAN:
Que se tenga por presentado este escrito; por formulada oposición a las previsiones desarrollístas contenidas en el documento sobre la base de lo expuesto; se acuerde dejar sin efecto la aprobación inicial del Plan, retrotrayendo las actuaciones al momento anterior a aquel en que debía haberse estudiado en su conjunto el territorio y formulado las propuestas sobre la base de la situación del mismo; se elabore un verdadero estudio de impacto ambiental y, en base a su contenido, se elabore un PGOU sostenible, racional y coherente en sus decisiones, eliminándose las propuestas de desarrollos urbanísticos y de instalaciones no acordes con la población actual del municipio y con los valores paisajísticos y medioambientales.
En Gijón, a 20 de octubre de 2010.

El gobierno municipal inicia los trámites para la construcción de 3.000 viviendas en Castiello LA NUEVA ESPAÑA (6/6/07)

El gobierno municipal inicia los trámites para la construcción de 3.000 viviendas en Castiello LA NUEVA ESPAÑA (6/6/07)

El plan parcial, que afecta a casi un millón de metros cuadrados y será gestionado por una junta de compensación, recibió el visto bueno inicial.

. M. C.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón aprobó ayer inicialmente el plan parcial de Castiello de Bernueces, por lo que se ha dado el primer paso administrativo para poner en marcha la mayor operación urbanística (junto con la de Roces) en la zona rural del concejo, tras la aprobación del nuevo PGOU.
La operación consiste en la construcción de 3.000 viviendas (tanto en altura como unifamiliares) en una superficie de un millón de metros cuadrados entre la Ronda Sur y la carretera de Gijón a Pola de Siero, según explicó ayer José María Pérez López, concejal socialista en funciones de portavoz.
En la ficha del plan parcial de Castiello del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el número indicativo de viviendas estaba estimado en 2.430. Las viviendas se construirán en aproximadamente un tercio del terreno afectado, al sur de la ronda, y el resto se dedicará a zonas verdes (tanto públicas como privadas), equipamientos comerciales y deportivos y viales.
El desarrollo del plan parcial está en manos de una junta de compensación, en la que tiene mayoría un grupo de empresarios consorciados en la sociedad Bernueces, entre los que se encuentran Serafín Abilio Martínez (presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción) y Jacobo Cosmen, así como empresarios y constructores locales; además formarán parte de esa junta de compensación terrenos miembros de las familias Moro, Rubiera, Armada, de la Fundación San Eutiquio, de las empresas Arcisa, Construcciones San Bernardo, Villa de San Lorenzo, y otros particulares.
El proyecto de urbanización del plan parcial de Bernueces fue elaborado en febrero por el ingeniero gijonés Fernando González Landa, con la asistencia técnica del también ingeniero Jorge Pertierra de la Uz. El proyecto técnico de arquitectura está coordinado por Alejandro Miranda.
Según figura en la información que manejan los propietarios y el Ayuntamiento, la mayor parte de las viviendas se construirá en dirección norte y oeste-suroeste del terreno afectado de aquella parroquia rural.
Por su lado, la comunicación será a través de un bulevar con varias rotondas. La junta de compensación que controla la nueva bolsa de suelo urbanizable en Castiello tiene que hacerse cargo de las nuevas comunicaciones, que incluyen conexiones con la Ronda Sur y la carretera a Pola de Siero. En principio, están previstas hasta cinco zonas en las que se construirán bloques rectangulares de viviendas, con alturas que no superarán los cinco plantas. El resto serán viviendas unifamiliares y agrupadas.
El consorcio empresarial Bernueces tiene, aproximadamente, el 54% del terreno de todo el plan urbanístico de Castiello, por lo que tiene, por tanto, la mayoría en la junta de compensación, donde se integran también pequeños propietarios con parcelas de hasta 2.000 metros.

La Plataforma de Cabueñes alega que el PGO es «nulo de pleno derecho»


26.10.10 - 03:01 -
La Plataforma contra el Muro de Cabueñes (SOS Cabueñes) ha propuesto poner fin al expediente del Plan General de Ordenación (PGO) en su escrito de alegaciones, al ser una «ilegalidad manifiesta» arrastrada desde el Documento de Prioridades, al tiempo que también solicita la anulación del Informe de Sostenibilidad Ambiental, según fuentes de la organización vecinal.
En el escrito de alegaciones presentado el pasado viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, se critica la «falta de ética y de estética» del Ayuntamiento, al insistir en el Plan Parcial de Cabueñes a pesar del proceso penal abierto contra el ex arquitecto jefe municipal Ovidio Blanco. También critica que la información sometida a consideración ciudadana en la red municipal «no era la correcta».
Además, tal como se hizo constar en las sugerencias al Documento de Prioridades, SOS Cabueñes reitera que, pese a que la alternativa cero debe referirse a la no realización de la revisión, ésta incluye desarrollos urbanísticos derivados del Plan Teixidor de 2007. Por este motivo, si la alternativa cero no es válida, tampoco el Documento de Prioridades, lo que hace que el proceso de tramitación del PGO sea «nulo de pleno derecho».
Según la organización vecinal, se persiste en establecer nuevos territorios urbanos «desconexos y aislados» de la evolución tradicional de las urbes, lo que contribuye a la aparición de «islas de especulación entre la periferia verde de la ciudad» que generan, a su juicio, «plusvalías impresionantes». Como ejemplo, citan el caso de Cabueñes o el de Castiello de Bernueces. Sobre el primero, además, inciden en que no cabe el sistema de compensación que está planteado.
En cuanto al Informe de Sostenibilidad Ambiental, asegura que no atiende a lo prescrito en el documento de referencia establecido por el Principado (BOPA del 20 de mayo de 2010), y se remarca que si hubieran sido de especial atención los hábitats de interés comunitario -como tenía que haberse hecho, según la Plataforma-, hubieran supuesto «un obstáculo» frente a algunos suelos urbanizables.
De hecho, se remarca que el Informe de Sostenibilidad habla de que la Alternativa 1, la menos mala de las tres, requiere de medidas protectoras, correctoras o compensatorias para paliar impactos previstos por los desarrollos planteados y pone de ejemplo el crecimiento difuso y altamente dependiente del vehículo privado en algunas zonas rurales, que puede generar la degradación de algunas zonas en detrimento de otras, así como cambios en la demanda de servicios sociales.
También el escrito alude a otras zonas, como la sur de Porceyo, de la que dice que no es posible fraccionar una unidad territorial en cuatro ámbitos desconexos, o la del sur de Cabueñes, para la que sólo «un empecinamiento vergonzante» puede dar explicación al cambio en su definición territorial, en las inmediaciones del enlace de Deva.
La Plataforma analiza más en profundidad el proyecto para Somonte Alto y remarca que no es posible la actuación prevista sin enlace con la red viaria, que, aunque en el plano parece marcada por un par de líneas paralelas, no es así en la definición del ámbito de la actuación.
En este sentido, recalca que donde ahora se dice que va a ser suelo industrial, con 558.410 metros cuadrados previstos, el Documento de Prioridades lo establecía como suelo no urbanizable de recuperación ambiental, lo que supone un cambio «trascendente». Asimismo, rechaza la ubicación y remarca que sería «el primer suelo industrial con vistas panorámicas».
Desproporción en Granda
Por otro lado, critica, por «desproporcionada», la actuación en Granda, por la «ostensible» degradación del entorno fluvial recientemente recuperado en el entorno del Piles. Según la Plataforma, la operación urbanística afectaría a un enclave de muy elevado valor ambiental -magnífico ejemplo de Aliseda Pantanosa-que se vería «cercenado» por un vial previsto en el lugar que la Confederación Hidrográfica apuesta por preservar. También dice que el aspecto de preservación ambiental queda «cercenado» en lo que se refiere a la Carbayera del Tragamón, con calificación de Lugar de Interés Comunitario.
A SOS Cabueñes le llama la atención, además, que se contemple un nuevo aprovechamiento sobre un terreno que acogió antiguas explotaciones mineras, aún sin restauración efectuada, y que ahora pasan a considerarse suelos adscritos a núcleos rurales.
No obstante, para la Plataforma estos espacios de antiguas minas de áridos y otros, dispersos por parroquias de la zona Este, deberían estar excluidos de tal consideración. Como ejemplo, el escrito cita el Camino de Ñales y La Tejerona.

El plan de Castiello llegará hasta las 4.000 viviendas y estará finalizado en seis años

23 Ene 2008El Ayuntamiento aprobó ayer la formación de la junta de compensación Los vecinos esperan los planos para conocer el número total de afectados


El número ha ido creciendo hasta las 4.000. Esa será la cifra de viviendas que se levantarán en la parroquia de Castiello de Bernueces, en la mayor actuación urbanística prevista en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Una actuación que aún tardará unos seis años, aproximadamente, en finalizar, ya que ahora da sus pasos administrativos. La junta de gobierno aprobó ayer de forma definitiva la formación de la junta de compensación. Es decir, a partir de ahora podrán empezar a sumarse los vecinos afectados. Aunque lo cierto es que todavía no se sabe cuántos serán.

Porque, en Castiello, aún esperan los planos definitivos del proyecto, según explicó ayer el presidente de la Asociación de Vecinos, Ovidio Río. Hasta que no tengan esos planos, asegura, no sabrán cuántos son los propietarios que podrán optar por sumarse a esta actuación, que llevará a cabo una sociedad formada por ocho empresas, de mayoría gijonesa, que se denomina Bernueces Sociedad Civil. Quedan, por lo tanto, algunos meses por delante para los trámites administrativos, aunque la intención de la sociedad es iniciar las obras a lo largo de este año.

El proyecto actuará sobre una superficie cercana al millón de metros cuadrados, donde está previsto levantar 80 chalés, 91 torres bajas y 14 bloques con bajos comerciales. Habrá también áreas de zonas verdes y equipamientos y los promotores deberán ceder parte del suelo al Ayuntamiento para la construcción de viviendas de protección. Aunque lo cierto es que dichas viviendas no tienen por qué estar en la parroquia, ya que puede establecerse una permuta con los constructores con parcelas de otra parte de la ciudad.

La de Castiello es la actuación más grande y también la más madrugadora de todas las previstas en el PGOU, aunque lo cierto es que viene a sumarse a otras iniciativas que se encuentran en distinto grado de desarrollo y ejecución. En estos momentos, en la ciudad están en marcha, contando con las de Castiello, unas 6.600 viviendas. Las más avanzadas son las de El Lauredal, en Jove, donde en 2011 estarán finalizadas todas las fases de los 1.200 pisos proyectados. Algunos de ellos ya están acabados o a punto de hacerlo y las 224 que cuentan con protección oficial ya han sido sorteadas.

Plan especial de Roces
También con los trabajos en marcha está Roces, el segundo plan en el 'ranking' en cuanto a número de viviendas pero el primero, sin ninguna duda, en lo referido al debate y la polémica creados. El plan especial que gestiona Sogepsa contempla la construcción de 3.700 viviendas, la mayor parte de ellas con algún grado de protección. En concreto, 420 de ellas serán de promoción pública, 1.091 tendrán protección autonómica y 712 serán protegidas concertadas. En este momento se llevan a cabo los trabajos de urbanización del suelo, cuya finalización está prevista para después del verano.

Menos avanzado, pero también proyectado, está el plan de vías, cuyo plan especial será aprobado en febrero por el Pleno municipal, tal y como anunció la alcaldesa. El concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, confirmaba ayer que el número de viviendas estará finalmente entre las 1.300 y las 1.400, contando con las 200 proyectadas para la zona de ampliación del área. Esta importante actuación para la ciudad aún tendrá que esperar, como la de Castiello, algunos años para hacerse realidad.

Hasta aquí, las principales actuaciones previstas en las grandes bolsas de suelo de Gijón. Al menos, las que están en marcha. Porque el PGOU dejaba las puertas abiertas en otros lugares. Como en Granda, donde se prevé la construcción de 2.000 viviendas, indica el concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo. El edil asegura que ese proyecto está «más retrasado», ya que ni siquiera se ha iniciado el expediente para formar la junta de compensación. En este caso, como en casi todos los demás, la cifra de 2.000 viviendas es orientativa, ya que finalmente depende siempre de los metros cuadrados que tenga cada una de la viviendas construidas.

Se sumará a la lista también la parroquia de Cabueñes, donde el PGOU deja margen para construir unas 600 viviendas. Así como La Camocha, donde el plan de expansión del poblado supondrá la construcción de más de 300 chalés. Algo más, unas 400 viviendas, son las que se levantarán en la actuación del Alto del Infanzón, donde se acaba de constituir una junta vecinal para desarrollar el suelo. En el futuro, también en Somió habrá una nueva urbanización, concretamente en el suelo que quedará liberado tras el traslado de la pecuaria. Aún se desconoce el número de viviendas, pero Sanjurjo asegura que «es una actuación muy pequeña» en comparación con los grandes desarrollos hasta ahora citados.

Por último, el PGOU contempla 1.200 viviendas en Porceyo, aunque, en ese caso, ni siquiera existe aún la propuesta de promotores y constructores para llevar el proyecto a cabo, asegura el concejal de Urbanismo.

El Puerto pide que el suelo de Naval sea mixto

06/11/2010 00:00 /
La Autoridad Portuaria ha solicitado al ayuntamiento de la ciudad, dentro de las alegaciones al Plan General de Ordenación (PGO), que la parcela de 38.000 metros cuadrados -cuya concesión ostentaba Naval Gijón hasta febrero, y que ahora gestiona el Puerto- mantenga unos usos, características y densidad similares a las de su entorno. Aunque la Autoridad Portuaria ha rechazado profundizar más en el asunto, se entiende que ha solicitado un uso mixto del suelo del Natahoyo, es decir compartir el uso residencial (viviendas) con el industrial (oficinas).
En este sentido, el Puerto ya ha trasladado a Puertos del Estado su intención de que dicha parcela sea declarada innecesaria y se tramite su desafectación puesto que consideran que “la ubicación queda excluida de cualquier uso portuario”. La petición, que se acordó tramitar en el Consejo de Administración de mayo, aún se encuentra a la espera de la resolución de Fomento.

UPyD Apuesta por la unión de los concejos menos poblados para ahorrar costes y asegurar la prestación de los servicios públicos

La cuestión local es sensible, delicada. Concurren a su alrededor factores que no son únicamente económicos o políticos, sino vinculados con las raíces, la identidad propia. Por eso cuando alguien habla de suprimir municipios, de concentrarlos, salta la polémica. Se atrevió a hacerlo el pasado martes el consejero de Economía, Jaime Rabanal, y fue corregido 24 horas después por la portavoz de su Gobierno. Los partidos políticos suelen huir de este debate, pasar de puntillas. Sin embargo, UPyD cree que es el momento de ponerlo sobre la mesa, partiendo de la creencia de que la estructura actual acarrea un desmesurado gasto público y no garantiza una adecuada prestación de los servicios, sobre todo en los concejos con menos población y recursos. Con este objetivo, ha elaborado un estudio que aboga por impulsar la fusión de ayuntamientos, fijando un tamaño mínimo para las entidades resultantes de 5.000 habitantes. Aplicado en sentido estricto, supondría pasar de los 8.112 municipios que hoy tiene España a unos 2.500, lo que generaría un ahorro cercano a los 3.900 millones de euros anuales.
Obviamente, UPyD no piensa en una aplicación al pie de la letra de las conclusiones del citado informe. Considera urgente la fusión de ayuntamientos, sí, pero asume que hay que tener en cuenta condicionantes adicionales al demográfico. En Asturias, por ejemplo, la escarpada orografía o la dispersión de la población, que en muchos casos harían inviable conformar concejos de más de 5.000 habitantes sin que su extensión geográfica fuera desmesurada y, por tanto, irrealizable en la práctica. Pero el estudio supone una base de la que partir a la hora de pensar en la reforma de un mapa local que la formación, liderada en Madrid por Rosa Díez y que en el Principado aspira a conseguir un escaño en la Junta General, cree anticuado e ineficaz.
«Las Cortes de Cádiz, la España liberal, definió un modelo campesino-parroquial que perdura», sostienen los responsables del estudio, que se ciñen a las estadísticas. De los 8.112 municipios que hay en España, 6.821 tienen menos de 5.000 habitantes. Esto es, el 84,1%. 47 de ellos, de un total de 78, están en Asturias. Un reparto que UPyD ve insostenible y que impide en muchos casos ofrecer a los habitantes de esos pequeños núcleos acceder a unos servicios públicos en las mismas condiciones de calidad que en los espacios más poblados.
¿Qué propone UPyD? Reducir el número de municipios. ¿Cómo? Por la vía de la fusión. Se apuesta por impulsar ayuntamientos que tengan una población mínima de 5.000 habitantes, que además giren en torno a un núcleo principal más poblado. Y, a partir de ahí, se aboga por favorecer concejos de entre 10.000 y 20.000 habitantes, considerados como los más eficientes en la prestación de servicios al ciudadano. La existencia de concentraciones inferiores a 5.000 habitantes se considera «excepcional», siempre que concurran una serie de principios.
Plantea incluso el informe cómo desarrollar y ejecutar las fusiones. Primero, abriendo un período para llevarlas a cabo de forma voluntaria, a propuesta de los municipios implicados, a los que se comprometen una serie de ayudas económicas. Y, a partir de ahí, optando por un proceso obligatorio, aplicando los criterios demográficos antes mencionados.
Dinero, mucho dinero
Para los responsables de UPyD, los beneficios que se pueden obtener de esta reestructuración son enormes. El primero es de cariz económico. Si se toma como referencia el mínimo de 5.000 habitantes por municipio, el ahorro potencial que se obtendría sería de 3.866 millones anuales. Y pensando en un escenario más teórico, pero inaplicable en la práctica, que consiste en un mapa municipal en el que todas las unidades tuvieran más de 20.000 habitantes, la cuantía que se liberaría asciende a 16.142 millones de euros al año.
Habría más ventajas. Se apunta a una mejora en la calidad de servicios como el abastecimiento de agua, la recogida de basuras o las políticas sociales. También se lograría, sostienen los autores del informe, una simplificación de los procesos administrativos y una racionalización de las estructuras de los ayuntamientos, traducida en menos concejales, menos empresas públicas y fundaciones «redundantes» y la eliminación de vehículos oficiales y dietas.
Es verdad que el planteamiento de UPyD tiene mucho de teórico, y que llevarlo a la práctica es una cosa diferente. Pero su objetivo pasa por ser un punto de partida sobre el que luego trabajar, adaptándolo a las peculiaridades de cada territorio. Así lo destaca Ignacio Prendes, candidato autonómico de la formación, que precisa que en Asturias la situación es más racional que en otros territorios y que, además, habría que tener en cuenta especificidades como la orografía, la dispersión de la población e incluso otros argumentos socioeconómicos.
Prendes, por ejemplo, estima imprescindible la fusión de municipios en las alas, en el Oriente y el Occidente. Pero asume que hay casos en que incluso uniendo varios no se llegaría a ese límite mínimo de los 5.000 habitantes que marca el informe, salvo que se creara un ayuntamiento con una amplitud geográfica tan grande que lo hiciera ingobernable. Aquí, por tanto, sí se justificaría la excepción que plantea UPyD de integrar varios municipios, aun cuando la entidad resultante siga teniendo menos de 5.000 vecinos. Un primer paso ya se habría dado.
«Una única ciudad»
Asimismo, Prendes insta a observar la vida social y económica asturiana para constatar que hay municipios vecinos que, de facto, actúan como uno solo. El candidato de UPyD considera muestras claras de esta realidad a los ayuntamientos que integran la comarca de Avilés (el propio Avilés, Castrillón, Corvera e Illas) o la cuenca del Nalón, «que ya es una única ciudad», desde Laviana hasta La Felguera. En su opinión, esta política de fusiones podría aplicarse en ambos casos sin traumas y con ventajas prácticas para los vecinos que habitan ambos territorios.

covibarges ruinas en rivas vaciamadrid

Esta es la historia-calvario de unos vecinos de Rivas Vaciamadrid, que en 1998 compramos unos chalets , y en 5 meses comenzaron a aparecer grietas en nuestras viviendas. En la actualidad, tras 9 años de sufrimiento, las viviendas se encuentran sujetas a un expediente de ruina del Ayuntamiento, y tenemos una causa en el Tribunal Supremo, pendiente de que algún año salga la vista.

Los vecinos nos vimos obligados a abandonar las viviendas, y tras un año de calvario, en que estuvimos realojados en otras, nos vimos obligados a comprarlas, lo cual supone que, en la actualidad, estamos pagando dos hipotecas, la de la casa en ruinas, y la de la casa que nos obligaron a comprar. Nuestra situación es bastante desesperada, y hemos acudido al Ayuntamiento (de Izquierda Unida) para que nos ayude. Sin embargo, curiosamente nuestro Ayuntamiento nos ha estado dando largas, a través de reuniones en las que alentaban una solución paliativa, hasta que, finalmente, tuvieron lugar la elecciones municipales. Desde entonces, el Ayuntamiento no ha vuelto a dar señales de vida.

En el proceso judicial que se abrió, transcurrido el tiempo, nos percatamos de que, el abogado que llevó nuestro caso, también lo era de la empresa que gestionó toda la promoción, Covibarges. Ello ha supuesto que, esta empresa, no haya sido denunciada en el proceso, y por tanto se considera como no responsable de los hechos, aunque fuentes jurídicas consultadas nos han informado de lo contrario.

En esta época de situaciones urbanísticas "complejas", nos gustaría poder denunciar públicamente nuestra situación, la excesiva lentitud de la justicia, y la inexistencia de colaboración por parte de un Ayuntamiento que, a día de hoy, es de los pocos en los que gobiernan los de Izquierda Unida en nuestra Comunidad. Además, querríamos denunciar cómo una promotora ya conocida, Covibarges, que realmente ha sido corresponsable de la construcción de unas viviendas en un terreno que no cumple las condiciones de edificabilidad, campea impunemente en nuestro municipio, y en otras Comunidades Autónomas, construyendo viviendas de lujo, y no ha sido capaz de asumir su parte de responsabilidad tan importante en nuestra ruina económica .

El plan de Granda crea una nueva conexión con Vega y zona verde que amplía la senda fluvial

Sábado 08 de marzo de 2008
Covibarges, principal promotor del desarrollo de 1.200 viviendas, presentó en Urbanismo el proyecto que diseñó Alejandro Miranda

El desarrollo de 1.200 viviendas en Granda ya está en vías de tramitación. Covibarges, la principal promotora del proyecto, presentaba esta semana ante el Ayuntamiento de Gijón el plan parcial que remodelará los terrenos comprendidos entre el nudo de la Autovía Minera, la carretera de Pola de Siero y la senda fluvial. Esta empresa madrileña apuesta por un diseño «blando», con edificios de tres alturas y una gran zona verde que se funda con los espacios recuperados en las riberas del río Piles. Todo ello vertebrado en torno a un viario con cinco rotondas, que abrirá una nueva conexión con Vega.
Miriam SUÁREZ

La promotora madrileña Covibarges ha presentado esta semana en el Ayuntamiento de Gijón el plan parcial que ordenará el desarrollo residencial de Granda. Al amparo de dicho documento, se redefinirán 337.000 metros cuadrados de suelo rural entre el nudo de la Autovía Minera, la senda fluvial del río Piles y la carretera de Pola de Siero, donde está previsto levantar un nuevo barrio de 1.200 viviendas.

La actuación de Granda, diseñada por el arquitecto gijonés Alejandro Miranda, generará 50.000 metros cuadrados de zonas verdes públicas. La mancha vegetal más importante incluye un carril-bici y se situará en el borde del área residencial que limita con el cauce del Molino, prolongando así el espacio que la Confederación Hidrográfica del Norte ha recuperado en torno al río Piles.

Esa intervención medioambiental es, precisamente, uno de los motivos por los que Covibarges se ha interesado en la zona de Granda. La empresa, presidida por el asturiano Armando Rodríguez Vallina, no desarrollará en solitario este plan parcial. En la operación, una de las más potentes del planeamiento urbanístico gijonés, también intervienen varios promotores gijoneses y algún particular.

Según los planos presentados esta semana ante los servicios urbanísticos del Ayuntamiento de Gijón, las zonas verdes tienen una doble función: esponjar el área residencial y propiciar una transición urbanística entre las nuevas edificaciones y el paisaje rural existente. A la superficie verde pública, se sumarán 18.292 metros cuadrados de jardines privados, que enmarcarán una tipología edificatoria «más bien blanda».
Como blando, los promotores del proyecto entienden las villas de tres alturas, más bajo y ático. Este tipo de edificios, predominante en el desarrollo de Granda, ocupa una superficie en planta de poco más de 400 metros cuadrados. También habrá bloques, aunque no excederán los 45 metros de longitud y estarán concentrados en cinco áreas de centralidad, donde se distribuyen los 4.000 metros cuadrados de usos comerciales previstos en este desarrollo urbanístico. Sólo dos de esos bloques se elevarán por encima del resto de edificios -cuatro plantas, más bajo y ático- y lo harán para formar una especie de pantalla frente al enlace de la Autovía Minera.

Todo ese conjunto residencial se completará con una zona de viviendas unifamiliares (se descarta la fórmula de chalés adosados); infraestructuras deportivas, para las que se reservan 11.092 metros cuadrados en la cabecera del área residencial; unos 15.000 metros cuadrados de cesiones para equipamientos aún sin definir; y una parcela de 7.000 metros cuadrados (3.750 de construcción en planta) para instalaciones público sociales. El mayor volumen de equipamientos se sitúa en la fachada que mira hacia la carretera de Pola de Siero, para favorecer su accesibilidad desde el exterior del polígono.

El ámbito adscrito al plan de Granda se vertebrará en torno a un gran vial, que atraviesa el área residencial de lado a lado, abriendo una nueva conexión con la parroquia de Vega-La Camocha. La puesta en marcha de este eje de comunicación posiblemente relegará la carretera de Pola de Siero a una simple vía urbana. El nuevo viario hilvanará una cadena de cinco rotondas, para repartir el tráfico tanto hacia el interior del área residencial, como hacia la zona rural, la Autovía Minera y el casco urbano.
 

¡ATENCIÓN, GRANDA: LLEGA COBIVARGES!

Esta es la historia-calvario de unos vecinos de Rivas Vaciamadrid, que en 1998 compramos a través de la promotora gestora CovibarGes, S.L. unos chalets en Rivas Vaciamadrid, y en 5 meses comenzaron a aparecer grietas en nuestras viviendas. En la actualidad, tras 9 años de sufrimiento, las viviendas se encuentran sujetas a un expediente de ruina del Ayuntamiento, y tenemos una causa en el Tribunal Supremo, pendiente de que algún año salga la vista. Los vecinos nos vimos obligados a abandonar las viviendas, y tras un año de calvario, en que estuvimos realojados en otras, nos vimos obligados a comprarlas, lo cual supone que, en la actualidad, estamos pagando dos hipotecas, la de la casa en ruinas, y la de la casa que nos obligaron a comprar. Nuestra situación es bastante desesperada, y hemos acudido al Ayuntamiento (de Izquierda Unidad) para que nos ayude. Sin embargo, curiosamente nuestro Ayuntamiento nos ha estado dando largas, a través de reuniones en las que alentaban una solución paliativa, hasta que, finalmente, tuvieron lugar la elecciones municipales. Desde entonces, el Ayuntamiento no ha vuelto a dar señales de vida. En el proceso judicial que se abrió, transcurrido el tiempo, nos percatamos de que, el abogado que llevó nuestro caso, también lo era de la empresa que gestionó toda la promoción, Covibarges. Ello ha supuesto que, esta empresa, no haya sido denunciada en el proceso, y por tanto se considera como no responsablede los hechos, aunque fuentes jurídicas consultadas nos han informado de lo contrario. En esta época de situaciones
urbanísticas "complejas", nos gustaría que contactarais con alguno de nosotros, y que pudiéramos denunciar
públicamente nuestra situación, la excesiva lentitud de la justicia, y la inexistencia de colaboración por parte de un Ayuntamiento que, a día de hoy, es de los pocos en los que gobiernan los de Izquierda Unida en nuestra Comunidad.
Además, querríamos denunciar cómo una promotora ya conocida, Covibarges, que realmente ha sido responsable de la construcción de unas viviendas en un terreno que no cumple las condiciones de edificabilidad, campea impunemente en nuestro municipio, y en otras Comunidades Autónomas, construyendo viviendas de lujo, y no ha sido capaz de asumir su parte de responsabilidad tan importante en nuestra ruina económica .

Se

Los promotores ofrecen entre 240 y 270 euros por metro de suelo en Granda


Covibarges, que adquirió 186.000 metros cuadrados a la familia Armada, controlará el proyecto, que va a gestionar Fernando Negueruela

Los promotores que están intentando adquirir terreno en la unidad de actuación de Granda están ofreciendo entre 240 y 270 euros por metro cuadrado a los propietarios de las fincas que restan por vender y que están pidiendo entre 300 y 320 euros por metro. La Junta de Compensación de la unidad será controlada por Covibarges, firma madrileña que acaba de adquirir 186.000 metros cuadrados a la familia Armada, los herederos de los condes de Revillagigedo. En la zona también han comprado Dursa y Residencial Maya. Lugaru, Duro Felguera y el presidente de «Les Caseríes» son dueños de fincas.
M. C.

Las empresas promotoras y los propietarios del suelo de la unidad de actuación de Granda, que ocupa una superficie total de 319.000 metros cuadrados, están negociando la compraventa del suelo en precios que oscilan entre los 240 euros y los 320 euros el metro cuadrado, confirmaron vecinos de la zona y promotores. El desarrollo de una futura urbanización que pondrá en el mercado unos 1.200 pisos de lujo estará liderado por la empresa madrileña Covibarges, que ha adquirido a la familia Armada 186.000 metros cuadrados en la zona, tal como informó ayer LA NUEVA ESPAÑA.

Con esta operación de adquisición de parte de los terrenos de los descendientes del conde de Revillagigedo, Covibarges (cuya experiencia fundamental es la gestión de cooperativas) se garantiza el control de la Junta de Compensación, que repartirá las parcelas entre los promotores.

Además de los 186.000 metros cuadrados que posee Covibarges, en la unidad de actuación también están posicionadas dos promotoras asturianas. Dursa cuenta con 17.000 metros cuadrados, que adquirió en su día a la promotora Paredes. Residencial Maya es la segunda promotora local en la zona, con 25.000 metros cuadrados. También entrará en la Junta de Compensación, para promover viviendas, la firma contratista Lugaru. El plan de Granda afecta a más de 20.000 metros cuadrados de una finca que tiene en la zona desde hace años Lugaru. Otra empresa ajena al mundo de la promoción que también tiene propiedades en la unidad de actuación es Duro Felguera, con una finca de unos 10.000 metros cuadrados.

Otros vecinos del lugar están negociando la venta de sus tierras. Es el caso del presidente de la Asociación de Vecinos de Granda y de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural «Les Caseríes», Celestino Álvarez. Junto a su hermano, poseen 35.000 metros cuadrados en la zona.

Los vecinos están recibiendo ofertas de intermediarios de las inmobiliarias con precios que oscilan entre los 240 euros y los 270 euros por metro cuadrado. Lo que los propietarios piden está entre los 300 euros y los 320 euros por metro cuadrado.
La empresa que se encargará de la gestión de esta unidad de actuación es Necor, de Fernando Negueruela, que es la misma que realiza la gestión de la unidad de actuación de Castiello. Con más de la mitad del suelo de la unidad controlado, tras la compra de los 186.000 metros cuadrados a la familia Armada, Covibarges pondrá en marcha la Junta de Compensación. Uno de los miembros de la familia vendedora, que negoció la venta, declinó ayer realizar comentarios sobre la operación.
 

Covibarges adquiere a la familia Armada suelo para 1.200 viviendas en Granda

Miércoles 06 de junio de 2007
La compañía madrileña, que lidera el asturiano Armando Rodríguez Vallina, prepara un proyecto de lujo, ya que «Gijón tiene futuro como ciudad litoral»

El desarrollo residencial de Granda estará liderado por una empresa de Madrid, que ha tomado el control de la operación después de haber comprado a la familia Armada 186.000 metros cuadrados de terreno en la zona. La compañía, Covibarges, está dirigida por el asturiano Armando Rodríguez Vallina, que se interesó por este proyecto urbanístico al considerar que «Gijón tiene futuro como ciudad del litoral para primera y segunda residencia». En Granda, edificará 1.200 viviendas de lujo. Su idea es vender el metro cuadrado construido a 3.000 euros. «No vengo a especular», asegura.
F. C. / Miriam SUÁREZ

La empresa Covibarges, con sede en Madrid, liderará el codiciado desarrollo residencial de Granda. A la cabeza de la compañía se encuentra el asturiano Armando Rodríguez Vallina, que ha logrado tomar el control de la operación gracias al acuerdo de compraventa de terrenos que la pasada semana liquidaba con la familia Armada en una notaría de Gijón.

Los descendientes del conde de Revillagigedo, que tienen numerosas propiedades a caballo entre Ceares y Granda, se han desprendido de 186.000 metros cuadrados en la zona. La adquisición de ese suelo permite a Covibarges ponerse al frente de un proyecto urbanístico que se traducirá en la construcción de unas 1.200 viviendas de lujo.

La unidad de actuación de Granda ocupa una superficie total de 319.000 metros cuadrados. Lo que significa que Covibarges controla prácticamente el 60 por ciento del suelo y ya puede, por tanto, iniciar los trámites de este nuevo desarrollo urbanístico, aun cuando el resto de propietarios no esté a favor. «De todas formas, seguimos negociando; nos interesa comprar el máximo suelo posible para una mejor organización de esa área», precisaba ayer telefónicamente Rodríguez Vallina.

La de Granda será la primera promoción urbanística que el empresario, con más de veinte años de trayectoria en el sector, lleve a cabo en Asturias. Hace cuatro años, intentó posicionarse en Colloto, aunque finalmente no pudo ser. «Quería hacer algo en mi tierra. Y Gijón tiene futuro como ciudad de litoral, para primera y también para segunda residencia», explicó Rodríguez Vallina.

El área de influencia de Covibarges es Madrid y su entorno más inmediato. Actualmente, la compañía está trabajando en un proyecto de 8.000 viviendas en la zona de Rivas Vaciamadrid. Un proyecto en el que participa una rama de la familia Armada. Esa relación empresarial hizo posible las negociaciones con los Armada Ulloa, Aritio Armada y Aritio Sanz-Briz, para la adquisición de terreno en Granda.

«Se trata de una zona muy atractiva por la proximidad del nuevo nudo de comunicaciones -el de la Autovía Minera- y de la senda fluvial del Piles. Mi intención es hacer edificios de cuatro alturas como máximo y alguna vivienda unifamiliar. No se puede afear un entorno con tantas posibilidades. Ya tengo la vida resuelta, no vengo a especular», señaló Rodríguez Vallina, que montará en Gijón una sucursal de su empresa. Las obras de urbanización se iniciarán en 2008. Su idea es vender el metro cuadrado construido a 3.000 euros.