«La crisis nos afecta a todos, pero sólo se habla de la
pública». El director del gijonés Colegio de La Inmaculada, José
Guerrero, es una de las voces que se alzan en la enseñanza concertada
(tradicionalmente menos combativa) para denunciar la situación de un
sector en el que «todo sube mientras el Gobierno recorta» en una suerte
de ordeno y mando. Y pone un ejemplo: «El año pasado, a los concertados
nos quitaron el 1,5% del módulo de otros gastos, en el que se incluyen
desde el agua y luz a la limpieza. Este año, vuelven a recortar otro
1,5% . Y, encima, con efectos retroactivos. Desde enero».
La situación, aseguran, es tan sangrante que los
principales sindicatos y organizaciones de la red se han declarado «al
borde de la quiebra técnica» tras los últimos tijeretazos, que afectan a
las condiciones de la enseñanza y la financiación pública. Agravadas,
en algunos casos, por el retraso de las administraciones en el pago.
Además, molestan las formas. El responsable del departamento jurídico de
Escuelas Católicas, Luis Centeno, llegó a acusar al Ministerio de
Educación de aplicar los ajustes «sin negociación ni diálogo», por la
vía de los «hechos consumados». Una crítica que suscriben la
Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la Unión de
Cooperativas de Enseñanza (UECoE) y la Federación Española de Centros de
Enseñanza de Economía Social (FED-ACES).
«Es un momento de extrema dificultad para la concertada,
que sufre iguales recortes, si no peores, que la pública», denuncian los
sindicatos en pleno. Además de referirse al decreto-ley que permite
aumentar el número de alumnos por aula, la carga lectiva del profesorado
y la reducción del módulo económico de concierto, cargan contra la
medida del Gobierno central que acaba de refrendar el Principado: «Ahora
van y bajan un 4,5% el sueldo del profesorado, también de forma
retroactiva, lo que supone que los 3.000 docentes de la concertada
cobrarán unos mil euros menos a final de año si tomamos como base un
salario medio. 4,5% por catoce pagas».
Todavía no sabe el secretario general de la Organización
de Trabajadores de Enseñanza Concertada (OTECAS), Juan Luis González, si
el tajo repercutirá sobre la última nómina o la extra de Navidad pero
todo indica que así será, como pasó en la pública. La diferencia,
puntualiza José López-Sela, del mayoritario FSIE, radica en que, antes
de la rebaja su sueldo ya era «notablemente inferior al de los
funcionarios»; el recorte, que «se produce en «la comunidad que ya tenía
la mayor diferencia» entre ambas redes, «en lugar de homologar a unos y
otros», los distancia aún más.
«Una injusticia absoluta»
«Es una injusticia absoluta que nos deja casi como
mileuristas», resume López-Sela, que recuerda que los docentes de los 70
centros escolares concertados asturianos -que suman 1.500 unidades y
que cada año dejan fuera a unos 130 chicos por falta de plazas- atienden
al 27% del alumnado total de la región y, sin embargo, la dotación que
el Gobierno asigna a esta red es inferior al 12% del presupuesto de
Educación para la pública, mientras que el salario de sus profesionales
es un 18% inferior. Llueve sobre mojado y hay más motivos para la
indignación: «El recorte que sufren los funcionarios no se consolida y
en nuestro caso no se habla de que desaparezca el año que viene».
«A la consejera, que ha ocupado puestos muy destacados en
el terreno de la igualdad, ya hemos tenido la oportunidad de
trasladarse que la equidad no debería ser sólo entre hombres y mujeres»,
ironiza el portavoz de FSIE. Otro ejemplo: «Si en el caso de los
centros públicos, la carga lectiva se ha aumentado de 18 a 20 horas en
Secundaria, los docentes de la concertada estamos trabajando 25 horas
semanales de toda la vida».
Pero los agravios siguen, dice Juan Luis González: «Las
bajas del profesorado no se van a cubrir hasta pasadas dos semanas, al
igual que en la pública. Pero es que en la concertada la plantilla es
menor. Y, en Infantil, tenemos una ratio de 1/1. Un docente por aula. No
hay más. Con lo que, si hubiese que sustituir a un compañero, eso nos
obligaría a hacer grupos de 60 alumnos, con riesgo incluso para ellos. Y
desaparecen también a las incentivos a las jubilaciones parciales
anticipadas, que era la forma de rejuvenecer plantillas. ¿Más?».
