En Unión Progreso y Democracia estamos convencidos de que la mejora de nuestro sistema educativo y de investigación es una de las claves para superar los principales problemas que atraviesa España. También lo estamos de que el sistema educativo español atraviesa una grave crisis y de que somos la única fuerza política que defiende con coherencia y rigor las reformas educativas necesarias para avanzar hacia una España más próspera, igualitaria y cohesionada territorialmente.
La importancia estratégica de la Educación hace imprescindible un Pacto de Estado que garantice la permanencia de la norma, introduzca las reformas necesarias para corregir las deficiencias de nuestro sistema educativo y garantice los recursos
necesarios. Éstas son nuestras propuestas para ese Pacto:
1. La recuperación de las competencias en Educación por el Estado para garantizar un sistema educativo común integrado en un espacio educativo europeo.
2. Una Ley de Financiación de la Enseñanza que garantice a largo plazo los medios humanos y materiales necesarios.
3. Un curriculum que inculque las virtudes democráticas (e incluya una asignatura específica basada en el estudio de la Constitución y los derechos y libertades fundamentales) y sea laico desde el punto de vista ideológico, identitario y
religioso.
4. La apuesta por una enseñanza pública de calidad, ampliando la red pública, (incluida la de educación infantil),estableciendo un control riguroso de los criterios de admisión en todos los centros sostenidos con fondos públicos (que
evite la segregación por sexo, extracción social, origen étnico o cualquier otra condición) y exigiendo la gratuidad real en todos ellos.
5. La libertad de elección lingüística.
6. Una enseñanza que valore el esfuerzo, el aprendizaje, la excelencia y la responsabilidad, que parta del reconocimiento de los profesores como los verdaderos expertos en materia educativa y que supere los dogmas responsables del fracaso del
sistema vigente.
7. El restablecimiento de la disciplina en los centros y el reconocimiento del profesorado como autoridad pública a fin de erradicar el acoso escolar, especialmente el padecido por el alumnado que por su orientación sexual, origen étnico, lengua materna o cualquier otra condición sea especialmente vulnerable.
8. La escolarización obligatoria hasta los 16 años, con una secundaria que incluya dos itinerarios: un bachillerato sólido y riguroso, más largo y unificado que el actual y comenzado a una edad más temprana, y una formación profesional de
calidad que permita acceder a estudios superiores.
9. La reducción del número de asignaturas por curso y la implantación de un curriculum más realista que tome como base el trabajo global del alumno y no sólo las horas lectivas (a la manera del crédito europeo) y que rectifique la actual tendencia a relegar los objetivos de instrucción.
10. La diversificación como alternativa a la repetición de curso y el fracaso o abandono escolares, con programas de iniciación profesional, accesibles desde los 14 años, que permitan la obtención del título de Secundaria Obligatoria.
11. La dotación a los centros de los medios humanos y materiales que permitan la inclusión del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, siguiendo un modelo flexible que se adecue a las necesidades de cada alumno, con la
integración en los mismos centros y grupos que el resto como opción preferente.
12. El impulso al aprendizaje de lenguas extranjeras, especialmente el inglés, fomentando la enseñanza bilingüe (o trilingüe en las CCAA con dos lenguas cooficiales).
13. La reducción de la brecha digital, facilitando el acceso en condiciones de igualdad a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
14. Un nuevo sistema de formación del profesorado basado en la realización de prácticas remuneradas en los centros (similar al MIR) como alternativa al actual Master-CAP, un método de selección que respete los principios de igualdad, mérito y
capacidad (suprimiendo los concursos restringidos o cuasirrestringidos y el recurso a la contratación interina como vía de acceso) y una carrera docente que valore la excelencia académica y la capacidad pedagógica por encima de la recepción de
cursillos.
15. La revisión y refuerzo de la figura del inspector, con funciones de apoyo y evaluación, y no sólo de fiscalización.
16. La integración de la Universidad española en el Espacio Europeo de Educación Superior, recuperando el espíritu original de la Declaración de Bolonia frente a los intentos de extender a las Universidades reformas ya fracasadas en la Secundaria.
17. Un programa de becas y unas tasas fijadas para los estudios de postgrado similares a las de grado, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades.
18. La movilidad de estudiantes y profesores, superando la endogamia por medio de una reforma del sistema de selección del profesorado y de la restitución a los funcionarios universitarios del derecho al traslado.
19. El fomento de la investigación, aumentando la inversión, desvinculando las plantillas universitarias de las necesidades docentes, potenciando programas como el Ramón y Cajal y estabilizando laboralmente al personal investigador contratado.
20. Una evaluación continua del sistema educativo, en todos sus niveles, basada en la realización de pruebas externas por parte de alumnos y titulados, como alternativa los métodos actuales, ineficaces e insufriblemente burocráticos
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