Objetivo: 18.000 asturianos beneficiarios de la Ley de la Dependencia. Esa es la cifra marcada en rojo en la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, que quiere aprovechar 2010, el año de parón de la ley, para ponerse al día con los casos pendientes. De los 11.158 asturianos que, a fecha 1 de marzo, no sólo tienen reconocido su grado y nivel de dependencia, sino que reciben una paga o un servicio por ello, el Principado prevé llegar a los 18.000 cuando las campanadas anuncien la llegada de 2011.
Esos 6.842 beneficiarios llegarán por un lado con la firma de los Planes Individuales de Atención (PIA), el documento en el que cada beneficiario acepta su grado de dependencia y plasma por escrito qué quiere, si una prestación en servicio o en dinero. En estos momentos, están pendientes 4.443 firmas. Además, las cuentas se ajustarán con la valoración de todas las personas que lo han solicitado, capítulo en el que todavía están a la espera 6.659 asturianos de los casi 30.000 que, desde el 27 de abril de 2007, han presentado la solicitud.
Para sacar adelante el trabajo pendiente, Bienestar Social confía en el incremento de plantilla que, según el director general de Servicios y Prestaciones Sociales, Pedro Rodríguez, «ya ha empezado a dar sus frutos», como es que el ritmo de valoraciones «haya crecido un 11% al mes, con 2.674 realizadas sólo en el mes de marzo».
En cuanto a la firma de PIAs, Rodríguez también tiene porcentajes positivos, «puesto que en junio del año pasado teníamos pendientes 6.300 expedientes. En marzo, la cifra bajó a 4.443 y seguirá bajando».
Su confianza no estriba sólo en el trabajo de su equipo, sino también en la evidencia de que la avalancha de casos con gran dependencia, los que tienen derecho a la atención en estos momentos, «ha bajado». Lo ha hecho de tal forma que «el 33% de las solicitudes que se han presentado es de personas que no tienen derecho a una prestación. O bien porque están fuera de la ley aún, es decir, el grado I en sus niveles 1 y 2 o porque, directamente, no tienen dependencia».
En esa situación, la de no tener ningún problema de falta de autonomía, se encuentran 2.700 asturianos «que, sin embargo, han sido valorados y a los que se les ha hecho el expediente correspondiente. Es decir, se les ha aplicado el mismo protocolo que si tuvieran dependencia, lo que ha aumentado el volumen de trabajo para el equipo».
Pedro Rodríguez, que recuerda que se incorporó a su puesto en 2008, cuando IU asumió las competencias de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda -hasta ese momento, en manos de la socialista Pilar Rodríguez- asegura que los retrasos no son achacables, en su totalidad, «a problemas de gestión», sino que «se trata de un sistema nuevo, que lleva tres años en marcha y que conlleva una gran complejidad».
70 euros por persona
Además, no olvida Rodríguez los problemas económicos. El Principado sigue peleando con el Estado una mayor implicación económica, ya que el aporte que hace el Ministerio de Sanidad y Política Social por cada persona dependiente «no cubre los gastos». Las cifras de 2010, aprobadas el pasado día 29, lo evidencian: el ministerio paga al Principado entre 266,57 euros por cada asturiano con el máximo nivel de la dependencia, grado III y nivel 2, y 70 euros, los que aporta por cada asturiano con el grado II y nivel 1 de dependencia. Una plaza residencial, para esas mismas personas, tiene un coste de oficial de 1.241 euros y real de más de 2.000.
Por ello, invita al Tribunal de Cuentas «a examinar nuestras cifras», tras el anuncio de que se dedicaría a fiscalizar a las comunidades, en busca de fraude a la Ley de la Dependencia. Pedro Rodríguez asegura que «en Asturias, las cuentas están claras. Nosotros aportamos más de lo que recibimos».
Pero, eso no significa, insiste, «en que estén en peligro las prestaciones». Todo lo contrario, garantiza «las actuales y las venideras», ya que la Ley de la Dependencia «se está cumpliendo y nada nos hace indicar que no lo sigamos haciendo a partir de 2011».
Asturias
Un baremo que quitaría derechos al 25% de los beneficiarios
Asturias apuesta por una nueva fórmula, más objetiva y que no dejará fuera del sistema a discapacitados ni a enfermos mentales
2010, o el año de parón de la Ley de la Dependencia, no servirá sólo para ajustar las cuentas de la norma, poniendo al día expedientes retrasados. También las herramientas de la propia ley se están sometiendo a una compleja 'ITV' que traerá consigo la herramienta informática que unifique a todos los equipos -«ahora todavía tomamos apuntes a mano, aunque no se crea»- y, también, un nuevo baremo.
Mientras que en el diseño y aplicación del programa que permitirá al Principado tener al alcance de un clic todos los detalles de un expediente -evitando dobles y hasta triples carpetas con un mismo protagonista, o dando de baja a los fallecidos en tiempo real- no está generando polémica e, incluso, tiene fecha de puesta en marcha -«antes del verano»-, lo del baremo es ya otro cantar.
Rodríguez reconoce que ya ha habido dos reuniones de la comisión delegada del Consejo Interterritorial de la Dependencia, la que forman los directores generales de todas las comunidades, y que aún faltan más citas «para llegar a un acuerdo».
Porque sobre la mesa hay dos opciones para renovar el actual baremo. Todos están de acuerdo en que el actual «permite demasiada subjetividad del valorador, de forma que, a veces, una persona alcanza un grado y nivel de dependencia y otra no, aun estando en la misma situación».
477 valoraciones de prueba
De hecho, el Principado fue señalado como «especialmente duro» en la aplicación del baremo por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, algo que Rodríguez rechaza «porque nosotros aplicamos el mismo baremo que los demás», aunque reconoce que «es cierto que permite un alto grado de subjetividad».
Por ello, a final del año pasado, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) encargó a una empresa externa que llevara a cabo valoraciones aleatorias «y realizó 477, con el oficial y con las alternativas».
De ese trabajo salieron las ya dos opciones citadas «que son muy diferentes, porque una es muy dura, tanto que el 25% de los beneficiarios actuales quedaría fuera del sistema».
Esta fórmula no es apoyada por Asturias, «ni tampoco por la mayoría de comunidades», pero sí tiene éxito en algunas «que entienden que no es normal que España tenga más dependientes que Alemania. Pero es que no pueden comparar un sistema con otro, puesto que en Alemania los servicios sociales son mucho más amplios y las personas con discapacidad tienen su propio sistema, así como las que tienen un problema mental. Aquí, están todos adscritos a la Ley de la Dependencia».
Estará para el verano
La fórmula que apoya Asturias es «mucho más objetiva» y en la que «no sobra nadie». En España, afirma Pedro Rodríguez, «la Ley de la Dependencia obliga a dar atención a las personas con dependencia y falta de autonomía. Eso aglutina a las discapacidades, a los problemas mentales y a todos. Y así seguiremos».
Por eso, apoyan el baremo calificado como «primera opción», en el que se gana, asegura, en objetividad: «No hay tanto margen para la opinión del valorador porque todo está mucho más medido».
Ese nuevo documento, que deberán aplicar todas las comunidades, estará listo «antes del verano», aunque la discusión «todavía continúa». Pedro Rodríguez tiene claro que «no podemos poner en marcha una norma que suponga un cambio radical con lo que estamos aplicando ahora, porque ése no es el objetivo de la ley. Fue creada para dar derechos a los que no los tenían».
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100404/asturias/baremo-quitaria-derechos-beneficiarios-20100404.html
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