Municipios: una penitencia indiscriminada

30.05.2010 - LEOPOLDO TOLIVAR ALASCATEDRÁTICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
La semana que termina ha sido pródiga en noticias para el municipalismo español. El partido en el Gobierno ha decidido, a la vista de la situación de excepción en que nos encontramos, desistir de la tramitación del proyecto de Ley de reforma del Gobierno Local y de la tan esperada nueva regulación de la financiación de ayuntamientos y diputaciones. Confieso -y en estas mismas páginas lo he escrito- que no tenía ninguna fe en los efectos taumatúrgicos de una norma que viniera a sustituir a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, por lo que, con mayor motivo, viendo la que está cayendo, lo mejor es no hacer experimentos o, como decía el fundador de los jesuitas, en tiempos de tribulación, no hacer mudanza. Poco se iba a conseguir, además, con los cambios que se manejaban, en medio de una inestabilidad a la que, en el terreno local, tampoco es ajena la nonata sentencia del Estatuto catalán.
El problema -y esa sí es una mala noticia- es el postergar, una vez más, un nuevo modelo de financiación de las haciendas municipales, reiterando un incumplimiento del acuerdo de 2006 con la Federación Española de Municipios y Provincias. Pero se ve que en esta coyuntura ni los acuerdos salariales en la función pública ni el mismísimo Pacto de Toledo, para las pensiones, pueden respetarse.
El otro bloque temático que afecta a nuestros concejos es, evidentemente, el derivado de las medidas anti-endeudamiento con las que el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, nos ha sorprendido, incluida la forzada rectificación temporal presentada de forma tan desafortunada y, como ha señalado el alcalde de Zaragoza, tan dudosamente ajustada a derecho. Comienzo por reconocer que, tras la medida, con independencia de sus formas y reformas, hay un objetivo plausible, ya que la deuda municipal global y la de no pocos municipios es un lastre inasumible que debe ser enjugado y reconducido, incluso con medidas penalizadoras. Pero dicho lo anterior, es una obviedad que el recorte o la suspensión inversora la padecen los ciudadanos y que los ayuntamientos, sin capacidad para concertar créditos, difícilmente podrán hacer frente a unas prestaciones que la ley básica local reconoce como derechos de los vecinos. Los consistorios pagarán menos intereses en el futuro próximo, pero los ciudadanos, en esta etapa sombría, verán mermada la calidad de los servicios que se vean afectados por el recorte inversor.
Con todo y admitiendo la mayor, parece un tanto injusto ese trato indiscriminado a los ayuntamientos, con independencia de su grado de endeudamiento y la relación de éste con su población y sus recursos. A quien ha sabido recurrir al crédito de forma prudente y sostenible se le impone la misma prohibición que a quien ya no tiene dónde empufarse para pagar ocurrencias y extravagancias electoralistas. No hubiera sido tan difícil discernir equitativamente, máxime si, como hemos visto -con sorpresa desagradable- un real decreto-ley puede ser variado en horas veinticuatro y sin volver a pasar por el Consejo de Ministros.
En otro lugar he intentado compendiar los pecados capitales que, en materia económica, jurídica y ética se suelen achacar a los municipios, máxime en momentos en los que el derroche empieza a estar muy mal visto. Mi conclusión, a la vista de algunas de estas faltas que aquí sólo esbozaré, es que el municipalismo no es culpable de muchos de los vicios que se le achacan, aún cuando se produzcan en ámbitos locales. A modo de ejemplo, se dice que los ayuntamientos españoles -más de 8.100- son muchos y profundamente desiguales. Y eso es verdad, pero poca culpa tienen, pues, como es bien sabido, esa fragmentación viene de las Cortes de Cádiz. También se dice que están mal avenidos en muchos casos, por localismos o distinto color político, lo que aborta fórmulas mancomunadas -o más ambiciosas-, con las consiguientes deseconomías de escala. Pero siendo esto cierto, la responsabilidad debe ser compartida con las fuerzas políticas que nutren las corporaciones y con el propio sentido localista de la población.
Y si, como es entendible a la vista de lo anterior, no están dispuestos a desaparecer en un proceso de fusión en el que pierdan capitalidad y denominación, ello no sólo es imputable a su resistencia. También hay que computar la falta de coraje de las comunidades autónomas a las que, tempranamente, el artículo 148 de la Constitución confió tal labor de cirugía reductora.
En cuanto al número desmesurado de concejales, diputados provinciales y demás cargos insulares o comarcales, muchos de ellos liberados, la responsabilidad es de las leyes, estatales -caso de la electoral- o autonómicas. Los entes locales no aprueban leyes y su única mácula, no siendo pequeña, es la de fijar sueldos y dietas a veces escandalosos. Las mismas leyes o similares que permiten a los entes locales dotarse de su propio sector público mediante sociedades, fundaciones y otros engendros organizativos que nunca salen gratis y de un régimen de personal rayano en lo libérrimo.
El dedo acusador de la sociedad indica que la autonomía local se ha venido entendiendo, de facto, como una reducción progresiva de los controles de legalidad, apenas mantenidos en cuatro asuntos financieros, en aspectos supralocales, en los monopolios y, no en todos los lugares, en la letra gorda del urbanismo (no en los convenios ni apenas en el planeamiento de desarrollo). Pero la extinción de cualquier reducto tutelar no es, obviamente, culpa de los entes locales por más que reclamaran tal cosa y aprueben la situación actual.
Otro pecado grave radica en las inversiones megalómanas y ruinosas -pese a la era de vacas gordas- de muchos ayuntamientos, bien por móviles electorales del alcalde populista de turno, bien por querer competir con otros lugares, contratando, Dios sabe cómo, a un arquitecto de firma internacional y construyendo un equipamiento «emblemático» de escaso uso futuro y conservación insoportable para la Corporación y para cualquier gestor indirecto. Aquí sí hay culpa municipal, claro está, pero mucho mayor de los electores que, cuando les gusta un regidor demagógico, no dudan en votarlo hasta que una sentencia firme los retira del mercado político. Porque eso de que el pueblo es sabio y nunca se equivoca, habrá que matizarlo diciendo que no yerra siempre y acaba pudiendo rectificar gracias a la bendita democracia.
Y, en fin, lo más escandaloso: existe corrupción y delincuencia, aunque sea en pocos lugares, que tarda una eternidad en ser atajada ejemplarmente. Pero ello será más bien responsabilidad de fiscales, jueces, policía e inspección tributaria que no son órganos de las entidades locales, precisamente.
No absolvería a los municipios de los esperpentos que tienen por escenario casas consistoriales. Pero muchas veces son el último eslabón de una cadena y, desde luego, no se puede meter a todos en el mismo saco.

http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100530/opinionarticulos/municipios-penitencia-indiscriminada-20100530.html