Alcaldes con la soga al cuello

La prohibición de recurrir al crédito por parte de los ayuntamientos viene implícitamente acompañada del aplazamiento del modelo de financiación municipal
30.05.2010 - JUAN NEIRA

Un día alguien contará la historia de este mayo, pero hasta que se publique el relato dediquémonos a analizar algunas de las grandes sorpresas del mes. Entre las más destacadas está la medida del Gobierno de prohibir a los 8.111 ayuntamientos españoles el recurso de acudir al crédito para financiar inversiones hasta el año 2012. El Real Decreto Ley suponía, de entrada, dejar a medio construir cualquier infraestructura con financiación plurianual, así como la imposibilidad de acudir a los bancos para refinanciar deudas. En términos más generales o filosóficos, era un retorno a la sociedad rural, donde a falta de intermediarios financieros, todas las inversiones se hacían con el dinero guardado debajo del colchón. Se pueden tomar medidas drásticas sobre las finanzas municipales, pero no cabe ejecutarlas de un día para otro, porque los ayuntamientos quedan a medio vestir.
Bancos
El Gobierno es consciente que la deuda de los ayuntamientos aumenta de forma acelerada. En los últimos cinco años se incrementó en un 45%, y ya supera los 34.000 millones de euros, a los que hay que añadir otros 8.000 millones que deben a los bancos las empresas y sociedades municipales. En principio, el Gobierno vigila de cerca a los ayuntamientos que infringen los límites de la estabilidad presupuestaria, pero en la jungla municipal hay muchos consistorios que tiran de frente, recurren a los bancos, y todo el mundo sabe que la quiebra municipal no pasa de ser un supuesto teórico, porque al final responde el Reino de España. Ahora que se habla tanto del apalancamiento en el sector inmobiliario, nunca se oye hablar de alguna institución financiera que esté en apuros por haber dado mucho crédito a los ayuntamientos.
Lo más curioso del asunto es que la norma conoció la luz justo en el momento en que los ayuntamientos empiezan a ejecutar el segundo Plan E, dedicado a construir un sinfín de variopintos equipamientos a cargo de la chequera del Estado. Con una mano, el Gobierno de Zapatero daba 5.000 millones de euros a los consistorios para que construyan infraestructuras y con la otra firmaba un decreto que impide a partir del día siguiente acudir a los bancos para hacer más obras en dieciocho meses. Se puede optar por el blanco o por el negro, pero no de forma simultánea.
La prohibición de recurrir al crédito fue tomada de forma apresurada y sin meditación, porque en caso contrario se hubieran calculado los desperfectos. Las quejas inmediatas de los alcaldes y de los partidos de oposición llevaron a corregir el decreto, aplazando la fecha de la suspensión de los créditos hasta el inicio del año 2012. En estos tiempos de devaluación de activos, la credibilidad de Elena Salgado quedó equiparada a la de los bonos basura, porque justificó el cambio de postura por un simple error de escritura. Mera manipulación de tipex.
Improvisación
Como la medida, de carácter restrictivo, fue aprobada de forma desgajada del plan de austeridad de Zapatero, es muy probable que haya sido improvisada en medio de las presiones de gobiernos y organismos internacionales, ante la necesidad de proceder a un saneamiento mayor de las cuentas. Esta hipótesis forma parte de la historia de este mes de mayo que está por escribir.
La rectificación del Gobierno supuso un golpe muy fuerte en su credibilidad, pero también ha desdibujado los efectos que tendrá la prohibición de acudir al crédito durante el ejercicio de 2011. Ante un año electoral, los alcaldes van a cerrar operaciones por adelantado, recurriendo a sociedades públicas y desde las propias corporaciones, para llegar a las urnas con más realizaciones. Los bancos pondrán las pegas justas, porque ahora también son promotores de viviendas y hay mucha materia para negociar.
Al margen de la reflexión puramente municipal, no queda otro remedio que hacer un análisis en términos de coste de oportunidad sobre la opción de Zapatero de invertir 13.000 millones de euros en los ayuntamientos, en dos ejercicios, para disminuir temporalmente la lista del paro. Se ha logrado remozar aceras y construir fuentes a cambio de frenar la ejecución de autovías y líneas de alta velocidad. A eso se llama tener visión de Estado.
Aunque no se haya comunicado formalmente, está claro que no habrá un nuevo modelo de financiación municipal en el año 2011. No cabría mayor ceremonia de la confusión que cerrar el crédito y firmar un modelo de financiación municipal. Es el momento de que los alcaldes, colectivamente, revisen su estrategia. En España, los ayuntamientos no superan el 14% del gasto público de las administraciones. En Francia está en sus manos más del 20% del gasto global. En Inglaterra alcanza el 29% y en Italia llega al 31%. En los países europeos con estructura federal se sitúa en el 25%, mientras que los territorios federados detentan el 30%.
Terapia urgente
Si hay que señalar una razón que justifique la distinta distribución de recursos de las administraciones entre España y sus socios europeos, no cabe duda que es la existencia de las comunidades autónomas, que gastan un 6% más que los Länder alemanes. La intención de los alcaldes de obtener mejor financiación por la vía de aumentar su participación en los impuestos del Estado es inviable, porque el Estado (exceptuada la Seguridad Social) sólo tiene en sus manos el 20% del gasto. La terapia urgente pasa por reducir el tamaño de las redes municipales, pero a medio plazo sólo hay dos salidas: negociar con los gobiernos autonómicos o fusionar consistorios. En Grecia acaban de suprimir dos tercios de los ayuntamientos.

http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100530/politica/alcaldes-soga-cuello-20100530.html