El dinero público será necesario para que la actividad naval perviva en Gijón, tras las erráticas privatizaciones
El astillero gijonés Juliana, el último de la bahía Oeste del concejo, permanece cerrado desde que un juez dictara su liquidación a causa de la importante deuda acumulada por la factoría, 105 millones de euros, parte de ella con empresas asturianas. La titular del astillero del Natahoyo es a su vez la empresa Vulcano, de Vigo, también sumida en un proceso concursal.
La posibilidad de que Juliana perviva como factoría naval depende en este momento de que Astilleros Armón, de Navia, presente una oferta para comprar el clausurado astillero gijonés. Dicha oferta contará previsiblemente con ayudas públicas, pero justo en un momento en el que la crisis y el déficit de las administraciones muestran su peor rostro. Cualquier gijonés deseará que se prolongue la actividad naval en la ciudad, pero es imprescindible un cálculo creíble de posibilidades y no una actuación para encubrir el enorme error que supuso la privatización de Juliana a favor de Vulcano en diciembre de 2006.
La situación del astillero gijonés es ahora mismo la de una instalación cerrada y con sus terrenos hipotecados a favor de Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión), una entidad gubernamental controlada por el Ministerio de Industria -con derecho de veto- y en la que participan todos los astilleros privados españoles, así como las comunidades autónomas en las que estos se hallan. Pymar afronta en estos momentos el hundimiento de Juliana, de Vulcano y de los astilleros de Huelva y Sevilla. Los dos andaluces fueron privatizados al mismo tiempo que el gijonés, lo cual prueba lo poco afortunado de la medida que en su día tomó la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).
Por su parte, Pymar avala las operaciones financieras de los astilleros y por ello los terrenos de Juliana están hipotecados a su favor, por valor de 20,7 millones de euros (la deuda de la factoría gijonesa con Pymar es de unos 15 millones, pero se suma a esa cifra los previsibles intereses y gastos).
No es ocioso recordar que Pymar es el propietario de los terrenos de Naval Gijón, el penúltimo astillero que cerró en esta ciudad. En estos días, Pymar ha solicitado al Ayuntamiento que esos terrenos sean recalificados como residenciales en el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) que el Ayuntamiento tramita en el presente. Es evidente que Pymar quiere recuperar las pérdidas que le produjo Naval Gijón, y los terrenos cuya recalificación reclama los tiene tasados en unos 38 millones de euros. Al mismo tiempo que muestra sus intereses inmobiliarios, Pymar es ahora pieza clave en el futuro de Juliana, al ser uno de sus principales acreedores.
No hay que olvidar que la base de Pymar es principalmente el dinero público, a través de Industria y de las comunidades autónomas. En consecuencia, se ha de examinar cuáles son las intenciones de esta entidad con respecto a Juliana: si va a renunciar a la deuda que le generó el astillero gijonés bajo la gestión de Vulcano o si confía en un trueque implícito a partir de los terrenos de Naval Gijón.
Por otra parte, la entrada en Juliana de Armón, una empresa con eficiente gestión en sus factorías de Navia y Galicia, requerirá previsiblemente de ayudas públicas del Principado, bien a través de Pymar o directamente. Pero tanto el intento de enterrar el error de la privatización de Juliana como las prisas electorales ante los comicios de mayo de 2011 son malos compañeros de viaje. Es mucho el dinero público que está en juego y la transparencia de las administraciones ha de ser total acerca del reflotamiento del último astillero gijonés.
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