Los ayuntamientos suspenden a Zapatero

Los ayuntamientos no dan el aprobado al Gobierno de Rodríguez Zapatero. No les ha gustado que la nueva ley de financiación local quede aparcada hasta la próxima legislatura, pero mucho menos que se les restrinja sus posibilidades de endeudamiento. Los municipios sostienen que las últimas decisiones del Ejecutivo suponen una «vulneración» de los derechos de la autonomía local y piden que se levante la mano para evitar el freno a su gestión. El penúltimo consistorio en hacer esta reclamación ha sido el de Gijón. El Ayuntamiento que preside Paz Fernández Felgueroso necesita para cuadrar las cuentas del presupuesto recurrir a un nuevo crédito de 8 millones de euros. Sólo así podrá finalizar buena parte de los proyectos que ya están en marcha.
Este no es un caso aislado y así lo ha trasladado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) al Gobierno. Los ayuntamientos españoles asumen la necesidad de contribuir a la reducción del déficit público, pero advierten de que ese compromiso debe ser compartido por todas las administraciones. Así lo han hecho saber en la última resolución aprobada por la ejecutiva de la institución, que preside Pedro Castro, y que se debatirá en todos los ayuntamientos españoles en forma de moción.
Este periódico ha tenido acceso a ese documento en el que los municipios españoles escenifican su pataleo por las últimas decisiones adoptadas desde el Gobierno. «La responsabilidad que se nos exige -advierten- no puede suponer en ningún caso la vulneración de la autonomía local, ni puede suponer una restricción a nuestra actuación, muy superior proporcionalmente a la asumida por el Estado y las comunidades». Aluden los ayuntamientos con esta referencia a las dificultades que se van a encontrar si el Gobierno no da marcha atrás y permite un margen de endeudamiento para culminar, al menos, aquellos proyectos cofinanciados con otras administraciones. Algunos consistorios asturianos como Siero o Mieres reconocen que hay actuaciones financiadas con cargos plurianuales que están en entredicho en el caso de que las entidades locales no puedan aportar el porcentaje que les corresponde. No son pocos los consistorios asturianos que han elevado la voz contra la medida y piden que se apliquen las restricciones sólo en aquellos casos donde no ha habido una gestión responsable en el pasado.
Puntos de vista
No es difícil entender que los ayuntamientos gobernados por el PP critiquen la gestión del Ejecutivo y que los gestionados por dirigentes socialistas avalen, aunque sea públicamente, el trabajo de los últimos años. Estos últimos esgrimen como argumento el plan de inversión local, también denominado 'plan E'. Una iniciativa impulsada en el escenario de la crisis que tenía por objeto frenar el aumento del paro y mantener altos niveles de inversión en los municipios.
«Ha sido sólo una tirita para muchos de nosotros», reconoce un edil socialista. Asegura que el plan ha servido para hacer proyectos puntuales, pero en ningún caso para sanear las arcas de los entes públicos. La FEMP avisa de que la restricción que trae consigo el decreto del Gobierno, que impedirá a los municipios acudir al déficit, «puede abocar a muchos ayuntamientos a liquidar sus presupuestos generando así importantes tensiones de tesorería».
Una deuda pequeña
Piden, en cambio, que se tenga en cuenta el escaso peso de la deuda municipal en el conjunto de la del país para revocar la prohibición de endeudamiento a los consistorios. De lo contrario, reconocen se pondrían en peligro tanto proyectos futuros como otros que ya están en marcha. Esto agravaría aún más su delicada salud económica puesto que, en opinión de la FEMP, «generaría importantísimos costes adicionales derivados tanto de la obligación de indemnizar a los contratistas como del deterioro físico que sufrirían las obras en curso durante el tiempo de su interrupción».
Conscientes de la dificultades de hacer cambiar de opinión al Gobierno, los ayuntamientos españoles se conforman, al menos, con que se permita continuar financiando mediante el endeudamiento la ejecución de contratos, incluidos los plurianuales, que hubiesen sido adjudicados antes de la entrada en vigor del real decreto. Hacen una salvedad en el caso de las obras cofinanciadas con recursos externos. En estas situaciones, las corporaciones quieren tener vía libre para endeudarse, con independencia de su fecha de adjudicación.
La moción, en la que se incluyen estas reivindicaciones, será debatida y aprobada en los ayuntamientos de toda España. Es la forma de protestar que, de momento, articulan las entidades locales en España después de la última reunión de la ejecutiva de la FEMP. La institución no quiere hacer sangre ni provocar un conflicto político a raíz de estas últimas decisiones. No obstante, esa decisión puede alterarse en la reunión de portavoces que tendrá lugar esta semana y donde se puede definir el nuevo marco de relaciones.
A salvo de circunstancias puntuales -como cuando el presidente de la FEMP insultó a los votantes populares- la institución que aglutina a los ayuntamientos de toda España ha caminado unida en las reivindicaciones municipales ya que han entendido que los problemas que tienen los consistorios son iguales gobierne quien los gobierne. Quizás por eso casi todos se sienten frustrados por la falta de compromiso que el Gobierno ha demostrado con el poder local.

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