La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) protesta por las restricciones aprobadas por el Gobierno central sobre la financiación de los ayuntamientos. La primera sorpresa llegó con el aplazamiento del diálogo sobre el modelo de financiación municipal que se había comprometido el Gobierno a realizar simultáneamente a la negociación con las comunidades autónomas. Pero lo que ha colmado la paciencia de alcaldes de todos los partidos ha sido la aprobación del decreto-ley impidiendo que los ayuntamientos recurran a la deuda. Esta medida fue tomada en plena histeria sobre la quiebra de Grecia. La propuesta supone la puesta en vigor de un plan de excepción para las corporaciones municipales. No tiene ningún sentido que las grandes administraciones (Estado y comunidades autónomas), responsables del crecimiento de la deuda y del abultado déficit público, puedan planificar su actividad con el apoyo de recursos ajenos, y los ayuntamientos tengan que recurrir a pagar todo con el saldo de caja.
Una cosa es ajustar las cuentas y aprobar medidas que obliguen a gestionar con austeridad y otra muy distinta hacer trabajar a una gran empresa de servicios (así se puede ver a los ayuntamientos) con los resortes de financiación de la antigua sociedad rural. Si el Gobierno no hace caso de la protesta de la FEMP, muchos proyectos ya iniciados que cuentan con inversiones plurianuales quedarán detenidos al no poder los alcaldes endeudarse en los próximos ejercicios como tenían planeado.
En una época de dificultades económicas y de restricción de gastos no es fácil tener contentos a los alcaldes. Ahora bien, no cabe tratarlos como si fueran menores de edad e impedirles solicitar un crédito. Si el Gobierno central toma esta medida es porque las corporaciones municipales no forman un 'lobby' en la política española, como ocurre con las comunidades autónomas. La razón de ello estriba en que bajo el rótulo de 'ayuntamiento' se esconden realidades muy heterogéneas. No tienen nada que ver los más de 7.000 minúsculos ayuntamientos con los consistorios de las grandes ciudades. La actuación de Zapatero con los ayuntamientos ha sido muy errática. Con la disculpa de luchar contra el paro les hizo inversiones por valor de 13.000 millones de euros. Una vez inauguradas las piscinas climatizadas las deja sin agua.
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