28.11.2010 -
Reunión con los treinta mayores grupos empresariales a la búsqueda de ideas, pleno en el Congreso sobre el desempleo y nuevo plan de veintiséis leyes hasta mayo para retomar la iniciativa -con cuestiones tan vitales para la recuperación económica como la regulación de la muerte digna o los consejos de justicia autonómicos-, la creación de la denominada Comisión Nacional de Competitividad, anunciada en la última entrevista dominical, encargada nada más y nada menos que de «definir, evaluar y promover la competitividad de nuestra economía»... ¿Qué vendrá después? Con todo lo que ha llovido, todos los discursos, todas las reformas publicitadas, todos los pactos anunciados -¿alguien se acuerda ya del fracasado Pacto de Zurbano?-, asistimos a la constatación de que la impotencia se extiende hasta el corazón del nuevo Gobierno. Y es que el optimismo irracional de nuestro presidente nos ha hecho perder demasiado tiempo atisbando «brotes verdes», anticipando la salida del túnel para el «próximo trimestre» o anunciando la creación de «un millón de empleos verdes» en los próximos diez años. Tiempo perdido sin adoptar ninguna de las reformas profundas y estructurales que nuestra economía y nuestro país necesitan, mientras crece la inestabilidad en la zona euro. Una vez cobrada la pieza de Irlanda, el gran problema de Europa sigue siendo la falta de confianza en España, que no es otra cosa que la falta de credibilidad de este Gobierno, del Gobierno de Zapatero.
Reunión con los treinta mayores grupos empresariales a la búsqueda de ideas, pleno en el Congreso sobre el desempleo y nuevo plan de veintiséis leyes hasta mayo para retomar la iniciativa -con cuestiones tan vitales para la recuperación económica como la regulación de la muerte digna o los consejos de justicia autonómicos-, la creación de la denominada Comisión Nacional de Competitividad, anunciada en la última entrevista dominical, encargada nada más y nada menos que de «definir, evaluar y promover la competitividad de nuestra economía»... ¿Qué vendrá después? Con todo lo que ha llovido, todos los discursos, todas las reformas publicitadas, todos los pactos anunciados -¿alguien se acuerda ya del fracasado Pacto de Zurbano?-, asistimos a la constatación de que la impotencia se extiende hasta el corazón del nuevo Gobierno. Y es que el optimismo irracional de nuestro presidente nos ha hecho perder demasiado tiempo atisbando «brotes verdes», anticipando la salida del túnel para el «próximo trimestre» o anunciando la creación de «un millón de empleos verdes» en los próximos diez años. Tiempo perdido sin adoptar ninguna de las reformas profundas y estructurales que nuestra economía y nuestro país necesitan, mientras crece la inestabilidad en la zona euro. Una vez cobrada la pieza de Irlanda, el gran problema de Europa sigue siendo la falta de confianza en España, que no es otra cosa que la falta de credibilidad de este Gobierno, del Gobierno de Zapatero.
Siguiendo esa tendencia tan querida para el presidente Zapatero de convertir la política en un híbrido de marketing y demoscopia, ha descubierto un nuevo nicho de iniciativa con el que insuflar ánimo a los suyos, lanzar lo que ha denominado una nueva 'agenda social' en la que ocupa lugar relevante la reforma de las políticas activas de empleo. Nuevo descubrimiento, recibido con alborozo por los barones de su partido, que no es sino la constatación de algo de sobra conocido: tenemos un grave problema, con la situación económica estancada (el último dato del PIB es demoledor) y más de 4.600.000 parados, resulta que las políticas activas de empleo no funcionan.
Los datos facilitados hace escasos días por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias son esclarecedores: más de la mitad de los fondos destinados a subvencionar las contrataciones de parados por las empresas asturianas ni siquiera se han gastado: de una partida de 20 millones de euros, sólo se emplearon 9 millones. Síntoma evidente de que las subvenciones a la contratación no sirven para fomentar la creación de empleo; a otros fines, quizá; a este, desde luego no. Desde hace mucho tiempo, esto es un lugar común para la mayoría de los expertos que se han preocupado por estudiar nuestro mercado laboral, al igual que el hecho de que la formación para el empleo, controlada en gran parte por los agentes sociales y de la que desconocemos muchos datos, y la actual estructura de los servicios públicos de empleo, tampoco son un instrumento adecuado para luchar contra el paro. Desgraciadamente, en un ejercicio de auténtica irresponsabilidad política, la reforma de todos estos instrumentos no fue un asunto prioritario para el Gobierno y el PSOE en la reciente e inane reforma laboral, negociada durante más de dos años y que se acabó imponiendo por decreto.
A todos aquellos que defendemos la necesidad urgente de reforzar la columna vertebral y común del Estado, las líneas generales de esta nueva reforma apuntadas por uno de los últimos portavoces del Gobierno, José María Barreda, pueden parecernos un primer paso. Pero las dudas afloran de inmediato, y es que la credibilidad de este Gobierno roza mínimos históricos ganados a pulso.
Es el mismo Gobierno y el mismo partido que acaba de pactar con el PNV una nueva ruptura de la cohesión, un nuevo privilegio, un paso más (y van..) hacia la deconstrucción del Estado: la transferencia de las políticas activas de empleo a cambio de año y medio de estabilidad parlamentaria. Un pacto en absoluto inocuo como se ha querido vender, ya que supone abrir una grieta estimable en uno de los últimos reductos de la solidaridad interterritorial que resistía incólume en España: la caja única de la Seguridad Social. En esta cuestión, el meollo no está tanto en qué se ha cedido, sino en cómo se ha hecho. Para atender al 2,36% de los parados españoles que son vascos -la tasa de paro en el País Vasco es la más baja de España- se han transferido a esa comunidad 472 millones de euros, el 6,24% de los fondos estatales para políticas activas de empleo, porcentaje calculado según el ventajoso e injusto sistema de cálculo del cupo. Así, cada parado vasco dispondrá de 4.298 euros de media para las políticas activas que fomenten su recolocación, mientras que un parado asturiano medio (o extremeño, murciano, gallego.) dispondrá de 1.688 euros para los mismos fines. Amén de la cesión en igual porcentaje de las bonificaciones a las cuotas empresariales a la Seguridad Social, lo que afecta al corazón mismo de la caja única: la capacidad de recaudación. Una contradicción evidente con lo que se dice pretender con esta nueva 'agenda social'.
La hoja de ruta trazada se antoja complicada y difícil. Se anuncia un periodo de diálogo con los agentes sociales a la búsqueda de consensos, y nada hace presagiar que los que no fueron capaces de pactar una reforma laboral digna de ese nombre, ahora van a ser capaces de aceptar los cambios radicales y necesarios en cuestiones vitales como la formación continua o la formación ocupacional. Y por si esto fuera poco, la ruta negociadora continuará con el intento de coordinación de los diecisiete responsables de las comunidades autónomas. En este contexto de extrema debilidad política del Gobierno, este nuevo intento de 'coordinación' vuelve a parecer un obstáculo infranqueable. Y es que un modelo de Estado que ha convertido al Gobierno de España en mero coordinador de intereses territoriales introduce unas debilidades en nuestro sistema que no nos podemos permitir. Es bueno que los ciudadanos tomemos conciencia de ello. Las decisiones que habrá que tomar en el futuro así lo exigen.
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