La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) mantiene firme su intención de denunciar ante los tribunales la licitación de los accesos a la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA). Empresarios y constructores asturianos han cargado muy duramente contra esta posibilidad, pero desde la CNC replican que la decisión de llevar el caso ante la Justicia «es firme» y que responde a «un acuerdo mayoritario de nuestro consejo de Gobierno».
Se da la circunstancia de que en este órgano está presente la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon), cuyo presidente, Serafín Abilio, reconoció a este periódico que la discrepancia sobre la ZALIA se había debatido en dicho órgano «entre octubre y noviembre». La disputa estriba en que el Principado ha dividido los accesos en tres contratos y establece para ellos una financiación basada en el pago diferido. Según el mismo, serán las empresas las que tengan que pagarse la obra y, después de la inauguración, la Administración ya les irá retribuyendo el esfuerzo a lo largo de quince anualidades.
La CNC considera que este retraso incumple la Ley de Morosidad, que reduce el margen que las administraciones tienen para saldar sus deudas a solo 50 días para este año, 45 en 2012, y finalmente 30 a partir del 1 de enero de 2013. El presidente de la CAC-Asprocon, Serafín Abilio Martínez, está de acuerdo con que la citada norma «está mal planteada y además no se cumple, pero hay otras maneras de oponerse a ella».
Esa es la posición que expuso en su día en el seno de la CNC y que consideró aceptada por el resto de asociados. De ahí su «sorpresa e indignación» ante el proceder de la patronal nacional, que en diciembre ya presentó un recurso ante la Consejería de Infraestructuras y ahora amenaza con elevar el asunto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).
Con esta maniobra, la CNC persigue «evitar un efecto multiplicados en otras comunidades» que podrían licitar su obra pública también bajo la fórmula del pago diferido. Según explicaba ayer este diario, en el sector se da por hecho que la maniobra la está espoleando la organización Seopan, representante de las 32 mayores empresas de la construcción. Paradójicamente, el pago diferido, así como el resto de fórmulas de colaboración público-privadas, perjudica a las medianas y pequeñas compañías y favorece los intereses de las grandes firmas con balances saneados, pues son ellas las que tienen mayor facilidad para lograr créditos o poner los recursos propios suficientes para financiar la ejecución de la obra.
Sobre este particular apuntó ayer el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, que la licitación de los accesos exige el concurso de «empresas que tienen que venir con su problema de financiación resuelto; hay muchas que ya lo tienen y otras que parecen tener dificultades». El presidente del Ejecutivo asturiano advirtió: «No vamos a aceptar que la CNC nos traslade los problemas de las empresas que tienen dificultades».
Álvarez Areces considera del todo «inaceptable» que la CNC «increíblemente» trate de impugnar una licitación que fue «pactado en la concertación social». Por ello se congratuló de que la CAC-Asprocon y Fade hayan salido en defensa del Principado en este conflicto.
Las espadas están en todo lo alto ante la reunión que esta mañana celebra la CNC en Madrid y en la que Abilio Martínez ha prometido tratar el asunto. «Confío en que nos entiendan y no pongan el recurso porque, de lo contrario, tendremos que tomar medidas», indicó.
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