La propia introducción de esta alternativa ya deja claras las pocas opciones que tiene de salir adelante, ya que supondría «la no realización del plan». Es decir, quedarnos como estábamos, con alguna excepción. Ese es el resumen de esta alternativa, que plantea regresar a la situación urbanística de 1999, al momento previo a la aprobación del PGOU. Pero a eso habría que añadir cuestiones que no pueden eliminarse en cualquiera de los casos, porque ya tienen licencias concedidas o porque se han tramitado al margen del plan urbanístico. Por lo tanto, sí continuarían adelante las actuaciones urbanísticas concertadas, como la ZALIA y el polígono de Lloreda y, evidentemente, Roces.
Se mantendrían también los ámbitos de planeamiento delimitados por el plan de ordenación de 1999 y que se incorporaron luego al de 2005 porque estaban sin desarrollar. En total, son 1.395.000 metros cuadrados que, según el documento de prioridades, tiene capacidad para levantar unas 6.500 viviendas. A eso habría que añadir el plan de Castiello y el industrial de Hoya-Casares, en Porceyo, que son los que se ajustan a la característica de «sector urbanizable delimitado por el plan de 2005 y con el plan parcial aprobado». El proyecto de Castiello afectaría a un ámbito de casi 1 millón de metros cuadrados y el de Porceyo, a 159.528 metros cuadrados, con una edificabilidad total de 102.098 metros cuadrados.
Esta alternativa deja claro que «no se establecen nuevos ámbitos de urbanización», por lo que la generación de suelo urbanizado tiene que limitarse a los proyectos ya mencionados. Eso sí, obligatoriamente el Ayuntamiento debería acometer una nueva clasificación del suelo , ya que ésta debe adaptarse a la ley del suelo de Asturias. Entre otras cosas, desaparecería el suelo genérico. Este sería, de hecho, el cambio más notable de este nuevo plan, en el caso de ser elegida la opción 0.
Porque, en cuanto al número de viviendas, «se trata de actuaciones en ejecución o pendientes de desarrollo, pero no de nuevo planeamiento», por lo que se limita a contabilizar las 8.200 que, calcula, tendrían cabida aún en los planes de 1999, además de otras 2.500 de Bernueces. En total, 10.700 nuevas viviendas. «Con este número de viviendas, teniendo en cuenta las licencias concedidas en la última década, estimadas en 2.000 licencias/año, se llegaría a la colmatación del plan en un periodo aproximado de entre 4 y 5 años». El Ayuntamiento considera que, de esa forma, «se encarecería el mercado de la vivienda y se podrían frustrar las expectativas de parte de la población de acceso a la vivienda, especialmente las personas más jóvenes o con rentas más bajas».
Claro que a eso habría que sumar aún las 3.700 de Roces, que no se contabilizan porque, como queda dicho, se han tramitado al margen del PGOU, como resultado de un convenio firmado con Sogepsa.
Sea como fuere, parece evidente que al equipo de gobierno no le gusta, ya de entrada, esta alternativa, por considerarla insuficiente para las necesidades de crecimiento de la ciudad. Por contra, es la opción que menos efectos tendría sobre el medio natural, resultado evidente de «la no aplicación del plan». Aún así, el documento de prioridades evidencia que, en el ámbito de Bernueces, «hay que hacer mención especial a los viales que afectan a los márgenes del río Piles, suelos de especial protección por constituir un corredor ambiental». Respecto al suelo industrial de Hoya-Casares, «se ubica sobre substrato kárstico, lo que implicará la adopción de las correspondientes medidas de corrección ambiental».
En cada una de las alternativas, el equipo de gobierno analiza las previsiones de la política municipal de suelo y vivienda. Mientras que en las opciones 1 y 2 se habla en gran medida de vivienda protegida, en el caso de la 0 simplemente se indica que «no experimentará ningún cambio significativo, salvo en lo que se refiere a la posibilidad de que se agote en el periodo 2010/2020 la reserva de suelo existente». En este caso, las reservas de vivienda protegida se limitarían al área de Roces. Sí se mantendrían los programas de ayuda al acceso a la vivienda que mantiene la empresa municipal Emvisl. Estas características dibujarían una ciudad para los próximos diez años que no superaría la 'barrera' mencionada de las 150.000 viviendas totales, sino que se quedaría en 149.500, para los mismos 288.500 habitantes que, evidentemente, se calculan en los tres casos. Con este planteamiento, el suelo no urbanizable supondría un 75,62% del total de los 182 millones de metros cuadrados del concejo. En la alternativa 1 este porcentaje era del 74,10.
No hay comentarios:
Publicar un comentario