El verdadero pacto educativo

Hay diecisiete sistemas educativos distintos y descoordinados, caros y despilfarradores, que, en algunos casos, ponen en peligro la cohesión nacional con sus absurdos adoctrinamientos y discriminaciones
25.02.2010 - ARMANDO F. BARTOLOMÉCOORDINADOR LOCAL DE UPYD DE GIJÓN Y PROFESOR

Lo pactado obliga y por eso el retoque que nos quieren vender el PSOE y el PP busca más la foto, con cálculos electoralistas, que ir al fondo del asunto. Debaten sobre cuestiones menores, pero sin ir al meollo, porque solucionar de verdad los graves problemas educativos les exigiría tomar decisiones que pondrían en peligro sus propios intereses partidarios. Decisiones radicales porque el fracaso educativo es la expresión más a la vista de una profunda crisis política, institucional y moral de la que ambos partidos son los primeros responsables.
Si quisieran un verdadero pacto educativo, empezarían por una evaluación de lo que ha significado la cesión de competencias a las comunidades autónomas. Daría lo mismo analizar Asturias o Valencia, Cataluña o Andalucía, los resultados escolares revelarían una gran mediocridad si los comparáramos con las expectativas que debería tener España a tenor de su grado de desarrollo y los desafíos a los que se enfrenta en la actualidad. Y en términos de país constatarían una fragmentación en diecisiete sistemas educativos distintos y descoordinados, caros y despilfarradores y que, en algunos casos, ponen en peligro hasta la cohesión nacional con sus absurdos adoctrinamientos y discriminaciones lingüísticas. Aplicando el sentido común, tendrían que concluir, para su pesar y el de sus socios nacionalistas, que el Estado debería recuperar las competencias educativas y acabar con las «diecisiete taifas burocráticas y clientelares» que han ido cebando durante estos últimos años y que tanto nos alejan de un espacio educativo integrado y común para España y Europa...
En segundo lugar, un verdadero pacto les tendría que llevar a 'despolitizar' el debate educativo y evaluar de manera racional, sin demagogias ni prejuicios, el actual mapa educativo español y, especialmente, la doble red de centros financiados con fondos públicos y generada a partir del sistema de conciertos. Posteriormente, tendrían que escuchar a ciudadanos, padres y profesores y establecer con claridad cuál es el nuevo mapa y modelo que, fruto del pacto, se propone a la ciudadanía y a la comunidad educativa para los próximos quince o veinte años teniendo en cuenta el mandato constitucional respecto a la educación, los recursos humanos y materiales existentes, el previsible descenso demográfico, los profundos cambios sociológicos que está viviendo España, el dinero que tenemos y queremos gastar (Ley de Financiación ) y unos objetivos mensurables a los que queremos llegar. En resumen: hacer explícito un plan de gobierno nacional en materia educativa que, desde el realismo y buscando la calidad y la conciliación de legítimos intereses, comprometa a los futuros gobiernos y esté por encima de intereses particulares dando al sistema educativo una estabilidad y cohesión de la que ha carecido en las últimas dos décadas.
Aprovechando la coyuntura, también deberían pactar una revisión de los obsoletos acuerdos con la Iglesia Católica y avanzar significativamente en la definición y concreción de lo que debe ser un Estado laico desde el punto de vista religioso, identitario e ideológico y las consecuencias que ello debe suponer para el sistema educativo público en un escenario social muy plural en lo moral y religioso, y en el que debe resaltarse y potenciarse lo que nos une a todos los ciudadanos españoles.
En tercer lugar, un verdadero pacto les obligaría también a evaluar su gestión de la propia administración publica y, en concreto, de la educativa. Gestión caracterizada por el desgobierno, la falta de profesionalidad, la descoordinación, el poner las instituciones al servicio de los intereses partidarios y la pasividad para planificar y tomar las medidas adecuadas para su modernización (evaluación externa, productividad, eficacia y eficiencia, etcétera) saltando por encima de privilegios e intereses corporativos y clientelares. El desastre de la planificación universitaria, con casi un campus por provincia, sería el ejemplo paradigmático de todo lo descrito. O, sin salir de casa, el caótico panorama actual asturiano con la chapuza de la carrera profesional o el ninguneo de las justas reivindicaciones de los trabajadores de la enseñanza concertada... Un verdadero pacto educativo debe edificarse sobre los cimientos de profundas reformas en la gestión. Cualquier defensa progresista de la enseñanza pública debería ineludiblemente empezar por aquí...
Y, en cuarto lugar, un pacto verdadero exigiría a estos partidos una apuesta decidida por la regeneración democrática, por la regeneración moral, por el buen ejemplo, que es lo más importante para la educación de la ciudadanía. Ambos partidos hablan de equidad y mantienen una Ley Electoral injusta; hablan de veracidad y ponen las televisiones públicas a su servicio; hablan de honradez y están plagados de corrupción; hablan de independencia y copan los consejos de administración de empresas públicas, semipúblicas y cajas de ahorros; hablan de excelencia y medran dentro de sus filas los más obedientes y mediocres; hablan de austeridad y malgastan el dinero de todos en propaganda; hablan de diálogo y son incapaces de llegar a acuerdos que nos beneficien a la mayoría. Educar es, sobre todo, dar buen ejemplo; hablar menos y hacer más. Como dijo Aristóteles: «Un Estado es gobernado mejor por un hombre bueno que por unas buenas leyes».

http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100225/opinionarticulos/verdadero-pacto-educativo-20100225.html