Autoridad del profesorado: una ley necesaria

Artículo publicado en el diario El Comercio  20-1-2013

La mejora del   sistema educativo español, fundamental para la equidad y la cohesión nacional, es uno de los pilares fundacionales  de UPyD y, ya  en Mayo de 2008,  Rosa Diez  presentó en el Congreso una Proposición de Ley Orgánica para conseguir el reconocimiento del docente como “autoridad pública en el ejercicio de la función  educativa”.  Proposición  que fue rechazada por el resto de los partidos. En el acuerdo de legislatura, firmado en Asturias por  PSOE y UPyD en Mayo del 2012,  se  recogía el compromiso de  “reforzar desde el punto de vista del prestigio social pero también mediante instrumentos legales, la autoridad del profesorado”.Hace dos meses, UPyD presentó, ante el Parlamento Asturiano, una proposición de ley en dicho sentido, iniciativa que contó con el beneplácito de todos los grupos políticos.

      Bienvenido sea el consenso porque  este reconocimiento legal (presunción de veracidad, asistencia jurídica, cobertura de responsabilidad civil…) urge y constituirá una garantía  para las actuaciones de un colectivo que ha padecido un fuerte desprestigio social . Además enviará a la sociedad  un mensaje claro: para que los procesos educativos puedan resultar eficaces es necesario  mantener un clima escolar propicio que pasa necesariamente por la disciplina y  el respeto al profesor en el ejercicio de sus funciones.

Reforzar la protección de los docentes redundará en beneficio de toda la comunidad educativa; lo que hoy resulta especialmente importante porque vivimos en una sociedad moralmente compleja y la crisis, también de valores,  esta exacerbando los conflictos personales, familiares y escolares que, con toda probabilidad, irán a mas.  La   Administración debe garantizar el derecho de los alumnos a aprender   y esta ley permitirá a los  docentes, desde la seguridad jurídica, imponer con inmediatez y celeridad medidas disciplinarias o cautelares  siempre que acontezcan hechos que impidan o dificulten la función docente o la actividad educativa complementaria (como por ejemplo en un viaje de estudios o una salida a la nieve). Evidentemente esta normativa   no restará importancia a otros temas fundamentales en el ámbito convivencial como mejorar la formación didáctica y psicopedagógica de los profesores, desarrollar  una organización escolar articulada fundamentalmente en torno a equipos educativos estables, aumentar las medidas preventivas en coordinación con las familias, disminuir la ratio alumno/profesor  y acrecentar los  recursos educativos y profesores de apoyo para los casos conductuales conflictivos.

            La buena convivencia escolar exige jerarquía, normas, sentido común y  una práctica docente a medio camino entre el autoritarismo y la permisividad, devolviendo a la palabra “autoridad”  su sentido primigenio:“hacer crecer”. Ahora que la ley Wert amenaza al humanismo, habrá que recordar que ya los romanos distinguían entre “auctoritas” y “potestas”, que van de la mano y no se contradicen. Como tampoco se oponen el ejercicio de la libertad y el cumplimiento de  la ley. Los profesores deben saber y vivir que la autoridad es eminentemente moral ; se ejerce (y se gana) con sapiencia, buen ejemplo, empatía y diálogo. Pero también deben saber y sentir que, cuando actúan en nombre del interés público , su palabra y sus actos tienen poder y valor ante  la sociedad. Sólo así harán “crecer bien”  a nuestros hijos, a los futuros ciudadanos.

Armando Fernández Bartolomé

Responsable de Educación UPyD Asturias