Cultura da diez días a la entidad para que entregue los inventarios que incluyen el cuadro en la colección y amenaza con sanciones
- El Comercio
- A. VILLACORTA
Así lo anunció ayer la consejera Berta Piñán en la Comisión de Cultura de la Junta a una pregunta del diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé sobre si la consejería «valora iniciar acciones legales contra la Fundación o, en su caso, personarse en alguna de las demandas interpuestas contra la misma». Porque, en opinión de Fernández Bartolomé, después de que la Fiscalía haya abierto diligencias tras las denuncias de Foro («que va contra todo el Patronato de la Fundación», recordó) y Podemos, «no se entiende que la consejería se inhiba jurídicamente».
«Están en una situación muy difícil, cada vez más difícil», cargó el parlamentario de la formación naranja, al que le llama poderosamente la atención que el departamento que dirige Piñán «no tenga las actas de las reuniones celebradas a partir de 1992», cuando el propio Bartolomé sí las tiene «gracias a un anónimo».
Y si el de Ciudadanos defendió que «ha habido una negligencia impresionante en el control de la Fundación desde el año 92», la consejera alegó que toda esa documentación filtrada por una mano misteriosa no obra en su poder («nosotros no tenemos anónimos con las actas») y que, si les llegara, tendrían que contrastarla: «Seguimos los pasos que tenemos que seguir y por supuesto que aportaremos a la Fiscalía toda la información que tengamos».
Y uno de los pasos de un «camino que ye tortuoso, difícil», es precisamente esa solicitud para que la Fundación Selgas-Fagalde les haga entrega de los inventarios, «ya con plazos y con sanciones específicas», las recogidas en la Ley de Patrimonio.
«Seguimos trabajando para intentar clarificar la situación», prometió Berta Piñán, que también sigue en contacto con el Protectorado de Fundaciones, a quien se dirigió hace más de dos meses para que valorara la intervención de la Fundación Selgas por posibles irregularidades en la venta del Goya y en su gestión económica. Dos meses más tarde, el Ministerio de Cultura sigue sin pronunciarse sobre este espinoso asunto.