Toca evaluar a la Junta General.
El final de legislatura debería ser un momento obligado para evaluar la actividad de nuestro Parlamento, y más si tenemos en cuenta que el 31 de Mayo de 2023 celebraremos su cuarenta aniversario. Conviene recordar que, durante la Transición, la autonomía, la capacidad de autogobierno y ordenamiento jurídico propio, formó parte del núcleo de las reivindicaciones democráticas .
La Junta General nació con funciones explícitas: representación soberana de los asturianos , actividad legislativa , control al gobierno y legitimación de los acuerdos políticos; pero también con un triple objetivo subyacente : fortalecer el sistema de partidos políticos , garantizar la gobernabilidad y resaltar nuestra singularidad histórica. Pues bien: ¿Cumple el Parlamento asturiano esos objetivos satisfactoriamente?¿Habría que reformularlos o añadir otros nuevos? ¿Está adaptado el Parlamento a los nuevos tiempos?
Las funciones parlamentarias se ven actualmente muy afectadas por la erosión de dos principios constitucionales : el de autogobierno y el democrático de representación. En la última década la confluencia de la crisis del sistema autonómico, con el auge del nacionalismo y del independentismo , y la crisis de representación política (que tuvo su máxima expresión de protesta en el 15M) , han afectado seriamente al sistema parlamentario . A esta problemática hay que unir la persistente crisis económica (arrastrada desde el 2010) y agravada por la crisis sanitaria y social producida por el COVID.
Todo ello ha producido en los ciudadanos, en el caldo de cultivo de un creciente empobrecimiento , una desconfianza cabreada cuyo primer síntoma es que los parlamentos autonómicos , expresión de la autonomía y de la democracia en los territorios pero sin la cercanía de los ayuntamientos, han perdido reconocimiento social y potencia en la calidad de su presencia pública. Y esto es grave porque , en un clima de polarización, la debilidad parlamentaria llevará a la deslegitimación de la institución y a la aceleración de posiciones antidemocráticas .
Centrándonos en Asturias, si bien es cierto que la historia de la Junta es positiva también lo es que toca evaluar la institución porque da signos alarmantes de esclerosis. Asunto que, sospechosamente, está fuera de la agenda pública de los partidos. De hecho, en septiembre del 2021, se abrió por parte del PSOE el melón de la reforma del Estatuto de Autonomía, con un planteamiento tardío y centrado en la cooficialidad del asturiano, y el Gobierno planteó también una serie de puntos que afectaban a la actividad parlamentaria : introducción del decreto-ley, disolución anticipada de la Junta General y concreción de la entrada del gobierno en funciones. Cuestiones de marcado cariz presidencialista y que dejaban fuera del foco público los asuntos medulares relacionados con la actividad de la Junta General : concreción de reformas del Reglamento que aseguren la autonomía e independencia real de la Cámara, revitalización de la función de control , pertinencia presupuestaria (casi 16 millones de euros de presupuesto para 2022) , revisión de la función legislativa, evaluación de la función representativa y su relación directa con la ley electoral asturiana , refuerzo de las competencias del parlamento autonómico en relación con el Presupuesto de la Comunidad autónoma y, en general, con la política económica, relaciones con la Sindicatura de Cuentas y el Consejo Consultivo, etc.
Toca evaluar y la transparencia exigiría además que se explicitaran ante la opinión pública posibles propuestas de reforma porque poco hay recogido en los programas electorales de los partidos. El tiempo no pasa en balde y es crucial para Asturias reformar la Junta General del Principado para adecuar su funcionalidad, medios y reglamentación a la nueva realidad social y política y para que su papel esencial en la separación de poderes, en peligro evidente por la partitocracia , salga reforzada. Hay que "parlar" sobre el Parlamento pero con luz y taquígrafos; abriendo el debate a la participación de la ciudadanía que deberá expresarse, finalmente, con sus votos soberanos en las próximas elecciones autonómicas de mayo del 2023.
Armando Fernández Bartolomé
Diputado y Secretario segundo de la Mesa de la Junta General .
