Democracia y ayuntamientos

El llamado presupuesto participativo persigue que los ciudadanos sean partícipes de las decisiones que les afectan, con lo que se consigue que su implicación sea mucho mayor
28.01.10 - 03:12 - YOLANDA GONZÁLEZ | ABOGADA

Los ayuntamientos asturianos llevan mucho tiempo solicitando un cambio profundo en su financiación, así como una actualización de la normativa que rige su funcionamiento. Estas reivindicaciones han caído en saco roto, pero lo que en una época de crecimiento era una necesidad, en este periodo de crisis se está convirtiendo en inaplazable, ya que la situación actual es insostenible.
Es evidente que con un déficit crónico, debido a la falta de fondos para afrontar las competencias que se les atribuyen, este modelo sólo tiene un final posible: la quiebra técnica del sistema municipal asturiano. De ello son conscientes todos los partidos políticos parlamentarios de Asturies, pero nadie da un primer paso y plantea alternativas reales a esta situación, ya que, desgraciadamente, en el Principado sigue primando el interés partidista frente al interés general, como se demostró en la paralización de la reforma del Estatuto de Autonomía, pieza decisiva en la mejora de la financiación de la comunidad autónoma.
Los ayuntamientos son una institución básica para prestar servicios a los ciudadanos, por lo que necesitan urgentemente un aumento de sus recursos, pero también tenemos que ser conscientes de que esa gestión pública, tan próxima al ciudadano, puede convertir a los municipios en fuente de amiguismos y corrupción y generar una gran frustración a una ciudadanía que ve que no se atienden sus necesidades mientras se afrontan gastos innecesarios y prima la opacidad en la toma de decisiones.
Por ello, es tan importante dotar económicamente a los concejos como garantizar la correcta gestión de los mismos, impidiendo que se usen contra el interés general con el empleo de criterios caciquiles orientados a favorecer a sectores que garanticen la reelección de los gobernantes. Es necesario, por tanto, que la democracia deje de ser un término vacío y se convierta en una práctica que impregne el día a día de la toma de decisiones.
Si queremos unos ayuntamientos verdaderamente democráticos es preciso articular mecanismos de participación ciudadana y de control directo de la gestión pública por parte de la ciudadanía. En ese sentido, una de las medidas clave sería la puesta en práctica del llamado presupuesto participativo, ya que la distribución de los fondos públicos es el principal mecanismo de orientación de las políticas y la más eficiente herramienta que los ciudadanos tienen para controlar la gestión de dichas políticas.
Los presupuestos participativos no son más que formas de participación ciudadana directa en la gestión de las ciudades y pueblos, a través de la cual se abre la posibilidad de participar a todas las vecinas y vecinos en la elaboración del presupuesto municipal. Entre las ciudades que están aplicando este tipo de experiencias podemos encontrar a Sevilla, Tudela, San Sebastián, Getafe o Córdoba, con lo que contamos con suficientes experiencias para aplicar tales mecanismos en los ayuntamientos asturianos, sin que ello sea adentrarse en extrañas aventuras.
Existen diferentes metodologías para su aplicación; no es éste el mejor medio para comentarlas, aunque sí recomiendo al lector interesado en esta temática que consulte las experiencias realizadas en el Estado español en www.presupuestosparticipativos.com. Pero lo que sí debemos destacar son objetivos básicos que persigue el presupuesto participativo: que la ciudadanía sea partícipe a diario de las decisiones que le afectan, con lo que se consigue una implicación mucho mayor de la ciudadanía en los objetivos que se plantea una ciudad o pueblo, al sentirse corresponsable de las mismas.
Aunque a muchos políticos les cueste entenderlo, este tipo de propuestas permiten encontrar soluciones a muchos problemas al 'aprovecharnos' de las ideas de la ciudadanía, que, en muchos casos, pueden ser la respuesta para muchas de las situaciones que nos encontramos en nuestros ayuntamientos. Y también es destacable que estos procesos mejoran la comunicación y solidaridad entre los ciudadanos, ya que nos permite conocer de primera mano los problemas de colectivos y personas, más allá de las ideas preconcebidas que todos tenemos sobre ciertas cuestiones.
Una oportunidad perdida para aplicar criterios de participación ciudadana fue el Plan E, unos ingresos extraordinarios para los ayuntamientos que podían invertir «en lo que quisiesen» dentro de un ámbito de actuación muy amplio. La urgencia por enmascarar los datos del paro imposibilitó el establecimiento de mecanismos que permitieran conocer qué prioridades tenían los vecinos para invertir ese dinero, privando a los ciudadanos de poder mostrar su opinión en la gestión de unos fondos públicos que para nada influían en el funcionamiento diario de la vida del ayuntamiento.
El resultado está a la vista aquí mismo, en Xixón, y ha provocado no pocas muestras de indignación, porque se ha dejado de atender necesidades que muchos ciudadanos creían prioritarias para acometer obras difícilmente justificables. Reformas injustificables como las de L'Acerona o ciertas pavimentaciones antiestéticas en barrios como Cimavilla, ponen de nuevo encima de la mesa la pregunta de si los poderes públicos atienden a las necesidades de sus votantes o a la de intereses extraños que nadie conoce.
Con actuaciones opacas, y en muchos casos incomprensibles, se acentúa el desgaste de las instituciones democráticas y con él aumenta el desprestigio de la clase política. Va siendo hora de que la ciudadanía levante la voz contra esta forma de entender la democracia.

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