El hoy cuestionado mapa municipal asturiano, de origen decimonónico, permanece inmutable desde hace ya más de ochenta años. La estructura municipal del Principado ha permanecido ajena a los importantes cambios que se han producido en las últimas décadas, entre los que destaca la generación de la gran conurbación del centro, a partir del desarrollo de las ciudades de Oviedo, Gijón y Avilés. En el acuerdo de legislatura que suscribieron el viernes, el PSOE y UPyD han pactado la revisión del modelo actual para impulsar la integración de concejos, preferentemente de manera voluntaria, a partir de un gran estudio previo sobre la división administrativa de la región. Por su parte, el Ejecutivo de Mariano Rajoy propone, entre las medidas de ajuste para contener el déficit, la fusión de los municipios españoles con menos de 5.000 habitantes. El debate está abierto. ¿Tiene sentido mantener en Asturias un modelo administrativo del siglo XIX en la segunda década del siglo XXI? ¿Resulta eficiente el mapa municipal en vigor y responde a la realidad socioeconómica de Asturias? ¿Favorece las posibilidades de desarrollo del Principado o, por el contrario, las frena?
Desde el punto de vista económico, la unidad administrativa óptima no es el municipio, sino lo que los expertos denominan sistemas locales. Se trata de unidades territoriales con una sociedad y un mercado laboral bien integrados y que se definen en función de los flujos de residentes y de trabajadores. «Su interés no reside en la reducción significativa de las unidades espaciales, sino en la alta integración socioeconómica que presentan», subraya Fernando Rubiera Morollón, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo y coordinador del Laboratorio de Análisis Económico Regional (Regiolab).
En Asturias, frente a los setenta y ocho concejos actuales, se identifican veintiún sistemas locales integrados, que bien podrían servir de base para redefinir la articulación territorial del Principado que ahora se pone sobre la mesa. Estas nuevas unidades serían, de Occidente a Oriente, las de San Tirso de Abres, Vegadeo, Grandas de Salime, Navia, Cangas del Narcea, Degaña, Salas, Avilés, Llanera, Oviedo, Gijón, Langreo, Villaviciosa, Piloña, Colunga, Cangas de Onís, Ribadesella, Llanes, Cabrales y Ribadedeva.
Según el profesor Rubiera, estas nuevas unidades suponen un «excelente punto de partida» para abordar el futuro de los concejos de las alas. «Se podrían tomar tal cual, ajustando sólo en aquellos casos donde se demuestren mayores necesidades de desagregación por problemas de accesibilidad», añade el coordinador del Regiolab. De todas formas, Rubiera asume que «los intereses políticos» dificultan enormemente una reestructuración del mapa oficial del Principado de Asturias.
Dando un paso más en este diseño alternativo al de los municipios, los sistemas locales de Avilés, Gijón, Oviedo y Llanera conformarían una unidad mayor, de carácter policéntrico: el área metropolitana central de Asturias. Se trata de un espacio con una población superior al medio millón de habitantes, el umbral fijado por Rubiera para que una concentración urbana pueda aprovecharse de las posibilidades de desarrollo económico que se derivan de las grandes aglomeraciones. Y ello con independencia de su localización geográfica y de otras variables del entorno que, en principio, no beneficiarían a la que también ha sido denominada (por Fermín Rodríguez, del Ce-Codet) como Ciudad Astur.
Según un estudio de la profesora colombiana Elizabeth Aponte, si Asturias fuera capaz de funcionar como una ciudad plenamente integrada podría elevar en, al menos, un 10 por ciento su productividad actual. «En realidad, el crecimiento económico podría llegar a ser superior a ese 10 por ciento si se aprovechara adecuadamente el incremento en la productividad explotando las economías de aglomeración urbana», matiza el profesor Rubiera Morollón.
«Lo cierto es que hay una disonancia creciente entre las dinámicas económicas y sociales en Asturias y la división jurídico-administrativa local del Principado», subraya el profesor. A su juicio, esta misma disonancia y la actual estructura administrativa del Principado suponen un «lastre» que impide a la región aprovechar todo el potencial económico de su área metropolitana, que no es menor.
Y no sólo eso. Rubiera Morollón estima que el hecho de que en Asturias exista una realidad socioeconómica diferente a la que reflejan sus fronteras administrativas también puede convertirse en una caudalosa fuente de problemas, tanto políticos como económicos o urbanísticos.
Por todo ello, estima «urgente» la coordinación o, incluso, la fusión de concejos, pero no tanto de los pequeños y poco poblados de las alas oriental y occidental, sino de los más populosos del centro de la región. Así lo señala en el estudio en el que plantea sus ideas para la reforma del régimen local en el Principado, encargado por el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA).
