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FESTINA LENTE

jueves, 7 de marzo de 2013

Las grandes bolsas urbanizables del concejo están en manos de 21 empresas, algunas familias notables y los bancos



Quienes durante años clamaron por llevar la expansión de la ciudad más allá de la Ronda Sur se encuentran ahora en una encrucijada de la que algunas empresas no han conseguido salir. Según argumentaban a principios de 2000, las reservas de suelo urbanizable se quedando cortas ante la fuerte demanda de un mercado inmobiliario que entonces estaba en plena ebullición. Y el Plan General aprobado en 2005, así como el que lo sustituyó en 2011, atendieron ese planteamiento introduciendo grandes manchas edificables en la zona rural.

Pero el mercado de la vivienda acabó reventando. Los tribunales hicieron el resto. Y, hasta que el Ayuntamiento no enderece la situación, el urbanismo gijonés tiene ante sí un futuro incierto. A continuación se detalla la situación de las principales operaciones pendientes:

l Castiello de Bernueces. Es la operación más potente del Plan General de Ordenación y también la única que cuenta con aprobación definitiva por parte del Pleno municipal. La obtuvo antes de que se produjese la primera anulación judicial del PGO en verano de 2009. En su ámbito de actuación, de 948.664 metros cuadrados, tienen suelo Construcciones Prieto, San Bernardo, Durbelan, Esbelso, Moro, Interprovincial (familia Cosmen), Blima Deneb, La Lloseta de Deva, Promociones Cascos, Los Sauces, Rendueles López, Villa de Jovellanos, Rubiera y Varas, San Lorenzo y Quintas de Viesques.

Para poder desarrollar conjuntamente esta operación de casi 4.000 viviendas, la mayor de iniciativa privada prevista en el concejo, decidieron constituirse en una sociedad civil de la que también forman parte Covibarges, con sede en Madrid y propietario asturiano, o Reyal Urbis, ahora inmerso en el segundo concurso de acreedores más grande de España. La crisis también ha dejado por el camino a Arcisa, Fontela Gestión -vinculada al presidente de la patronal de la construcción, Serafín Abilio Martínez- o Construcciones Orcema.

La revisión del PGO anunciada por el gobierno municipal, en caso de que se altere la calificación del terreno o su edificabilidad, salpica por tanto a «medio sector» de la construcción asturiana. La sociedad de Bernueces -integrada también por la Fundación de Escuelas Cristianas y varios particulares- se ampara en la aprobación definitiva del plan parcial para hacer valer sus derechos patrimoniales sobre el suelo, que estiman en unos 70 millones de euros. Sólo en gastos de gestión llevan asumidos más de 7. El asunto ya está en manos de abogados, «por lo que pueda pasar».

l Cabueñes. Uno de los planes más polémicos del PGO. De hecho, ha pasado varias veces por los tribunales. El gobierno de Foro, que ahora lo mete en el saco de su revisión integral del PGO, le dio aprobación inicial al proyecto hace unos meses. La operación abarca una superficie de 254.000 metros cuadrados, donde la gallega Lomas-Barajas controla el 49,15 por ciento del suelo junto a Reyal-Urbis, cuya participación caerá muy posiblemente en manos de los bancos.

En Cabueñes están posicionados, además, Promociones Moro (a través también de Playa de Gijón), el Ayuntamiento y Beyos y Ponga. La filial de Cajastur para asuntos inmobiliarios desaparecerá en cuanto la entidad asturiana, como parte de Liberbank, transfiera sus activos tóxicos -solares, pisos y créditos con riesgo de impago- al «banco malo».

Al igual que ocurre en Castiello, las entidades financieras tendrán, a corto plazo, voz y voto en la operación. La Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes -como se conoce en la parroquia a la urbanización de 600 pisos que el PGO proyecta entre el hospital y el Parque Científico Tecnológico- solicita al Ayuntamiento que elimine la operación.

l Granda. Detrás del proyecto de hacer 1.200 viviendas a orillas de la senda fluvial, en el entorno inmediato del enlace de la Autovía Minera, se encuentra Covibarges. En Castiello tiene una participación de apenas el 3 por ciento. En el caso de Granda, sin embargo, la empresa del asturiano Armando Rodríguez Vallina lidera la operación.

Lo que ahora queda en el aire es la ordenación urbanística de 337.000 metros cuadrados de terreno, del que también son propietarios Rubiera y Varas, Promociones Rendueles, Dursa, el Grupo Maya y Duro Felguera. La inversión por compra de suelo en el plan parcial de Granda, al que Foro también ha dado su aprobación inicial, supera «con creces» los 50 millones de euros.

Al igual que ocurre con otros urbanizables, los actuales dueños del suelo se preparan para plantar batalla a cualquier revisión del PGO que lesione sus intereses. No sólo hablan de derechos edificatorios o patrimoniales. Están en juego también -según advierte el sector- las negociaciones con los bancos para ampliar créditos o entregar las parcelas como dación en pago.

l Porceyo. Este plan parcial apenas ha despertado interés en el sector de la construcción. Hasta el punto de que hay quien lo da directamente por parado. La ficha del PGO lo divide en cuatro núcleos, que suman 184.000 de suelo edificable para 1.200 viviendas. A día de hoy, sólo los vecinos de la parroquia mencionan esta operación cuando se habla del PGO.

l Alto del Infanzón. Nunca generó grandes polémicas, porque la mayor parte del ámbito de actuación de este plan parcial no cambió de manos. Los dueños originales de las parcelas participan en la promoción de los casi 500 chalés que les permite construir el PGO que ahora se anula. Aunque, al frente de la operación, se sitúa Promociones Cascos y la familia Figaredo.

De los 616.569 metros cuadrados recalificados en el Alto del Infanzón, coronando la parroquia de Somió, son para uso residencial -de baja densidad- apenas 74.000. El resto del terreno se destinará a servicios, viales y zonas verdes. El proyecto de urbanización ya ha superado su tramitación inicial y ahora está pendiente del dictamen de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias.

Expertos en urbanismo aseguran que, actualmente, este plan parcial es el más viable a nivel económico y urbanístico. Los propietarios del suelo esperaban culminar las gestiones administrativas en este primer semestre del año. Aunque, con la anulación del PGO, desconocen qué piensa hacer el Ayuntamiento.

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