Fundación Selgas: "Lo que ta a la vista nun necesita candil"

La distinción entre responsabilidad jurídica y responsabilidad política es nítida: la responsabilidad política no se cierne sobre conductas ilícitas, sino lícitas; no descansa sobre criterios de legalidad, sino de oportunidad y, en suma, «no persigue castigar al culpable o asegurar la reparación de un daño, sino ratificar la idea de que los gobernantes están al servicio de los gobernados».

La característica esencial distintiva de la responsabilidad política  es que se concreta en una sola cosa: la dimisión, por propia voluntad, o el cese, por decisión ajena, en el cargo que se ocupa. Porque la exigencia de responsabilidad política se ciñe al cese en el cargo que se ocupa y, en sentido aún más estricto, al cese en el cargo vinculado con los hechos que generan la responsabilidad. Como apuntó Lord Macaulay, la responsabilidad política es el producto de «una época indulgente, que juzga que la pérdida del cargo y la desaprobación pública son castigos suficientes por los errores en la gestión pública no imputables a la corrupción»

La intromisión de la búsqueda de responsabilidades penales en las actividades políticas, utilizando los Juzgados como sustitutivo del Parlamento y la responsabilidad penal como sustitutoria de la política opera efectos sumamente nocivos en el complejo y delicado entramado institucional de la democracia parlamentaria; en particular, la aparición en el horizonte de la responsabilidad penal implica casi ineluctablemente la pérdida de operatividad de la responsabilidad política, que es el instrumento específico de depuración de responsabilidades característico del parlamentarismo. 

Ahora el Gobierno dice que el Principado actuará  contra una medida sobre la que su representante político y legal (la Consejera Piñan) votó a favor .Una contradicción absoluta que debe resolver el Presidente Barbón que o bien asume la responsabilidad de la decisión de la Consejera en primera persona ( de hecho él es nuestro representante legal en la Fundación) o la cesa por negligencia, dejación de funciones y falta de rendición de cuentas ante el  Parlamento  y la opinión pública … con un resultado final absolutamente lesivo para los intereses de los asturianos y el legado de las fundadoras.  No hay otra.......lo demás cuentos.

Además   este triste asunto permite ir  de la anécdota a la categoría política: la necesaria reforma de la Administración Pública. ¿Qué hizo durante todos estos años el Servicio de Patrimonio del Principado de Asturias? ¿Qué hizo la Secretaría General Técnica? ¿Qué hizo la Inspección General de Servicios?¿Qué hicieron los Servicios Jurídicos? ¿Qué hizo la Consejería de Cultura,y sus distintos Consejeros, que no conocían ni el inventario  después de 30 años? ¿Cómo defendieron los intereses de los asturianos? ¿Dónde quedó la transparencia?¿Cómo defendieron la voluntad de las hermanas Fagalde y un patrimonio extraordinario construido en 140 años y generosamente puesto al servicio de los asturianos? En este Gobierno faltan hechos y sobra moralismo discursivo.