22.07.2009 -
ARMANDO F. BARTOLOMÉ COORDINADOR LOCAL DE UP Y D DE GIJÓN Y PROFESOR
L AS recientes agresiones sexuales protagonizadas por menores en Baena e Isla Cristina nos pueden servir de terroríficos ejemplos y pretexto para hacer algunas consideraciones sobre la relación entre moral y educación, auténtico nudo gordiano de la crisis de nuestra sociedad y de la crisis del sistema educativo que no es sino un reflejo de la primera. Pues bien:
La propaganda política oficial confunde de manera interesada la información con la educación sexual. Ésta realmente no existe: el que está bien educado lo está en todo (conduciendo, comiendo y en asuntos de toda índole.) En general, jóvenes y adultos no tenemos un problema de información sobre la sexualidad (saber), sino de voluntad (hacer); no tenemos un problema de formación, sino de moral. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Lo mismo se podría decir sobre el consumo de drogas (incluidos alcohol y tabaco), la violencia, etcétera. Por tanto, el sistema en su conjunto necesita más educadores del carácter y quizás menos transmisores de información. Esto debería tener una traducción clara en los requisitos para ser futuro trabajador de la enseñanza, especialmente en Primaria y Secundaria, y también tendría que tener una traducción en la organización curricular de los centros.
La información es rápida y barata. La buena educación es lenta y muy costosa. La información abunda, los buenos ejemplos escasean. En colegios e institutos se hacen campañas sobre sexualidad, violencia, racismo, respeto y tolerancia... Son campañas necesarias pero no suficientes y sirven a las autoridades educativas para cubrir el expediente y escamotear un debate serio sobre nuestro modelo educativo y social y las gravísimas contradicciones en las que vivimos y viven nuestros jóvenes. Informar no es educar. Necesitamos más verdad y menos demagogia. El mundo educativo no empieza ni termina con el Informe PISA. Las notas no son lo único importante ni lo mas importante.
Educa toda la sociedad y hay una contradicción entre los valores que intenta transmitir el sistema educativo y los modelos de éxito que nos presenta la sociedad (Ronaldo, Paris Hilton o Berlusconi, por poner tres ejemplos mediaticamente omnipresentes). La televisión ha barrido a la escuela. Algunos medios de comunicación por puro negocio y so capa de libertad, banalizan la sexualidad y la violencia de manera permanente, en cualquier horario y ante la pasividad de los que nos gobiernan, que parecen plegados a sus intereses. Todo vale. Y, además, con moralina pseudo progre: «la pornografía es un arte», «la prostitución es un trabajo creativo y libre», etcétera. Necesitamos urgentemente un pacto de Estado sobre educación, concretado en medidas legislativas, que implique y obligue a toda la sociedad, especialmente a los medios de comunicación.
Donde no llega la educación debe llegar el temor. Hay una crisis de autoridad evidente y se gesta en unos padres débiles o ausentes, en una sociedad miedosa y un sistema educativo sin armas para atajar malas conductas. El que la hace debe pagarla; es de justicia y un principio educativo y preventivo fundamental. Necesitemos reformas legales urgentes que unan de manera coherente y equilibrada la libertad y responsabilidad de los jóvenes y estas reformas deben empezar por la propia escuela: reforzamiento de la autoridad de los profesores, reglamentos de régimen interno eficaces...
Regalar ordenadores no solucionará el problema educativo; las nuevas tecnologías son un medio y no un fin. El núcleo duro de la educación es la moral y por eso son verdaderas políticas progresistas las que apoyen a las familias en esta ardua tarea de educar en el día a día (medidas para la conciliación de horarios, asistencia socioeducativa, etcétera) y que fomenten la necesaria cooperación entre éstas, la escuela y la sociedad. Necesitamos una mayor coordinación entre la escuela y los servicios sociales y ofrecer actividades extraescolares que potencien la prudencia, la fortaleza, la justicia y la templanza y no solo el puro entretenimiento para tener a los chavales 'recogidos'el mayor tiempo posible.
En fin, nada nuevo. Ya dijo el viejo Platón que «el objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en buen ciudadano».
http://www.elcomerciodigital.com/gijon/prensa/20090722/opinionarticulos/educacion-sexual-20090722.html
jueves, 23 de julio de 2009
'Urbs in rure', por José Ignacio Prendes
P rimero fueron las declaraciones rotundas y el nada cambiará. Pero recuperada la serenidad, el iniciar la revisión del plan y por tanto el camino al cumplimiento de la sentencia era obligado. Y es que este fallo ha tenido la virtualidad política de desnudar el mal que aqueja al urbanismo gijonés hace años, un mal conocido en los que ejercen el poder sin oposición por décadas, la prepotencia. Un mal que se manifiesta incluso cuando se rectifica pero se advierte que nada cambiará, cuando se asumen de forma altisonante responsabilidades políticas sin ninguna trascendencia práctica, y cuando se da cumplimiento a un fallo judicial de profundo calado pero se disimula con el defecto formal intrascendente.
Nadie debería engañarse: la discusión sobre ese modelo de 'urbs in rure' que transforma en urbanas importantes áreas de la zona rural, tendrá que retomarse. No sólo por imperativo legal, sino por un imperativo ciudadano. ¿Acaso estamos en las mismas circunstancias que en el año 2002? ¿Qué necesidades justifican hoy la construcción de 4.000 viviendas en Castiello o 600 en Cabueñes? ¿Qué fue de la cantinela de que nuestro modelo de desarrollo no puede seguir basado en la construcción?
En definitiva, la ciudad, el país, no son ya lo que eran en el 2002. Y no cabe acudir al latiguillo del que no esté de acuerdo que no me vote. Porque ya sabemos, más después de esta sentencia, que en democracia no hay legitimidad posible al margen de la legalidad. Y tampoco conviene seguir tentando a la suerte que de algo podemos estar seguros, dados los trámites que será necesario completar, la Corporación que tendrá que aprobar esta revisión del plan que ahora se inicia será distinta de la actual y los juegos de mayorías y minorías, y aunque parezca increíble, también en Gijón por voluntad ciudadana pueden cambiarse.
http://www.elcomerciodigital.com/gijon/20090722/gijon/urbs-rure-jose-ignacio-20090722.html
Nadie debería engañarse: la discusión sobre ese modelo de 'urbs in rure' que transforma en urbanas importantes áreas de la zona rural, tendrá que retomarse. No sólo por imperativo legal, sino por un imperativo ciudadano. ¿Acaso estamos en las mismas circunstancias que en el año 2002? ¿Qué necesidades justifican hoy la construcción de 4.000 viviendas en Castiello o 600 en Cabueñes? ¿Qué fue de la cantinela de que nuestro modelo de desarrollo no puede seguir basado en la construcción?
En definitiva, la ciudad, el país, no son ya lo que eran en el 2002. Y no cabe acudir al latiguillo del que no esté de acuerdo que no me vote. Porque ya sabemos, más después de esta sentencia, que en democracia no hay legitimidad posible al margen de la legalidad. Y tampoco conviene seguir tentando a la suerte que de algo podemos estar seguros, dados los trámites que será necesario completar, la Corporación que tendrá que aprobar esta revisión del plan que ahora se inicia será distinta de la actual y los juegos de mayorías y minorías, y aunque parezca increíble, también en Gijón por voluntad ciudadana pueden cambiarse.
http://www.elcomerciodigital.com/gijon/20090722/gijon/urbs-rure-jose-ignacio-20090722.html
Rebeldía judicial
21.07.2009 -
PEDRO HERRERO
S i el TSJA 'tumba' sin contemplaciones la máxima norma bajo tu responsabilidad: ¿Exactamente qué debe pasar para que los políticos asuman su cuota de la misma? La sentencia es valiente, transparente y no deja lugar a dudas. El encubrimiento de una genuina «revisión del plan» como una «modificación puntual» hace imprescindible una nueva tramitación. Cuando se tratan estos asuntos se está tratando el fondo: las garantías de un ciudadano frente a la administración y el respeto al principio de legalidad.
La tramitación irregular ha generado una inseguridad jurídica que, por sus consecuencias, puede poner en peligro la estabilidad económica de las empresas involucradas. Aun así, no debería existir responsabilidad patrimonial administrativa frente a los propietarios del suelo ya que las licencias administrativas hasta ahora no habían sido otorgadas. Las expectativas de beneficio no son suficientes.
Por último, calcular el plazo de resolución del Supremo como táctica política dilatoria, consumiendo recursos públicos y saturando aun más el sistema judicial, es irresponsable y una actuación ilegítima por parte de un administrador público. Además, es posible que el Supremo considere que no procede el recurso. ¿Existe plan B municipal? Asumo que cumplir la sentencia ni se lo plantean. Cosas de la pólvora del Rey.
Mi opinión: con más demandas del mismo abogado en la recámara, más demandas de las asociaciones vecinales, el pleito perdido con el arquitecto Rañada, la activa Plataforma de Cabueñes y Ovidio Blanco en el penal, el PGOU es un muerto andante. El problema es saber cuánto dinero nos va a costar certificar su defunción.
http://www.elcomerciodigital.com/gijon/prensa/20090721/gijon/rebeldia-judicial-20090721.html
PEDRO HERRERO
S i el TSJA 'tumba' sin contemplaciones la máxima norma bajo tu responsabilidad: ¿Exactamente qué debe pasar para que los políticos asuman su cuota de la misma? La sentencia es valiente, transparente y no deja lugar a dudas. El encubrimiento de una genuina «revisión del plan» como una «modificación puntual» hace imprescindible una nueva tramitación. Cuando se tratan estos asuntos se está tratando el fondo: las garantías de un ciudadano frente a la administración y el respeto al principio de legalidad.
La tramitación irregular ha generado una inseguridad jurídica que, por sus consecuencias, puede poner en peligro la estabilidad económica de las empresas involucradas. Aun así, no debería existir responsabilidad patrimonial administrativa frente a los propietarios del suelo ya que las licencias administrativas hasta ahora no habían sido otorgadas. Las expectativas de beneficio no son suficientes.
Por último, calcular el plazo de resolución del Supremo como táctica política dilatoria, consumiendo recursos públicos y saturando aun más el sistema judicial, es irresponsable y una actuación ilegítima por parte de un administrador público. Además, es posible que el Supremo considere que no procede el recurso. ¿Existe plan B municipal? Asumo que cumplir la sentencia ni se lo plantean. Cosas de la pólvora del Rey.
Mi opinión: con más demandas del mismo abogado en la recámara, más demandas de las asociaciones vecinales, el pleito perdido con el arquitecto Rañada, la activa Plataforma de Cabueñes y Ovidio Blanco en el penal, el PGOU es un muerto andante. El problema es saber cuánto dinero nos va a costar certificar su defunción.
http://www.elcomerciodigital.com/gijon/prensa/20090721/gijon/rebeldia-judicial-20090721.html
lunes, 20 de julio de 2009
El Sr. Morales se ríe de los gijoneses
| NOTA DE PRENSA | |||
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Comité Local de UPyD en Gijón | |||
| 18 de julio de 2009 | |||
18 de julio de 2009.- Las palabras aparecidas en prensa de quien fuera concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Gijón no pueden calificarse más que como un insulto a la inteligencia de los ciudadanos. Asumir toda la responsabilidad política como hace el señor Morales en relación a la aprobación del PGOU gijonés, ahora anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, puede quedar muy bien de cara al partido, familiares y amigos, pero en ningún modo se pueden aceptar como explicación válida en un asunto tan grave como el que tiene que afrontar el urbanismo de Gijón una vez la tramitación del Plan General se ha llevado del modo que se ha hecho, sin atender al interés general y despreciando las quejas vecinales. Falta a la verdad el señor Morales cuando asegura que “el contenido del PGOU no está en cuestión y que es continuidad del urbanismo que hicimos en Gijón desde la llegada de la democracia”. La continuidad a la que apela nada tiene que ver con las islas de edificabilidad que se quieren llevar a Cabueñes o Castiello las cuales no responden al crecimiento lógico y ordenado de la ciudad. Si además de esto se suman los defectos de forma en la presentación del Plan, como modificación y no como revisión, para evitar en lo posible cualquier control de los ciudadanos sobre la actuación municipal, deducimos que si este el urbanismo que se ha hecho en Gijón desde la llegada de la democracia, las cosas se han hecho rematadamente mal. Escudarse además en los técnicos y decir que sus compañeros concejales, así como la alcaldesa Paz Fernández Felgueroso no estaban al corriente de los trámites administrativos que se seguían en relación al urbanismo, denota una inquietante situación de cómo se hacen las cosas en el Ayuntamiento de Gijón, cuando ni la propia alcaldesa conoce una materia tan sensible. Recordemos que cuando el Plan se inicia en el consistorio gijonés, en el área de urbanismo, Francisco González Buendía, hoy consejero encargado de la ordenación del territorio en el Principado, ocupaba plaza como técnico jurídico en el área de urbanismo. La responsabilidad política, a nuestro entender, ha de recaer en la alcaldesa y el teniente alcalde de la corporación, Jesús Montes Estrada de Izquierda Unida, mientras el PP debe compartir la responsabilidad subsidiaria por no enterarse de lo que estaba pasando. Comité Electoral Local de Gijón Armando Fernández Bartolomé, coordinador |
El PGOU entre la prepotencia política y el desprecio a la legalidad
| NOTA DE PRENSA | |||
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Comité Local de UPyD en Gijón | |||
| 18 de julio de 2009 | |||
17 de julio de 2009.- Una vez analizada la sentencia por la cual el TSJA anula el Plan General de Ordenación Urbana de Gijón, el comité electoral local en Gijón de UPyD quiere expresar su pesar por lo que considera triste final de una historia que ya empezó a escribirse hace tiempo y que ha ido en contra de los intereses generales de la ciudad, atropellando de paso los derechos de muchos ciudadanos particulares que han visto cómo la justicia ha tenido que hacer su trabajo en defensa de sus legítimos intereses . Además, todo ello agravado por las actitudes de un equipo de gobierno que ha despreciado, cada vez que se le ha presentado la ocasión, las opiniones de la ciudadanía. Si bien es cierto que existe la posibilidad del recurso ante el Tribunal Supremo, y que esa parece ser la intención del gobierno local, desde Unión Progreso y Democracia creemos que esta opción, además de representar una huída hacia adelante que no lleva a ningún sitio, representa un coste que tendremos que pagar todos los gijoneses. Más allá de esto lo verdaderamente grave es haber sido testigos de la prepotencia con la que socialistas e IU han llevado todo lo relacionado con el urbanismo de la ciudad en los últimos años. El coordinador del comité local de Gijón, Armando Fernández Bartolomé, ha dicho esta mañana que “los defectos de forma que la sentencia recoge en la presentación del Plan han buscado implícitamente limitar las posibilidades de actuación de los gijoneses, lo que hubiese significado un mayor control de los ciudadanos sobre la actuación municipal. Algo especialmente relevante en cualquier democracia que se precie. Exigimos, por tanto, una vez conocida la sentencia:
Comité Electoral Local de Gijón Armando Fernández Bartolomé, coordinador |
UPyD-Gijón exige la dimisión de Pedro Sanjurjo
| NOTA DE PRENSA | |||
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Comité Local de UPyD en Gijón | |||
| 17 de julio de 2009 | |||
16 de julio de 2009.- Desde Unión Progreso y Democracia creemos que con la decisión tomada por el TSJA de anular el Plan General de Ordenación Urbana de Gijón se ha dado un golpe definitivo a la forma en que el Partido Socialista ha gestionado el urbanismo de la ciudad en los últimos años, por ello exigimos la dimisión inmediata del concejal Pedro Sanjurjo, responsable político directo de los últimos escándalos urbanísticos que está viviendo la villa, así como las explicaciones oportunas de quien fuera edil de urbanismo Jesús Morales. El Gobierno Municipal Socialista a lo largo de 30 años se ha escudado en su mayoría en el pleno para acometer actuaciones que, en perpetuo enfrentamiento con los vecinos, y de manera constante, han llegado y llegan a bordear la legalidad. El Plan Parcial de Cabueñes o las torres de Roces son ejemplos de esta estrategia de conflicto que cuesta tiempo y en ocasiones recursos públicos por la continua judicialización de las decisiones políticas. Recordemos que hace tan solo unas semanas el Parlamento Europeo hacía público un informe en el que denunciaba las irregularidades cometidas en materia urbanística en España. En dicho informe el urbanismo de Gijón no salía bien parado, levantando serias sospechas sobre su legalidad. La falta de estudios de impacto ambiental y la forma de presentarlo como modificación en lugar de revisión, sumado a las protestas de diferentes colectivos vecinales y particulares que han visto sus derechos conculcados por el Plan hace que las responsabilidades políticas derivadas de la sentencia del TSJA deban asumirse de inmediato por quienes tienen la obligación de tomar decisiones sujetas a derecho. Comité Electoral de UPyD-Gijón Armando Fdez. Bartolomé |
miércoles, 8 de julio de 2009
lunes, 6 de julio de 2009
Propuestas sobre el sistema educativo
OPINIÓN ARTICULOS
Propuestas sobre el sistema educativo
06.07.2009 -
ARMANDO F. BARTOLOMÉ miembro de UPYD y profesor
E SPAÑA precisa urgentemente un cambio en su modelo social y productivo y para ello necesita un «pacto de Estado» que propicie profundas reformas en nuestro sistema educativo; cambio no sólo referido a la formación (adquisición de conocimientos instrumentales), sino también al ámbito más estrictamente educativo (referido a la formación del carácter y la moral personal y social). Educación y formación no son sinónimos y la primera es más importante que la segunda: sin duda, muchos de los altos ejecutivos y gobernantes causantes de la crisis que nos azota estaban muy bien formados técnicamente, pero de educación andaban fatal. Así todo. y dada la coyuntura actual, los cambios más urgentes serían los relativos a la gestión.
La formación en España está lastrada por el elevado porcentaje de fracaso escolar. El 30% de los alumnos de ESO no la termina, el 30% de los universitarios tampoco acaba licenciándose en nada y sólo un tercio se licencia en tiempo establecido. También tiene muchas sombras una formación ocupacional en la que se ha gastado muchísimo dinero y cuyo crecimiento ha ido paralelo al clientelismo para su impartición y al progresivo desguace de la Formación Profesional reglada que siempre tuvo como objetivos no sólo formar sino también educar.
Este fracaso formativo produce unas pérdidas anuales multimillonarias (agregando las subvenciones que se transfieren a los alumnos objeto de fracaso escolar: tanto en Secundaria, Formación Profesional o en la Universidad). Educativamente, el efecto del aparente «gratis total» es un desastre, infantiliza y es profundamente injusto; el Estado debe ayudar a aquellos alumnos que quieran estudiar y no tengan medios, pero, a partir de una edad, no debe subvencionar a los que no quieren estudiar. Y si encima no quieren estudiar y tienen medios, entonces el mal uso del dinero público sólo es entendible desde la demagogia, la comodidad y el electoralismo. Urge, por tanto, reformar la financiación socialmente regresiva de la educación pública, concertada o no, y especialmente la universitaria, en la que los estudiantes, independientemente de su capacidad económica, apenas financian un 15% de sus costes. Ello también exigiría una política de ayudas basada en datos reales y evitando sangrantes engaños que tienen su origen en la propia incapacidad de Hacienda para evitar bolsas de fraude fuera del ámbito de los asalariados. Paralelamente, y como efecto colateral beneficioso, habría una mayor exigencia de calidad para el sistema porque ya se sabe: «el que paga, manda».
http://www.elcomerciodigital.com/gijon/prensa/20090706/opinionarticulos/propuestas-sobre-sistema-educativo-20090706.html
Propuestas sobre el sistema educativo
06.07.2009 -
ARMANDO F. BARTOLOMÉ miembro de UPYD y profesor
E SPAÑA precisa urgentemente un cambio en su modelo social y productivo y para ello necesita un «pacto de Estado» que propicie profundas reformas en nuestro sistema educativo; cambio no sólo referido a la formación (adquisición de conocimientos instrumentales), sino también al ámbito más estrictamente educativo (referido a la formación del carácter y la moral personal y social). Educación y formación no son sinónimos y la primera es más importante que la segunda: sin duda, muchos de los altos ejecutivos y gobernantes causantes de la crisis que nos azota estaban muy bien formados técnicamente, pero de educación andaban fatal. Así todo. y dada la coyuntura actual, los cambios más urgentes serían los relativos a la gestión.
La formación en España está lastrada por el elevado porcentaje de fracaso escolar. El 30% de los alumnos de ESO no la termina, el 30% de los universitarios tampoco acaba licenciándose en nada y sólo un tercio se licencia en tiempo establecido. También tiene muchas sombras una formación ocupacional en la que se ha gastado muchísimo dinero y cuyo crecimiento ha ido paralelo al clientelismo para su impartición y al progresivo desguace de la Formación Profesional reglada que siempre tuvo como objetivos no sólo formar sino también educar.
Este fracaso formativo produce unas pérdidas anuales multimillonarias (agregando las subvenciones que se transfieren a los alumnos objeto de fracaso escolar: tanto en Secundaria, Formación Profesional o en la Universidad). Educativamente, el efecto del aparente «gratis total» es un desastre, infantiliza y es profundamente injusto; el Estado debe ayudar a aquellos alumnos que quieran estudiar y no tengan medios, pero, a partir de una edad, no debe subvencionar a los que no quieren estudiar. Y si encima no quieren estudiar y tienen medios, entonces el mal uso del dinero público sólo es entendible desde la demagogia, la comodidad y el electoralismo. Urge, por tanto, reformar la financiación socialmente regresiva de la educación pública, concertada o no, y especialmente la universitaria, en la que los estudiantes, independientemente de su capacidad económica, apenas financian un 15% de sus costes. Ello también exigiría una política de ayudas basada en datos reales y evitando sangrantes engaños que tienen su origen en la propia incapacidad de Hacienda para evitar bolsas de fraude fuera del ámbito de los asalariados. Paralelamente, y como efecto colateral beneficioso, habría una mayor exigencia de calidad para el sistema porque ya se sabe: «el que paga, manda».
http://www.elcomerciodigital.com/gijon/prensa/20090706/opinionarticulos/propuestas-sobre-sistema-educativo-20090706.html
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