La nueva tramitación toma como punto de partida el Plan del 99, aunque el gobierno local dice mantener en vigor el de 2005
Lo dicho en el texto, según algunos abogados y técnicos, es incompatible con seguir gestionando Cabueñes o Granda
El Ayuntamiento insiste en que el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sigue en vigor, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Asturias lo haya anulado hasta en 23 ocasiones. La revisión propiciada por estos fallos desfavorables toma, sin embargo, como «planeamiento básico de partida el PGOU de 1999». Así lo recoge el documento de prioridades sobre el que se sustenta esta nueva tramitación, en lo que algunos urbanistas locales consideran «una gran ambigüedad jurídica».
De algunos apartados del documento, se desprende que «es preciso pronunciarse sobre la necesidad de revisión del PGOU de 1999» o que «próximo ya el año 2010 es evidente que el Plan de 1999 debe ser revisado». Un planeamiento diseñado por Ramón Fernández-Rañada al que ha sido necesario incorporar las modificaciones relativas al suelo genérico, en aplicación de la Ley del Suelo de 2002, y las áreas sujetas a actuaciones urbanísticas concertadas, que promueve el Principado y no se han visto afectadas por la anulación judicial.
Se trata del Área Residencial de Roces, del polígono de Lloreda y de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales (ZALIA) prevista en San Andrés de los Tacones. Del Plan General de 2005, recientemente invalidado y pendiente del recurso de casación que el Ayuntamiento ha presentado ante el Tribunal Supremo, sólo se incluyen «los suelos con planeamiento de desarrollo con aprobación definitiva». Esto es, la actuación residencial de Castiello de Bernueces.
«Parece como si el Ayuntamiento se estuviera desmintiendo a sí mismo», entienden expertos en urbanismo que ya conocen las líneas generales de un documento que el concejal de Urbanismo presentaba públicamente el pasado viernes, y que se someterá a una primera información pública a partir del 2 de enero. Si lo que se revisa es el PGOU de 1999, «no pueden estar en vigor las actuaciones derivadas del planeamiento que se aprobó en 2005; ni Cabueñes, ni el Infanzón, ni Granda... Ninguna».
Dicho planeamiento fue el resultado de adaptar el llamado Plan Rañada a la nueva Ley del Suelo. Un trabajo que se adjudicó al equipo del arquitecto madrileño Luis Felipe Alonso Teixidor y que ahora pone en entredicho el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Sus sentencias anulatorias consideran que este PGOU es contrario a derecho, fundamentalmente, por cuestiones medioambientales y de participación ciudadana. El equipo de gobierno interpreta que estos fallos judiciales cuestionan la forma, pero no el fondo del actual planeamiento urbanístico. Sostiene, asimismo, que las sentencias no serán definitivas hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo.
«No quieren reconocer lo evidente, pero el PGOU de 2005 está tumbado. Y, en el fondo, el documento de prioridades lo están poniendo de relieve», consideran técnicos independientes de la ciudad. El abogado que consiguió la primera anulación, a mediados del mes de julio, ya advertía entonces de que «lo más prudente es suspender la tramitación de los planes parciales». Lo cierto es que en los últimos meses no han experimentado ningún avance, pero desde el Ayuntamiento se insiste en que «el urbanismo no se parará en Gijón».
Aún así, algunas entidades bancarias se suman al análisis de «ambigüedad jurídica» y se muestran reticentes a la hora de avalar los desarrollos edificatorias de determinadas zonas del concejo, cuya expansión está directamente vinculada al Plan redactado por Teixidor. La situación tampoco pasa desapercibida para los vecinos de la zona rural -uno de los colectivos más beligerantes con la política urbanística municipal- ni para quienes los asesoran técnica y legalmente; lo tendrán en cuenta en sus alegaciones.
Documentación de base
l La revisión se cimienta sobre un documento de prioridades (antes denominado Avance del Plan), elaborado por la concejalía de Urbanismo, con el asesoramiento de otros servicios técnicos municipales y de la empresa Dolmen.
l Este texto, de 140 páginas, hace una radiografía del municipio, de su pasado (se remonta a 1942), de sus necesidades presentes y de sus perspectivas de futuro.
l Se toma como planeamiento básico de partida el Plan Rañada del 99, al que se incorporan las áreas sujetas a actuaciones concertadas y los desarrollos que ya cuentan con aprobación definitiva.
Propuestas de diseño
l Alternativa 0. Su mapa está formado por las directrices del Plan Rañada, el Área de Roces, el polígono de Lloreda, la zona logística y el plan parcial de Castiello.
l Alternativa 1. A todo lo anterior se suman los desarrollos del Infanzón, Granda, Cabueñes y Porceyo (derivados del PGOU de 2005); el plan de vivienda concertada de Jove; y suelo industrial para rematar el polígono de Roces.
l Alternativa 2. Incluye las otras dos opciones, más una bolsa de suelo urbanizable al sur del Área de Roces, más superficie edificable en Porceyo y 3.000 viviendas en Vega-La Camocha.
Primeras opiniones
l Constructores. Se decantan por la alternativa 1, que es la que más se aproxima al Plan anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
l Arquitectos. A la espera de analizar más a fondo el documento de prioridades, consideran que todas las opciones planteadas «son matizables».
l Zona rural. Ni les convencía el Plan de 2005 ni les convence el planteamiento de la revisión. De tener que elegir, los vecinos prefieren la alternativa 0. Consideran que no están justificadas las previsiones municipales que apuntan hacia un PGOU con capacidad para generar 17.200 (alternativa 1) o 24.200 (alternativa 2).
http://www.lne.es/gijon/2009/12/07/expertos-urbanismo-detectan-ambiguedad-juridica-documento-prioridades-pgou/844445.html
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