La crisis agrava el rechazo a los inmigrantes y la demanda de leyes más duras

La actual crisis ha elevado el rechazo de la población española hacia los inmigrantes, cuyo número considera "excesivo", y ha acrecentado la demanda de políticas migratorias más restrictivas. Así lo denota el informe Evolución del racismo y la xenofobia en España (2009), elaborado por el Observatorio del Racismo del Ministerio de Trabajo e Inmigración,

http://www.elcomerciodigital.com/apoyos/documentos/Informe2009.pdf

que refleja en 400 páginas el avance de la menor receptividad ante el foráneo y la consolidación de una imagen negativa que la asocia al deterioro de las condiciones laborales.
Pese a la contención de los flujos migratorios, debido al nuevo escenario laboral y a un mayor control de inmigrantes en situación ilegal, la transigencia con el extranjero se hace depender cada vez más de las necesidades laborales y de su capacidad de integrarse, según las 2.800 respuestas de la encuesta anual del Observatorio, que se realiza desde 2005.
El requisito de adaptación se antepone incluso al empleo para permitir el acceso al país y, aunque la población autóctona aprecia la riqueza cultural que trae la inmigración (incluso más que la económica), no ocurre así con la religiosa (la más desaprobada).
Se acepta que los inmigrantes mantengan su cultura y costumbres, pero con la condición de que se avengan a las normas legales y sociales que configuran la vida en sociedad. No obstante, a la exigencia de que se integren no sigue pareja la voluntad, por parte de los españoles, de aumentar las actuaciones que contribuyan a su integración.
Preferencia por los latinoamericanos
El análisis concluye que el 37% de los encuestados son reacios a la inmigración, el 33% tolerantes y el 30% mantienen una postura ambivalente.
Respecto a si las leyes que regulan la entrada y permanencia de extranjeros son laxas o restrictivas, el 42% opina que son "demasiado tolerantes" -un porcentaje superior a años anteriores-, frente a sólo un 5% que las cree "más bien duras". Además, el 39% de los encuestados ve "muy aceptable" que "se expulse del país a los inmigrantes legalmente instalados que cometan cualquier delito", y un 29% lo valora "bastante aceptable".
Por otro lado, baja la opinión favorable a la concesión de los derechos sociales sobre los que se pregunta. Este descenso es de apenas dos puntos porcentuales respecto al año anterior en el caso del cobro del subsidio si se quedan parados y la obtención de la nacionalidad española. Sin embargo, adquieren relevancia en el caso de los derechos a traer a su familia y a votar en las elecciones municipales.
A la pregunta de si hay un grupo de inmigrantes por el que tenga más simpatía, uno de cada tres encuestados declina responder y uno de cada cuatro responde que "ninguno". A distancia aparece la mención genérica a "latinoamericanos" (12%), seguido de "africanos o subsaharianos" (5%) y "argentinos" (4%). En el lado opuesto, figuran marroquíes y rumanos.

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