La reforma laboral en España: las propuestas de UPyD

UPyD presentó ayer sus propuestas para reformar el mercado de trabajo en España
25 de marzo de 2010


Rosa Díez, diputada de Unión progreso y Democracia, UPyD, inauguró esta tarde una “La reforma laboral en España: las propuestas de UPyD” en la que también participaron el responsable de Economía de la formación, Álvaro Anchuelo, Florentino Felgueroso, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Oviedo y Miguel Ángel García, profesor asociado de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.



Para la diputada, aunque UPyD es un partido joven y pequeño no elude entrar en los debates grandes e importantes y éste -el de la reforma del mercado de trabajo-, es uno de ellos y lo afrontamos, dijo, “sin prejuicios ni complejos”.





UPyD propone una reforma integral del mercado de trabajo, que impulse el cambio de modelo productivo y permita el aumento de la productividad, a la vez que proporcione una mayor seguridad a los trabajadores. Sin ella, el cambio de modelo productivo que se persigue no sería factible. Ayudará también a igualar nuestra tasa de paro con la de nuestros vecinos. Hoy duplica la tasa media de la UE, aunque en parte esto es debido a la composición sectorial de nuestra producción, por el peso que en ella tenía una actividad intensiva en trabajo como la construcción. En el empleo existente, la tasa de temporalidad es altísima, llegó a ser del 33% (y ha caído hasta el 25%, porque casi todos los despedidos han sido trabajadores temporales). La elevada temporalidad afecta especialmente a los grupos más débiles: los jóvenes menores de 29 años (47% de temporalidad en 2009), los inmigrantes (52%) y las mujeres (30%).

La reforma propuesta contribuirá a reducir en el futuro la volatilidad del empleo: ahora la economía española crea muchos empleos de mala calidad en la fase de expansión, que se destruyen fácilmente en la recesión. El coste para las cuentas públicas de esa elevadísima tasa de paro y sus efectos negativos sobre el consumo son razones añadidas para la reforma. Es lamentable, no obstante, que la negligencia de los gobiernos del Sr. Zapatero obligue a realizar estas reformas en medio de una grave crisis, ya que habría sido mejor realizarlas durante los años de prosperidad.

En lo que se refiere a las modalidades de contratación y al coste de despido, ha de señalarse que se trata sólo de uno de los elementos de la reforma, por lo que debería evitarse el centrar la atención exclusivamente en él. No obstante, UPyD no tiene por costumbre eludir los problemas cuando está en juego el bienestar de los ciudadanos españoles, por lo que se posiciona claramente en esta cuestión.

La reforma propuesta respeta los derechos adquiridos en los contratos ya existentes, se refiere únicamente a los nuevos contratos que tras ella se firmen. Todos los nuevos contratos habrán de ser de una única modalidad. Los contratos temporales serán suprimidos radicalmente, excepto para la sustitución de bajas temporales. Por tanto, todos los nuevos contratos habrán de ser indefinidos desde el principio.

Estos nuevos contratos únicos tendrían una indemnización por despido inicial de 12 días por año en el primer año. A partir de ahí, irían aumentando en 2 días por año en los años sucesivos, hasta un tope de 36 días por año (que se alcanzarían, por tanto, en el año 13 y siguientes), con un máximo de 24 meses.

La indemnización inicial es más baja que la de los actuales contratos indefinidos, pero más alta que la de los contratos temporales (8 días o, más frecuentemente, cero), que constituyen la inmensa mayor parte de las nuevas contrataciones. El máximo de 24 meses se corresponde con el actualmente existente para el contrato de fomento del empleo indefinido.

Esta propuesta acabaría radicalmente en los nuevos contratos con la temporalidad, su abuso no causal (cuando la naturaleza de la actividad no es temporal), la trampa de quedarse permanentemente atrapado en ella con numerosos contratos de corta duración y la consiguiente dualidad, segmentación, en definitiva discriminación en contra de los más débiles.

Cuenta, además, con el aval intelectual de 100 de los mejores economistas españoles (incluyendo al Sr. Campa, actual Secretario de Estado de Economía, firmante del Manifiesto en el que se propuso por primera vez).

Tal propuesta tiene, en nuestra opinión, numerosas ventajas. En vez de complicar aún más el menú de contratos, contribuirá a simplificarlo. En la mayoría de las nuevas contrataciones, ahora temporales, proporcionará más protección, al ser trabajadores indefinidos y con una indemnización más alta desde el principio. No se olvide que hoy casi todos los nuevos contratos y los despidos son de trabajadores temporales, con una indemnización de 8 días o, generalmente, sin indemnización.

Este nuevo modelo laboral traza un camino continuo para los nuevos trabajadores desde la entrada en el mercado de trabajo, como indefinidos con menor indemnización, hasta convertirse paulatinamente en indefinidos con una alta indemnización, sin saltos bruscos que incrementen el coste para al empresario y le lleve a replantearse la continuidad de la relación contractual. Esto beneficiará especialmente a los jóvenes, a las mujeres y a los inmigrantes, por constituir una parte mayor de los trabajadores actualmente temporales y parados. Les permitiría salir de la trampa de precariedad, subempleo, menores salarios, menores indemnizaciones y menores prestaciones en la que muchos de ellos han caído. La duración de los contratos aumentará. El número de accidentes laborales disminuirá. Las decisiones de emancipación, natalidad dejarán de ser obligatoriamente pospuestas entre los jóvenes. Se corregirá una grave injusticia intergeneracional, que se sumaría a la de la deuda pública o el medioambiente que legaremos a nuestros jóvenes.

El coste para los empresarios del nuevo esquema, según los estudios realizados por los 100 economistas, no sería muy distinto del actual. Por un lado, se beneficiarán de una relación más estable y duradera con el trabajador, lo que permitirá formarle y disponer de trabajadores de mayor calidad y más productivos. En la actualidad existe una enorme rotación de la mano de obra: en 2008 se firmaron 2´7 millones de contratos de menos de 7 días y 5 millones de menos de 30 días. Por otro lado, no habría contratos que pasasen bruscamente a tener una indemnización de 33 ó 45 días, al convertirse en indefinidos.

Desde el punto de vista del trabajador, tiene sentido que la indemnización por despido sea creciente, pues ha de compensarle por la inversión en capital humano específico (por la adquisición de conocimientos que sólo le valdrán en ese puesto de trabajo) que aumenta con el paso del tiempo.

Por cierto, el problema del exceso de temporalidad no afecta sólo al sector privado. La tasa de temporalidad en el sector público es aún mayor, alrededor del 25%, por el abuso de las interinidades. El sector público debería de dar ejemplo, corrigiendo esa situación.

La contratación indefinida puede, a su vez, ser a tiempo completo o parcial. Convendría hacer más atractiva esta segunda modalidad para empresas y trabajadores, pues apenas se usa en España en comparación con otros países.

Otra propuesta, destinada a mejorar la seguridad de los trabajadores, consiste en mejorar el actual sistema de cobertura para aquellos trabajadores que agotan las prestaciones y subsidios de desempleo. Al prolongarse la crisis, no aplicar una medida de este tipo puede dar lugar un importante problema social, al quedar cientos de miles de personas sin ninguna cobertura. Por ello, insistimos en la propuesta de UPyD (rechazada por el gobierno) de que la ayuda estatal de 420 euros se conceda de manera no discriminatoria, mediante la supresión del requisito de ser mayores de 45 años para acceder a la Renta Activa de Inserción.

Esta propuesta de ampliación de la renta mínima de inserción a los menores de 45 años mejoraría de manera significativa en tres aspectos la situación actual. En primer lugar, cubriría a todos los parados sin ingresos alternativos, evitando las discriminaciones debidas a la fecha en que hubiesen llegado a encontrase en esa situación. En segundo lugar, proporcionaría un período de cobertura a cada de beneficiario más razonable, de hasta once meses, en vez de los seis que hoy se les concede. En tercer lugar, la renta activa de inserción es un programa de carácter permanente, no sujeto a la necesidad de prorrogarse periódicamente. Seguiría así atendiendo a estas situaciones de necesidad, como un derecho subjetivo universal.

Ha de tenerse en cuenta, además, que las Comunidades han desarrollado sus propios sistemas de rentas mínimas de inserción. Como la nueva ayuda es incompatible con la recepción de cualquier otra, los beneficiarios tendrán que optar. No se ha hablado apenas del caos y discriminación entre españoles que esas rentas mínimas de inserción autonómicas implican. Según datos del CES referidos a 2008, en el País Vasco, cubrían a unas 40 000 personas que recibían más de 600 euros al mes; en Extremadura, a poco más de un millar que recibían 388 euros al mes. Esto lleva a otra propuesta de UPyD: que se sumen esfuerzos entre la Administración Central y las autonómicas, además de coordinar y homogeneizar lo que éstas hacen. Las rentas de inserción tendrían dos fases: una primera activa (nacional) y una segunda (mínima) regional. En esta segunda fase, el gobierno central coordinará a las Comunidades, de forma que los requisitos de admisión a la percepción de la ayuda, la duración y la cuantía sean similares en toda España.

La seguridad de los trabajadores debería asimismo aumentarse corrigiendo los déficit que sigue padeciendo nuestro Estado del Bienestar en aspectos clave, como la falta de guarderías o el desarrollo de la Ley de Dependencia.

La negociación colectiva ha de reformarse para permitir que se tenga más en cuenta la situación individual de la empresa, sobre todo en el caso de las empresas que atraviesan dificultades severas. Aunque conviene no olvidar que durante la década de crecimiento económico los salarios reales se mantuvieron prácticamente constantes. Los trabajadores no tienen la culpa de la crisis.

La anterior propuesta de un nuevo contrato indefinido único haría innecesarias las bonificaciones a la contratación indefinida. Estas han resultado muy costosas, equivaliendo a cerca de un 0.4% PIB anual, unos 4 000 millones de euros anuales, e ineficaces (pues a menudo priman un contrato indefinido que está sustituyendo a otro indefinido, o a uno que iba a firmarse en cualquier caso…)

Es imprescindible mejorar drásticamente las políticas activas de empleo basadas en la formación, una clara y grave deficiencia del mercado de trabajo español. Los recursos liberados por las bonificaciones a la contratación indefinida deberían dedicarse íntegramente a ese fin. Ha de personalizarse la oferta (adaptando los cursos a las necesidades individuales de cada trabajador), concentrar los recursos en los grupos más difícilmente empleables, ampliar la oferta de cursos y ligarlos a la percepción de las prestaciones. Un sistema de evaluación periódica de estas políticas permitiría ir mejorándolas progresivamente.

Con el fin de mejorar la intermediación y las recolocaciones que proporcionan los servicios públicos de empleo, es preciso aumentar los recursos de que disponen, evitar que no estén segmentados territorialmente y promover la colaboración privada. Actualmente, ni el 5% de las recolocaciones se producen por esa vía.

El mantenimiento de un mercado de trabajo español único exige también eliminar la discriminación lingüística, incluyendo la que tiene lugar en la enseñanza, para facilitar la movilidad de las personas. No tiene sentido perder en España lo que nosotros ya teníamos y queremos lograr ahora en toda la Unión Europea.

Otras medidas son necesarias para reducir algunas de las irregularidades y disfunciones del mercado de trabajo español:

- El control de la incapacidad laboral ha de incrementarse, para evitar el fraude y el abuso.

- Para ello, los servicios de Inspección del Trabajo han de reforzarse.

- Las jubilaciones anticipadas han de penalizarse fiscalmente, por el coste que suponen para las arcas públicas en términos de mayor gasto en prestaciones por desempleo.

- Ha de diseñarse un Plan de lucha contra el fraude para hacer aflorar el empleo sumergido.

- Ha de crearse un Servicio Nacional de Integración de Inmigrantes. Los parados inmigrantes presentan unas características especiales, pues habitualmente carecen de una red de apoyo familiar.

Reformas adicionales deberían estudiarse para su posible implantación en el futuro:

- Debería contemplarse la posibilidad de introducir los cambios necesarios para implantar en España un modelo similar al austriaco, en el que el trabajador no pierde el derecho a las indemnizaciones por despido acumuladas al cambiar de empleo. Éstas se van incorporando en un fondo personal, siendo financiadas mediante cotizaciones empresariales (de un 1.53% del salario bruto mensual) y se las lleva consigo al nuevo empleo (pudiendo utilizarlas cuando esté en paro, para gastos de formación o como parte de su pensión). El actual sistema español no permite que se reasignen trabajadores desde los sectores en declive hacia nuevos sectores, pues los trabajadores indefinidos no quieren cambiar de puesto de trabajo para no perder el derecho a las indemnizaciones por despido acumuladas.

- Habría que estudiar la progresiva igualación de los permisos de maternidad y paternidad hasta que sean idénticos y obligatorios para ambos sexos. Este modelo nórdico reduciría la discriminación salarial de las mujeres y sería positivo para la convivencia entre padres e hijos, así como para favorecer la igualdad dentro de las familias.

- Convendría analizar los cambios necesarios para introducir en España unos horarios más racionales, semejantes a los del resto de Europa: sin largas pausas al mediodía, finalizando la jornada laboral a horas más razonables e incorporando una mayor flexibilidad.

- Ha de promoverse el que las empresas adquieran compromisos concretos y cuantificables de mejora de la formación interna, de la organización del trabajo y de la conciliación de la vida familiar.

Por último, UPyD reitera su opinión de que las medidas contra la crisis deberían enmarcarse en un plan global (unos II Pactos de la Moncloa, en los que participasen expertos, partidos políticos y agentes sociales) pues los distintos problemas están interrelacionados. Por ejemplo, los temas tratados en referencia al mercado laboral tienen relación con, como mínimo, con:

- La Educación (incluyendo la Formación Profesional).

- La Justicia.

- El Estado del Bienestar (guarderías, dependencia…).

- El sistema fiscal.

- El sistema de pensiones.

- La política de Inmigración.