El gobierno, de PSOE e IU, defiende la viabilidad de la adjudicación actual y habla de «retrasos», de los cuales pide explicaciones al Principado
El incumplimiento del plazo dado a las empresas adjudicatarias de la Ciudad de Vacaciones de Perlora para obtener la licencia urbanística, que venció el jueves, ha hecho saltar las alarmas en la clase política de Carreño. La oposición aboga por volver a sacar a concurso el proyecto de la residencia, mientras que el gobierno municipal reduce el problema a «retrasos», ante los cuales, argumenta, debe responder el Principado. La viabilidad del proyecto ha quedado en entredicho desde que, transcurridos dos años, no ha obtenido la licencia para iniciar las obras y teniendo en cuenta, además, que, en el plazo de un mes, las empresas deberán aportar 4,1 millones de euros de inversión si quieren seguir con la iniciativa.
A juicio del PP de Carreño, no hay más solución que «reabrir la residencia tal y como está, para paliar el daño económico, que se prolonga ya durante cuatro años», y, al mismo tiempo, «volver a sacar a concurso el contrato de explotación del inmueble», según el portavoz del grupo municipal, Celestino Gutiérrez. Según su criterio, ese procedimiento abriría la opción de Perlora «a otras empresas con solvencia que sí tengan interés en impulsar un proyecto empresarial». En opinión del edil, «el proyecto actual no saldrá adelante», por dos razones: «falta de interés por parte de las empresas adjudicatarias y falta de voluntad política para resolver el expediente».
Que el proyecto de Perlora no saldría adelante era algo que, a decir de Ramón Artime, portavoz del segundo grupo de la oposición, la Unión Independiente de Carreño, «ya se intuía, porque el concurso del Principado quedó inicialmente desierto y tuvieron que buscar a toda prisa varias empresas que les evitasen el ridículo». Al final, la adjudicación ha resultado problemática. Artime considera que «el daño a Carreño ya ha sido causado y es irreparable, por el tiempo que la residencia ha permanecido cerrada, con independencia de que se acabe materializando o no un proyecto».
El portavoz de UICA añade que «este proyecto sólo era un parche del Principado para salvar el expediente y demuestra que los responsables de los gobiernos socialistas de Candás y de Oviedo son unos mentirosos que juegan con el futuro de Carreño». En su opinión, a partir de ahora, se hace necesaria una «presión social para sacar del gobierno a los responsables del fracaso de Perlora, al tiempo que debería producirse una reacción por parte de los sectores empresariales locales, del comercio y la hostelería», que son los más afectados por el cierre del complejo.
La apuesta regional por el proyecto de las cinco empresas asturianas ya había sido puesto en tela de juicio en el momento de la adjudicación por parte del URAS, un partido que ha colaborado en las tareas de gobierno. Su portavoz, el ex concejal de Urbanismo Joaquín Rodríguez, declaró que «nunca vimos factible la apuesta del Principado por estas empresas, no es el proyecto que demanda Perlora, y ahora nuestra posición se ve reforzada por los acontecimientos».
La situación en que queda el proyecto también fue valorada por el gobierno municipal. La concejala de Urbanismo y segundo teniente de alcalde, Melania Álvarez, señaló que, «el Gobierno regional debería responder de estos retrasos». Según Álvarez, «el Ayuntamiento en ningún caso es responsable de los retrasos en la ejecución del proyecto». A este respecto, el gobierno local aludió a la petición efectuada en 2007 para formar parte del 20% de accionariado que representa al Principado en la sociedad anónima. Una solicitud que rechazó, a principios de 2008, el consejero de Economía, Jaime Rabanal. Según el gobierno de Carreño, esta circunstancia «ha impedido que hoy se tenga una idea más concreta de lo que ocurre en Perlora».
La falta de un proyecto de reforma y de la preceptiva licencia urbanística para comenzar a ejecutarlo ha sido vista en Carreño como la penúltima irregularidad en torno a la residencia. Aunque no es ésta la primera vez que la gestión del complejo queda desierta.
El Principado abrió en mayo de 2007 el concurso público para la adjudicación de la Ciudad de Vacaciones. Entonces se decía que varias empresas habían mostrado su interés en la explotación. Pero los meses fueron pasando y nada se supo de aquellas empresas que, como reconoció el Principado, no llegaron a presentar oferta. En agosto de ese año finalizaba el plazo para la presentación de propuestas, pero la oferta única de las cinco empresas asturianas a las que se adjudicó la concesión, no llegó. Así, en octubre de 2007 los grupos políticos de Carreño mostraban su preocupación por el silencio del Principado. Hacía dos meses que había finalizado el concurso y no se había alzado el brazo de la ganadora.
http://www.lne.es/gijon/2010/04/17/oposicion-municipal-aboga-sacar-nuevo-concurso-gestion-perlora/901922.html
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