En defensa de una Administración Profesional

A. Ibáñez, miembro del Grupo de Administraciones Publicas de UPyD
21 de mayo de 2010


Resulta curiosa la práctica unanimidad con que han reaccionado la mayoría de los medios de comunicación, articulistas y tertulianos ante el primer recorte del sueldo generalizado a dos millones y medio de servidores públicos. En algunos casos se ha llegado al alborozo: “¡ya era hora que les dieran a esa panda de vagos y privilegiados!”, “¡son demasiados!”, “¡una rémora para el país!”. Casi recuerda aquellos actos de fe de la Inquisición en la plaza pública, con ZP como nuevo Torquemada dispuesto a blandir el látigo sobre la espalda del funcionario de turno (cuantas más oposiciones más morbo). Pensábamos que estábamos en una sociedad moderna pero en realidad se trata de buscar un nuevo chivo expiatorio con cuyo sacrificio restablecer la tranquilidad frente a los dioses de Bruselas y Washington. En este papel de víctima propiciatoria los funcionarios vienen acompañados de pensionistas, embarazadas y dependientes; es decir los que no pueden montar mucho lío ni hacer demasiadas huelgas. ¡Ese es el criterio profesional del plan de recortes! Ir contra los que menos poder tienen, por eso dejan fuera del recorte a RENFE (nos enteramos que al mismo tiempo se ofrece una subida a los maquinistas del 10%!! ABC 19/05/2010), Correos, TVE, AENA y demás empresas públicas, porque éstas pueden paralizar al país si quieren. No está mal como estrategia social, mientras los de las SICAV pueden estar tranquilos.



Pero ¿realmente resulta tan justificado meterse con los funcionarios? ¿Este aparente consenso social revela un extraño acierto improvisador del gobierno? Veamos, ¿de qué funcionarios hablamos? ¿Policía nacional y guardia civil (135.950)? ¿Militares (127.3739)? ¿Sanidad pública (492.721)? ¿Justicia (62.083)? ¿Enseñanza (649.771)? ¿Bomberos? ¿Quienes preparan leyes y decretos? ¿Quienes controlan el fraude fiscal (cuando les dejan)? ¿Quienes negocian hasta la madrugada en Bruselas? ¿Quiénes tratan de gestionar con eficacia y eficiencia las políticas públicas? ¡Ah! Tal vez se están refiriendo entonces a quienes dan las subvenciones a las que nadie quiere renunciar, a quienes tramitan los contratos públicos o las externalizaciones de servicios (aunque muchas podrían hacerse mejor y más barato por los propios funcionarios) de las que viven muchas empresas (en exclusiva), a quienes preparan campañas institucionales por las que todos los medios de comunicación se pelean (incluso aquellos más liberales), etc... Resulta igualmente curioso que las criticas generalizadas a los funcionarios provengan de grupos empresariales y poderes mediáticos que sobreviven gracias a favores políticos y ayudas públicas, o de un sector privado español que es campeón europeo de absentismo laboral y de baja productividad (la productividad por hora trabajada es de las más bajas de Europa y sigue bajando; en la actualidad en España se requiere de media ocho horas para hacer lo mismo que un alemán hace en cinco) y que ha conseguido el mayor déficit comercial de la historia, donde perviven además prácticas dudosamente profesionales a la hora de cubrir cargos directivos por favores, recomendados y familiares. Por no hablar de un sector financiero que mantiene una red de oficinas a todas luces excesiva, sobre todo si la analizamos en términos europeos, o de afamados catedráticos de universidad que olvidan que ellos mismos son también funcionarios, por cierto de una de las 50 Universidades públicas que tenemos en España.



Pero es que acaso ¿ganan mucho los funcionarios para ser los ÚNICOS que van a sufrir reducciones drásticas de sueldo? ¿Qué otro grupo profesional aceptaría bajadas de sueldo que van desde un 3% a un 15 %? ¿Y ello cuando durante muchos años se hayan empobrecido al privárseles de cláusula de revisión salarial alguna? (según estudios fidedignos desde el año 1982 al 2007 han perdido el 40% de poder adquisitivo) ¿Qué empresarios se atreverían si quiera a proponerlo a sus trabajadores o para sí mismos?



En ocasiones lo que más críticas (¿o envidia?) parece suscitar es que tengan el puesto de trabajo asegurado, pero ¿es la rigidez en el empleo exclusivo del sector público? ¿No es éste un problema que está en la base de la falta de un acuerdo en la reforma laboral? En todo caso, ¿es un capricho de los funcionarios o una exigencia del modelo de Administración pública que diseña nuestra Constitución? ¿O preferimos que los partidos políticos metan a su gente? Precisamente el sistema actual (o lo que queda de él) de crear un grupo de funcionarios públicos seleccionados de forma neutral y objetiva y formados para tener vocación de servicio público (quien no la tiene es lógico que piense que dicha vocación es una quimera, pero que pregunten a los policías que se juegan la vida) es la reacción al modelo de cesantías de finales del siglo XIX donde cada partido político cuando llegaba al poder procedería a "renovar" a todos los funcionarios, sustituyéndolos por los suyos. Es también el mismo modelo que hizo hace no muchos años a nuestros socios europeos calificar a los funcionarios españoles como “los alemanes del sur”. Y allí donde falla este modelo (y ya está fallando en algunas Comunidades Autónomas e incluso en el propio Estado) lo que surge es una Administración clientelar o basada en el puro amiguismo. Pero además, sin esa estabilidad, ¿habría algún funcionario capaz de oponerse a una adjudicación de obras que se saltara la ley? Precisamente lo que los partidos políticos intentan una y otra vez es sustituir las atribuciones de los funcionarios profesionales -léase, por ejemplo, interventores y secretarios de corporaciones locales- por asesores ad hoc más sensibles a sus requerimientos. A ello se añade que el político metido a dirigente público (ministros y demás) tenga cada vez menos preparación y experiencia y se comporte cual señorito con cortijo, para quien los funcionarios (incluidos los de rango directivo) no son más que braceros bien “mandaos” que deben obedecer sin rechistar, sobre todo si las órdenes son absurdas, ilegales, contraproducentes o contienen gastos superfluos y excesivos, y si se les paga menos pues ¡a callar! Pero ¿es éste el modelo que interesa tener a la sociedad y a los ciudadanos? Una Administración profesional, motivada y neutral es una garantía para la democracia aunque a veces no nos demos cuenta.



Obviamente la Administración pública española necesita reformas y está sobredimensionada y llena de duplicidades y estructuras superfluas, sobre todo a nivel autonómico y local, y también por una entrada masiva de contratados laborales que después a toda prisa se han debido funcionarizar. Pero esto no ha sido por culpa de los funcionarios sino como consecuencia de políticas equivocadas puestas en marcha por el poder político de turno. Sí, hay que reformar la Administración, pero ¿por qué no se ha hecho hasta ahora? ¿Por interés de los funcionarios o de los políticos y sindicatos? Los políticos quieren meros agentes ciegos que ejecuten órdenes sin réplica ni control, los sindicatos aumentar su número de liberados (en el último Acuerdo con la Vicepresidente primera consiguieron al parecer 120 más), incrementar el número de días de libre disposición y proteger a los que menos y peor trabajan. Existe un régimen disciplinario que prevé la suspensión de sueldo y la pérdida de la condición de funcionario (y hasta se han propuesto planes de empleo), pero resulta en la práctica letra muerta porque cada vez que se plantea su aplicación los sindicatos protegen al afectado y cargan contra el responsable de iniciarlo y todo ello con el apoyo del nivel político, siempre temeroso de tener conflictos sindicales; a fin de cuentas ¡ellos están de paso!



En España sobran víctimas propiciatorias y falta autocrítica y sobre todo faltan partidos políticos que se crean los principios de austeridad, eficacia y eficiencia y se tomen a la Administración pública y a la función de gobernar en serio.

http://www.upyd.es/index.jsp?seccion=5¬icia=39887