El Gobierno del Principado, presentado como acusación particular, defiende la necesidad de la puesta en libertad de Riopedre alegando que "en vista de lo presentado, no hay delito".
Es impresionante que el poder ejecutivo decida que no hay delito en una causa que está siendo investigada bajo secreto de sumario por un juez instructor. Eso sólo lo puede determinar el juez al finalizar la instrucción.
Esto es un síntoma de los graves males de la democracia en nuestro país: el que los políticos están ocupando todos los espacios y erosionando los límites entre los poderes. Y es preocupante que estas declaraciones no supongan un auténtico escándalo social y político pues se ha ido asumiendo que los políticos en ejercicio se ha venido configurando como una casta que aspira a no responder de sus actos ante nadie. Dejan caer con estrépito su malestar al sugerirnos sin demasiada sutileza que la juez está metiendo sus narices en asuntos que no son de su incumbencia. El Gobierno asturiano ya ha decidido que no hay delito.
A este paso las elecciones (si UPyD no lo remedia) terminarán convirtiendose en una mera formalidad que legitime por completo la actividad del poder ejecutivo haga lo que haga, y que aquellos que la ejercen intentarán prolongarla hasta la eternidad. En realidad en España se sigue el camino contrario que se recorrió en México tras el hundimiento de la "democracia" controlada por el Partido Revolucionario Institucional. Vamos camino de que las instituciones sean ocupadas por unos dirigentes políticos intocables. Los "ciudadanos" nos limitaríamos a darles el visto bueno cada cuatro años, ellos se limitarían a halagarnos por nuestra sensatez y nuestro buen gusto.
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