- Una crisis económica porque la pérdida de actividad, que golpea a familias y a empresas, implica un elevado coste en términos de desempleo y de bienestar para los ciudadanos, lo que supone un drama social.
- Una crisis política porque los ciudadanos estamos aprisionados por dos partidos políticos (PSOE y PP) que han renunciado a tener una visión nacional y han conducido al Estado de las autonomías a una situación insostenible, mediante una centrifugación de competencias estatales y una deriva confederal que no sólo atenta contra la sostenibilidad de los servicios públicos que conforman el Estado del bienestar sino que pone en riesgo el mantenimiento de los principios constitucionales de igualdad y solidaridad entre todos los españoles.
- Una crisis social y moral porque ninguno de los cambios que se deben acometer para ganar el futuro serán posibles si no logramos que los ciudadanos asuman una mayor responsabilidad y tomen el control sobre la política. Si no conseguimos una sociedad civil moralizada.
Es por tanto urgente, ante los cruciales años que se avecinan, llevar a cabo valientes reformas de ámbito nacional, autonómico y local que actúen, preferentemente, sobre la estructura de nuestra economía para hacerla más productiva y competitiva, sobre la propia administración pública para alcanzar una mayor eficiencia en la utilización del gasto público y en la prestación de los servicios y sobre el sistema educativo, único propiciador, a medio plazo, del cambio de mentalidad cívica que nuestra sociedad requiere.
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