Dicen que a José Manuel Palacio, primer alcalde  socialista en la reinstaurada democracia, no se le escapaba una peseta  de la caja municipal. Su aureola de hombre honrado, calculador y, en  ocasiones, hasta desconfiado, jalonó su carrera política en los dos  mandatos que tuvo la responsabilidad de ser el primer edil de la ciudad.  Fue un alcalde trabajador, socarrón por momentos y que, sobre todo,  hacía bandera de defender el dinero público, quizás por la experiencia  vivida por él mismo en los anteriores ayuntamientos franquistas. Tomaba  posesión el 19 de abril de 1979 junto a un grupo de 27 concejales, buena  parte de ellos muy jóvenes, sobre todo en la bancada de la izquierda,  que asumía la responsabilidad de gobierno. No tenían experiencia, pero  sí una carga de ilusión capaz de remover los cimientos de la ciudad. Ese  era el objetivo y la prioridad. Ni un minuto se perdió entonces entre  los representantes del PSOE, Unión de Centro Democrático, Partido  Comunista de España y Alianza Popular -cuyo único edil era Francisco  Álvarez-Cascos- en discutir asuntos económicos internos, dietas,  liberaciones, consignaciones dinerarias a los grupos municipales y demás  temas monetarios. La filosofía estaba clara. Cada bolígrafo, cada  folio, cada gasto que los ediles necesitaran para ejercer su trabajo en  la Corporación era gestionado desde el propio Ayuntamiento. No había  carencias, pero tampoco dispendios.
Mucho han cambiado, desde entonces, las cosas. Las últimas elecciones municipales se celebraron el pasado 22 de mayo. Casi dos meses después, los cuatro grupos políticos que conforman el Ayuntamiento gijonés acaban de cerrar un acuerdo para el reparto de sus respectivas consignaciones presupuestarias, es decir, del dinero del que dispondrán, se supone, para hacer su trabajo. El asunto siempre es espinoso porque, cuando se habla de dinero, los políticos siempre tratan de guardar una cierta imagen pública, muy susceptible ante estos asuntos.
Mucho han cambiado, desde entonces, las cosas. Las últimas elecciones municipales se celebraron el pasado 22 de mayo. Casi dos meses después, los cuatro grupos políticos que conforman el Ayuntamiento gijonés acaban de cerrar un acuerdo para el reparto de sus respectivas consignaciones presupuestarias, es decir, del dinero del que dispondrán, se supone, para hacer su trabajo. El asunto siempre es espinoso porque, cuando se habla de dinero, los políticos siempre tratan de guardar una cierta imagen pública, muy susceptible ante estos asuntos.
Pero, ¿cuándo cambiaron las cosas? ¿Cuándo dejó el  Ayuntamiento de hacerse cargo de todos los gastos de los grupos y perdió  el control de esos dineros? Fue en el año 1995. Hasta esa fecha, las  cuatro corporaciones anteriores, presididas dos de ellas por José Manuel  Palacio y las dos siguientes por Vicente Álvarez Areces, mantuvieron el  criterio establecido en 1979: ni un bolígrafo fuera de control. En 1995  se pretendió, en primera instancia, dar una mayor independencia a los  grupos municipales -por entonces ya sólo PSOE, PP e IU- para decidir  sobre sus gastos. Eso sí, con asignaciones fijas y teniendo que  justificar, siempre ante el interventor municipal, el destino de los  fondos públicos, que deben ser destinados exclusivamente al trabajo en  el Ayuntamiento, incluso con una contabilidad específica.
Así se hizo, al menos, hasta hace unos tres años. Por  entonces, fue necesario adaptar el Reglamento Orgánico de Funcionamiento  del Pleno para adecuarlo a la conocida como Ley de Grandes Ciudades.  Con ello, entre otros detalles, se relevó al interventor del  Ayuntamiento del control de los gastos de los grupos municipales  -facturas incluidas- y la responsabilidad pasó al Pleno, si  mayoritariamente se solicita. Es decir, si ningún grupo municipal pide  las cuentas de los restantes, simplemente los gastos se dan por buenos.
 Dinero para los partidos  
Desde que se cambió ese criterio, siempre tras las  elecciones municipales se 'abre el melón' de los dineros, con abiertas  disputas políticas, lo cual no es de extrañar teniendo en cuenta que en  la anterior Corporación el grupo municipal del PSOE recibía,  aproximadamente, 7.245 euros al mes de las arcas municipales. Es decir,  86.940 euros al año. El PP rondaba los 6.930 euros al mes, unos 83.160  euros al año, todo ello 'sólo' para 'gastos corrientes' de los grupos,  porque el pago de secretarias y asesores, junto con los servicios  generales, se abonan, también con dinero municipal, a parte. Tras las  últimas elecciones, esas cantidades han bajado de forma importante,  sobre todo para el PP, al perder siete concejales -los grupos reciben  315 euros por cada edil-. La bajada supondrá para el PP más de 2.200  euros al mes. Al año, casi 26.500 euros menos. En el PSOE el descenso es  inferior, pero, con todo, percibirán unos 11.340 euros menos al año.
¿Es posible que un grupo municipal pueda gastar en torno a  6.000 euros al mes (un millón de las antiguas pesetas) sólo en gastos  corrientes? Llegados a este punto, se choca de manera frontal con la  delicada línea que separa un grupo municipal y su propio partido  político. Quienes han tenido responsabilidad tanto en el PSOE como en el  PP, reconocieron a EL COMERCIO que no sería posible mantener el  'envoltorio' de estos partidos políticos sin el dinero municipal. Dicho  de otra forma, aseguraron que el dinero que sale del Ayuntamiento es una  'fuente vital' para sostener los partidos, sus campañas y, en general,  para todas sus actividades. ¿Se cumple de esa forma con el texto y  espíritu del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Pleno? ¿Están  haciendo los grupos municipales ingeniería contable para detraer fondos  municipales para la subsistencia de sus propios partidos?
Es evidente que, tras las últimas elecciones municipales,  si hay un grupo municipal que tendrá que 'apretarse el cinturón', será  el del PP. Al perder siete concejales, como se apuntaba anteriormente,  percibirá unos 2.200 euros menos al mes, cantidad casi equivalente al  alquiler mensual de la sede del partido en la plaza del Instituto. Hay  voces que ya aseguran que el PP se plantea de forma seria un cambio de  sede para otra más modesta, y más económica. Además, a ese descenso de  ingresos del grupo municipal, el PP deberá añadir una importante bajada  de las aportaciones de los concejales y de los cargos públicos que  representan al partido en diferentes organismos, donde cobran por  reuniones o consejos y, luego, aportan un porcentaje para el propio  partido.
En el caso de los concejales liberados, a sueldo del  Ayuntamiento, la aportación es mayor. En esta Corporación serán menos,  tres. Pero es que los ediles no liberados del Partido Popular, al margen  de la portavoz, eran siete en la anterior Corporación, que venían a  aportar un promedio de 80 euros al mes. Ahora será sólo uno. Es evidente  que todo es a restar.
El grupo municipal del PP tiene su propio CIF, su propia  contabilidad, pero ya hace muchos años, incluso antes de llegar a la  presidencia del mismo Pilar Fernández Pardo, hubo no pocos  enfrentamientos internos por el manejo de los dineros. El partido vivía  tiempos de penuria (con las cuotas de los afiliados no se mantiene, ni  de lejos, el coste de mantener la sede de la plaza del Instituto que,  entre alquiler, la secretaria y gastos generales ronda los 6.000 euros  mensuales) y el grupo municipal tenía sobrados fondos. ¡Qué complicada  dualidad!, sobre todo cuando la línea divisoria entre el partido y el  grupo municipal es tan pequeña.
 Crédito hipotecario del PSOE  
En cuanto al PSOE local, aunque perdió el gobierno  después de 32 años consecutivos, su representación sólo descendió en  tres concejales, por lo que la merma de ingresos del grupo municipal es  bastante menor que la del PP: 945 euros al mes, 11.340 euros al año. Aún  así, percibirán sobre 75.000 euros anuales. Eso sí, recibirá mucho  menos dinero de los ediles liberados (sólo dos), de cargos de confianza y  de representantes de organismos.
En el caso de los socialistas, al menos en los año 2006 y  2007, es decir, al poco de disponer de fondos propios para el grupo  municipal, éstos eran adscritos, de forma íntegra, al presupuesto de la  Agrupación Socialista de Gijón. En su día -de forma excepcional y, según  parece, por algunas voces críticas internas del partido por el cambio  de la sede de la calle de San Bernardo a la nueva de la calle de  Saavedra- la dirección local remitió a todos sus afiliados unos  documentos en los que se aportaba un balance económico del partido del  año 2006 y el presupuesto de 2007.
En el primero de los casos, se dice en ese documento que  «para evaluar los ingresos anuales a nuestra agrupación (315.561,54  euros) debemos saber que los conceptos principales siguen siendo las  aportaciones municipales, tanto las subvenciones al grupo municipal como  las aportaciones de nuestros concejales». A continuación se especifica  los 82.800 euros de subvención al grupo municipal y los 75.113,18 euros  de ayuda de contrataciones que, junto con la aportación de los  concejales, suponía un total de 200.040,19 euros. «Los ingresos más  importantes de la Agrupación».
Más adelante se cita que «respecto a los ingresos, está  pendiente para la segunda parte del año la aprobación por los grupos  municipales de las nuevas subvenciones, lo que modificará las  previsiones que adjuntamos».
También se aportaba a los afiliados un adelanto del  presupuesto de 2007. En el primer capítulo de ingresos del mismo consta  como «subvenciones oficiales» y se especifica la «subvención grupo  municipal: 82.800 euros» y la «subvención secretaría grupo municipal:  76.000 euros». Esas cantidades suponían casi la mitad de los 340.800  euros de ingresos anuales previstos por el partido. Como detalle, las  cuotas de los afiliados figuraban con 45.000 euros.
Además, en el capítulo de gastos, entre otros, figuraba  un crédito hipotecario y sus intereses, por importe total de 25.000  euros. Así, al menos de los presupuestos citados, el PSOE incluía la  totalidad de la aportación al grupo municipal como ingresos de la  Agrupación Socialista de Gijón. De nuevo, como en el caso del PP, aunque  con otras formas, no parece nada clara la diferencia del grupo  municipal socialista de lo que significa la Agrupación Socialista local,  al menos en cuanto a dinero se refiere.
 Contabilidad para el Pleno  
Es evidente que las asignaciones a los grupos municipales  están dirigidas exclusivamente a los mismos, pero ¿sería lícito derivar  ese dinero para la vida y sostén de los partidos políticos? El artículo  25 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de Pleno del Ayuntamiento  de Gijón dice que «el Pleno de la Corporación, con cargo a los  presupuestos anuales de la misma, asignará a los grupos políticos  municipales una dotación económica... Sin que pueda destinarse al pago  de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la  Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos  fijos de carácter patrimonial. Los grupos políticos municipales deberán  llevar una contabilidad específica de la dotación a que se refiere el  párrafo anterior, que podrán a disposición del Pleno siempre que éste lo  pida». ¿Y si ningún grupo municipal, como hasta la fecha, pide esas  cuentas?
En los mismos términos se expresa la Ley de Bases de  Régimen local, en su artículo 73. Sin embargo, la Ley Orgánica 8/2007,  en su artículo 2/e, en relación con los recursos económicos de los  partidos, añade: «Las aportaciones que en su caso los partidos políticos  puedan recibir de los grupos parlamentarios de las cámaras de las  Cortes Generales, de las asambleas legislativas de las comunidades  autónomas... y de los grupos de representantes en los órganos de las  administraciones locales». Las interpretaciones legales pues, son  variadas.
Lo que está más que claro es que, tras las pasadas elecciones, las cuentas políticas están al rojo vivo.
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