Defensa de El Musel

08.11.09 -
JOSÉ MANUEL SARIEGO SECRETARIO GENERAL DE LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE GIJÓN


S INCERAMENTE, ante quienes utilizan la ampliación del puerto de Gijón en su beneficio particular y partidista, hemos de decirles que ya está bien. Que no podemos callarnos ni dejar pasar la oportunidad de desenmascararles, porque desean el mal para Asturias por intereses espurios, por objetivos personales o partidistas, alejados del interés general.
Quizás la cercanía a la realidad de las citadas obras y el hastío en su denuncia nos afecte en ocasiones limitando nuestra capacidad de respuesta y la efectividad de la misma. Y, sin duda, también han de influir las absurdas divisiones en las que frecuentemente nos enfrascamos en esta comunidad autónoma.
Pero lo que se vivió el martes, 27, en el Congreso de los Diputados ha sido un aldabonazo para todos los que queremos tener como guía de actuación los intereses generales y no los particulares. El citado debate parlamentario nos permite hallar un punto de inflexión para que reflexionemos sobre la infame estrategia que algunos han desarrollado en relación con la ampliación de El Musel, tratando de calar en la opinión pública de manera perversa insistiendo en falsedades,
La diputada por Asturias del grupo popular, Pilar Fernández Pardo, dentro de su campaña constante y monocolor de perjuicio a la obra del puerto, buscando su mérito personal y tratando de compensar la marejada de casos de corrupción que asola su partido, quiso presentar el proyecto modificado de la ampliación como el paradigma de la opacidad, de la irregularidad e incluso de la ilegalidad, en un intento, luego frustrado, de buscar el escándalo. En su moción pudimos encontrar evidencias de su preocupación por medrar en el partido, por ganar puntos a cualquier precio -incluso por encima del interés general- en estas aguas hoy revueltas de su formación política. Para lograrlo se amparó en unos argumentos tan débiles y erráticos que el varapalo que recibió por parte de todos los representantes parlamentarios del resto de los grupos fue de los que se recuerdan y, en situaciones normales, habrían de dar por arruinada una carrera política.
Por parte del representante de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, se le reprochó la técnica apriorística de acusar sin fundamento y de extender la acusación de corrupción a todos las obras del Ministerio de Fomento, como una estrategia 'antigürtel' que pretendiera convertir al modificado de la ampliación de El Musel en un caso de corrupción estatal, sin que en ningún momento se haya fundamentado la existencia de irregularidades. Igualmente, le recriminó que solicitase la investigación y difundiese acusaciones contra el puerto de Gijón y no contra el de La Coruña, como si el sobrecoste del primero fuese importante porque el gobierno no es mío y, curiosamente, los del segundo no lo fuesen, porque sí gobierna mi partido.
Rafael Simancas, representante del grupo socialista, tuvo una sensata intervención, en la que condensó la realidad de los hechos, sin cortapisas. Su intervención gravitó sobre tres puntos:
1) En la gestión de la obra de la ampliación del puerto de Gijón y de su modificado sólo hay limpieza y transparencia en la defensa del interés general. La Autoridad Portuaria de Gijón diseñó, proyectó, licitó, adjudicó y certificó las obras conforme a la ley.
Si la señora Fernández Pardo considera que existen irregularidades, debe acudir deprisa a los tribunales o a la fiscalía a denunciarlo. Pero, como sabe que no hay nada, como demuestra sin paliativos el hecho de tener a su disposición el expediente desde hace una año y medio y ni siquiera haber ido a ojearlo, no les interesa. Sólo quieren seguir levantando injurias para compensar sus casos de corrupción, perseguidos por auténticos ilícitos penales, aunque para ello tengan que desprestigiar al Ministerio, al Principado, a la Autoridad Portuaria y a empresas tan solventes como Dragados, FCC, SATO, etcétera, tan distintas a 'chiringuitos' como Orange Market.
2) Se ha producido un sobrecoste que ha incrementado la inversión, como ocurre en la mayoría de las obras públicas, pero su solución ha sido transparente y está justificado cada euro.
¿Son los sobrecostes en las obras públicas una novedad? ¿Son un delito? ¿Quieren encarcelar a los responsables de las obras públicas? Pues empiecen por Madrid donde ha habido más de un 100% de sobrecoste en obras como el enterramiento de la M-30, el Palacio de los Deportes o los Teatros del Canal. Pero más aún, ¿por qué se insta está moción para el caso del puerto de Gijón y no para el de La Coruña que está en una situación similar? ¿No será porque el proyecto de La Coruña lo adjudicó en su día el PP y ahora que vuelve a gobernar tiene que solucionar el problema siguiendo la senda de Gijón? ¡Menuda coherencia!
3) Para la financiación de este modificado y la finalización de las obras existe una operación de préstamo, promovida por el Ministerio de Fomento, que garantiza la viabilidad económica del puerto. Las condiciones de ese acuerdo son de sobra conocidas. Puertos del Estado le prestará al puerto de Gijón 215 millones de euros, que esté deberá devolver en 37 años. ¿Van a criticar también esta solución cuando la Xunta de Galicia está pidiendo la misma para el puerto exterior de La Coruña? Seguimos con las incoherencias...
En la intervención del representante del grupo mixto, el señor Jorquera Caselas, del Bloque Nacionalista Galego, destacó su comprensión con la complejidad de estas obras marítimas que suponen la construcción de un nuevo puerto exterior y que frecuentemente tienen sobrecostes -puro sentido común-, como ocurre en Gijón y en La Coruña.
El representante del grupo vasco, el señor Beloki Guerra, consideró que existía una inadecuación entre lo que decía la moción y lo que contempla la reglamentación, además de una desmesura en las peticiones, cuando existen otras muchas formas de control que no se han agotado.
Finalmente, el representante del grupo catalán, señor Macias y Arau, compartiendo la preocupación por los sobrecostes, manifestó que, en una obra de esta magnitud y más siendo marítima, es racional que se produzcan modificados, como ocurrió también con el hundimiento del muelle del Prat, en el puerto de Barcelona, con sobrecostes incluso superiores en porcentaje a los del puerto de Gijón.
Tras estas intervenciones, uno se queda pensando: ¿Qué nos pasa? ¿Qué ocurre para que frente a la destructiva actitud de nuestros representantes populares deban ser finalmente parlamentarios madrileños, gallegos, catalanes y vascos los que, aliados con el Gobierno del Principado, el Ayuntamiento de Gijón y la Autoridad Portuaria, defiendan y puntualicen estos antinaturales ataques contra una obra que, a pesar de las dificultades técnicas y financieras ya superadas, se pondrá al servicio general y del desarrollo económico de Asturias y de España, garantizando el futuro portuario de Gijón a largo, a larguísimo plazo? Por algo de esta importancia todos deberíamos distinguir lo ficticio de lo valioso, defendiendo esto último y despreciando lo primero.