Revolución en las aulas de 0 a 3 años

Estaban «en tierra de nadie» y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) les ha dado «el reconocimiento profesional y económico» por el que llevaban años luchando. Las 132 educadoras (y un educador) de las escuelas de 0 a 3 años de Gijón se integrarán en el convenio colectivo del Ayuntamiento con plenos derechos y una categoría profesional equiparable, a efectos salariales, a la de un administrativo municipal.
Laura Pérez, delegada sindical de UGT en la escuela infantil de Tremañes, anima a los trabajadores de este ciclo en el resto de municipios asturianos a que denuncien en los juzgados su precaria situación laboral. Es más, pronostica que el fallo judicial gijonés, que no será recurrido, sentará jurisprudencia y desencadenará un «efecto cascada» de forma inmediata. «Este es un problema que debería resolver el Principado, pero ya que no lo hace, otra forma de resolverlo es a través de los ayuntamientos», defiende.
En el Principado hay 34 guardería públicas, de las cuales 10 funcionan en Gijón. También participan en esta red educativa Avilés, Corvera, Carreño, Gozón, Navia, Valdés, Langreo, Pola de Lena, Mieres, Villaviciosa, Oviedo, San Martín del Rey Aurelio, Siero y Llanera.
Las educadoras de las escuelas infantiles públicas gijonesas todavía no se creen que su sueldo vaya a crecer de golpe en unos 6.800 euros al año, sin contar los atrasos pendientes (entre 5.000 y 6.000 euros por cabeza en función de la antigüedad). Hasta ahora venían cobrando menos que cualquier conserje, ordenanza o peón de obra de los que trabajan para la Agencia Local de Empleo. El 80% de sus emolumentos se financia con un fondo europeo.
En Tremañes, el equipo de profesoras al cuidado de 70 niños asegura que «hasta ahora sólo éramos personal laboral para recortarnos un 5% el sueldo». Esa rebaja salarial, explica Laura Pérez, hizo que cundiera el desánimo entre su colectivo. «Vimos que de repente no llegábamos ni a mileuristas. Fue un mazazo, pero seguimos trabajando con la misma motivación de siempre en un trabajo que es vocacional», afirma. Y ahora que el aire sopla a favor, la delegada sindical de UGT reconoce que «estamos requetemotivadas». Pero no sólo por ganar más dinero, que también, sino porque tras años de lucha se reconoce por primera vez la labor educativa y afectiva que desarrollan con los bebés de otras personas. «En una semana se ha avanzado siete años», apostilla.
Estas mujeres , con una media de edad entre 30 y 40 años, también reivindican el sacrificio personal realizado hasta conseguir una vacante en su puesto de trabajo. «La gente no sabe la gymkana que es esto. La disponibilidad del trabajador debe ser absoluta. Empiezas dando bajas, sigues con un contrato a media jornada y terminas con uno a jornada completa», enumera Verónica Sirvente, que rechaza que algún grupo político, en referencia al PP, pueda dar a entender ahora que «le vamos a robar a los gijoneses».
El acceso a la plaza es a través de una bolsa de trabajo. Y en este momento en la plantilla de la red de guarderías públicas local coexisten maestras, licenciadas en Psicología y Pedagogía con habilitación en educación infantil y técnicas de grado superior. «Para consolidar el empleo sería normal que nos sometieran en el futuro a algún tipo de oposición», concede Laura Pérez, que recuerda que en los próximos meses la plantilla de las escuelas de 0 a 3 años aumentará en Gijón hasta los 170 empleados.
Una cláusula singular
El personal de las escuelas infantiles de toda la región está vinculado a un convenio firmado por la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y los sindicatos UGT y CC OO que terminó en 2003 sin que llegara nunca a renegociarse. Fruto de esta situación, y ya en el ámbito de Gijón, las organizaciones sindicales lograron arrancar un compromiso en la negociación del convenio colectivo del personal municipal. Una cláusula por la que se establecía que, a 1 de septiembre de 2009, los trabajadores de estas escuelas se integrarían en el convenio de referencia, bien del Principado de Asturias, bien del Ayuntamiento de Gijón. No obstante, vencida esa fecha, el Consistorio gijonés se negó a cumplir lo pactado, alegando que se requería una nueva negociación que implicase a la FACC y al Principado.
En primera instancia el juzgado de lo Social número 3 de Gijón dio al razón al Ayuntamiento. El fallo fue recurrido por ambos sindicatos y al final el Tribunal Superior de Justicia de Asturias dio un vuelco a la situación. Su sentencia, que no va a ser recurrida en casación, entiende que la integración de estos educadores debe realizarse a través del convenio colectivo del Ayuntamiento por ser éste su centro de trabajo, aunque sea el Principado la administración que tiene las competencias educativas.
Desde la Federación Asturiana de Concejos se declinó realizar ninguna valoración sobre las repercusiones regionales que puede tener la sentencia del TSJA sobre el conflicto colectivo gijonés. No obstante, las fuentes consultadas aseguraron que en principio no hay ningún otro municipio en Asturias que en la negociación del convenio de sus trabajadores haya incluido una cláusula como la de Gijón.
Por su parte, la Consejería de Educación se remitió al último mensaje de su titular Herminio Sastre sobre este asunto. Sastre se desvinculó claramente de la sentencia del TSJA y consideró «inviable» económicamente integrar en su organigrama la red de 0 a 3 años. Además, aseguró que no se trata de un ciclo escolar ni educativo, por lo que instó a los municipios a «ser inteligentes y plantear sistemas para gestionar mejor» estos centros. Sus palabras cayeron como un jarro de agua fría en la plaza Mayor desde donde el concejal de Hacienda y candidato socialista a la Alcaldía, Santiago Martínez Argüelles, criticó un «nuevo intento de escurrir el bulto».
Acatamiento «gradual»
Entre tanto, Ayuntamiento y sindicatos abrirán en la semana que entra la mesa negociadora para pactar la aplicación de la sentencia del alto tribunal asturiano. El concejal de Educación, Justo Vilabrille, ha anticipado que pedirá a UGT y CC OO un acatamiento «gradual» del fallo judicial, para «no gravar en exceso a las arcas municipales» en la actual coyuntura económica. Y los sindicatos ya le han contestado que admitirán sólo la gradualidad en el pago de los atrasos por el efecto retroactivo de la sentencia, pero no en la actualización de las nóminas.
La inclusión en el convenio colectivo de los profesores de infantil se hará a través de una modificación del marco laboral o mediante la creación de una nueva relación de puestos de trabajo (RTP).

La apertura de la escuela infantil de Nuevo Roces, con 78 plazas, figura como comprimiso de la alcaldesa para 2011. La red de guarderías públicas gijonesa es la más extensa de Asturias . Incluye los centros de La Serena (abierta en marzo de 2003), Los Playinos, Los Escolinos, Los Raitanes, Los Pegoyinos, Monteana (a punto de reabrir con 8 alumnos), Montevil, Atalía, Tremañes y Viesques. La red crecerá en breve con La Camocha, la ampliación de Montevil y Nuevo Gijón. Al inicio del actual mandato municipal había 434 plazas de este ciclo educativo y al acabar habrá 847.