lPara garantizar la viabilidad económica en el medio y largo plazo de los 3 servicios públicos fundamentales que prestan las CCAA -sanidad, educación y servicios sociales-, será necesario acometer una serie de medidas de reforma de distinto carácter y alcance:
P. 31.- Medidas comunes para mejorar la equidad interterritorial y paliar los inconvenientes de la descentralización:
31.1 - Normativa básica del personal de los cuerpos nacionales que permita acceder al empleo público a todos los ciudadanos españoles en todas las CCAA en igualdad de condiciones, evitando los agravios comparativos, las espirales salariales, y facilitando la movilidad entre CCAA.
31.2 - Aprovechamiento de economías de escala derivadas de la gestión centralizada que no merme la autonomía en la gestión, como por ejemplo negociación conjunta de precios y condiciones con la industria farmacéutica.
31.3 - Coordinación de inversiones de interés nacional ejecutadas por varias CCAA.
32.2.- Para conseguir un sistema educativo nacional y democrático, y mientras las competencias en Educación no sean recuperadas por el Estado, proponemos:
32.2.1- Armonización del currículum entre las diferentes CC.AA. y medidas para facilitar la movilidad del alumnado, los titulados y el profesorado en todo el territorio nacional en igualdad de condiciones y oportunidades, limitando la endogamia del sistema.
32.2.2 - La exigencia de conocimiento de lenguas distintas al español debe limitarse a los puestos de trabajo en las que éstas sean realmente necesarias para su desempeño.
32.2.3- En las CC.AA. con dos lenguas cooficiales, escolarización en la lengua de elección y aprendizaje adecuado de ambas lenguas.
32.2.4 - Apoyo a la enseñanza de los valores democráticos, la Constitución y los Derechos Humanos.
32.2.5 - Eliminación del currículum de tópicos adoctrinadores nacionalistas, regionalistas o localistas.
32.2.6 - Laicidad de los centros públicos.
32.3. – Para mejorar la calidad educativa, proponemos la evaluación continua del sistema, de los centros y del profesorado a todos los niveles, mediante la realización de pruebas externas por parte de alumnos y titulados, en lugar de los métodos actuales, ineficaces e insufriblemente burocráticos.
32.3.1 - Refuerzo de la Inspección, con funciones de apoyo y evaluación y no sólo de fiscalización.
32.3.2 - Implantación de la competencia entre las universidades, mediante sistemas de financiación con incentivos para mejorar sus niveles de calidad y eficiencia.
32.3.3 - Fomento del refuerzo y la diversificación como alternativas a la repetición y el abandono.
32.3.4 - Reconocimiento de los profesores como los verdaderos expertos en materia educativa.
32.3.5 - Valoración del esfuerzo, el aprendizaje, la excelencia y la responsabilidad.
32.3.6 - Dar prioridad a los objetivos de instrucción.
32.3.7 - Impulso decidido al aprendizaje de lenguas extranjeras, especialmente del inglés, fomentando la enseñanza bilingüe (o trilingüe en las CC.AA. con dos lenguas cooficiales).
32.3.8 - Impulso y dignificación de la Formación Profesional.
32.3.9 - Refuerzo de la disciplina, reconocimiento del profesorado como autoridad pública y adopción de medidas eficaces contra el acoso escolar, especialmente el padecido por el alumnado especialmente vulnerable por su orientación sexual, origen étnico, lengua materna o cualquier otra condición.
32.3 - Igualdad de oportunidades en la educación mediante el fortalecimiento de la red pública (incluida la de educación infantil) y el control riguroso de los criterios de admisión en todos los centros concertados -sostenidos por fondos públicos- para evitar la segregación por sexo, extracción social, origen étnico o cualquier otra condición, con exigencia de gratuidad real en todos los centros sostenidos con fondos públicos.
32.3.1- Apoyo a los alumnos con necesidades educativas especiales siguiendo un modelo flexible que se adecue a sus necesidades, adoptando como opción preferente su integración en los mismos centros y grupos que el resto de alumnos.
32.3.2 - Reducción de la brecha digital facilitando el acceso en condiciones de igualdad a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (pero sin despilfarrar recursos en grandes proyectos populistas de escasa rentabilidad educativa).
32.4.2 - Incentivación de la colaboración entre las universidades y las empresas en el ámbito de la investigación, sin detrimento de la investigación básica.
32.5 – Financiación y racionalización de la inversión en educación, equivalente a la de los países más avanzados y garantizada por ley.
32.5.1 - Mejora de la eficiencia de la organización y gestión del servicio educativo, que debe estar presidida por los valores de exigencia, iniciativa, transparencia de resultados, autonomía y competencia entre centros.
32.5.2 - Racionalización del número de universidades públicas mediante fusiones en función de la proximidad geográfica o la complementariedad académica.
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