Un coro de oro

29.10.2011 -

ARMANDO FERNÁNDEZ BARTOLOMÉ

COORDINADOR LOCAL DE UPYD DE GIJÓN Y PROFESOR

En el foro público asturiano llevamos semanas oyendo a nuestros políticos desafinar sobre el Niemeyer, la Laboral, el Calatrava, la Semana Negra, el despilfarro, los localismos., guirigay más en clave de dinero y poder que de servicio público. Mucho ruido mediático, mucha pose electoralista, pero no acabamos de escuchar claramente la melodía y el ritmo de cuál será nuestra política cultural para los próximos años.

Nosotros también queremos participar en la función y hacer algunas reflexiones y propuestas, pero desde el realismo de los hechos. Y partimos de uno incontestable: a medio camino entre Avilés y Gijón, en Gozón, nació humildemente hace diez años un autentico prodigio cultural. Me refiero al coro El León de Oro, que desde la iniciativa de un grupo de amigos liderados por Marco A. García de Paz, su director y 'alma mater', ha ido forjando un palmarés impresionante sustentado en el amor a la música, el talento, el trabajo y el compañerismo. Admirado por todos los amantes de la música, premiado en medio mundo, el coro luanquín aúna estética, ética y política (de la buena), porque no solo busca la belleza sonora y fomenta los valores comunitarios que surgen del canto conjunto, sino que, además, lo revierte gratuitamente a la sociedad deleitándola con múltiples conciertos. Y por si fuera poco, también educa porque el proyecto engloba un coro de adultos de 40 voces mixtas y un coro infantil (Los Peques) con cincuenta integrantes y admirablemente dirigido, en lo musical y en lo humano, por Elena Rosso Valiña. Pues bien, este sublime coro asturiano, totalmente amateur, no ha recibido prácticamente ninguna ayuda por parte del Principado desde su nacimiento. Increíble tanta sordera institucional con la cantidad de dinero público que se ha volatizado en chirriantes espectáculos de humo y cartón piedra. El hecho invita a la reflexión. En Asturias necesitamos modificar profundamente el concepto de cultura imperante y que los poderes públicos han contribuido a consolidar. En las últimas décadas, la cultura ha sido sometida al consumismo (convirtiéndola en mercancía) y al éxito inmediato. Frente al ser humano creador, que es partícipe directo y protagonista de la cultura, hemos admitido la generalización del ser humano espectador. El valor de la cultura como forma de enriquecimiento de la persona ha sido sustituido por el valor económico que pueda generar cualquier actividad supuestamente relacionada con ella. La construcción y utilización de costosas y deficitarias infraestructuras públicas culturales, que pueden tener sin duda un papel importante como parte de una estrategia turística, ocultan una lamentable falta de promoción de la cultura a nivel popular, fundamental para completar la formación del ciudadano y hacerle más feliz y mejor persona. Y de la reflexión nace la propuesta política: consideramos que para recuperar la cultura en su concepción integral es preciso reorientar los esfuerzos y recursos (escasos) a través de un profundo cambio: hay que reducir drásticamente las subvenciones públicas a aquellos espectáculos que pueden guiarse por criterios exclusivamente de mercado y que no cumplen con la función social de la cultura, destinando esos recursos a fomentar el conocimiento (desde la práctica) de las artes entre los ciudadanos en general y en particular entre los niños y jóvenes, con especial atención a las asociaciones locales y los centros educativos. Entidades como El León de Oro han de marcar el compás.

  http://www.elcomercio.es/prensa/20111029/opinionarticulos/coro-20111029.html

APUESTAS

1ª.- Apostamos por un gran pacto para la inclusión social, que aborde cuestiones tales como la red de protección social, las pensiones, las garantías de rentas, la educación, la sanidad, la política familiar, la integración de personas migrantes, la superación de toda discriminación, la cooperación internacional al desarrollo o la lucha contra el desempleo. Todos debemos ser conscientes de que la superación de la pobreza y la exclusión social constituyen el gran reto de nuestro tiempo..

2ª.- Defendemos un Estado de Bienestar amplio, estable, renovado y vigoroso. En estos momentos de crisis, seguimos apostando por lo público y recordando que lo público no debe identificarse sólo con lo estatal.

3º.- Necesitamos una política fiscal más justa y progresiva, que permita mejorar el equilibrio entre estabilidad, eficiencia y justicia en nuestra economía. Si la contención del déficit, hoy elevado a principio constitucional, puede responder a la necesidad de estabilizar la economía y la creación de empleo supone un incremento de la eficiencia productiva, afirmamos que el gasto en solidaridad y protección social también constituye un objetivo primario de todo sistema económico.

EJEMPLOS

http://llegarunning.blogspot.com/2011/09/haile-gebrselassie-endurance.html

Bill Drayton 

http://www.fpa.es/especial-premios-2011/frame/?url=http://www.fpa.es/premios/2011/bill-drayton/text/

Howard Gardner 

http://www.fpa.es/especial-premios-2011/frame/?url=http://www.fpa.es/premios/2011/howard-gardner/text/

UPyD insta a dotar de contenido al plan de desarrollo económico

La formación local UPyD planteó ayer la necesidad de un acuerdo temprano entre el gobierno local y los agentes sociales para dotar de contenido un nuevo acuerdo de promoción económica y empleo. Según el coordinador local, para ello se hacen necesarias «reformas de calado» tanto en materia educativa como fiscal y laboral. Armando Fernández Bartolomé advirtió, además, de que no se puede seguir ninguneando la opinión de las empresas y autónomos «que ni están, ni se sienten representados» por unos agentes sociales cuya efectividad «escasea» en cuanto a la creación de empleo. «De poco sirve la buena voluntad» si no se tiene en cuenta la opinión de todos estos colectivos, concluyó el coordinador local.

El ministro en la gasolinera (Elisa de la Nuez)

La imagen (por ahora mental) del ministro de Fomento manteniendo una cita «privada» en una gasolinera con un empresario imputado por corrupción que le solicita determinados favores públicos, nos devuelve a una situación que la mayoría de nosotros creíamos felizmente superada: la de la España de fines del siglo XIX, cuyas características políticas esenciales fueron reflejadas por Joaquín Costa -su centenario ha sido este año y ha pasado sin pena ni gloria, por cierto- en su magnífico clásico sobre el caciquismo y la oligarquía. Este artículo quiere ser un pequeño homenaje al autor que denunció los males de este persistente fenómeno en nuestro país.
Durante unos años, quizá decádas, los españoles hemos creído vivir, por fin, en un Estado de Derecho homologable con el de los países más avanzados. Un Estado donde hay un ordenamiento jurídico que, con todas sus imperfecciones, establece las reglas del juego, políticas, económicas y sociales. Un Estado en el que estas normas se cumplen mayoritariamente de forma voluntaria, puesto que han sido dictadas por los representantes de la soberanía popular en instituciones genuinamente democráticas. Un Estado donde existen unas Administraciones -quizá demasiadas, eso sí- que son objetivas, neutrales y solventes técnicamente, que sirven los intereses generales, y unas instituciones (Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Banco de España) que funcionan con profesionalidad y rigor. Todos con competencias y con instrumentos para asegurar el cumplimiento de las reglas de juego. Un Estado donde existe un Poder Judicial independiente que es capaz de aplicar coercitivamente las normas si fallan los mecanismos anteriores. Y, por último, un Estado donde existen medios de comunicación capaces de denunciar los atropellos del Poder y actuar como contrapeso último. En definitiva, hemos creído vivir en el Estado social y democrático de Derecho que proclama la Constitución Española en su artículo 1. Cierto es que en este Estado existían muchos problemas: de colisión de poderes, de ineficiencias, de responsabilidades, de encaje territorial, etcétera, pero su diseño respondía básicamente, o así lo creíamos, al modelo que rige en los países desarrollados de nuestro entorno.
Y de repente, una mañana, nos despertamos y leemos en los periódicos que el ministro de Fomento del Gobierno de España tiene citas privadas para hablar de intereses públicos en una gasolinera con un empresario de no muy buenos antecedentes, empresario que acusa al ministro de haber cobrado comisiones a cambio de favores. A este descubrimiento sigue el habitual espectáculo de acusaciones y contraacusaciones entre unos y otros, habida cuenta de que el ministro en cuestión no se ha mostrado especialmente tolerante con las debilidades de los adversarios políticos en circunstancias similares (conversaciones telefónicas poco edificantes con empresarios implicados en tramas corruptas). Sigue también el habitual anuncio de querella por calumnias del ministro contra el empresario para demostrar la falsedad de las acusaciones vertidas contra él. Ya se sabe que en nuestro país parece que quien no se querella, otorga. Por aquello de la exceptio veritatis, es decir, que el pobre juez al que le toque esta querella tiene que averiguar quién dice la verdad, porque si es el empresario y no el ministro, entonces no hay calumnia. En cualquier caso, esto no será para mañana, habida cuenta de la lentitud con la que funciona la Justicia, y eso cuando funciona.
Se habla mucho de la presunción de inocencia -un poco deslucida por la dimisión de un parlamentario regional del PP y de un ex consejero de Industria del BNG denunciados por el mismo empresario-, pero, por si acaso, se apela a la emotividad del electorado o del auditorio, padres del ministro incluidos. Y, por último, se produce el tradicional cierre de filas incondicional del partido con su líder amenazado, secundado por los medios de comunicación más cercanos, ya sea por razones ideológicas o económicas, dado que en España tienden a confluir. Y todo con el trasfondo de unas elecciones a la vuelta de la esquina.
Y el pobre ciudadano de a pie, que lleva meses sin dar crédito a lo que está pasando, entiende por fin que lo del Estado de Derecho es sólo una verdad a medias. Que las reglas de juego no son las mismas para las personas normales y corrientes, honestas y trabajadoras, que para los que tienen poder, ya sea político, económico o mediático. Resulta que hay personas en España, físicas y jurídicas, que pueden incumplir impunemente las leyes sin que les pase nada. Es más, algunos se permiten alardear de su incumplimiento, con palabras o con hechos. Son políticos, algunos con cargos institucionales muy relevantes, empresarios afines, gestores de cajas de ahorro, consejeros delegados de empresas importantes, directivos del sector público, sindicalistas, empleados públicos, funcionarios de los cuerpos de seguridad... gente que puede tirar de la manta. Son los nuevos caciques. Todos ellos se han convertido en personas a las que no interesa aplicar la ley por diversos motivos, aunque todavía nos queda la esperanza de que acaben en manos de un juez que siga creyendo en su función y no aspire a un puesto en el Consejo General del Poder Judicial.
Realmente ya da un poco igual saber para qué se citó el ministro en una gasolinera o si finalmente hizo o no la gestión que el empresario sospechoso le pedía a cambio de dinero. Y es que los ministros de los Estados de Derecho de verdad no se citan para hablar de asuntos como contratos, subvenciones o autorizaciones administrativas en las gasolineras, ya sea en su coche oficial del Ministerio, en el coche del partido, en su coche particular, o en un taxi. También suelen tener un poco más claro el concepto de lo público y de lo privado. Saben que los cargos políticos son para desempeñarlos en beneficio de todos los ciudadanos, incluso de los que no les han votado, y que exigen un cuidado exquisito en el fondo pero también en las formas. Por eso dan cita en sus despachos oficiales, con sus asesores o técnicos delante, y eso si las dan.
Supongo que otros dirigentes de países con los que pensábamos no tener nada en común, y a los que mirábamos un poco por encima del hombro, si dan citas en sitios más o menos discretos. Pero pensábamos que en España esto ya no pasaba. La conclusión de este episodio esperpéntico no puede ser más desoladora: en estos últimos años, sin que nos diéramos cuenta, han vuelto a florecer en España el caciquismo y la oligarquía que denunció Joaquín Costa -con las apariencias, eso sí del siglo XXI- para arrebatarnos silenciosa pero eficazmente nuestro Estado de Derecho. No lo podemos permitir.
Elisa de la Nuez es abogada del Estado excedente y coeditora del blog ¿Hay derecho? También es miembro del Foro de la Sociedad Civil.

El Mundo (Orbyt) :"El ministro en la gasolinera"

El Principado exige evaluar el impacto del plan de Castiello tras seis años de trámites

Los promotores del plan parcial de Castiello de Bernueces tendrán que someter su proyecto a una evaluación de impacto ambiental. Así lo determina la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente en una resolución del 6 de septiembre que el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» (BOPA) hacía pública ayer. La operación debe hacer frente a este nuevo requisito después de haber superado ya seis años de trámites administrativos.

Es la primera vez en Asturias que una operación urbanística de estas características tiene que ir avalada por un estudio de impacto ambiental. La legislación vigente obliga a realizar dicha evaluación cuando el suelo se destina a uso industrial o en las actuaciones residenciales que abarquen más de un millón de metros cuadrados. El plan de Castiello, con una superficie de 948.664 metros cuadrados, no estaría sujeta, en principio, a esta exigencia legal.

Pero la Administración autonómica considera que, de esta operación de casi 4.000 viviendas, se derivan «potenciales efectos negativos directos sobre la vega del Piles y sus valores naturales asociados». Advierte, además, de «impactos acumulables» con el proyecto urbanístico que se llevará a cabo en la vecina parroquia de Granda, donde el Plan General de Ordenación (PGO) ha generado una bolsa de suelo edificable de 337.000 metros cuadrados.

La Consejería se basa en informes de la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje; la Dirección General de Carreteras; Patrimonio Cultural, y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Organismos que se pronunciaron sobre el plan de Castiello entre noviembre de 2008 y febrero de 2009, planteando desde la necesidad de documentar los tráficos de la futura área residencial hasta medidas correctoras -como la adecuación de pasos subterráneos- para garantizar el normal desplazamiento de las poblaciones de anfibios.

En el caso de la Confederación Hidrográfica, se solicitó directamente «un estudio de impacto detallado», además de poner condiciones al proyecto constructivo. La primera: «Eludir la canalización de cauces de cualquier orden». El proyecto de urbanización de Castiello incluye un vial de 9 metros en la margen izquierda del Piles y varios puentes sobre el río, lo que puso en alerta a la Confederación, que también pedía explicaciones sobre la decisión de instalar una red de saneamiento que no separa las aguas fluviales de las fecales.

Casi tres años después de que se hiciesen estas consideraciones, el Gobierno regional resuelve «la necesidad de sujeción del proyecto al trámite de evaluación de impacto ambiental». Según la documentación publicada en el BOPA, el estudio deberá contemplar los efectos sobre el paisaje -aportando perfiles y fotomontajes de la visibilidad del ámbito desde la zona más al oeste de Granda-; aportar soluciones técnicas a los reparos de la Confederación, e incluir tres alternativas posibles que «permitan elegir, mediante criterios objetivos, la más favorable desde el punto de vista ambiental». La Consejería también exige un proyecto de alumbrado, un plan de gestión de residuos, una descripción detallada de las infraestructuras previstas y un análisis de «los efectos acumulables con el proyecto de Granda».

UPyD Gijón y Candido Viñas

UPyD Gijón apoya a la asociación de vecinos San Miguel de Tremañes en su petición para bautizar una zona del barrio con el nombre del párroco. Entre tanta superficilidad y  estupidez como  nos rodea, los hombres como Cándido son absolutamente imprescindibles por su solidaridad y compromiso; por su labor callada y constante por la justicia y el interés general, con especial atención a los mas necesitados. Candido Viñas es un vecino ejemplar.

Pepe Blanco nos desmoraliza

Pepe Blanco lleva a sus hijos al privado, caro y exclusivo Colegio Británico. dice que no encuentra ninguno público (en condiciones) por la zona. O sea, la culpa es de Esperanza Aguirre.
  
Patético este nuevo  socialismo de Somosaguas que quiere para los demás lo que no quiere para si.. El ministro puede llevar a sus hijos a dónde le de la gana pero entonces que no predique ni se presente como el gran defensor de lo público. Un poco de verguenza.

Por debajo de la crisis económica que padecemos hay una crisis política y , sobre todo , ética. Será en este terreno de la moral privada y pública donde España se la juegue los próximos años.

Necesitamos liderazgo moral y ,especialmente, en los políticos. Hacer pedagogía democrática es dar ejemplo, dar un buen ejemplo

Tarjeta roja para el ministro de Fomento por sofista, demagogo e incoherente.

Lo malo es que no es el único.