El pleno de la Junta General del Principado aprobará
previsiblemente este viernes el proyecto de ley de Autoridad del
Profesorado, una iniciativa de UPyD que contará con el respaldo de Foro y
del PP, mientras que el PSOE e Izquierda Unida votarán en contra de la
nueva normativa autonómica.
El texto pretende, según UPyD, reconocer la autoridad del
profesorado y fomentar la consideración y el respeto que le son debidos
en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades para procurar el
adecuado clima de convivencia en los centros educativos. En suma,
detalló ayer Ignacio Prendes: «Dotar a los docentes de unas herramientas
que ahora no tienen» para garantizar «la defensa del respeto» en las
aulas asturianas.
Así, plantea que tanto el profesorado como los directores y
demás miembros del equipo directivo tengan -en el ejercicio de las
potestades de gobierno, docentes y disciplinarias que tengan atribuidas-
la condición de autoridad pública y que gocen de la protección
reconocida por el ordenamiento jurídico.
Esta iniciativa se convertirá en el primer proyecto de ley
aprobado esta legislatura con el apoyo de UPyD, Foro y PP pese al pacto
de legislatura que la formación magenta mantiene con el PSOE y con él se
prevé reforzar desde el punto de vista del prestigio social, «pero
también mediante instrumentos legales», la autoridad del profesorado.
El texto surgido de la tramitación parlamentaria del
proyecto contó ya con el respaldo de Foro y PP, mientras que el PSOE
incorporó algunas enmiendas y se reservó tres para su debate en el pleno
que, en caso no ser aceptadas, harán que los socialistas voten en
contra.
Las principales discrepancias del PSOE se centran en el
extensión del concepto de autoridad a los profesores de la enseñanza
concertada, dado que no tienen consideración de empleados públicos y,
por lo tanto, en la aplicación del principio de veracidad al profesorado
de esa red.
Según subrayó ayer el portavoz socialista, Fernando Lastra,
estas cuestiones irían incluso más allá de la futura ley estatal sobre
esta cuestión, ya que el principio de veracidad que la ley otorgará a
los profesores de la concertada supondría, en opinión del PSOE,
equipararlos «a la Policía» y dar por buena su versión en caso de
discrepancias «por encima de cualquier otra circunstancia», mientras que
ellos consideran que, «a quien tenga razón hay que dársela, pero no
otorgársela por principio a una de las partes en caso de conflicto».
Lastra tachó lo contrario de «desproporción».
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